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Mostrando entradas con la etiqueta Andalucía. Mostrar todas las entradas
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18 de septiembre de 2019

  • 18.9.19
El Consejo de Gobierno ha acordado el inicio de los trámites para la elaboración y aprobación, por parte de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2021-2027, que sentará las bases de la política autonómica en esta materia para los próximos siete años, una vez que concluya en 2020 la vigencia del actual documento.



Esta nueva planificación estará enfocada a fomentar la excelencia científica como eje futuro de la competitividad, impulsar la internacionalización del sistema de I+D+i, facilitar un entorno innovador como apoyo al sector empresarial, así como a contribuir a la reorientación del modelo productivo andaluz. Para ello establecerá una serie de actuaciones prioritarias y estratégicas que tienen como objetivo incentivar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como motor del cambio social y de la modernización de Andalucía, con el fin de lograr la convergencia en I+D+i con el nivel medio de las regiones de España y Europa, como elemento clave para minimizar la brecha económica.

El documento será elaborado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas e Universidad en consonancia con el futuro Programa marco de investigación e innovación Horizonte Europa; con la Estrategia española de ciencia, tecnología e innovación 2021-2027, actualmente en elaboración; y con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible adoptada por la ONU. El futuro instrumento incluirá un diagnóstico del sistema andaluz de I+D+i; la concreción de los distintos programas y medidas con su valoración económica, y los criterios de seguimiento y evaluación.

En el proceso de elaboración de las acciones preparatorias del plan, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad propiciará un marco de participación con todos los agentes relevantes implicados en el sistema investigador e innovador andaluz. Asimismo, coordinará los grupos de trabajo y las propuestas que se deriven para concluir en una primera versión del documento.

Una vez redactado, este borrador se enviará al Consejo Andaluz de Universidades y contará con la participación de los agentes económicos y sectoriales a través del Consejo Asesor de la I+D+i, donde también estarán representados universidades e investigadores de reconocido prestigio. Finalizado este trámite e incorporadas las correspondientes sugerencias, el texto se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

La I+D+i en Andalucía

El gasto en I+D de Andalucía respecto del PIB se sitúa en el 0,92 por ciento, lo que se traduce en 1.420 millones de euros, según los datos disponibles de 2017. El sector público, compuesto por universidades y Administración pública, ejecuta el 62,7 por ciento de ese presupuesto, mientras que el 37,7 por ciento restante se desarrolla desde el ámbito empresarial.

En lo que respecta a los recursos humanos, 24.439 personas -13.920 hombres y 10.519 mujeres- se dedican a actividades investigadoras (datos equivalentes a jornada completa) en la comunidad. Este personal se encuentra ubicado fundamentalmente en las universidades públicas andaluzas, donde 11.384 personas -es decir, el 46,6%- realizan labores de investigación y desarrollo.

Atendiendo a la producción científica, según datos recogidos en el Sistema de información científica de Andalucía (SICA), la comunidad presenta una tendencia similar a España en términos de crecimiento de la producción científica y ocupó en 2018 la tercera posición en la clasificación nacional, con 17.015 publicaciones, lo que supone el 16,7 por ciento del conjunto del país. En producción tecnológica, según la Oficina española de patentes y marcas, la región ha sufrido una reducción superior al 24,4 por ciento, pasando de 540 en 2017 a 408 en 2018.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL


17 de septiembre de 2019

  • 17.9.19
Un total de 62 centros y unidades sanitarias de Andalucía y cinco más del ámbito de los servicios sociales (cuatro residencias y un servicio de día) han obtenido en 2019 el sello de calidad que otorga la Agencia de Calidad Sanitaria (ACSA), entidad de evaluación y certificación dependiente de la Consejería de Salud y Familias.



Entre las certificaciones otorgadas en este periodo, una de cada cinco es de nivel 'óptimo', el segundo de los tres previstos por el modelo de la ACSA. Estas cifras elevan el nivel de certificación medio de las entidades que cuentan con el sello de calidad, en total 700 centros y unidades, de las cuales 50 ya cuentan con el nivel 'óptimo' y dos con nivel 'excelente', el más exigente de los tres.

En concreto, en los primeros seis meses del año, han alcanzado la certificación 62 centros sanitarios, de los cuales 24 son unidades de atención hospitalaria, 14 unidades de atención primaria, 10 centros de atención infantil temprana, 5 centros de formación continuada, 3 hospitales, 2 laboratorios, 2 servicios de urgencias y emergencias, un centro de hemodiálisis y una unidad de diagnóstico por imagen.

Entre los hitos del primer semestre del 2019, destaca la certificación en nivel 'óptimo' del centro de atención infantil temprana San Juan de Dios de Sevilla, primer centro de estas características en conseguir este nivel de reconocimiento, seguido por el de la asociación Asprodisis de Ronda. En el ámbito de los servicios sociales, en estos meses han conseguido la certificación de calidad cuatro residencias y un servicio de día.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

15 de septiembre de 2019

  • 15.9.19
El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) ha iniciado una nueva etapa "con más presupuesto, más investigadores, más proyectos y con una clara perspectiva medioambiental" bajo la responsabilidad de su nuevo presidente, José Cara, según destacó la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, durante su intervención en el Consejo Social de la entidad.



Para ello, la entidad incrementará en un 7,7 por ciento su presupuesto hasta alcanzar los 56,6 millones de euros en 2019. Una medida que, según apuntó Crespo, "va a posibilitar la puesta en marcha de importantes novedades y, sobre todo, recuperar un tercio de la capacidad de trabajo que se había perdido con el anterior Ejecutivo".

A este respecto, la consejera señaló que se van a reforzar los medios humanos del instituto con una primera incorporación de 15 investigadores, "lo que permitirá potenciar los estudios en el sector agrario, en la pesca y, ahora también, en mejora de la sostenibilidad gracias a la ampliación de su ámbito de actuación". "La perspectiva medioambiental de esta nueva etapa del Ifapa servirá para adaptarnos a la estructura verde de la PAC, para avanzar en la economía circular y profundizar en la agricultura, la pesca y la ganadería sostenible", afirmó.

Así, Crespo apuntó que se van a abrir nuevas líneas de investigación para abordar asuntos de especial relevancia para el futuro de Andalucía, como la adaptación de los sectores estratégicos al cambio climático o la eficiencia hídrica y energética, temas que se sumarán a otros proyectos dirigidos a la digitalización del campo, la valorización de los subproductos para biomasa o el control biológico. Junto a estas propuestas de investigación, el Ifapa potenciará sus análisis sobre acuicultura, frutos rojos, hortalizas y la excelencia de la calidad del aceite de oliva.

Formación y alianzas

Otro de los pilares del nuevo Ifapa será la apuesta por la formación "como generador de nuevas oportunidades de empleo en sintonía con el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno de incentivar los proyectos que propicien la creación de puestos de trabajo en la comunidad".

En este sentido, Crespo destacó a la especialización en análisis sensorial de alimentos y productos, y la formación destinada a facilitar la incorporación de la mujer e impulsar la igualdad en sectores productivos como la pesca o la agricultura.

