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Mostrando entradas con la etiqueta Andalucía. Mostrar todas las entradas
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4 de agosto de 2020

  • 4.8.20
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decidido ampliar hasta el próximo 18 de septiembre el plazo para presentar las solicitudes de subvención para la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales, que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones.



Estas ayudas están destinadas a las explotaciones agrarias y tienen por objeto paliar los efectos de las adversidades climáticas que afectaron al sector agrario en 2019, entre las que destaca la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que alcanzó la península y se fue desplazando hacia el sureste peninsular, y el déficit de precipitaciones que ocasionó situaciones de sequía.

Con estas subvenciones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pone a disposición de los damnificados líneas de financiación para fortalecer la viabilidad y normal funcionamiento de las explotaciones del sector agrario en situaciones excepcionales.

La cuantía máxima de esta línea de ayudas, calculada para un capital avalado de 100.000.000 euros, será de 4.561.000 euros, que se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en la anualidad 2020. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el extracto de resolución, que se puede consultar en este enlace.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

  • 4.8.20
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto el proceso de información pública del proyecto de real decreto que establece las normas básicas para la aplicación del artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA) en el sector del aceite de oliva y que permitirá contar con un mecanismo de retirada obligatoria para los productos del olivar.



El objetivo es poder contar, antes de la entrada en vigor de la próxima Política Agraria Común (PAC), con una norma nacional de comercialización para mejorar y estabilizar el mercado del aceite de oliva, gracias al acuerdo del Consejo de la Unión Europea (UE) sobre el reglamento transitorio de la PAC. De esta forma, además del sector vitivinícola, el sector olivarero se beneficiará de su inclusión en el citado artículo 167.

La medida permitirá, a partir de la entrada en reglamento, cuya aprobación está prevista este otoño, equilibrar el funcionamiento del mercado de los aceites de oliva, mediante un ajuste de la oferta y la demanda. De esta manera, cada vez que la situación de campaña lo haga necesario, se podrán llevar a cabo actuaciones concretas de regulación, mediante orden del MAPA, previa consulta con los representantes del sector.

Las herramientas que proporcionará la norma nacional que se somete a información son básicas para un sector cuya producción se encuentra caracterizada por el fenómeno de la vecería (alternancia de grandes y pequeñas cosechas) y en el que se aprecia, en los últimos años, un desequilibrio derivado del mayor ritmo de crecimiento de la oferta que de la demanda. Circunstancia que origina una gran volatilidad de los precios, con una clara incidencia en la viabilidad económica de muchas de las explotaciones oleícolas más tradicionales.

El proyecto de norma contempla la posibilidad de emplear, según el estado las de campañas, todas o algunas de las siguientes medidas: retirada de producto hasta la campaña siguiente o destino de este a uso no alimentario; planificación de la producción mediante cosecha temprana y regulación del rendimiento de extracción de aceite de la pasta de aceituna.

La norma será de aplicación a todos los productores de aceituna destinada a aceite de oliva y a los operadores que elaboren o comercialicen aceites de oliva y de orujo de oliva en España. "Se pretende que esté lista para poder ser aplicada cuando entre el vigor el Reglamento transitorio de la PAC en el que está incluida la extensión del citado artículo 167", resaltaron ayer desde el Gobierno.

Este real decreto forma parte del decálogo de medidas para el sector del olivar presentado en junio por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y permitirá mejorar y estabilizar un sector que es fundamental en la producción agroalimentaria española, con una producción media anual de 1,2 millones de toneladas de aceite de oliva y campañas récord que han llegado a 1,8 millones de toneladas, como la de 2018/2019.

El olivar está presente en casi todas las comunidades autónomas y tiene un marcado carácter social en algunas de ellas, donde juega un papel fundamental para la economía de las zonas rurales. Presenta, además, unas importantes externalidades desde el punto de vista medioambiental.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

2 de agosto de 2020

  • 2.8.20
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, al de Consumo, Alberto Garzón, y al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para solicitar la "revisión urgente" de los precios máximos de las mascarillas y su gratuidad para "consumidores vulnerables económicamente".



Debido a que la práctica totalidad de las comunidades autónomas están implantando el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública y en espacios cerrados de acceso al público, los consumidores están teniendo que hacer frente a la adquisición periódica de estos elementos de protección, lo que está suponiendo un aumento de los gastos cotidianos a los que deben hacer frente.

La asociación advierte de que, en el caso de mascarillas quirúrgicas, una familia de cuatro miembros que utilicen una al día deben gastar más de 100 euros al mes. Así, aunque el precio máximo de venta al público de 96 céntimos de euro podía ser aceptable en los momentos de falta de abastecimiento, en el momento actual, en el que ya no existe este problema, debería disminuir su precio para que sean realmente asequibles para los usuarios.

En abril, el Gobierno indicó en un documento que el coste de las mascarillas quirúrgicas podía estar en 16 céntimos la unidad. Sin embargo, FACUA indica que este precio puede ser una estimación al alza, ya que ha tenido conocimiento de que algunos fabricantes, antes de la pandemia de covid-19, estaban vendiendo a este producto a proveedores a 3 céntimos cada unidad impuestos incluidos.

FACUA, por tanto, considera que el precio máximo de venta al público debería acercarse a los costes de producción y, en cualquier caso, debería fijarse uno muy por debajo de los 96 céntimos en el caso de las mascarillas quirúrgicas desechables, además de establecer su gratuidad para los consumidores vulnerables económicamente.

Mascarillas higiénicas

De igual forma, FACUA también ha reclamado que se fije un precio máximo de venta al público de las mascarillas higiénicas. En un resolución de la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos, publicada el pasado mes de abril, se acordó decidir un precio en su próxima reunión.

Hasta la fecha, sin embargo, no ha sido publicada resolución alguna que fije el precio de estas mascarillas, por lo que la asociación insta al Gobierno y a los Ministerios a acordar, con la mayor brevedad posible, dicho precio, que, una vez más, debería acercarse a los costes de producción para evitar que los consumidores tengan que hacer frente a grandes gastos si quieren disponer de estos bienes.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

1 de agosto de 2020

  • 1.8.20
Correos ha publicado la convocatoria de 3.421 puestos para ingresar como personal laboral fijo, en categorías del grupo profesional IV (Personal Operativo). Es una convocatoria conjunta que incluye los puestos correspondientes a las tasas de reposición aprobadas para el año 2019 (1.421 plazas), así como 2.000 puestos de los contemplados en el plan de estabilización 2018-2020 firmado con las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre.



Con esta convocatoria se refuerza la marca Correos como empleadora de calidad y la apuesta de la compañía por el empleo estable y el desarrollo profesional de sus empleados y empleadas. Asimismo, se garantiza un marco estable de relaciones laborales y se potencia el talento como acelerador del cambio que se está produciendo en la empresa ante los nuevos retos y las demandas de nuestros clientes.

Por razones de eficiencia, de interés general y de racionalidad de los procesos, Correos ha hecho públicas las bases generales conjuntas que regirán el proceso de contratación para la cobertura definitiva de esos 3.421 puestos de trabajo, que serán desarrolladas posteriormente garantizando los principios de publicidad, mérito, capacidad e igualdad de trato a mujeres y hombres.

En próximas fechas, se publicará la oferta de puestos de trabajo a nivel provincial y sus características, y se abrirá el plazo y la forma de presentación de las solicitudes. Toda la información se puede consultar en la web de Correos.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

31 de julio de 2020

  • 31.7.20
La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha esta tarde la operación especial Primero de Agosto, que pretende reforzar la seguridad vial coincidiendo con el importante movimiento de vehículos que se prevé por toda la red viaria motivado por el comienzo del mes vacacional de agosto, el más importante en cuanto a movimientos de vehículos del verano, además del correspondiente a un fin de semana estival.



