Santa Cruz conmemora hoy los treinta años de su segregación del término municipal de Montilla, una modificación territorial que perseguía corregir su aislamiento geográfico y mejorar la prestación de servicios públicos por parte del Ayuntamiento de Córdoba. Pero aquella decisión también provocó un ajuste dramático en el padrón vecinal de Montilla, que perdió de golpe casi 900 vecinos, terminando aquel año de 1996 con 22.949 habitantes.
La efeméride que se conmemora hoy devuelve la mirada a un proceso administrativo que culminó con el Decreto 353/1996, de 16 de julio, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, entonces bajo la presidencia de Manuel Chaves, cuya resolución convertía en realidad una aspiración vecinal planteada durante décadas, poniendo así fin a una vinculación histórica con Montilla que el propio expediente administrativo admitía "difícil de sostener" por la peculiar situación geográfica de Santa Cruz.
Y es que pese a su dependencia administrativa, la aldea de Santa Cruz estaba separada del resto de Montilla por los términos municipales de Montemayor y Córdoba. Entonces, al igual que ahora, Santa Crucita distaba unos 25 kilómetros del casco urbano de Montilla y se encontraba a unos 20 kilómetros de la capital. Además, parte del núcleo urbano de la aldea se extendía ya sobre suelo cordobés, al otro lado del punto kilométrico 296 de la carretera nacional N-432, que une Badajoz con Granada.
Aquella peculiar configuración territorial había dificultado durante años la prestación de servicios municipales por parte del Ayuntamiento de Montilla y los trámites burocráticos ante otras administraciones: sellar el paro, hacer la declaración de la Renta, ir a la Notaría... El decreto, de hecho, hablaba expresamente de una “irrazonable vinculación administrativa” y sostenía que la ubicación de Santa Cruz había generado una situación “poco deseable” que se pretendía solucionar con aquella segregación.
La relación de Santa Cruz con Montilla se remontaba, sin embargo, varios siglos atrás. Según publicó en 1999 el entonces cronista oficial de Montilla, Enrique Garramiola, en la revista Ámbitos, el lugar donde luego se asentó la aldea fue “adquirido en 1492 por el señor de Aguilar y Montilla, Alfonso Fernández de Córdoba —Alonso de Aguilar— a su pariente el señor de Guadalcázar”. Desde entonces quedó adscrito a Montilla, pese a la distancia y a la ausencia de continuidad territorial entre ambos núcleos.
Con el paso del tiempo surgieron diferentes intentos de cambiar aquella situación. El expediente aprobado en 1996 recordaba que las primeras iniciativas conocidas para incorporar Santa Cruz a Córdoba databan de 1932, pero todas habían terminado frustrándose por distintas circunstancias, si bien compartían el mismo propósito: “corregir los efectos de la donación que, en su día, se hizo del enclave a Montilla”.
Décadas después, el Ayuntamiento de Montilla, bajo el gobierno socialista de Prudencio Ostos Domínguez, retomó aquella reivindicación y promovió el procedimiento, haciéndose eco, según el decreto, “de la opinión de los vecinos del municipio en general y del territorio a segregar y agregar en particular”. El Pleno montillano adoptó el correspondiente acuerdo el 1 de marzo de 1988, mientras que el Ayuntamiento de Córdoba hizo lo propio el 16 de enero de 1992, coincidiendo con el mandato de Herminio Trigo Aguilar.
Posteriormente, el 25 de noviembre de 1993, el expediente incoado por el Ayuntamiento de Montilla y tramitado conjuntamente con el de Córdoba entró en la Consejería de Gobernación. La solicitud planteaba formalmente al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la segregación de la Aldea de Santa Cruz del término municipal de Montilla y su agregación a la capital cordobesa.
El respaldo vecinal había quedado reflejado poco antes en una consulta de opinión organizada por el Ayuntamiento de Montilla el 19 de septiembre de 1993. De los 547 residentes mayores de edad que vivían en el núcleo, participaron 441, alrededor del 80 por ciento. Un total de 429 personas respaldaron el cambio, lo que representaba el 97,27 por ciento de quienes participaron y el 78,42 por ciento del conjunto de residentes. Solo hubo dos votos contrarios, ocho indecisos y dos respuestas declaradas nulas.