Asimismo, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible puso el acento en las "alianzas" que mantiene el Ifapa con las universidades andaluzas en materia de investigación, así como en la colaboración público-privada. "El Ifapa es un referente en España en investigación y vamos a trabajar para que siga creciendo", enfatizó, tras agradecer la labor del ya ex presidente, Jerónimo Pérez.

Por último, Crespo recalcó que el instituto "es una de las piezas claves" de la Plataforma de Innovación Agroalimentaria que se va a poner en marcha en Almería, junto a Tecnova, Cajamar y la Universidad almeriense, un proyecto al que se ha sumado recientemente como nuevo socio estratégico el Ayuntamiento de Almería.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

14 de septiembre de 2019

  • 14.9.19
Andalucía registró durante el pasado mes de julio la creación de 1.280 sociedades mercantiles, un 2,2 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, con un capital suscrito para su constitución que superó los 32,6 millones de euros, un 39 por ciento más que el ejercicio anterior, según la Estadística sobre Sociedades Mercantiles en Andalucía, elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, entidad dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.



Entre las nuevas sociedades, la forma jurídica predominante fue la de sociedad limitada, con el 99,1 por ciento de las sociedades constituidas. Málaga fue la provincia donde más sociedades se constituyeron, con el 31,1 por ciento del total, seguida de Sevilla, con el 26,4 por ciento.

De las 1.280 sociedades mercantiles constituidas en Andalucía durante el pasado mes de julio, 312 ampliaron capital, un 9,5 por ciento más que en el mismo mes del ejercicio precedente, con un montante suscrito que superó los 84,5 millones de euros.

Desde el comienzo de 2019, el número de empresas dadas de alta ascendió a 9.942, con una inversión realizada que superó los 355,4 millones de euros. El total de empresas que ampliaron capital desde enero a julio fue de 2.600, con un desembolso de 1.204,4 millones de euros.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

13 de septiembre de 2019

  • 13.9.19
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad "contribuirá a salvar la brecha digital entre los ámbitos rural y urbano", a través de una batería de medidas, entre las que destacan dos líneas de ayudas por importe de 17 millones de euros, contempladas ya en los presupuestos y dirigidas a ayuntamientos y operadores de telecomunicaciones, tal y como explicó el consejero Rogelio Velasco en el Parlamento de Andalucía.



A lo largo de su intervención, Velasco detalló que de ese cómputo general, diez millones se asignan al programa Ciudades y Territorios Inteligentes de Andalucía, "recursos con los que se quiere promover la implantación en municipios menores de 20.000 habitantes de proyectos tecnológicos que tengan por objeto mejorar la vida de los ciudadanos en ámbitos como la movilidad, el tráfico o la gestión medioambiental".

Estos incentivos cuentan con un presupuesto de ocho millones con cargo a FEDER y con una aportación por parte de las entidades locales, estimada en dos millones. "En esta convocatoria, los municipios que opten a ella no recibirán aportación directa para llevar a cabo las actuaciones, sino que la Junta de Andalucía será la responsable de ejecutar los proyectos, además de aportar hasta el 80% de su financiación", indicó el titular de Economía para añadir que "las entidades locales tendrán que aportar al menos el 20 por ciento restante de la inversión".

Los casi siete millones restantes se destinarán a continuar fomentando el despliegue de las redes de banda ancha ultrarrápida en pequeñas poblaciones y zonas de interés socioeconómico, a través de la concesión de incentivos dirigidos a operadores de telecomunicaciones para que desarrollen redes capaces de proporcionar 100 Mbps de velocidad de acceso a Internet por usuario.

Al respecto, Rogelio Velasco recordó que su departamento ha concedido, en una convocatoria anterior ya resuelta, casi 2,5 millones, cofinanciados con fondos FEDER, que permitirán actuar sobre 24 espacios productivos y 36 zonas de población en toda Andalucía. "España cuenta con la tercera red de telecomunicaciones más avanzada del mundo y con una extensión de fibra óptica más amplia que la de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia juntas", apuntó.

Por otro lado, el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad hizo alusión a otras actuaciones que se están implementando en la Junta en apoyo a la modernización y la innovación de las administraciones locales a través del proyecto MOAD, una plataforma de tramitación electrónica diseñada con el fin de que estas entidades dispongan de una solución a los requerimientos tecnológicos y legales que establecen los marcos normativos actuales en materia de prestación electrónica de los servicios públicos.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

12 de septiembre de 2019

  • 12.9.19
La Consejería de Educación y Deporte ha abierto la convocatoria para el ejercicio 2019 de las líneas de ayudas destinadas a los clubes y secciones deportivas de Andalucía (ECD) para la adquisición de equipamiento deportivo. Esta ayuda, que podrá solicitarse hasta el próximo martes 17 de septiembre, alcanza este año 998.751,28 euros, lo que duplica la dotación económica del año anterior.



Este esfuerzo inversor es una apuesta por apoyar la labor que desarrollan los clubes para fomentar la tasa de práctica deportiva, que ya alcanza a casi el 46 por ciento de los andaluces; y por poner en valor la importancia de este sector en Andalucía, que es la comunidad con mayor número de clubes, con 11.381, el 17 por ciento del total nacional; y la segunda en licencias federadas, con más de 516.000.

El principal objetivo de estos incentivos, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva y beneficiarán a unas 250 entidades de toda Andalucía, es garantizar el desarrollo de la práctica deportiva de la ciudadanía con un equipamiento adecuado. Para poder solicitar la subvención, los clubes y las secciones deportivas deben estar inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED).

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

11 de septiembre de 2019

  • 11.9.19
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, avanzó ayer durante la inauguración de una jornada de personas expertas sobre la Renta Mínima de Inserción Social, que su departamento modificará la normativa que regula esta prestación con el objetivo de "hacerla más accesible y llegar a más personas".



Durante su intervención, Ruiz subrayó que actualmente se está realizando la evaluación de esta prestación, "en cuyo contexto se ubica el desarrollo de este panel de personas expertas". "Esta evaluación la estamos haciendo en colaboración con la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía y tenemos claro que hay que modificar la normativa para que sea posible llegar a más personas en situación de necesidad, hacerla más accesible, crecer en cobertura a la vez que en intensidad de la prestación y dotarla de mayor agilidad administrativa", apuntó.

En este sentido, la titular de Igualdad destacó que sobre todo lo que se pretende es "que la Renta Mínima nos ayude a combatir la pobreza infantil", por lo que ha de primarse con esta prestación de una forma suficiente a las familias con hijas e hijos menores de edad a su cargo, muchas de ellas monoparentales o más bien monomarentales, "porque los datos nos evidencian que son más mujeres que hombres quienes solicitan este tipo de ayudas".

"Es evidente que desde la Administración debemos diseñar, planificar mejor. Tenemos que desburocratizar al máximo los procedimientos, hacerlos comprensibles utilizando un lenguaje claro y no exigiendo tantos requisitos que después no se pueden cumplir. Y sobre todo en unos momentos con tanta precariedad laboral", apostilló la consejera.