De este modo, este fin de semana coincidirán en carretera los desplazamientos de vehículos generados por el comienzo del mes vacacional de agosto, con desplazamientos de largo recorrido en sentido salida de los grandes núcleos urbanos con destinos principalmente a zonas turísticas de costa y litoral, así como zonas de montaña del interior peninsular, junto al retorno de los que finalizan sus vacaciones en el mes de julio y por el fin de semana estival.

Por ello, la DGT pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico que da cobertura a los desplazamientos que puedan producirse durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos: agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión del Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera. Todo ello, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez de la circulación en las carreteras y velando por la seguridad vial.

Recomendaciones y consejos de la DGT

La Dirección General de Tráfico recuerda y aconseja:
  • Planificar el viaje e informarse de la situación en la que se encuentran las diferentes carreteras por las que se va a transitar.
  • Verificar el estado del vehículo.
  • Realizar descansos cada 2 horas aproximadamente. La desatención en la conducción es el principal factor desencadenante de accidentes graves.
  • El uso del cinturón de seguridad, el casco y los sistemas de retención infantiles salvan vidas. Su uso es obligatorio para todos los ocupantes y en cualquier tipo de desplazamiento.
  • Cero alcohol y drogas durante la conducción.
  • Adecuar la velocidad a las circunstancias y a la vía por la que se circula.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

30 de julio de 2020

  • 30.7.20
Las cooperativas agroalimentarias andaluzas perdieron durante el pasado año hasta un 7 por ciento de su facturación global. Así se puso de manifiesto durante la asamblea general que tuvo lugar en la localidad malagueña de Antequera y que contó con una representación reducida de entidades debido a la pandemia generada por el covid-19.



A lo largo del encuentro, la federación hizo balance del año agrario y corporativo, un ejercicio 2019 que fue "especialmente complicado" para el aceite de oliva y la aceituna que, en conjunto, perdieron un 18 por ciento de la facturación con respecto al anterior, pasando de los más de 3.900 millones de euros a poco más de 3.200.

Frutas y hortalizas y suministros perdieron un 1,5 y un 1,7 por ciento, respectivamente, hasta los 3.096 y los 1.017 millones, mientras que los sectores ganaderos y los herbáceos fueron los que mejor comportamiento presentaron con ganancias del 6,3 y del 3,6 por ciento, sumando, en cada caso, 838 y 284 millones de euros.

La crisis de rentabilidad del campo fue uno de los ejes del discurso del presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal Rubio, quien respaldó los movimientos reivindicativos que se iniciaron en mayo de 2019 en el aceite, extendiéndose posteriormente a las frutas y hortalizas y contagiándose al resto de provincias, regiones y sectores, ya en 2020, hasta que el coronavirus lo paralizó todo.

“Como causas se juntan un buen número: producciones históricas y excedentarias, barreras comerciales, aranceles, competencia desleal, falta de promoción nacional e internacional, agotamiento de modelos productivos, ausencia de mecanismos de autorregulación, etcétera. “Sin embargo, tenemos que ser positivos y no caer en la lamentación; las cooperativas seguimos fuertes y de las crisis surgen las grandes oportunidades”, señaló.

Por otra parte, Juan Rafael Leal Rubio aseguró sentirse orgulloso del sector en su conjunto y, en especial, de las cooperativas. “Hemos tenido un comportamiento ejemplar; hemos actuado con la mayor de las responsabilidades y la solidaridad; hemos aparcado nuestras necesidades personales y como colectivo para centrarnos en satisfacer las de la sociedad”, apuntó.

“Lo hemos dicho en la Subcomisión de Reactivación Económica que estas semanas de atrás tenía lugar en el Parlamento de Andalucía y lo vuelvo a repetir aquí: las cooperativas somos la palanca para la reactivación económica de esta comunidad autónoma y las políticas que se adopten no pueden ni deben entenderse sin contar con las cooperativas agroalimentarias, máxime tras la pandemia vivida”, defendió el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.



Y es que, a pesar de la crisis de rentabilidad generalizada en el campo, las cooperativas asociadas mantienen su actividad con tan solo una baja, hasta las 659; siguen sumando socios, superando los 291.000, y aunque han perdido un 7 por ciento de facturación, hasta los 8.770 millones, continúan manteniendo el empleo y la economía del medio rural andaluz.

A continuación, el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi Álamo, fue el encargado de analizar los datos y repasar la actividad de la organización en 2019, un año marcado por una intensísima actividad de interlocución con las instituciones completamente renovadas en la Junta de Andalucía, tras el proceso electoral de finales de 2018.

Unas elecciones que también tuvieron su réplica en la federación, durante el año pasado, aunque se resolvieron sin cambios optando por la continuidad a nivel regional, con pocas variaciones a nivel de provincias y ninguna en los máximos cargos representativos.

Asimismo, durante 2019 se revisaron y ampliaron las líneas estratégicas de la federación, sumando el agua y empleo a las ya habituales de interlocución, representación y defensa; impulso a la integración, fomento a la I+D+i aplicada, y formación e igualdad de oportunidades. Tal y como recalcó el director, “sin garantía de agua y de mano de obra para atender las distintas campañas agrícolas es imposible asegurar la competitividad de un sector, el agroalimentario, en el que estas carestías se agravan año a año”.

En otro orden de cosas, puso en valor la labor de los departamentos sectoriales y de prestación de servicios de la federación, destacando el liderato en gestión de ayudas PAC, donde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía gestiona el 33,54 por ciento de todos los expedientes de la región y el 11,34 por ciento a nivel nacional, y sigue creciendo porcentualmente, año a año, a pesar de la disminución progresiva del número de solicitudes en España.

Igualmente, Martínez-Conradi incidió en el crecimiento de departamentos como el Jurídico y el de Igualdad, cuyos servicios son cada vez más demandados por las cooperativas con gran éxito tanto en trámites jurídicos y contenciosos, creando incluso jurisprudencia, como en el desarrollo de actividades divulgativas y de sensibilización para el impulso de la igualdad de oportunidades en las empresas asociadas.



De igual modo, se abordó la consolidación de áreas como la de Formación, en adaptación continua a las necesidades como las generadas por el covid, y en la de I+D+i, que en el año 2019 gestionó la participación y/o el desarrollo de una treintena de proyectos de carácter regional, nacional y europeo, para objetivos tan variados como la valorización de la leche de cabra, la producción de trigo de alta calidad o el uso de técnicas de teledetección para el control del olivar.

En la recta final de la asamblea, y ya con la presencia de la directora general de Industrias, Cristina de Toro, el presidente volvió a insistir en que de las crisis surgen las grandes oportunidades y urgió a las cooperativas a aprovechar la coyuntura para organizar mejor el sector productor para dimensionarlo, para sellar alianzas y buscar alternativas comerciales en otros países, con las que sortear las barreras comerciales. “Lo exige el mercado y lo necesitan nuestros socios”, recalcó.

“Si bien esperamos toda la ayuda que podamos recibir de Agricultura y Empleo, para seguir creciendo de forma más rápida y favorable, estoy convencido de que las cooperativas podemos trabajar, desde ya, en estos y otros temas, tales como la profesionalización, la digitalización y el impulso de la igualdad en nuestras juntas directivas y direcciones generales, no por necesidad, sino por convicción”, concluyó el presidente.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

26 de julio de 2020

  • 26.7.20
La Ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), presidida por Fernando Rodríguez Villalobos, ha aprobado “demandar a la Junta de Andalucía una financiación adecuada y un incremento de recursos técnicos y humanos que garantice la gestión del Sistema de la Dependencia desarrollada por las corporaciones locales; y especialmente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), cuya dotación económica se mantiene invariable desde 2007.