Además, durante los trámites de audiencia e información pública no se presentaron alegaciones. La ausencia de oposición y el resultado de la consulta evidenciaron el amplio apoyo que existía en Santa Cruz hacia una alteración territorial que pretendía adecuar la administración municipal a la realidad cotidiana de sus habitantes.
La documentación incorporada al expediente acreditó también la concurrencia de las causas previstas en la Ley reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía. Entre ellas figuraban las circunstancias de carácter geográfico, demográfico, económico o administrativo que aconsejaban la modificación, así como la necesidad de corregir anomalías originadas por una delimitación arbitraria o sobrevenida posteriormente.
Con todo, el procedimiento determinó que la segregación no privaría a Montilla ni a Córdoba de los recursos necesarios para mantener los servicios mínimos establecidos legalmente. La Junta consideró que se trataba de núcleos territorialmente diferenciados y que el cambio no supondría una reducción de la calidad de los servicios, pues el Ayuntamiento de Córdoba se comprometía expresamente a asumirlos.
El expediente fue sometido a información pública, audiencia de los interesados y consulta de la Diputación de Córdoba y del Consejo Andaluz de Municipios. También recibió informes favorables de los servicios de la Dirección General de Administración Local y Justicia y, en materia de delimitación territorial, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Precisamente, uno de los aspectos que suele generar más controversia en esta clase de procedimientos —la fijación de los nuevos límites— no planteó dificultades. La superficie que debía segregarse coincidía con el enclave de Santa Cruz y todas las administraciones implicadas estaban de acuerdo con la necesidad y la oportunidad de la operación.
El procedimiento sufrió, no obstante, algunas demoras. La acumulación de solicitudes y otras dilaciones llevaron al Consejo de Gobierno a ampliar en cinco meses el plazo para resolver mediante un acuerdo adoptado el 19 de diciembre de 1995. Con ello se pretendía evitar que un eventual silencio administrativo provocara efectos desestimatorios y perjuicios innecesarios para las partes.
Por otro lado, los alcaldes de Montilla y Córdoba habían suscrito el 3 de mayo de 1995 un documento de estipulaciones jurídicas y económicas que regulaba las consecuencias del cambio. El acuerdo fue ratificado posteriormente por los plenos de ambas corporaciones y sirvió de base para ordenar el traspaso de bienes, derechos, obligaciones, personal y servicios.
El Consejo Consultivo de Andalucía emitió finalmente su dictamen favorable el 30 de mayo de 1996. Menos de dos meses después, el 16 de julio —tal día como hoy pero de hace 30 años—, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto 353/1996 a propuesta de la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín Bono, y bajo la Presidencia de la Junta de Andalucía de Manuel Chaves González.
La resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 104, del 10 de septiembre de 1996, y surtió efectos desde el día siguiente. Más tarde apareció también en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 278, del 18 de noviembre de aquel año.
El decreto aprobó la segregación de una superficie aproximada de 195 hectáreas pertenecientes hasta entonces a Montilla. Ese territorio quedó integrado sin solución de continuidad en el término municipal de Córdoba, mientras que los límites exteriores de ambos municipios con las localidades colindantes permanecieron inalterados.
La modificación no consistió únicamente en mover una línea sobre el mapa. Los bienes muebles de titularidad montillana adscritos al dominio público en Santa Cruz, así como los inmuebles públicos y patrimoniales incluidos en el expediente, pasaron al Ayuntamiento de Córdoba. Lo mismo ocurrió con los derechos, acciones, aprovechamientos, obligaciones, deudas y cargas vinculados al territorio segregado.
Asimismo, el personal dependiente del Ayuntamiento de Montilla que estaba destinado en Santa Cruz se integró en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Córdoba. Montilla debía entregar también la documentación correspondiente a los procedimientos administrativos que continuaran en tramitación, aunque los expedientes concluidos y archivados permanecerían en sus archivos.
El Consistorio cordobés asumió, además, la obligación de mantener los servicios públicos que hasta entonces prestaba el Ayuntamiento de Montilla, junto con los medios vinculados a ellos. El decreto encomendó al Instituto Geográfico Nacional la realización material del deslinde y atribuyó a la Consejería de Gobernación la resolución de posibles discrepancias futuras.