Por ello, Ruiz avanzó las medidas ya puestas en marcha por la Consejería para agilizar la tramitación de la prestación. En este sentido, informó que "se ha hecho un esfuerzo para formar a los profesionales en todas las provincias y así mejorar el asesoramiento y la información a la ciudadanía".

Además, indicó, se ha transferido casi 7 millones de euros en el refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios para gestionar la renta mínima de inserción social con 422 profesionales, además del refuerzo que ya se está haciendo a través de la Estrategia regional de intervención en zonas desfavorecidas.

Asimismo, Igualdad ha puesto en marcha, a través de su web, un simulador digital que permite conocer si la unidad familiar puede tener derecho a la prestación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía. Para ello, basta con introducir alguna información esencial y no es necesario revelar datos personales.

Por último, la responsable de las políticas sociales en Andalucía agradeció la participación en esta jornada a las personas que representan a las instituciones de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas que han asistido, como Aragón, Castilla y León, Navarra y País Vasco, "que son las que tienen un sistema de renta mínima más relevante para la ciudadanía que la necesita".

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

9 de septiembre de 2019

  • 9.9.19
El Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, ofrece una serie de pautas, recomendaciones y consejos a los padres y escolares para disfrutar a lo largo de los próximos días de una 'vuelta al cole' segura y sin incidentes.



Entre sus consejos, el 112 insisten en que los adultos de la casa deben supervisar en todo momento que los menores acuden al colegio en condiciones de seguridad. Es importante recordar que los más pequeños adoptan conductas imitativas, por tanto, es importante que padres, tutores, abuelos y acompañantes al cargo observen en todo momento las normas de seguridad vial y normas de autoprotección.

Asimismo, el Servicio de Emergencias recuerda que acudir a pie a los centros escolares, siempre que sea posible, es saludable y evita además la concentración de vehículos junto a los colegios que elevan el riesgo de atropellos y colisiones.

Así, si se opta por ir andando, los menores deben ir acompañados por un adulto y caminar siempre por la acera. El menor debe ir por el lado interno, lo más alejado posible de los bordillos para evitar caídas a la carretera. Es muy importante prestar especial atención a la salida y entradas de garaje, sobre todo si son subterráneos y la visibilidad para el conductor es más reducida.

También se debe evitar caminar entre los coche estacionados, ya que el menor, por su estatura, puede no ser visible o quedar en los conocidos como 'ángulos muertos' elevando el riesgo de atropello en caso de que el coche iniciara la marcha de forma inesperada.

Los acompañantes deben enseñar a los más pequeños a cruzar la calle siempre por los pasos de peatones señalizados. El momento de cruzar cuando hay semáforos será siempre cuando esté en verde para los peatones y si la luz está en ámbar (amarillo) es aconsejable esperar en la acera. Pese a todo, antes de atravesar la vía se debe mirar a ambos lados de la calzada, para asegurarse que no viene ningún vehículo, y evitar correr, saltar o jugar cerca de la carretera.

Al colegio sobre ruedas y seguros

Si la forma de ir al colegio es en vehículo particular el adulto debe de proporcionar al menor una forma segura y regulada de viajar. En coche, el niño debe de ir siempre en una silla de auto homologada, adecuada a su edad, peso y con los cierres, anclajes y cinturones de seguridad debidamente colocados.

Para los más pequeños se aconseja usar los llamados asientos del Grupo 0 o 0+ que se colocan en el sentido contrario a la marcha y ofrecen una mayor protección al menor. Es preciso recordar que estas sillas solo se pueden usar para niños que pesen menos de 13 kilos y para aquellos que su cabeza no sobresalga del respaldo.

Debe tenerse en cuenta que la seguridad comienza en el garaje o en el lugar del estacionamiento, por tanto, los niños deben montarse en el vehículo antes de que se inicien la maniobras de salida para evitar atropellos por descuidos. Además, el escolar no debe de llevar la mochila puesta dentro del vehículo, ya que en caso de colisión puede aumentar la gravedad de las lesiones. De esta forma, irán sentados en su silla y con la espalda apoyada en su respaldo.

Asimismo, el 112 recuerda que nunca se debe dejar coches en doble fila a las puertas de los centros escolares, pues pueden provocar colapsos circulatorios en la zona y elevan el riesgo de accidentes en las entradas y salidas de los menores.

Los adultos autorizados pueden llevar a los niños al colegio en motocicleta siempre que los menores tengan más de siete años. El uso del casco –homologado y del tamaño adecuado al niño- es obligatorio siempre. Si en lugar de ir en moto, los padres o tutores eligen la bicicleta para ir al centro educativo, también deberán llevar la cabeza protegida por un casco adecuado y se circulará siempre por la calzada o por el carril bici habilitado a tal efecto.

Bus escolar

Si la opción elegida para llegar al colegio es el autobús, padres y tutores deben asegurarse de que el vehículo cumple la reglamentación necesaria y tendrán que enseñar a los más pequeños a cumplir las normas de seguridad de este medio de transporte: no levantarse, abrocharse el cinturón, no molestar o entretener al conductor, etc...

Cabe recordar que estos vehículos colectivos han de llevar el indicativo de transporte escolar tanto en la parte anterior como en la posterior. Hay autobuses escolares que cuentan con acompañante, si es el caso, este profesional llevará un chaleco reflectante, comprobará que los menores viajan con el cinturón correctamente abrochado, asignará los asientos y será el primero en bajar en las paradas para asegurarse de que las subidas y bajadas del vehículo se hacen de forma segura.

El resto de conductores tienen que respetar las paradas de los autobuses escolares y, si circulan por una zona escolar, lo harán siempre a una velocidad reducida para poder reaccionar a tiempo ante cualquier situación de peligro y prestarán especial cuidado a las maniobras que supongan ir marcha atrás para evitar atropellos.

¡REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

8 de septiembre de 2019

  • 8.9.19
Los trabajadores del 061 y de Salud Responde se integrarán funcional y orgánicamente en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), según avanzó en comisión parlamentaria el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, con el objetivo de mejorar la asistencia al ciudadano y lograr una coordinación más eficaz de las urgencias en la comunidad. Así, la atención telefónica de ambos servicios dejará de ser de "gestión privada" y se incorporará "a la mayor brevedad posible" como un servicio propio del SAS.



La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) dependía hasta el momento de la Consejería de Salud. La integración de su personal en el SAS se hará de forma gradual, dependiendo de la situación y vinculación del trabajador. En paralelo, se estudiará la situación de los expedientes de contratación en vigor de este servicio, con las mayores garantías de seguridad jurídica del personal afectado. Todo este proceso, se llevará a cabo previas negociaciones con los representantes laborales.

Esta decisión da cumplimiento a una Proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Parlamento de Andalucía en 2015, pese a que ésta preveía que la gestión del servicio telefónico de emergencias sanitarias 061 fuera prestado directamente por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). "Nosotros iremos más allá y lo que llevaremos a cabo será la incorporación del servicio al SAS: es decir, lo que hoy se encuentra externalizado, gestión privada, serán gestionado como servicio público", indicó Aguirre.