En dicha línea se ha acordado pedir una profunda revisión de la Orden reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio para mantenerlo como prestación estratégica del Sistema de la Dependencia en Andalucía en concordancia con el sistema público de Servicios Sociales instaurado por la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, y que implique una mejora de la calidad del servicio, del empleo y de un diálogo permanente entre la Consejería de Igualdad y Servicios Sociales y los gobiernos locales, a través de la FAMP.

En ese marco, los órganos de Gobierno de la FAMP también se han referido a la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (REMISA) como una prestación garantizada de dicho Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía orientada a la erradicación de la marginación, la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, “máxime si consideramos el agravamiento de la situación social a consecuencia de la emergencia sanitaria producida por el covid-19, que exige una mejor gestión y tramitación de esta prestación social que ya venía sufriendo frecuentes retrasos en su tramitación por los servicios autonómicos, ocasionando largas listas de espera y una insuficiente cobertura para un gran número de familias”.

Ante la situación producida durante el estado de alarma, se planteó a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales una serie de medidas para modificar el Decreto-Ley que regula la REMISA tendentes a la agilización de los expedientes de urgencia y emergencia social solicitados, la renovación automática de expedientes y la concesión de esta Renta Mínima de Inserción Social para unidades familiares unipersonales y con menores a cargo, incluyéndose como casos de urgencia y emergencia social. Así como la agilización de los procedimientos y la habilitación de los trabajadores sociales de Servicios Sociales Comunitarios para poder solicitarlas en nombre de la persona.

Con la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital, aprobada por el Gobierno central como nueva prestación económica no contributiva dentro del Sistema de Seguridad Social con carácter de derecho subjetivo, y ante la situación de convivencia con la REMISA de la Junta de Andalucía, desde la FAMP, se ha considerado “imprescindible” que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación “realice un análisis sobre beneficiarios de la REMISA, y en base a los resultados, se establezcan los cambios en la normativa de aplicación para no dejar a nadie atrás”. En este sentido, ha subrayado la necesidad de” introducir mejoras en la tramitación para su agilidad y mantener los dos derechos, estatal y autonómico, con sus respectivos presupuestos”.

El presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, ha abundado en el “derecho a disponer de un plan de inclusión e inserción socio-laboral, al que puedan acceder también las personas que tengan la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV); así como mejorar la coordinación de los Servicios Sociales y Servicios de Empleo (SAE), incrementar las plantillas de ambos servicios; y financiar de forma efectiva y suficiente la REMISA con el mismo presupuesto actual”.

Ingreso Mínimo Vital en Andalucía

La Seguridad Social ha efectuado ya el primer pago del Ingreso Mínimo Vital a casi 26.000 familias en Andalucía. En la Comunidad Autónoma son ya 81.852 las solicitudes del IMV presentadas, siendo Sevilla y Málaga las provincias más numerosas, con 20.310 y 19.660, respectivamente. A quienes realicen la solicitud en los tres primeros meses (hasta el 15 de septiembre), y tengan derecho a ella según la documentación acreditada, les será concedida con efectos retroactivos desde el 1 de junio. En Andalucía, los casi 26.000 hogares que se pueden beneficiar representan a un total de 86.935 personas, de los que 46.050 son menores y 40.885 adultos.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

22 de julio de 2020

  • 22.7.20
Las personas mayores de 65 años y los pensionistas se beneficiarán a partir de hoy del reparto, que se pretende que sea escalonado (por tramos de edad), de su correspondiente lote de tres mascarillas quirúrgicas, entregado de manera gratuita por la Junta de Andalucía como medida de prevención y de apoyo a estos colectivos más vulnerables de la población ante la pandemia del covid-19 y para combatir posibles nuevos brotes en la comunidad.



Se entregará un único lote de tres mascarillas por persona, que se retirará en la farmacia presentando la tarjeta sanitaria. Esta medida adoptada por el Gobierno andaluz y anunciada por el presidente, Juanma Moreno, hace unas semanas, supone la entrega de 2,5 millones de packs. En total, son 7,5 millones de mascarillas las que se van a entregar sin coste alguno para las personas de 65 o más años y para los pensionistas.

Para minimizar aglomeraciones y colas, la Consejería de Salud y Familias recomienda seguir un orden de recogida según la edad de la persona beneficiaria: miércoles 22 de julio, personas con 80 años cumplidos o más; jueves 23, 70 años o más; viernes 24, 65 años o más; y sábado 25, resto de pensionistas menores de 65. A partir del lunes 27 de julio y en adelante, quienes no hayan podido acudir en su día asignado.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha vuelto a incidir en que el reparto de estas mascarillas demuestra "el compromiso de la Junta de Andalucía con nuestros mayores, la población más vulnerable y la que ha sufrido más directamente las consecuencias de la pandemia".

Hay que recordar que en la comunidad andaluza es obligatorio el uso de la mascarilla desde el pasado 15 de julio, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados e independientemente de la distancia de seguridad interpersonal, con el fin de evitar una posible transmisión comunitaria no controlada. Al uso de la mascarilla como medida de prevención se suma el resto de medidas higiénico sanitarias: lavado continuado de manos y distancia interpersonal.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

21 de julio de 2020

  • 21.7.20
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha abierto el plazo para solicitar un total de 25 plazas de personal investigador (15) y técnico especialista (10) del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa). Esta Oferta de Empleo Público responde a la apuesta de futuro del Gobierno andaluz por la labor investigadora y de transferencia que desarrolla el Ifapa.



Los interesados en presentar su candidatura pueden realizar el trámite durante 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación el pasado viernes. La documentación se debe remitir, preferiblemente, a través de la web del empleado público, donde también se ponen a disposición de la ciudadanía los formularios relativos a este proceso de selección.

Tras superar las pruebas correspondientes, este nuevo personal del Ifapa se integrará en los grupos de investigación, transferencia y formación que llevan a cabo proyectos incluidos en un total de las siete áreas temáticas de actividad científico-tecnológica.

En concreto, como recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), cuatro plazas pertenecen al área de acuicultura y recursos marinos, cuatro a la de protección vegetal sostenible; cinco al área de alimentación y salud; y dos al área de economía de la cadena alimentaria. A estas plazas se suman otras tres en el área de genómica y biotecnología; cuatro el área de agricultura y medio ambiente; y tres que se unen a ingeniería y tecnología agroalimentaria.

Atendiendo a las diferentes provincias, se ofertan cuatro plazas en Almería (La Mojonera), tres en Cádiz (Rancho de la Merced, El Toruño y Sanlúcar de Barrameda), nueve en Córdoba (Alameda del Obispo, Cabra e Hinojosa del Duque), dos en Granada (Camino de Purchil), dos en Huelva (Agua del Pino e Ifapa Huelva), una en Jaén (Venta del Llano), dos en Málaga (Churriana-Campanillas) y dos más en la provincia de Sevilla (Las Torres).

Esta asignación de las plazas se ha realizado tras un exhaustivo estudio de necesidades, teniendo en cuenta la diversidad de actividades y sectores a los que es necesario dar servicio público desde las competencias que tiene asignado el Ifapa.