Treinta años después, el balance de aquel cambio sigue generando debate entre los propios residentes. La veintena de vecinos consultados por Montilla Digital, con edades comprendidas entre los 45 y los 88 años, prefieren mantener su anonimato. Y uno de ellos resume esta cautela con una frase: “Esto es muy pequeño y aquí nos conocemos todos. Cada uno tiene sus ideas y nos respetamos, pero es mejor no señalarse”.
Más allá de sus diferentes experiencias, en las conversaciones aparece una sensación compartida. Parte del vecindario coincide en que en Santa Cruz se sienten “huérfanos de padre y madre”, una expresión con la que aluden al “olvido histórico” que, a su juicio, padecieron primero por parte de Montilla y, después, por parte de Córdoba.
Un vecino de 80 años resume los pros y los contras de la segregación. “Lo mejor, la gestión del abastecimiento del agua; lo peor, que en Montilla teníamos más libertad, vamos a ser claros”. Con una espontaneidad fuera de dudas, este anciano reconoce que “a la hora de conceder permisos o de vigilar el cumplimiento de las licencias, el Ayuntamiento de Córdoba es mucho más severo”.
Su valoración es especialmente crítica cuando aborda asuntos de interés para un núcleo eminentemente rural: el estado de los caminos, la limpieza de las calles y la propia conservación de la barriada. “De verdad, en eso sí hemos perdido bastante. Y cada día más, eso sí”, sentencia.
Una vecina de 85 años, por el contrario, comparte una impresión más favorable de la segregación. La mujer, nacida en Montilla pero criada en Santa Cruz, señala que, a su juicio, “el cambio fue bueno porque en Córdoba lo pillamos todo más a mano”.
No obstante, al comparar la atención recibida por parte de uno y otro ayuntamiento, coincide con la mayor parte de testimonios recabados por este periódico. “Antes, del Ayuntamiento de Montilla no venían por aquí y, ahora, tampoco es que vengan mucho, aunque puede que algo más”, refiere. Y aunque nació en Montilla, insiste en que se siente “más vinculada a Córdoba”.
Pero las opiniones no son unánimes en absoluto. Un vecino de 50 años que reside a escasos metros del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Elena Luque ofrece, quizás, el balance más contundente al valorar las tres últimas décadas. “En mi opinión, hemos perdido” y, como ejemplo, recuerda que "cuando Santa Cruz pertenecía a Montilla, había un campo de fútbol de albero". Tras la incorporación a Córdoba, aquellas instalaciones fueron sustituidas por una nave de usos múltiples que pretendía ser una sala polideportiva cubierta pero que, según explica, terminó utilizándose, principalmente, para guardar las carrozas de la cabalgata de los Reyes Magos.
El transporte es otra de las principales quejas del vecindario. “Todas las barriadas periféricas de Córdoba tienen servicio de Aucorsa, pero a Santa Cruz no llega el autobús”, explica el responsable de uno de los restaurantes ubicados junto al trazado de la N-432, quien hace hincapié en que los autocares que pasan por la barriada mantienen frecuencias mucho más espaciadas, una realidad que afecta, especialmente, a personas que se desplazan a la capital para trabajar, para ir al médico o para realizar gestiones. "A veces, incluso, están esperando cuarenta o cincuenta minutos y, cuando llega el autocar, no pueden subirse poca va lleno", denuncia.
Una vecina de 58 años ofrece un balance más equitativo y afirma que “en unas cosas hemos ganado y en otras, hemos perdido”. Su principal reproche se dirige al coste de determinados servicios y al mantenimiento del propio núcleo. “Pagamos muchas más tasas e impuestos desde que pertenecemos a Córdoba y nos tienen olvidados”, manifiesta antes de añadir que cuestiones como la limpieza del viario “es un desastre”, a pesar de que la persona encargada de esta labor, que reside en Espejo, "es un encanto y muy trabajador: pero no da abasto él solo".
Pese a sus críticas, reconoce que la vinculación sentimental de Santa Cruz se ha ido decantando hacia la capital. “La verdad es que Montilla ya se ha ido olvidando, porque la atención sanitaria especializada, el hospital de referencia y los trámites administrativos se encuentran ahora en Córdoba”.