Asimismo, Aguirre señaló que se está trabajando en un proyecto de modernización del 061, "que constituye una pieza esencial en la atención de las emergencias, para su integración a nivel europeo", según destacó el consejero de Salud y Familias.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

7 de septiembre de 2019

  • 7.9.19
Un total de 8.061 estudiantes procedentes en su mayoría de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior (FPGS) se examinan desde el martes, 10 de septiembre, de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) en su convocatoria extraordinaria de septiembre, que se desarrollará en Andalucía los días 10, 11 y 12 de este mes.



Las pruebas se realizarán de forma simultánea en toda la comunidad autónoma y presentan, como ya ocurriera con los exámenes de junio, dos novedades destacadas en relación a pruebas anteriores. La primera es relativa al horario, ya que las pruebas comenzarán a las 8.30 horas todas las jornadas, media hora más temprano que en las convocatorias precedentes, aunque el alumno ya deberá estar presente en su centro de referencia a las 8.00 horas para la citación.

Además, se introduce una variación en relación a los descansos, los dos que hay previstos para cada uno de los días, que pasan a durar una hora completa (el primero de 10.00 a 11.00 horas y el segundo de 12.30 a 13.30 horas).

La segunda novedad más destacada es que se introduce por primera vez la posibilidad de examinarse de una segunda lengua extranjera, de entre las sometidas a examen para subir la nota de admisión, siempre que esta lengua sea diferente de la lengua vehicular (aquella en la que se imparten mayormente los estudios) y de la lengua de acceso (la que figura con mayor carga lectiva distinta a la vehicular).

El examen constará de una fase de Acceso, donde se evalúan destrezas básicas y con la que se puede alcanzar hasta un máximo de 10 puntos; y de una fase de Admisión, que tiene carácter optativo y en la que se ofrece la posibilidad de subir nota. En esta última se miden conocimientos en disciplinas concretas relacionadas con los estudios deseados y puede aportar hasta 4 puntos adicionales a la anterior, por lo que el alumnado puede conseguir hasta un máximo de 14 puntos.

Los estudiantes que se presenten por primera vez a la prueba de evaluación y que procedan de Bachillerato y otras vías, tienen que realizar obligatoriamente la fase de Acceso de la PEvAU, a excepción de quienes ya posean otros requisitos de acceso, como los de Formación Profesional de Grado Superior, entre otros.

Asimismo, en este caso, los estudiantes, si además quieren subir nota para obtener plaza en la universidad, deberán realizar también la fase de Admisión, al igual que hacen los de Bachillerato, con el fin de obtener los 4 puntos adicionales y sumarlos a la media de su expediente académico.

Fases de las pruebas

Durante la primera jornada del martes día 10, los estudiantes que se presenten a la fase de Acceso se enfrentarán a tres exámenes comunes. El primero será el relacionado con la Lengua Castellana y Literatura II; posteriormente los estudiantes demostrarán sus conocimientos en Lengua Extrajera (alemán, francés, inglés, italiano y portugués), finalizando la jornada con un último examen sobre Historia de España.

Esta primera fase se completará con un cuarto examen sobre una materia de modalidad de segundo de Bachillerato, que será elegida entre las siguientes: Fundamentos del Arte II, Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II y Latín II.

Para superar la fase de Acceso la calificación debe ser igual o superior a 4 puntos, mientras que para superar la PEvAU y poder entrar en la universidad se debe obtener una puntuación igual o superior a 5 puntos, como resultado de multiplicar la nota de la Fase de Acceso por 0.4 y sumarle la media del expediente académico multiplicada por 0.6. De esta forma, los alumnos obtendrán una nota de admisión que variará entre los 5 y los 10 puntos.

No obstante, si un estudiante desea subir esta nota podrá examinarse de la llamada fase de Admisión y durante los dos días siguientes se podrá presentar hasta a un máximo de 4 materias de modalidad que se ofertan en segundo de Bachillerato y que deben ser distintas a la elegida en la fase de Acceso. Pero no todas estas materias contarán por igual a la hora de calcular la nota final. El peso de las mismas dependerá de la vinculación y complementariedad que tengan con los estudios de grado a los que se quiera acceder.

Además, si el alumno obtiene un 5 o más en la asignatura troncal de modalidad que ha elegido para completar la fase de Acceso (Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II), esta nota también le computará de forma automática para la fase de Admisión.

Posteriormente, cuando al alumnado que se ha examinado solicite plaza en los distintos grados, el sistema de preinscripción elegirá automáticamente los resultados de las dos asignaturas que favorezcan más al alumno.

Distribución del alumnado y asignaturas

De los 8.061 estudiantes que se examinarán en la prueba extraordinaria de septiembre, un total de 4.124 alumnos se presentarán a ambas fases, de Acceso y de Admisión; mientras que 1.225 lo harán sólo a la primera fase (de Acceso) y 2.702 se examinarán exclusivamente de la segunda (de Admisión).

Por otro lado, las materias no troncales comunes más demandadas y de las que se examinará un mayor número de estudiantes andaluces son Matemáticas II (2.637), Química (2.586), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (2.586), Biología (2.110), Economía de la Empresa (1.358), Latín II (668), Física (589), Geografía (580), Historia de la Filosofía (572) e Historia del Arte (308).

Asimismo, se han registrado 71 alumnos con incompatibilidades para examinarse, ya que han elegido materias que coinciden en el horario previsto por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía. En estos casos, se establece un calendario alternativo para resolver estas situaciones registradas en toda la comunidad.

Teniendo en cuenta la universidad, la Hispalense es la que más alumnos aporta, con 1.971; seguida por la Universidad de Málaga (1.311), Granada (1.257), Cádiz (1.098), Córdoba (749), Jaén (543), Almería (476), Huelva (389) y la Pablo de Olavide (267).

Resultados y preinscripción

Los resultados de la prueba de Selectividad serán dados a conocer por cada universidad a partir del 18 de septiembre, a partir de las doce del mediodía, en el horario que cada una determine. El plazo de preinscripción será desde el día 19 al 23 de septiembre.

La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 26 de septiembre. En esta fecha comenzará, además, el plazo de matrícula o reserva, que se extenderá hasta el 28 de septiembre, plazo que computará para la presentación telemática.

La segunda y última adjudicación de plazas tendrá lugar a partir del 2 de octubre y hasta el 3 de octubre estará abierto el plazo para la matriculación o confirmación en lista de espera como para la presentación de alegaciones o reclamaciones.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía telemática en la web de Distrito Único Andaluz –DUA-, de forma que los alumnos no tengan que presentar documentación alguna en sus universidades.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL 


  • 7.9.19
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible muestra su compromiso con la defensa del medio ambiente andaluz y la lucha contra el fuego en zonas forestales a través del incremento de la plantilla del dispositivo Infoca durante el periodo de alto riesgo de incendios, que se extiende de junio a octubre, con respecto al año anterior.