Se han valorado las necesidades de cada uno de los sectores, la dotación de las siete áreas temáticas en las que funcionalmente se divide el trabajo que desarrolla el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía, y la distribución geográfica en la que orgánicamente está estructurada esta entidad a través de sus centros distribuidos por las ocho provincias andaluzas.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

18 de julio de 2020

  • 18.7.20
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha mantenido una reunión telemática con dirigentes de la Asociación de Representantes de Espectáculos de Andalucía (Area) y de la Asociación de Orquestas Profesionales de Andalucía (Top) para trabajar en una "hoja de ruta" que fomente el futuro del sector de los espectáculos y de la música en directo, tras el impacto sufrido a causa de la suspensión de ferias y fiestas como consecuencia del covid-19.



En esta sesión de trabajo, los participantes mostraron la "máxima disposición" para colaborar, estudiar y plantear un "plan de reestructuración" distribuido en tres fases. En primer lugar, defienden la necesidad de analizar la realidad del sector y, a corto plazo, implementar "de manera inmediata" acciones conjuntas para ayudar a los empresarios y trabajadores.

"En segundo lugar, hay que analizar la situación del sector para, finalmente, trabajar de manera conjunta y fluida en un protocolo que, a largo plazo y de cara al próximo año, se anticipe a los problemas a los que se pueda enfrentar el sector de una manera realista", indicaron los asistentes al encuentro, que defendieron la necesidad de buscar una "solución global" de la que "nadie quede fuera".

Las reivindicaciones de las orquestas y de los promotores de espectáculos se suman a las que recientemente trasladaron los comerciantes y empresarios feriantes de Andalucía (Cefan), que reclamaron la "dignificación" del sector y la puesta en marcha de "medidas urgentes" para paliar la situación de "abandono y olvido" que aseguran estar viviendo a causa de la crisis del coronavirus.



"Tras más de seis siglos de historia demostrables en el sector andaluz de las ferias y fiestas de Andalucía, a día de hoy la figura del empresario feriante aún no es reconocida como un sector empresarial y eso que generamos directa e indirectamente millones de euros en los meses estivales", denunció el colectivo mediante un comunicado, en el que lamentaban el "abandono y olvido total" por parte de las Administraciones públicas "hasta el punto de no tener un epígrafe propio en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)".

"Muchas de nuestras familias se encuentran aplazando hipotecas o en la máxima ruina, sin un trozo de pan que llevarse a la boca", denunciaron desde el colectivo de empresarios feriantes, que defendieron la necesidad de "reivindicar y exigir el reconocimiento y dignificación de nuestro sector ", así como la puesta en marcha de "un plan de medidas y ayudas específicas a nuestra profesión frente la actual pandemia del covid-19".

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

16 de julio de 2020

  • 16.7.20
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, encargada de gestionar la Base de Datos Nacional de Fallecidos por Riesgos Naturales, tiene registradas 1.040 víctimas mortales por diversos riesgos de esta naturaleza entre los años 2000 y 2019, de las cuales 291 fueron como consecuencia de las altas temperaturas, 209 por inundaciones, 173 por temporales marítimos, 118 por incendios forestales y 110 por vientos fuertes en tierra.



Las altas temperaturas son el riesgo natural que provoca más muertes en nuestro país. Este dato se incorporó a las estadísticas de fallecidos por riesgos naturales en 2003, año en el que la ola de calor que afectó a toda Europa produjo en España 60 víctimas por golpes de calor.

A raíz de esta situación, el Ministerio de Sanidad, junto con la Agencia Estatal de Meteorología y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, activa entre junio y septiembre el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, con el objetivo de reducir el impacto sobre la salud de la población a consecuencia del exceso de temperatura.

Especial incidencia ha tenido también este fenómeno en 2018, con 42 muertos; 2015, con 33; 2004 con 25; y 2006 con 23. En 2019, las personas que perdieron la vida por altas temperaturas fueron 21.

Autoprotección ante los riesgos

El impacto del cambio climático, con veranos más largos y mayor repetición de las olas de calor, nos obligan a permanecer alerta y adoptar las medidas de autoprotección que minimicen nuestra vulnerabilidad ante las altas temperaturas.

Por ello, en época estival es importante mantener siempre una buena hidratación, limitar las exposiciones al sol en las horas centrales del día y evitar las actividades que puedan provocar un golpe de calor. Además, siempre es recomendable vestir ropa de colores claros, cubrirse la cabeza para protegerse de la radiación solar y tomar comidas ligeras y regulares ricas en agua y sales minerales.

Por otro lado, teniendo en cuenta que los fenómenos meteorológicos adversos suelen causar mayor mortalidad entre los colectivos más vulnerables, hay que prestar especial atención a los niños, enfermos y a las personas mayores, cuidando que siempre mantengan las conductas aconsejadas para evitar cualquier riesgo.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias insiste en la importancia de seguir estas recomendaciones y pone a disposición de los ciudadanos información relevante en su página web y en sus redes sociales sobre el riesgo diario por altas temperaturas. Además, emite las correspondientes alertas a la población cuando el riesgo es mayor.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

15 de julio de 2020

  • 15.7.20
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado en consideración las nuevas medidas de prevención, propuestas por la Consejería de Salud y Familias para hacer frente a la extensión y proliferación del coronavirus en brotes localizados, de manera que quede garantizado que la ciudadanía evita comportamientos que generen riesgos de propagación de la enfermedad.



Estas nuevas medidas, como el uso obligatorio de las mascarillas, quedan recogidas en la Orden de 14 de julio de 2020, y serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio, una vez superado el estado de alarma.

Las mascarillas serán obligatorias desde hoy para las personas de seis años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.

Por su parte, en los medios de transporte se aplicará la previsión establecida en el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio. En el mismo, se dispone que la mascarilla es de uso obligatorio en medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o en ferrocarril. También, en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.

La obligación del uso de la mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la misma. Tampoco para aquellas personas que por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

En el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre tampoco se exigirá su uso, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Playas y piscinas

Por otro lado, no será necesario llevar la mascarilla en las playas y piscinas durante el baño y mientras se permanezca en un espacio determinado, siempre y cuando se pueda respetar la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios. En cambio, para los desplazamientos y paseos en las playas y piscinas sí será obligatorio el uso de mascarilla.

La Consejería de Salud y Familias hace hincapié en que se recomienda su uso en los espacios abiertos o cerrados privados cuando existan reuniones o una posible confluencia de personas no convivientes, aun cuando pueda garantizarse la distancia de seguridad.



Deberán seguir las condiciones de aislamiento o cuarentena establecidas desde salud pública las personas que sean consideradas sospechosas o con probable infección por el virus SARS-CoV-2 o que se encuentren pendientes de los resultados de pruebas diagnósticas por este motivo; las que sean consideradas como caso confirmado con infección activa; y las consideradas contacto estrecho de un caso sospechoso, probable o confirmado.

Velatorios y entierros

Por otro lado, se modifica el apartado sobre velatorios y entierros de la Orden de 19 de junio de 2020, destacando que los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo de 25 personas en espacios al aire libre o de 10 personas en espacios cerrados, sean o no convivientes.

La participación en el funeral o en la comitiva para el enterramiento o cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de veinticinco personas, entre familiares y allegados, además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.

Además, en el caso de que en el local se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, esto se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración. Siempre se deberá mantener la distancia de seguridad interpersonal en las instalaciones y será obligatorio el uso de la mascarilla.

Multas de hasta 100 euros

En cuanto al régimen sancionador, la Junta de Andalucía multará con 100 euros por el incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla, al considerarse una infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 104 de la Ley de Salud Pública.