Las diferencias generacionales también aparecen en este análisis identitario. “Pienso que la mayoría de las personas jóvenes se sentirán más de Córdoba que de Montilla, especialmente los que han crecido después de 1996, ya que siempre han conocido Santa Cruz como una barriada de Córdoba", apunta una joven que regenta un negocio cerca de la carretera.
Pese a todo, la huella de Montilla continúa visible en la aldea. Nada más acceder a Santa Cruz por la avenida Primero de Mayo y dejar atrás el CEIP Elena Luque, los visitantes encuentran la calle Inca Garcilaso, dedicada a Gómez Suárez de Figueroa, uno de los grandes cronistas de América y una de las figuras destacadas de la prosa renacentista hispánica, que residió durante treinta años en Montilla.
El callejero conserva también una vía dedicada a San Francisco Solano, patrón de Montilla, y otra que lleva directamente el nombre de la localidad a la que Santa Cruz perteneció hasta 1996. Son referencias que permanecen tres décadas después de la modificación administrativa y que recuerdan una relación histórica de varios siglos.
Actualmente, Santa Cruz forma parte del extenso término municipal de Córdoba, que abarca 1.254,9 kilómetros cuadrados. La barriada prácticamente cierra la capital por el sur, en plena Campiña y muy cerca de Espejo. Además de por su historia administrativa, la aldea es conocida por su cercanía al yacimiento arqueológico de Ategua, donde las excavaciones han revelado una necrópolis y una zona urbana del Bronce final, un poblado tartésico, una ciudad íbera y un recinto amurallado.
Hoy, treinta años después de su segregación de Montilla, Santa Cruz aparece plenamente incorporada a la organización administrativa de Córdoba, aunque el balance vecinal continúa dividido. Las mejoras en la proximidad de determinados servicios y la creciente vinculación con la capital conviven con las críticas por el transporte público, la limpieza de las calles, el estado de algunos caminos rurales y el mantenimiento del viario público. Mientras tanto, los nombres de Montilla, Inca Garcilaso y San Francisco Solano permanecen en sus calles como testimonio de una historia que aquel decreto de 1996 modificó, pero no fue capaz de borrar por completo.
La efeméride que se conmemora hoy devuelve la mirada a un proceso administrativo que culminó con el Decreto 353/1996, de 16 de julio, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, entonces bajo la presidencia de Manuel Chaves, cuya resolución convertía en realidad una aspiración vecinal planteada durante décadas, poniendo así fin a una vinculación histórica con Montilla que el propio expediente administrativo admitía "difícil de sostener" por la peculiar situación geográfica de Santa Cruz.
Y es que pese a su dependencia administrativa, la aldea de Santa Cruz estaba separada del resto de Montilla por los términos municipales de Montemayor y Córdoba. Entonces, al igual que ahora, Santa Crucita distaba unos 25 kilómetros del casco urbano de Montilla y se encontraba a unos 20 kilómetros de la capital. Además, parte del núcleo urbano de la aldea se extendía ya sobre suelo cordobés, al otro lado del punto kilométrico 296 de la carretera nacional N-432, que une Badajoz con Granada.
Aquella peculiar configuración territorial había dificultado durante años la prestación de servicios municipales por parte del Ayuntamiento de Montilla y los trámites burocráticos ante otras administraciones: sellar el paro, hacer la declaración de la Renta, ir a la Notaría... El decreto, de hecho, hablaba expresamente de una “irrazonable vinculación administrativa” y sostenía que la ubicación de Santa Cruz había generado una situación “poco deseable” que se pretendía solucionar con aquella segregación.
Una vinculación histórica
La relación de Santa Cruz con Montilla se remontaba, sin embargo, varios siglos atrás. Según publicó en 1999 el entonces cronista oficial de Montilla, Enrique Garramiola, en la revista Ámbitos, el lugar donde luego se asentó la aldea fue “adquirido en 1492 por el señor de Aguilar y Montilla, Alfonso Fernández de Córdoba —Alonso de Aguilar— a su pariente el señor de Guadalcázar”. Desde entonces quedó adscrito a Montilla, pese a la distancia y a la ausencia de continuidad territorial entre ambos núcleos.