Concretamente, desde el día 1 de junio hasta finales de agosto de 2019, el actual Gobierno andaluz ha realizado 653 contrataciones temporales de diversas categorías profesionales, mientras que las personas incorporadas bajo el mismo régimen desde principios de junio a mediados de octubre de 2018 ascendían a 552. Se trata, por tanto, de un crecimiento de un centenar de profesionales en un periodo inferior (50 días menos).

Carmen Crespo ha apuntado que esta actuación es "una muestra clara" de la apuesta de la Junta de Andalucía por el Plan de Emergencias contra Incendios Forestales de Andalucía, cuyo éxito radica en la coordinación de las administraciones públicas y en "el incalculable capital humano" del dispositivo.

En concreto, los más de 650 puestos ofertados dentro del Plan de Emergencias contra incendios forestales de Andalucía en lo que va de verano se corresponden, entre otras categorías, con bomberos forestales y conductores de vehículo contra incendio.

De este volumen total, cerca de 200 puestos se han gestionado a través de procesos concursados del Servicio Andaluz de Empleo al no contar con candidatos que cumplieran los requisitos en la bolsa del Infoca, que, como ha lamentado la consejera, "no es suficiente" porque el Gobierno autonómico está trabajando actualmente con la de 2016 tras dos años sin convocarse oferta pública de empleo por parte de la Consejería para poder incluir nuevos candidatos en esta bolsa.

Apuesta del Gobierno andaluz

Por el contrario, como ha apuntado Crespo, "la apuesta de la actual Junta de Andalucía por el Infoca queda patente también en la reciente convocatoria de una Oferta de Empleo Público para este importante dispositivo" para cubrir las bajas producidas en 2016 y 2017 al amparo de la tasa de reposición establecida legalmente para servicios que desarrollan labores de emergencia.

Una vez finalizada la convocatoria y adjudicadas las 120 plazas disponibles, se prevé la constitución de una nueva bolsa de empleo integrada por las personas que hayan alcanzado la puntuación mínima en el concurso de méritos de este proceso selectivo pero no hayan obtenido una plaza de personal fijo.

Asimismo, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha apuntado además que la presente campaña de alto riesgo de incendios cuenta desde su inicio con "más medios humanos y materiales, así como con un mayor presupuesto del se asignó al Infoca en 2018".

La consejera ha valorado la "importante labor" que desarrollan todos los integrantes de un dispositivo que realiza "la imprescindible tarea de prevenir y luchar contra los incendios forestales", un trabajo que les ocupa durante todos los meses del año, pero cuyo peligro se multiplica en verano. Al respecto, Crespo ha recordado que "aún nos encontramos en período de alto riesgo de incendios y, por tanto, es de vital importancia contar con la colaboración de todos para evitar que el fuego dañe el patrimonio natural de nuestra comunidad autónoma".

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL 

6 de septiembre de 2019

  • 6.9.19
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha lanzado una campaña informativa en los centros sanitarios para recordar a los usuarios que la Administración sanitaria denunciará por la vía penal cualquier agresión a los profesionales de dichos centros. Esta iniciativa recuerda que "ante cualquier amenaza, coacción o agresión física y/o verbal o cualquier otra actuación ilícita contra los profesionales se cursará la pertinente denuncia por la vía penal, pudiéndose castigar estas acciones con penas de cárcel".



Además, a través de diversos carteles informativos se avisa de que los centros disponen de diferentes medidas de seguridad, entre las que se incluye la conexión directa con la Policía. Asimismo, se recuerda que los usuarios pueden realizar sugerencias y aportaciones de mejora o presentar cualquier reclamación a través de los puntos de Atención a la Ciudadanía o en la página web del SAS o del libro digital de sugerencias y reclamaciones de la Junta.

Esta campaña de concienciación a pacientes y usuarios del SAS forma parte de las acciones emprendidas por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía dentro del nuevo Plan de Agresiones en el que se viene trabajando.

Además, el nuevo plan incluirá medidas dirigidas a la concienciación de los pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional. Este desconocimiento lleva, en muchas ocasiones, a exigir acciones que sobrepasan el ámbito de actuación del profesional. Además, es fundamental que los ciudadanos tomen conciencia de que un problema nunca se resuelve con una agresión.

El nuevo plan incorporará también un programa especial de acompañamiento al profesional agredido y supondrá la habilitación de canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Así, se ofrecerá apoyo desde el primer momento y se facilitará la aplicación de las medidas.

Del mismo modo, se facilitará atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y, en todo momento, se acompañará al profesional agredido a asistencia sanitaria. Otra de las medidas que contempla el plan es la simplificación de la tramitación burocrática, de manera que se pueda simultanear la cumplimentación de los documentos para evitar que el profesional tenga que recordar repetidamente lo ocurrido.

La formación de los profesionales cobrará especial importancia y tendrá una doble vertiente. Por un lado, se diseñarán talleres y actividades incluidas en los planes de formación de los centros en los que los profesionales aprenderán a controlar situaciones conflictivas; por otro, recibirán formación sobre qué hacer cuando se produce una agresión.

Datos agresiones 2018

En Andalucía, se han registrado 1.234 agresiones en 2018, de las que 267 fueron físicas, mientras que en 2017 se registraron un total de 1.115, de las que 284 fueron agresiones físicas. De las 1.234 agresiones registradas el pasado año, 914 fueron a mujeres.

Dentro de las líneas del Plan de Prevención y Atención de Agresiones se incluye un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario y que incluye la asesoría jurídica al personal agredido por parte de los Servicios Jurídicos del Servicio Andaluz de Salud.

En concreto, durante el pasado año 2018, los letrados del Servicio Andaluz de Salud realizaron 127 asistencias letradas y se han contabilizaron un total de 58 sentencias condenatorias, de las que 13 de ellas fueron por delito de atentado.

La Consejería de Salud y Familias ha impulsado además la creación de las dos figuras de interlocutor policial y sanitario que ha supuesto un punto de encuentro de trabajo a nivel provincial para impulsar la prevención de agresiones en el ámbito sanitario. Se trabaja, así, desde una vertiente muy práctica y sobre la base real del terreno junto con las direcciones gerencias de los centros sanitarios, para prevenir las agresiones y mejorar la atención al personal que las sufre.

La colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha traducido además en sesiones informativas y formativas impartidas en cada provincia al personal de hospitales, centros de salud y consultorios, coincidiendo en sus objetivos con las distintas actividades formativas que ya están en marcha.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

5 de septiembre de 2019

  • 5.9.19
La Confederación andaluza de asociaciones de madres y padres del alumnado por la educación pública (CODAPA) critica que la Junta de Andalucía priorice a las grandes multinacionales en la licitación de los comedores escolares, a pesar de que el consejero de Educación, Javier Imbroda, se comprometió a potenciar el suministro por parte de empresas locales este curso.



Según denuncia la Confederación, la administración andaluza ha introducido cambios para la contratación del servicio que favorecen su concesión a grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas (pymes), ya que el nuevo pliego incluye entre sus novedades conceder la máxima puntuación, 80 puntos, "si el volumen de negocios es mayor al 80 por ciento del presupuesto de licitación total del lote al que se concurre".