Asimismo, el incumplimiento de esta medida en el ámbito del transporte será sancionado con lo dispuesto en las leyes sectoriales correspondientes. Esta medida se incluye en un decreto ley aprobado también este martes por el Consejo de Gobierno de medidas urgentes sanitarias, fiscales y presupuestarias, así como de apoyo a agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias ante la situación generada por el covid-19.



Este marco será aplicable, en el ámbito de Andalucía, para hacer frente a los incumplimientos derivados de las medidas adoptadas como consecuencia del covid-19, la Ley de Salud Pública de Andalucía y el Real Decreto Ley 21/2020. Por su parte, la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de dichas medidas, su instrucción y resolución corresponde a los órganos competentes de las distintas administraciones en el ámbito de sus competencias.

En este contexto, se considera de extraordinaria y urgente necesidad abordar la modificación de la Ley de Salud Pública para incluir los procedimientos sancionadores que se planteen por los incumplimientos en las disposiciones establecidas para paliar los efectos del covid-19 en Andalucía.

Las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de todas estas obligaciones corresponderá a los ayuntamientos y a los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias. El incumplimiento de las mismas podrá ser sancionada de conformidad con la normativa en materia de Salud Pública aplicable.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

12 de julio de 2020

  • 12.7.20
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), ha concluido con éxito sendas investigaciones que avanzan en la mejora de la calidad de la aceituna y del aceite de oliva. Por un lado, el diseño de un método rápido para determinar el contenido de humedad e impurezas en los aceites de oliva vírgenes mediante visión artificial y, por otro, un método que permite realizar un análisis del contenido graso de la aceituna mediante el teléfono móvil.



La nueva metodología propuesta por el Ifapa permite que, en pocos minutos y con un equipamiento del que normalmente ya disponen los laboratorios de aceites, como es una balanza y una centrífuga de laboratorio, además de la ayuda de una cámara de vídeo, se pueda conocer el contenido del conjunto de humedad e impurezas de una manera eficaz.

"Esto es posible gracias al uso de una aplicación de visión artificial denominada Roborealm que, tras pesar y centrifugar la muestra de aceite a analizar y a través de una imagen, consigue captar el área en píxeles correspondiente al depósito de humedad e impurezas en el fondo del tubo de centrífuga", indican desde el Ifapa, para añadir que "aprovechando esta tecnología, se han analizado imágenes de muestras de aceites de oliva vírgenes en un amplio rango de valores de contenido en humedad e impurezas".

Según los investigadores, se trata de una metodología "low cost", no destructiva y "amigable con el medio ambiente", que permite obtener el porcentaje de humedad e impurezas totales en pocos minutos de manera sencilla. "Este método puede convertirse en una herramienta útil para el operador de fábrica a la hora de tomar decisiones en la regulación y optimizar el proceso de extracción de los aceites de oliva vírgenes", afirman.

Los métodos actuales para determinar tanto la humedad como las impurezas solubles se caracterizan por ser lentos y, además, por generar un gasto considerable en disolventes orgánicos y en energía. "La determinación del contenido en humedad es un análisis muy común que se realiza en los aceites de oliva y que, generalmente, se exige conjuntamente con la determinación de impurezas insolubles, que suelen ser restos de sólidos orgánicos de la propia aceituna", aclaran.

Estas determinaciones se tienen en cuenta principalmente en el comercio de los aceites de oliva, incluidas las transacciones a granel. El contenido máximo en las diferentes categorías de los aceites de oliva está fijado por las normas comerciales vigentes.

Para los autores de la investigación, conocer de una manera rápida y eficaz el contenido de estos dos parámetros durante el proceso de elaboración permite verificar el contenido de estos restos en los aceites recién extraídos en diferentes puntos del proceso, con el fin de poder regularlo.

De esta forma, se puede conocer su contenido en los mostos oleosos a la salida del decantador horizontal, controlar el rendimiento de eliminación de los sistemas de clarificación, ya sean centrifugas verticales o depósitos de clarificación o, incluso, conocer la cantidad de aceite perdido durante las purgas realizadas en los depósitos aclaradores o de almacenamiento.

Determinación del contenido graso de la aceituna

La segunda de las metodologías se refiere a la determinación y control del contenido graso de la aceituna. Para ello, se han desarrollado unos modelos basados en el análisis de la textura de una imagen digital de aceituna molida, tomada mediante un teléfono móvil, que permiten predecir el contenido graso y la humedad de la misma.

Cuando la aceituna se tritura para extraer el aceite, la masa que origina presenta una textura mecánica característica y diferenciable visualmente, estando muy influenciada por los contenidos en agua y aceite. El análisis de las imágenes digitales de dicha masa molida puede dar información sobre las características de ésta.

"Los actuales teléfonos móviles combinan la capacidad fotográfica con la de procesamiento para constituir un equipo de visión artificial fácilmente asequible y portátil, con lo que se puede convertir en una interesante herramienta de ayuda para el técnico de almazara a la hora de tomar decisiones rápidas, a pie de fábrica, sobre la regulación y optimización del proceso en base a las características del fruto a procesar", defienden desde el Ifapa.

Aprovechando esta tecnología, se han analizado imágenes de masa de aceituna en un amplio rango de valores de contenido graso y humedad, tomadas con un teléfono móvil en unas condiciones determinadas y fijas.

"Se trata de un estudio pionero, ya que mediante el análisis de las imágenes adquiridas con un teléfono móvil se podrá extraer información de interés de la masa de aceituna, de forma rápida y no destructiva, como ayuda en la toma de decisiones de optimización del proceso de elaboración del aceite de oliva virgen", precisan desde el instituto adscrito a la Junta.

El contenido en aceite y agua en la aceituna son parámetros fundamentales, tanto para el olivarero como para la almazara, ya que determinan no solo el rendimiento de las partidas como base para establecer el precio de la cosecha sino, también, la eficacia en la extracción del aceite en la almazara, es decir, el rendimiento industrial del proceso.

"Estos parámetros requieren de un equipamiento de elevado coste y manejo por personal cualificado o de tiempo cuando se emplean métodos más tradicionales con los que los laboratorios necesitan, al menos, 24 horas para llevar a cabo las determinaciones, con gastos importantes de disolventes y energía", concluyeron.

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7 de julio de 2020

  • 7.7.20
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido poner en marcha una nueva campaña de velocidad en la que, hasta este próximo domingo, se vigilará y controlará especialmente el cumplimiento de los límites de velocidad, con el objetivo de reducir la accidentalidad y las consecuencias derivadas de los mismos.



Con esta campaña se retoma el calendario anual de campañas que la DGT viene realizando desde hace años sobre los factores concurrentes más importantes de la accidentalidad y que se vio interrumpida por la pandemia del coronavirus. "Ahora, y siguiendo las recomendaciones realizadas durante la reunión virtual mantenida por el Grupo de Alto Nivel para la seguridad Vial de la Unión Europea, los Estados miembros vuelven a incidir en la importancia de restablecer todas aquellas medidas que quedaron relegadas por la cuestión sanitaria", resaltaron desde el Ministerio del Interior.

En 2018 (último año con datos consolidados) la velocidad fue el segundo factor concurrentes en los accidentes mortales, concretamente, el 22 por ciento, solo por detrás de la conducción distraída y por delante del alcohol. Según el estudio Velocidad y riesgo de accidente realizado por International Transport Forum (ITF) , "el exceso de velocidad es el principal problema que tienen los países motorizados".

Como suele ser habitual, la DGT ha invitado a los ayuntamientos a sumarse a esta campaña, de modo que también en las vías urbanas se realice esta labor de concienciación y control de la velocidad. Los controles se centrarán en aquellos tramos de riesgo asociado a la velocidad, así como en aquellos puntos donde la circulación se realiza por encima del límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad.