Con el paso del tiempo surgieron diferentes intentos de cambiar aquella situación. El expediente aprobado en 1996 recordaba que las primeras iniciativas conocidas para incorporar Santa Cruz a Córdoba databan de 1932, pero todas habían terminado frustrándose por distintas circunstancias, si bien compartían el mismo propósito: “corregir los efectos de la donación que, en su día, se hizo del enclave a Montilla”.
Décadas después, el Ayuntamiento de Montilla, bajo el gobierno socialista de Prudencio Ostos Domínguez, retomó aquella reivindicación y promovió el procedimiento, haciéndose eco, según el decreto, “de la opinión de los vecinos del municipio en general y del territorio a segregar y agregar en particular”. El Pleno montillano adoptó el correspondiente acuerdo el 1 de marzo de 1988, mientras que el Ayuntamiento de Córdoba hizo lo propio el 16 de enero de 1992, coincidiendo con el mandato de Herminio Trigo Aguilar.
Posteriormente, el 25 de noviembre de 1993, el expediente incoado por el Ayuntamiento de Montilla y tramitado conjuntamente con el de Córdoba entró en la Consejería de Gobernación. La solicitud planteaba formalmente al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la segregación de la Aldea de Santa Cruz del término municipal de Montilla y su agregación a la capital cordobesa.
El respaldo vecinal había quedado reflejado poco antes en una consulta de opinión organizada por el Ayuntamiento de Montilla el 19 de septiembre de 1993. De los 547 residentes mayores de edad que vivían en el núcleo, participaron 441, alrededor del 80 por ciento. Un total de 429 personas respaldaron el cambio, lo que representaba el 97,27 por ciento de quienes participaron y el 78,42 por ciento del conjunto de residentes. Solo hubo dos votos contrarios, ocho indecisos y dos respuestas declaradas nulas.
Además, durante los trámites de audiencia e información pública no se presentaron alegaciones. La ausencia de oposición y el resultado de la consulta evidenciaron el amplio apoyo que existía en Santa Cruz hacia una alteración territorial que pretendía adecuar la administración municipal a la realidad cotidiana de sus habitantes.
La documentación incorporada al expediente acreditó también la concurrencia de las causas previstas en la Ley reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía. Entre ellas figuraban las circunstancias de carácter geográfico, demográfico, económico o administrativo que aconsejaban la modificación, así como la necesidad de corregir anomalías originadas por una delimitación arbitraria o sobrevenida posteriormente.
Con todo, el procedimiento determinó que la segregación no privaría a Montilla ni a Córdoba de los recursos necesarios para mantener los servicios mínimos establecidos legalmente. La Junta consideró que se trataba de núcleos territorialmente diferenciados y que el cambio no supondría una reducción de la calidad de los servicios, pues el Ayuntamiento de Córdoba se comprometía expresamente a asumirlos.
El expediente fue sometido a información pública, audiencia de los interesados y consulta de la Diputación de Córdoba y del Consejo Andaluz de Municipios. También recibió informes favorables de los servicios de la Dirección General de Administración Local y Justicia y, en materia de delimitación territorial, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Precisamente, uno de los aspectos que suele generar más controversia en esta clase de procedimientos —la fijación de los nuevos límites— no planteó dificultades. La superficie que debía segregarse coincidía con el enclave de Santa Cruz y todas las administraciones implicadas estaban de acuerdo con la necesidad y la oportunidad de la operación.
Algunos contratiempos
El procedimiento sufrió, no obstante, algunas demoras. La acumulación de solicitudes y otras dilaciones llevaron al Consejo de Gobierno a ampliar en cinco meses el plazo para resolver mediante un acuerdo adoptado el 19 de diciembre de 1995. Con ello se pretendía evitar que un eventual silencio administrativo provocara efectos desestimatorios y perjuicios innecesarios para las partes.
Por otro lado, los alcaldes de Montilla y Córdoba habían suscrito el 3 de mayo de 1995 un documento de estipulaciones jurídicas y económicas que regulaba las consecuencias del cambio. El acuerdo fue ratificado posteriormente por los plenos de ambas corporaciones y sirvió de base para ordenar el traspaso de bienes, derechos, obligaciones, personal y servicios.