"En la práctica este nuevo procedimiento ha provocado que solo las multinacionales puedan optar a la prestación del servicio de comedores en Andalucía en perjuicio de las pymes, que quedarán borradas del mapa si esto no se rectifica", censura la CODAPA.

Por ello, el colectivo, que agrupa a más de 2.700 AMPA de las ocho provincias andaluzas, lamenta por otra parte que para la gestión de los comedores escolares no se tengan en cuenta criterios de calidad, como vienen reivindicando las familias. "Los pliegos actuales no valoran ni la calidad, ni el consumo de productos locales, ni la alimentación como parte del proceso educativo", explicó Olga Leralta, responsable de la comisión de comedores de la CODAPA.

El movimiento de AMPA critica que tampoco se valoren como criterios los puntos recogidos en la Proposición no de Ley relativa a las mejoras en los comedores escolares presentada por el propio partido de Ciudadanos, en la que se aboga por "considerar la alimentación como parte del proceso educativo, en el que se dé prioridad a la adquisición del conocimiento acerca de la alimentación mediterránea, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, mediante su inclusión en los proyectos educativos de los centros".

El nuevo pliego no contempla, por último, medidas para promover hábitos de alimentación saludables, canales cortos de comercialización o el consumo de productos locales, a pesar de que estos aspectos se recogieron en el convenio suscrito el 7 de febrero de 2018 por seis consejerías de la Junta de Andalucía en el marco del III Plan Andaluz de la Producción Ecológica, Horizonte 2020, recuerda la Confederación.

Por ello, para mejorar en lo posible la gestión del servicio, la CODAPA insta al consejero de Educación a incluir estos aspectos entre los criterios de adjudicación, cumpliendo así su promesa de favorecer las empresas locales y los productos de cercanía en la contratación de los comedores escolares.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

4 de septiembre de 2019

  • 4.9.19
El Consejo de Gobierno ha autorizado el pago de cuatro millones de euros en contratos de emergencia destinados a servicios mínimos de conservación de carreteras en cuatro provincias. Este montante permitirá asegurar unas condiciones óptimas de seguridad en estos tramos de vías ante cualquier incidente, ya sea meteorológico, accidente o incendio.



Estas intervenciones se desarrollarán mientras se lleva a cabo la adjudicación de los contratos de mantenimiento integral por un periodo de cuatro años, prorrogables por un año más. De hecho, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ya había iniciado a principios de agosto el proceso de licitación de estos seis contratos, correspondientes a las provincias de Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla.

Se trata de servicios mínimos en materia de conservación de carreteras para la zona sureste de la provincia de Córdoba (502.364 euros), la zona oeste de la provincia de Jaén (716.853 euros), la zona oeste (785.767 euros) y noroeste (649.194 euros) de la provincia de Granada; la zona este de la provincia de Sevilla (648.121 euros) y la zona este de la aglomeración urbana, también de esta última provincia (701.767 euros). Estos contratos tienen una vigencia de entre cuatro y cinco meses.

En general, los contratos de conservación tenían inicialmente una duración de dos años, con posibilidad de una única prórroga de dos años más. En esa imposibilidad de una nueva renovación se encontraron 32 de 35 contratos, aunque cinco de ellos se pueden resolver en tiempo y forma al expirar en 2020.

En estos meses se ha resuelto la situación de doce contratos, que se adjudicaron el pasado junio por un importe de más de 65 millones de euros, mientras que otros once se licitaron en el pasado mes de agosto con un presupuesto base de 83,5 millones de euros. En todos estos nuevos contratos se ha optado por una ampliación de su duración a 48 meses, con una prórroga de doce meses más.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

3 de septiembre de 2019

  • 3.9.19
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha ampliado su plan de refuerzo para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género con la incorporación de otros 18 interinos que se destinarán a las Fiscalías de esta materia, a las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género (UVIVG) y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Este personal se viene a sumar a los 95 funcionarios que se incorporaron a los juzgados con competencia en esta materia y a los 32 efectivos de los nuevos equipos multidisciplinares de las UVIVG, lo que suma un total de 145 efectivos más disponibles.



El objetivo es mejorar la atención que reciben las víctimas cuando acuden a los juzgados y agilizar la tramitación de los expedientes judiciales. Para ello, se va a invertir 245.305,58 euros que vienen a sumarse a los 2,9 millones de euros de la primera fase del plan, todo ello a cargo a las cuantías destinadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El director general de Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra, explicó que esta medida se adopta "como continuación y ampliación de esa primera actuación que permitió reforzar con 95 interinos los juzgados con competencias en violencia de género". En este sentido, indicó que es necesario reforzar las Fiscalías adscritas a estos órganos judiciales y las Fiscalías de Áreas, "como órganos esenciales en la investigación de las denuncias en esta materia y su enjuiciamiento posterior", así como otros fundamentales en la tramitación de procedimientos judiciales como el TSJA.

Igualmente, se ha decidido reforzar aquellos Institutos de Medicina Lega y Ciencias Forenses (IMLCF) en los que se tramita un mayor número de casos de violencia de género tras analizar sus necesidades, y que se corresponden con los que atienden a un mayor número de población y tienen más actividad forense. En concreto, se va a destinar un tramitador más para las Uvivg de los IML de Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada.

En cuanto a los refuerzos para el Ministerio Público, todas las Fiscalías de Violencia contra la Mujer de las capitales de provincia y las de área de Jerez, Algeciras, Dos Hermanas y Marbella dispondrán de un funcionario más. Por último, se incorporarán dos gestores a la Sala Penal y Civil del TSJA. Unos refuerzos que estarán disponibles desde principios de septiembre hasta final de año, aunque con la posibilidad de ampliarlo durante el año que viene con las cuantías destinadas para el ejercicio 2020 del Pacto de Estado.

En definitiva, "con esta nueva actuación se completaría el refuerzo a órganos judiciales y Fiscalías con competencias en materia de violencia de género, dotándolos de nuevos medios personales cuya labor se centrará exclusivamente en la tramitación de los expedientes sobre esta materia, así como en la agilización de los informes forenses y su remisión a los juzgados".

Asimismo, la medida se complementa con el plan de choque de las UVIVG, por el que se ha dotado de un equipo multidisplicinar completo a cada uno de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF). Estos se han reforzado desde el pasado mes de junio con ocho médicos forenses, ocho psicólogos, ocho trabajadores sociales y ocho administrativos del cuerpo C1 de la Junta de Andalucía.


REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ / J.P. BELLIDO / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

2 de septiembre de 2019

  • 2.9.19
La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo aplica en estos momentos en alrededor de 140 empresas andaluzas que han sufrido accidentes de trabajo de especial gravedad el programa Alerta Accidentes, una iniciativa que ofrece asesoramiento y apoyo técnico especializado en empresas andaluzas en las que se han registrado al menos dos accidentes laborales graves o un accidente mortal.



Alerta Accidentes incluye también la supervisión de la planificación de las actividades preventivas que llevan a cabo estas empresas y un seguimiento de las acciones comprometidas para conseguir una reducción de su siniestralidad laboral.