Además, atendiendo al carácter preventivo de la campaña, se anunciará a los conductores la existencia de controles a través de los paneles de mensaje variable o con señalización vertical circunstancial, cuando la vía no disponga de dichos paneles.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
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4 de julio de 2020

  • 4.7.20
En las últimas semanas se ha producido un aumento de consultas por dermatitis en cara y cuello causadas por el uso de las mascarillas, sobre todo en pacientes con dermatitis atópica, seborreica, rosácea o simplemente sensible, según ha indicado Ignacio García Núñez, jefe del servicio de Alergología de los hospitales Quirónsalud Córdoba y Campo de Gibraltar.



El especialista ha explicado que este tipo de síntomas se producen por falta de ventilación y por el roce en la cara al hablar, aunque hay casos en que pueden producirse por alergia a algún colorante o a las gomas o el metal que contienen para fijar la mascarilla al rostro.

El doctor García Nuñez ha destacado que “el uso de las mascarillas es fundamental, por el bien de todos”, por lo que ha recomendado hidratarse con frecuencia la cara con cremas emolientes o cremas barrera y, en caso de producirse mucho picor, tomar un antihistamínico. De esta manera “mejorarán esos síntomas tan molestos y podrán usar las mascarillas con mayor comodidad”.

También acuden a la consulta de Alergología pacientes que tienen sensación de falta de aire mientras usan las mascarillas. A este respecto, el especialista ha señalado que el empleo de mascarillas cuando se hace un esfuerzo físico como andar más deprisa o subir cuestas, puede hacer que un paciente respire su propio aire exhalado rico en dióxido de carbono, y éste se acumule en el organismo (hipercapnia) pudiendo producir dolores de cabeza, pesadez de piernas y lentitud de movimientos, entre otros síntomas. Por ello, cuando se use mascarilla, no deben realizarse esfuerzos físicos más intensos de los habituales.



El especialista ha señalado que la distancia social, el uso de mascarillas y la higiene de manos son medidas primordiales para reducir la propagación de covid-19, y ha insistido en que las molestias van disminuyendo conforme continúa el uso de las mascarillas, pues “nos acostumbramos relativamente rápido” y el beneficio de su uso “supera con creces todas las molestias que puedan provocar”.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias.

Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa...



El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

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FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

24 de junio de 2020

  • 24.6.20
El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) mantendrá una serie de medidas extraordinarias puestas en marcha coincidiendo con la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, una vez que se ha decretado el fin de este período excepcional. Se trata de medidas con las que el SAE sigue garantizando la prestación y la continuidad de los servicios y programas mientras no sea posible la reapertura de las oficinas y centros de empleo, y que se mantendrán en tanto se mantenga la situación de crisis sanitaria.



Así, el SAE seguirá renovando de manera automática todas las demandas de empleo para evitar que caigan en baja, de modo se facilita que la persona pueda seguir cobrando prestaciones en su caso. En los últimos tres meses, desde el SAE se han llevado a cabo más de 376.000 renovaciones de oficio y de forma automática de las demandas de empleo en Andalucía cuya fecha de renovación ha coincido con el periodo del estado de alarma.

También se mantiene la reinscripción online de la demanda de empleo sin las restricciones que operaban antes del estado de alarma y que básicamente afectaban a criterios de plazos o cambios de domicilio, para facilitar las gestiones telemáticas por el usuario, así como la inscripción inicial de la demanda de empleo a través del formulario web, un procedimiento online que ha permitido al SAE el registro de un total de 207.764 altas iniciales de demandantes de empleo durante el estado de alarma.

De forma paulatina, y hasta la reapertura definitiva de las oficinas de Empleo y centros de Empleo con garantías para la atención presencial a la ciudadanía, el SAE ha reactivado la posibilidad de pedir cita previa con las oficinas de Empleo a través de la página web, la AppSAE (que puede descargarse pulsando aquí) o el número 955 625 695, si bien, y salvo casos muy excepcionales, estas citas no serán presenciales sino telefónicas.

El usuario podrá elegir día y hora para ser atendido por un gestor que devolverá la llamada a la persona en la fecha y hora seleccionada, para realizar las gestiones que precise en relación a su demanda de empleo o a su posible participación en ofertas de empleo.

Este servicio viene a completar las gestiones que continúan pudiendo realizarse por vía telemática y permitirá recuperar algunas otras como aportación documental o modificaciones o actualizaciones de la demanda de empleo mediante cita previa.

Además, se mantienen para incidencias en las que no sea precisa u oportuna una cita, un teléfono de contacto por oficina de empleo, para las cuestiones más urgentes, especialmente las relacionadas con la participación en ofertas de empleo. Durante el estado de alarma, el SAE activó un dispositivo de atención telefónica con casi un millar de números de teléfono para responder desde las oficinas de Empleo y además, desde el Call Center se han respondido 141.000 llamadas.

Gestión de ofertas

El modelo extraordinario de gestión de ofertas que se habilitó durante el estado de alarma decae ahora, recuperando el SAE las pautas anteriores, de forma que ya no se exigirán los requisitos de plazos, presentación telemática exclusiva o restricciones sobre las actividades económicas que se aplicaron en el periodo anterior.

Dicho modelo extraordinario, permitió durante estos meses el registro de 2.021 ofertas de empleo, a las que el SAE ha remitido 9.499 candidaturas y como resultado han sido contratadas 3.697 personas, así como la atención a empresas online por la Red de Agentes de Empresas.

Por último, está prevista también la reanudación de las actividades formativas con presencia de alumnado en las Escuelas de Formación del SAE de manera progresiva, de acuerdo con las pautas establecidas en la normativa general de recuperación de las actividades docentes presenciales.

Las actividades informativas y/o formativas en otros centros en que se desarrollan actividades grupales se irán recuperando también a medida que las instalaciones, tanto en las unidades de orientación como en las empresas ligadas al programa de prácticas EPES, se adapten a las exigencias santiarias y de prevención para retomarlas.

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FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

23 de junio de 2020

  • 23.6.20
La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias, ha activado hasta el 15 de septiembre el Plan Andaluz de Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud, dirigido especialmente a la población más vulnerable, como son las personas mayores de 65 años, pacientes crónicos, personas con trastorno mental grave, menores de 4 años (especialmente lactantes) y personas que trabajan o realizan actividad física expuestas al sol.



En este Plan, aprobado el pasado martes en Consejo de Gobierno, también intervienen la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, el Servicio Andaluz de Salud y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

En este sentido, la delegada territorial de Salud y Familias, María Jesús Botella, ha señalado que “el objetivo principal de este plan es reducir el impacto sobre la salud de la población ante temperaturas de calor extrema propias del periodo estival.

Para ello se establece un sistema de coordinación e intercambio de información entre las administraciones implicadas (central, autonómica y local), centrando esfuerzos preventivos en poblaciones con riesgo de morbilidad y mortalidad y estableciendo un seguimiento personalizado con los recursos ya existentes”.

El año pasado la provincia de Córdoba activó un total cinco alertas por temperaturas extremas en la provincia de Córdoba: una de nivel 2 (naranja) y cuatro de nivel 3 (rojo). Además se identificaron e incluyeron un total de 1.717 personas en situación de riesgo y se realizaron un total de 540 llamadas de seguimiento.

En cuanto a la atención hospitalaria, se atendieron un total de 120.691 urgencias en Córdoba y provincia; de éstas, 17 fueron diagnosticadas como golpe de calor y 75 por otras patologías relacionadas con el calor (agotamiento, síncope, calambre, etcétera).