El Consejo Consultivo de Andalucía emitió finalmente su dictamen favorable el 30 de mayo de 1996. Menos de dos meses después, el 16 de julio —tal día como hoy pero de hace 30 años—, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto 353/1996 a propuesta de la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín Bono, y bajo la Presidencia de la Junta de Andalucía de Manuel Chaves González.
La resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 104, del 10 de septiembre de 1996, y surtió efectos desde el día siguiente. Más tarde apareció también en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 278, del 18 de noviembre de aquel año.
El decreto aprobó la segregación de una superficie aproximada de 195 hectáreas pertenecientes hasta entonces a Montilla. Ese territorio quedó integrado sin solución de continuidad en el término municipal de Córdoba, mientras que los límites exteriores de ambos municipios con las localidades colindantes permanecieron inalterados.
La modificación no consistió únicamente en mover una línea sobre el mapa. Los bienes muebles de titularidad montillana adscritos al dominio público en Santa Cruz, así como los inmuebles públicos y patrimoniales incluidos en el expediente, pasaron al Ayuntamiento de Córdoba. Lo mismo ocurrió con los derechos, acciones, aprovechamientos, obligaciones, deudas y cargas vinculados al territorio segregado.
Asimismo, el personal dependiente del Ayuntamiento de Montilla que estaba destinado en Santa Cruz se integró en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Córdoba. Montilla debía entregar también la documentación correspondiente a los procedimientos administrativos que continuaran en tramitación, aunque los expedientes concluidos y archivados permanecerían en sus archivos.
El Consistorio cordobés asumió, además, la obligación de mantener los servicios públicos que hasta entonces prestaba el Ayuntamiento de Montilla, junto con los medios vinculados a ellos. El decreto encomendó al Instituto Geográfico Nacional la realización material del deslinde y atribuyó a la Consejería de Gobernación la resolución de posibles discrepancias futuras.
División de opiniones entre el vecindario
Treinta años después, el balance de aquel cambio sigue generando debate entre los propios residentes. La veintena de vecinos consultados por Montilla Digital, con edades comprendidas entre los 45 y los 88 años, prefieren mantener su anonimato. Y uno de ellos resume esta cautela con una frase: “Esto es muy pequeño y aquí nos conocemos todos. Cada uno tiene sus ideas y nos respetamos, pero es mejor no señalarse”.
Más allá de sus diferentes experiencias, en las conversaciones aparece una sensación compartida. Parte del vecindario coincide en que en Santa Cruz se sienten “huérfanos de padre y madre”, una expresión con la que aluden al “olvido histórico” que, a su juicio, padecieron primero por parte de Montilla y, después, por parte de Córdoba.
Un vecino de 80 años resume los pros y los contras de la segregación. “Lo mejor, la gestión del abastecimiento del agua; lo peor, que en Montilla teníamos más libertad, vamos a ser claros”. Con una espontaneidad fuera de dudas, este anciano reconoce que “a la hora de conceder permisos o de vigilar el cumplimiento de las licencias, el Ayuntamiento de Córdoba es mucho más severo”.
Su valoración es especialmente crítica cuando aborda asuntos de interés para un núcleo eminentemente rural: el estado de los caminos, la limpieza de las calles y la propia conservación de la barriada. “De verdad, en eso sí hemos perdido bastante. Y cada día más, eso sí”, sentencia.
Una vecina de 85 años, por el contrario, comparte una impresión más favorable de la segregación. La mujer, nacida en Montilla pero criada en Santa Cruz, señala que, a su juicio, “el cambio fue bueno porque en Córdoba lo pillamos todo más a mano”.
No obstante, al comparar la atención recibida por parte de uno y otro ayuntamiento, coincide con la mayor parte de testimonios recabados por este periódico. “Antes, del Ayuntamiento de Montilla no venían por aquí y, ahora, tampoco es que vengan mucho, aunque puede que algo más”, refiere. Y aunque nació en Montilla, insiste en que se siente “más vinculada a Córdoba”.