El objetivo de este programa es evitar la reproducción de accidentes graves por no haberse realizado una investigación exhaustiva de los accidentes previos o por no haberse adoptado las correspondientes medidas de prevención. Para ello, Alerta Accidentes cuenta con la colaboración y supervisión del personal técnico especializado de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de Andalucía, que asesora a las empresas tanto en los procesos de gestión de la prevención como acerca de las condiciones materiales de seguridad y salud en los centros de trabajo.

Fase de valoración

Hasta el momento, 38 empresas han concluido satisfactoriamente la implantación de las medidas contempladas en su programa de reducción de la siniestralidad, encontrándose actualmente en una etapa de valoración de resultados en términos de accidentabilidad.

La puesta en marcha de este programa se basa en la reiteración de accidentes graves y mortales registrados en determinadas empresas, en las que una efectiva implantación de medidas correctoras hubiese podido limitar las consecuencias de estos siniestros o incluso evitarlos, tras una adecuada investigación de los accidentes ya registrados.

La participación en la iniciativa es voluntaria y progresivamente se irá incrementando el número de empresas participantes, ya que cada mes se determinan las que cumplen con los requisitos para ser incluidas en esta iniciativa, comenzando de manera gradual las actuaciones en sus centros de trabajo.

Metodología

La intervención de los técnicos de la Administración comienza en un plazo máximo de seis meses desde que se produce el accidente y se extiende durante un período aproximado de un año. En este proceso, los técnicos realizan tres visitas a las empresas con objeto de proporcionar de forma ágil un asesoramiento técnico especializado, detectar y corregir deficiencias en las medidas de prevención existentes, impidiendo así la reproducción de los accidentes registrados, y para impulsar un proceso de mejora continua en el sistema de prevención de dichas empresas.

Los resultados de programas anteriores que se han llevado a cabo con esta metodología de trabajo, como el Paemsa, han sido bastante satisfactorios ya que los índices de incidencia (relación entre el número de accidentes de trabajo que registran las empresas participantes y el número de personas que trabajan en ellas con las contingencias profesionales cubiertas) se redujeron en su última edición más de un 15% en términos globales en las empresas acogidas al programa, y especialmente en el sector industrial y en el de la construcción, con descensos en torno al 30%.

La puesta en marcha del programa Alerta Accidentes se encuadra en el primer Plan de Actuación derivado de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022, desarrollado durante el año 2018. La iniciativa Alerta Accidentes se incluye también en el II Plan de Actuación que estará vigente en el bienio 2019-2020 y que incide de manera específica en sectores que han registrado en el último año una mayor incidencia de accidentes, así como en las empresas andaluzas que sufran accidentes de especial gravedad.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

1 de septiembre de 2019

  • 1.9.19
El Consejo de Gobierno tomó conocimiento este pasado jueves de la aprobación de las bases reguladoras y de la convocatoria de subvenciones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales en Andalucía.



La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible va a publicar a lo largo de este mes de septiembre la convocatoria de estas ayudas, que superarán los 100 millones de euros y que duplicarán la cuantía que el Gobierno andaluz destinó a este fin la última vez que las convocó, en 2012, hace ahora siete años.

La Consejería aprobó el pasado mes de julio las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones, que se encuentran incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y que se convocan en régimen de concurrencia competitiva.

Con la publicación de estas ayudas, la Junta de Andalucía pretende apoyar económicamente a los propietarios y gestores de terrenos forestales (ya sean ayuntamientos o privados) que dispongan de un plan de gestión forestal y también efectuar un reconocimiento público a la contribución que realizan estos propietarios y gestores a la conservación del medio natural en una comunidad en la que la superficie forestal representa más del 50 por ciento de la extensión total, con 4,5 millones de hectáreas.

La subvención puede alcanzar hasta el 100 por cien del importe de los costes de las inversiones que pueden acogerse a esta línea de ayuda y la cuantía máxima es de 250.000 euros por cada beneficiario, pudiendo contener la solicitud actuaciones hasta en tres fincas distintas.

La orden contempla un amplio elenco de actuaciones encaminadas a la restauración, preservación y mejora de los terrenos forestales y a la conservación de la biodiversidad y el paisaje, al tiempo que también persigue la adaptación de los ecosistemas forestales a los efectos del cambio climático en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Entre otras actuaciones se incluyen proyectos de repoblación en hábitats de interés comunitario, trabajos de mejora de la vegetación como tratamientos silvícolas y podas sanitarias, inversiones en regeneración natural y de preservación de la fauna y flora silvestre, como la instalación de cajas nido o la mejora de charcas.

La publicación de estas ayudas forma parte del compromiso de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de realizar un esfuerzo inversor en materia de política forestal mediante la apertura de líneas de ayudas y la adecuación del Plan Forestal Andaluz que facilite la compatibilidad de la protección del medio ambiente con la rentabilidad social de los montes para el desarrollo de las zonas rurales de Andalucía.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

31 de agosto de 2019

  • 31.8.19
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha sacado a licitación otros seis contratos de conservación de carreteras en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. Estos contratos cuentan con un presupuesto base de licitación de 45,3 millones de euros y permitirán el mantenimiento integral de 1.890 kilómetros de la red viaria autonómica.



Esta licitación da continuidad al proceso de normalización de los contratos de mantenimiento integral de la red viaria que, a la llegada del actual Gobierno de Andalucía, estaban en su mayoría (32 de 35) caducados o a punto de expirar sin posibilidad de fijar una prórroga. Esta situación se ha resuelto ya en doce contratos, que se adjudicaron el pasado mes de junio por un importe de más de 65 millones de euros, y la reciente licitación de otros cinco lotes por un montante de 38,3 millones.

La Consejería ha licitado seis lotes con los que se velará durante un periodo de cuatro años –más la posibilidad de prórroga de un año más– por el buen estado de las carreteras de la zona suroeste de la provincia de Córdoba (6,8 millones), la zona noreste (6,2 millones) y del área metropolitana de Granada (8,8 millones, que incluye también los 30 kilómetros de vías de acceso a Sierra Nevada), la zona oeste de la provincia de Jaén (7,8 millones) y las zonas oeste y norte del área metropolitana de Sevilla (con 7,9 y 7,5 millones respectivamente). Estos contratos, además de generar empleo tanto directo como indirecto, tienen como objetivo mantener las condiciones normales de vialidad y seguridad en casi 2.000 kilómetros de carreteras.

Los contratos de conservación garantizan la vialidad de las carreteras, es decir, dan una ágil y rápida respuesta las 24 horas del día a las incidencias que se presenten en la red, como accidentes de tráfico, cortes de carreteras o inclemencias meteorológicas. Para ello, las empresas que resulten adjudicatarias incluirán la presencia de técnicos, operarios, maquinaria y materiales para la realización de diversas operaciones.

La Consejería de Fomento se ha marcado como prioridad recuperar el buen estado de los más de 10.000 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica. Este compromiso se ha visto plasmado en los presupuestos del Gobierno de Andalucía para este año, que recogen una partida de 133 millones de euros para el mantenimiento de estas vías, 22 millones más que en las cuentas del ejercicio anterior.