En el caso de la atención primaria, los centros atendieron un total de 157.540 urgencias, de las cuales 24 fueron diagnosticadas como golpe de calor y 19 se debieron a otras patologías relacionadas con el calor (agotamiento, síncope, calambres…).

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) registró en Córdoba un total de 1.204 urgencias de las que una se debió a un probable golpe de calor y otras siete a otras patologías relacionadas por el calor.

Las personas identificadas como población de riesgo son, en su mayoría, mayores de 65 años, pacientes frágiles que viven solos, cuyo estado de salud está debilitado por padecer alguna patología crónica de alta morbilidad (insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, demencia, trastorno mental grave, insuficiencia renal, obesidad excesiva, hipertensión arterial o diabetes mellitus) o que tomen un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor (psicotropos, antidepresivos, hipotensores y diuréticos). También se incluyen personas con trastorno mental grave y niños menores de 4 años, y especialmente lactantes.

De igual manera, se considera que debe prestarse especial atención a los ámbitos domiciliarios de personas mayores, a residencias de ancianos y a las áreas con alta marginalidad. Para ello se cuenta con los distintos programas puestos en marcha en estos ámbitos por los distintos Organismos competentes que participan en el Plan.

Plan de Actuación

Con los datos que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) todos los días, la Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, concretamente del Servicio de Vigilancia y Salud Laboral, determinará la previsión de las temperaturas máximas y mínimas para los cinco días siguientes, de forma que definirá los niveles de alerta en cada provincia, que son verde (si los umbrales máximos y mínimos no se van a superar en varios días), amarillo (si se van a superar en uno o dos días), naranja (si se van a sobrepasar en tres o cuatro días) o rojo (si las altas temperaturas se prevén para cinco días).

Desde los centros de Atención Primaria, gracias a las Enfermera Gestora de Casos y Enfermeras de Familia, se ofrece información a la población general y se trabaja en la identificación de los pacientes de riesgo para su inclusión en el plan de seguimiento telefónico que realiza Salud Responde.

Además, se intensifican las visitas domiciliarias para monitorizar los signos y síntomas relacionados con el calor y proporcionar consejos para evitar y controlar los efectos del aumento de las temperaturas. Estas visitas y el seguimiento de telecontinuidad se realizan también a pacientes tras su alta en los centros hospitalarios.

Su seguimiento permite identificar las situaciones y problemas del paciente e interconectar a las enfermeras gestoras de casos, enfermeras de familia y profesionales de Salud Responde, así como poner en marcha los mecanismos de control y actuación necesarios para minimizar los efectos de las altas temperaturas.

En todos los niveles de alerta se adoptarán medidas inmediatas de alerta a todas las Instituciones implicadas, y se dará aviso a la población. Se elaborarán informes de la situación existente en cada momento sobre el impacto de la temperatura sobre la morbilidad y mortalidad y se realizará un seguimiento de información y consejo desde Salud Responde, de todas las personas identificadas e incluidas en el seguimiento.

Además, si se activa el nivel rojo de alerta también se reforzarán los servicios sanitarios, tanto hospitalarios como de Atención Primaria, tal como se recoge en el Plan de Alta Frecuentación del Sistema Andaluz de Salud y se pondrá en marcha un plan de intervención local, en el cual, de manera coordinada entre los centros de salud, los ayuntamientos y protección civil, se identificarán las personas en riesgo susceptible de traslado temporal de su domicilio a centros o locales aclimatados para el calor, durante las horas del día que sean necesarias.

Por otro lado, se establece un circuito de notificación incluido en el propio Sistema de Vigilancia que recogerá información referente a los efectos sobre la salud de los excesos de las temperaturas (morbilidad y mortalidad producida directamente por el calor, patologías agravadas por el exceso de la temperatura y número de urgencias atendidas al día por los diferentes centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía).

Plan de Alta Frecuentación

El objetivo final de la activación del Plan de Alta Frecuentación es aumentar la calidad de la atención a los pacientes en situación de urgencias y su satisfacción. Para ellos, todas las actuaciones a desarrollar deben tener como marco todos los ámbitos sanitarios: el Hospital, el Distrito y los Equipos de Emergencias.

En concreto, en el ámbito hospitalario se recoge la creación de una comisión en la que participen todos los servicios afectados por el aumento de demanda, además del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, ampliación del área de hospitalización, acortamiento de los tiempos de espera, información y sensibilización a la ciudadanía de la situación y coordinación con el 061 y establecimiento de vías de acceso alternativos a urgencias en los períodos de máxima demanda.

En Atención Primaria, se potenciará la visita domiciliaria así como el seguimiento telefónico. En todo momento se informará sobre los factores de riesgo a las personas cuidadoras de pacientes frágiles y a las Residencias de ancianos.

En ambos ámbitos se activará tres fases distintas dependiendo del porcentaje de frecuentación en los centros sanitarios: fase I (hasta 10 por ciento de incremento), Fase II (entre el 11 y el 25 por ciento) y Fase III (superior al 25 por ciento).

Recomendaciones frente al calor

Las recomendaciones básicas que la población debe tener en cuenta ante la llegada del verano y las altas temperaturas son: evitar la exposición durante las horas más fuertes del sol, salir con protección (tanto con ropas ligeras y de color claro y sombreros, como con protección solar), ventilar las estancias, bajar las persianas y cerrar las puertas durante las horas de temperaturas más elevadas, mantener un buen nivel de hidratación bebiendo mucha agua, conservar adecuadamente los alimentos y moderar los ejercicios que exijan mucho esfuerzo físico en las horas centrales del día.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

14 de junio de 2020

  • 14.6.20
Mañana 15 de junio comienza el plazo para poder solicitar el Ingreso Mínimo Vital, una nueva prestación de la Seguridad Social que busca reducir el nivel de pobreza y exclusión y persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias, incluyendo una serie de políticas articuladas alrededor de la ayuda.



La solicitud debe realizarse a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social y, cuando la situación sanitaria lo permita, también se podrá efectuar en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

Las solicitudes que se presenten durante los tres primeros meses serán reconocidas con efecto retroactivo desde el 1 de junio. Después de este plazo, el derecho a la prestación del Ingreso Mínimo Vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) enviará un SMS a los solicitantes que resulten beneficiarios de la ayuda.

Los ciudadanos se pueden informar sobre el Ingreso Mínimo Vital a través de la página web de la Seguridad Social y mediante el nuevo asesor virtual, ISSA. También disponen de una herramienta de simulación, donde pueden comprobar si cumplen los requisitos para acceder a esta prestación, y de una línea de teléfono para realizar consultas concretas (900 20 22 22), que la próxima semana comenzará a funcionar también en horario de tarde.

El INSS reconocerá de oficio la prestación a casi 75.000 familias que ya reciben la asignación de menor a cargo y que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley. Estos beneficiarios recibirán un SMS y una resolución donde se explica su concesión. Además, percibirán el primer pago del Ingreso Mínimo Vital el próximo 26 de junio, casi un mes antes de lo que correspondía.

El Ingreso Mínimo Vital establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. Completará las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta ese umbral garantizado para cada tipología que, en el caso de los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva, que se distribuirá en doce pagas.

Requisitos

El primer requisito para acceder al IMV será el de la vulnerabilidad económica. También habrá que haber solicitado las prestaciones y pensiones a las que pudiera tener derecho. Habrá un titular por unidad de convivencia, que deberá tener entre 23 y 65 años, salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo, en los que no habrá requisito de edad.