Pero las opiniones no son unánimes en absoluto. Un vecino de 50 años que reside a escasos metros del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Elena Luque ofrece, quizás, el balance más contundente al valorar las tres últimas décadas. “En mi opinión, hemos perdido” y, como ejemplo, recuerda que "cuando Santa Cruz pertenecía a Montilla, había un campo de fútbol de albero". Tras la incorporación a Córdoba, aquellas instalaciones fueron sustituidas por una nave de usos múltiples que pretendía ser una sala polideportiva cubierta pero que, según explica, terminó utilizándose, principalmente, para guardar las carrozas de la cabalgata de los Reyes Magos.
El transporte es otra de las principales quejas del vecindario. “Todas las barriadas periféricas de Córdoba tienen servicio de Aucorsa, pero a Santa Cruz no llega el autobús”, explica el responsable de uno de los restaurantes ubicados junto al trazado de la N-432, quien hace hincapié en que los autocares que pasan por la barriada mantienen frecuencias mucho más espaciadas, una realidad que afecta, especialmente, a personas que se desplazan a la capital para trabajar, para ir al médico o para realizar gestiones. "A veces, incluso, están esperando cuarenta o cincuenta minutos y, cuando llega el autocar, no pueden subirse poca va lleno", denuncia.
Una vecina de 58 años ofrece un balance más equitativo y afirma que “en unas cosas hemos ganado y en otras, hemos perdido”. Su principal reproche se dirige al coste de determinados servicios y al mantenimiento del propio núcleo. “Pagamos muchas más tasas e impuestos desde que pertenecemos a Córdoba y nos tienen olvidados”, manifiesta antes de añadir que cuestiones como la limpieza del viario “es un desastre”, a pesar de que la persona encargada de esta labor, que reside en Espejo, "es un encanto y muy trabajador: pero no da abasto él solo".
Pese a sus críticas, reconoce que la vinculación sentimental de Santa Cruz se ha ido decantando hacia la capital. “La verdad es que Montilla ya se ha ido olvidando, porque la atención sanitaria especializada, el hospital de referencia y los trámites administrativos se encuentran ahora en Córdoba”.
Las diferencias generacionales también aparecen en este análisis identitario. “Pienso que la mayoría de las personas jóvenes se sentirán más de Córdoba que de Montilla, especialmente los que han crecido después de 1996, ya que siempre han conocido Santa Cruz como una barriada de Córdoba", apunta una joven que regenta un negocio cerca de la carretera.
La huella de Montilla en Santa Cruz
Pese a todo, la huella de Montilla continúa visible en la aldea. Nada más acceder a Santa Cruz por la avenida Primero de Mayo y dejar atrás el CEIP Elena Luque, los visitantes encuentran la calle Inca Garcilaso, dedicada a Gómez Suárez de Figueroa, uno de los grandes cronistas de América y una de las figuras destacadas de la prosa renacentista hispánica, que residió durante treinta años en Montilla.
El callejero conserva también una vía dedicada a San Francisco Solano, patrón de Montilla, y otra que lleva directamente el nombre de la localidad a la que Santa Cruz perteneció hasta 1996. Son referencias que permanecen tres décadas después de la modificación administrativa y que recuerdan una relación histórica de varios siglos.
Actualmente, Santa Cruz forma parte del extenso término municipal de Córdoba, que abarca 1.254,9 kilómetros cuadrados. La barriada prácticamente cierra la capital por el sur, en plena Campiña y muy cerca de Espejo. Además de por su historia administrativa, la aldea es conocida por su cercanía al yacimiento arqueológico de Ategua, donde las excavaciones han revelado una necrópolis y una zona urbana del Bronce final, un poblado tartésico, una ciudad íbera y un recinto amurallado.
Hoy, treinta años después de su segregación de Montilla, Santa Cruz aparece plenamente incorporada a la organización administrativa de Córdoba, aunque el balance vecinal continúa dividido. Las mejoras en la proximidad de determinados servicios y la creciente vinculación con la capital conviven con las críticas por el transporte público, la limpieza de las calles, el estado de algunos caminos rurales y el mantenimiento del viario público. Mientras tanto, los nombres de Montilla, Inca Garcilaso y San Francisco Solano permanecen en sus calles como testimonio de una historia que aquel decreto de 1996 modificó, pero no fue capaz de borrar por completo.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JUAN PABLO BELLIDO
FOTOGRAFÍA: JUAN PABLO BELLIDO