De esta manera, se rompe la tendencia de la última década y se recupera parte del ritmo inversor después de que entre 2008 y 2018 se redujese el presupuesto a la mitad: de 200 a 85,5 millones de euros. Del dinero presupuestado para 2019, 95 millones irán al arreglo de carreteras, mientras que 32 millones se destinarán a obras catalogadas de emergencia.

La importancia de la carretera desde el punto de vista social y económico se refleja en el reparto modal del transporte de mercancías y de viajeros: el tráfico de mercancías por carretera supone el 85 por ciento del total (4 por ciento por ferrocarril y 11 por ciento por barco y avión) y el tráfico de viajeros por carretera supone el 90 por ciento frente al 2 por ciento ferroviario y el 8 por ciento del barco y avión.

La red de carreteras constituye un patrimonio de primera magnitud cuyo deterioro sería muy negativo por el incremento de costes no solo económico o de movilidad, sino también en costes medioambientales o de accidentalidad.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

30 de agosto de 2019

  • 30.8.19
La Dirección General de Consumo, adscrita la Consejería de Salud y Familias del Gobierno de Andalucía, ha puesto en marcha una campaña de inspección dirigida a comprobar que academias y centros privados que imparten enseñanzas no conducentes a la obtención de títulos oficiales cumplen con la normativa vigente. En concreto, los Servicios Provinciales de Consumo van a revisar un total de 95 academias presenciales y online.



La campaña de inspección va a prestar especial atención a los centros de formación en idiomas; academias de preparación de oposiciones; centros privados que anuncian la homologación de sus títulos con enseñanzas oficiales, para comprobar que así es; centros en los que se publicita el acceso fácil al mundo laboral o centros con contratación e información a distancia, por ejemplo, a través de internet.

Dadas las características de las denuncias y reclamaciones recibidas hasta la fecha en este ámbito, las actuaciones se van centrar en comprobar la completa y correcta información que se facilita al alumnado acerca de las características del centro y de los cursos ofertados, prestando especial atención al control del uso indebido de marcas institucionales del Gobierno de Andalucía por parte de estas empresas.

Asimismo, se pretende garantizar que los contratos de enseñanza y de la financiación del coste de los cursos cumplan las disposiciones que protegen los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

Los inspectores también velarán por el cumplimiento de la normativa de aplicación en aquellos centros en los que se ha detectado una especial incidencia de quejas, denuncias y reclamaciones, conforme a la información que la Dirección General de Consumo dispone al efecto.

En la última campaña ejecutada en el ejercicio 2017, se realizaron 181 actuaciones en un total de 149 centros. El número de actas positivas fue de 44, lo que supuso un 24 por ciento de las mismas. Respecto a los resultados obtenidos, el mayor porcentaje de incumplimientos se observa en no exhibir en los lugares de atención al público una leyenda o cartel que especifique la información obligatoria sobre el nombre de la persona física o jurídica responsable, así como la denominación, dirección y localización del centro.

También hubo incumplimientos por la carencia de validez académica o profesional de las enseñanzas impartidas, falta de autorización del centro por ninguna Administración Pública o la inexistencia de folletos o documentos informativos de cada curso y lugar donde pueden ser conocidos o puestos a disposición de los usuarios.

Recomendaciones

La Dirección General recomienda que, antes de contratar cualquier curso en este tipo de centros, se recabe toda la información posible con especial atención a contenidos, material disponible y metodología seguida. Igualmente, las personas usuarias deben saber la duración y programación del curso, así como los títulos o certificados que se expiden. También es conveniente conocer la titulación o cualificación profesional del personal docente.

En este sentido, los centros tienen la obligación de disponer de documentos y folletos informativos, que deben estar a disposición del público hasta la finalización del curso, con la siguiente información: nombre del curso, duración, horarios y contenido; clase de diploma, especificando que no se trata de un título con validez académica o profesional (salvo en los supuestos de cursos homologados); y precio, incluyendo todos los conceptos del curso.

Si se ofrece la posibilidad de financiar el curso, es conveniente comparar distintas ofertas y escoger la que más se adecue a sus intereses. Si se decide a financiarlo, el alumnado tiene derecho a solicitar a la entidad con la que se efectúa la operación una oferta vinculante en la que consten por escrito las condiciones, especialmente, el tipo de interés aplicable y las comisiones y gastos derivados de su apertura. Hay que verificar que en el contrato no se faculta al centro de enseñanza a la cesión o subrogación del crédito, salvo consentimiento expreso del consumidor.

La persona consumidora debe exigir una copia del contrato que se formalice, una vez firmado, además de un justificante o factura de los pagos que se realicen. Asimismo, es recomendable guardar siempre la publicidad de las ofertas, ya que las condiciones que se incluyan en ella serán exigibles, incluso aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado.

Si en esa publicidad del curso se hace referencia a puntuación en bolsas de trabajo, se recomienda solicitar la documentación en la que se acredite la cuantía, el baremo y las condiciones para validar esa puntuación, así como la copia del convenio con la entidad o empresa que debe reconocer los puntos.

Otras posibles dudas

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es, el perfil de Twitter y el de Facebook.

También se puede recibir asesoramiento en las delegaciones territoriales de Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

29 de agosto de 2019

  • 29.8.19
Las personas mayores de 65 años de Andalucía han realizado, en este primer semestre del año 2019, cerca de 2 millones (1.821.726) de viajes en autobús por carretera bonificados al 50 por ciento con la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco, lo que les ha permitido ahorrarse 2,2 millones de euros, según ha señalado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.



Ruiz ha informado que en este periodo, más de 194.500 personas han hecho uso del servicio de transporte bonificado con su tarjeta. Principalmente los desplazamientos que se realizan son por motivos familiares (37%), seguido de motivos de salud (31%) y por ocio (32%).

El transporte interurbano es uno de los programas de mayor alcance de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco, que consiste en la bonificación a las personas titulares con un 50 por ciento del precio del billete en aquellos viajes interurbanos que, teniendo origen y destino en Andalucía, se realicen en los transportes públicos regulares de viajeros por carretera, de uso general y permanente, que sean prestados por las empresas de transportes que hayan formalizado un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía.

Las personas mayores de 65 años tan solo tienen que introducir su Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco en las máquinas lectoras instaladas en los autobuses y puntos de venta de las empresas de transportes conveniadas, siendo imprescindible mostrar siempre su DNI. De esta forma, obtienen un descuento inmediato del 50 por ciento en sus viajes interurbanos por Andalucía.

La consejera ha destacado que "más de un millón de las personas mayores de Andalucía se benefician actualmente de esta tarjeta gratuita que permite a sus usuarios y usuarias acceder de forma rápida y sencilla a prestaciones y programas, así como a importantes descuentos en la adquisición de productos y disfrute de actividades culturales y de ocio".

Este documento se ha consolidado como el instrumento por excelencia de envejecimiento activo en Andalucía, de hecho siete de cada diez personas de más de 65 años de esta comunidad autónoma disponen de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco. Del total de personas beneficiarias de la Tarjeta, el perfil predominante es el de una mujer con una edad comprendida entre los 70-74 años.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL


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