Si el solicitante vive solo, tendrá que acreditar que lleva tres años viviendo de manera independiente de sus progenitores y tendrá que haber estado de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social durante al menos doce meses.

Si los solicitantes viven integrados en una unidad de convivencia ésta tendrá que llevar constituida al menos un año a la presentación de la solicitud.

Para todos los solicitantes se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual. Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar.

Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia de COVID-19, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año.

En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.

Documentación

Entre la documentación necesaria para realizar la solicitud están:
  • Para acreditar la identidad: DNI o NIE en el caso de extranjeros.
  • Para acreditar la residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea o tarjeta de identidad de extranjeros.
  • Para acreditar el domicilio en España: certificado de empadronamiento donde consten todas las personas empadronadas en el domicilio y la fecha de antigüedad.
  • Para acreditar la existencia de la unidad de convivencia: libro de familia, certificado de nacimiento del registro civil de los hijos, o inscripción en el registro de parejas de hecho.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

10 de junio de 2020

  • 10.6.20
El Gobierno de España aprobó ayer en Consejo de Ministros el real decreto ley que sentará las bases que regirán en la "nueva normalidad" tras la alerta sanitaria por el coronavirus. El texto, impulsado por el Ministerio de Sanidad y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mantiene la obligatoriedad de las mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes, “en condiciones económicas no abusivas”.



El incumplimiento de este artículo será sancionado con multas de hasta 100 euros y serán las comunidades autónomas y las entidades locales a las que les corresponderá las funciones de vigilancia, inspección y control.

El real decreto de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 establece que la autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase III del plan de desescalada serán las comunidades autónomas, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada comunidad.

Serán también las comunidades las que puedan decidir, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase 3 en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad.

Detección precoz y vigilancia epidemiológica

El real decreto recoge la declaración expresa de la Covid como "enfermedad de declaración obligatoria urgente". Se introduce, además, el deber de las comunidades autónomas de suministrar información cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública, para garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

Además, deberán continuar facilitando los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del Covid-19, así como la situación de la capacidad asistencial y necesidades de recursos humanos y material.

Los servicios de salud garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la atención primaria, se le realizará a todo caso sospechoso una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda la información se transmita en tiempo y forma.

Las comunidades autónomas deberán velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica, así como crear planes de contingencia para asegurar una respuesta rápida y coordinada.

En cuanto a los centros residenciales de personas mayores o con necesidades especiales, las administraciones competentes deberán garantizar la coordinación de estos centros y disponer de planes de contingencia por Covid-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores, y sus contactos.

Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad pública o privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar trazabilidad de contactos, tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la información de la que dispongan relativa a la identificación y datos de contacto de las personas potencialmente afectadas.

Medidas de prevención

Las medidas de prevención e higiene, como la obligatoriedad de utilizar mascarillas siempre que no se garantice la distancia interpersonal, continuarán vigentes en el periodo de nueva normalidad. Se mantiene la obligación de llevar mascarilla en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En transporte marítimo se adapta la obligación a las particularidades de este modo de transporte.

También se contempla la adopción de medidas de prevención e higiene en el entorno de trabajo, tales como la ordenación de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para evitar aglomeraciones, así como en los establecimientos comerciales, en los centros residenciales de carácter social o en las actividades de hostelería y restauración.

El real decreto incorporará las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de mascarillas quirúrgicas, geles hidroalcohólicos y otros productos sanitarios necesarios para la protección de la salud.

El stock o las cantidades suministradas de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria, tendrá que ser comunicado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para garantizar en todo momento su abastecimiento. Cuando exista una situación de excepcionalidad sanitaria o cuando la situación de vulnerabilidad del paciente lo requiera, las comunidades autónomas podrán establecer las medidas oportunas para la dispensación de fármacos de forma no presencial.

Controles sanitarios

El real decreto recoge también una serie de previsiones sobre los controles sanitarios y operativos en aeropuertos gestionados por AENA, y en puertos de interés general. Como gestora de la red de aeropuertos de interés general, AENA pondrá a disposición de Sanidad Exterior los recursos humanos, sanitarios y de apoyo necesarios con el fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales, cuestión que se particularizará a través del correspondiente convenio de colaboración con Sanidad Exterior.

Por otra parte, añade las disposiciones necesarias para que los operadores de transporte puedan ir adaptando la oferta de transporte a la evolución de la recuperación de la demanda, con objeto de asegurar una adecuada prestación del servicio, teniendo en cuenta siempre la atención a las medidas sanitarias que puedan acordarse para evitar el riesgo de contagio del Covid-19.

Así, establece la obligación de que los operadores de transporte terrestre, cuyos servicios con asientos preasignados discurran por más de una provincia, conserven la información de contacto de los pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas y su puesta a disposición cuando se requiera por las autoridades de salud pública, con la finalidad de realizar la trazabilidad de los contactos en caso de que fuera necesario. Esta obligación se extiende también a los operadores de transporte aéreo.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

7 de junio de 2020

  • 7.6.20
El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha denunciado que el Plan de Empleo anunciado por la Junta de Andalucía "no cumple con las expectativas" formuladas por los ayuntamientos andaluces. Así lo manifestó durante la última reunión de la Ejecutiva y del Consejo Municipalista Andaluz, en la que se ofreció información sobre el encuentro que mantuvo este martes con el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno.



“Reivindicamos un plan de empleo de, al menos, el mismo importe de los puestos en marcha en 2018, dotados de 278 millones de euros, ante la grave situación socioeconómica en la que se ven afectadas miles de familias andaluzas por la crisis provocada por el Covid", señaló Rodríguez Villalobos, quien lamentó que el Plan de Empleo que propone la Junta aporte 115 millones de euros menos de los que serían necesarios.

El presidente de la Junta anunció en el Parlamento de Andalucía un plan de empleo con los ayuntamientos para crear entre 17.000 y 19.500 puestos de trabajo, con un presupuesto de 163 millones de euros e indicó que esta medida era una de las demandas que le planteó el presidente de la FAMP.

Sin embargo, la Ejecutiva y el Consejo Municipalista han anunciado que esta noticia “no cumple con la demanda que se le hizo ni con la expectativa de lo solicitado" pues, a juicio de la FAMP, "un plan de 163 millones de euros se queda muy por debajo de lo puesto en marcha en ediciones anteriores”.

Por eso mismo, Villalobos reclamó que los nuevos planes de empleo respondan a las reivindicaciones que han hecho los alcaldes y alcaldesas de los órganos de gobierno de la FAMP, entre las que destacan la petición de que las entidades locales no tengan que asumir ninguna cofinanciación y que tengan presupuesto suficiente para abonar el salario y la seguridad social de las personas contratadas, conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2019.

Rodríguez Villalobos recordó que, en esta reunión con Moreno Bonilla, también solicitó la necesidad de poner en marcha otro bloque de medidas para fomentar el empleo, entre ellas, “convocar y resolver una nueva convocatoria de subvenciones de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, en un plazo no superior a tres meses", así como adoptar las "medidas oportunas" para establecer una forma y secuencia de pago de la subvención que no genere lesividad para las corporaciones locales.

Por último, la FAMP instó al presidente de la Junta a "articular urgentemente" un plan de empleo para el turismo de naturaleza, ya que para ello es necesario reforzar el personal en los municipios turísticos de interior para hacer frente al trabajo en albergues, cámpines, piscinas públicas y municipales. "Este plan debería equipararse al Plan de Playas, que tiene un presupuesto de 23,8 millones de euros para la contratación de 3.000 auxiliares de control en los municipios del litoral", concluyó.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL


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