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Mostrando entradas con la etiqueta Andalucía. Mostrar todas las entradas
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14 de abril de 2021

  • 14.4.21
El responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA y secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, mostró ayer su satisfacción por los datos de fin de campaña publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), con una producción de cerca de 1,4 millones de toneladas de aceite en España, y una "magnífica campaña de comercialización y una importante tendencia al alza de los precios en origen con operaciones más allá de los 3 euros".


Cano destacó que en los seis meses de la recién finalizada campaña se ha constatado un aumento del 7,2 por ciento en la comercialización del aceite con respecto a la pasada, que ya fue de récord, hasta las 863.000 toneladas vendidas.

La buena comercialización, junto a una producción nacional de 1,38 millones de toneladas –de las que Andalucía ha producido 1,10 millones– ha favorecido un incremento de los precios en origen por encima de los costes de producción. "Que la tendencia se revierte se demuestra con el hecho de que se estén produciendo operaciones por encima de los 3 euros", indicó el responsable de UPA.

En este sentido, el secretario general de UPA Andalucía destacó que las salidas en el mes de marzo, cifradas por la AICA en 150.000 toneladas, reflejan varias noticias "más que satisfactorias". "A pesar de la dificultad económica en la que nos movemos motivada por la pandemia, para los que trabajamos el olivar tradicional significa que comenzamos a superar la grave crisis que hemos sufrido desde hace más de dos años. Las ventas gozan de una magnífica salud y cada mes baten el récord", señaló Cristóbal Cano.

Para UPA Andalucía, el sector olivarero debe aprovechar la coyuntura para conseguir que los precios, finalmente, se estabilicen dentro de la rentabilidad de las explotaciones, sobre todo de olivar tradicional. "La diferenciación y la apuesta por la calidad tienen su justa recompensa vía precio. Como estamos comprobando, la campaña de comercialización de este año es de récord y consolida un crecimiento importante", recordó.

A estos buenos datos, indicó Cristóbal Cano, hay que añadir otros factores importantes, como el hecho de que se hayan eliminado las trabas arancelarias con Estados Unidos para la exportación de aceite de oliva envasado de origen España.

"La futura norma de calidad y trazabilidad también es una magnífica noticia puesto que generará más confianza en el sector. Igualmente, hay que destacar la aprobación del decreto de autorregulación, que permite retirar voluntariamente aceite de oliva en momentos de precios por debajo de los costes de producción", argumentó el secretario general de UPA Andalucía.

A pesar de estas magníficas noticias, UPA Andalucía mira con preocupación la futura campaña, sobre todo porque el déficit hídrico que están arrastrando los olivares en esta primavera determinará la producción del próximo año, que puede verse afectada a la baja de forma notable.

Ante estas situaciones, Cristóbal Cano entiende que la estabilización de los precios no es solo una cuestión del sector, sino que en ella deben implicarse las administraciones. "Debe aplicarse realmente la reformada Ley de la Cadena Alimentaria; así como intervenir de oficio para eliminar definitivamente las prácticas abusivas y la venta a pérdidas de la gran distribución, con sanciones acordes al daño causado; la erradicación del uso del aceite de oliva como producto reclamo; el control de las importaciones y campañas de promoción”, concluyó Cristóbal Cano.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

9 de abril de 2021

  • 9.4.21
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) expresa su indignación por la publicación de las convocatorias de contratación pública realizadas por cada una de las delegaciones territoriales de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en las que, bajo la denominación Servicio de Asistencia Técnica de Comunicación, “lo cierto es que requieren periodistas trabajando de falsos de autónomos”.


La organización colegial alcanza esta conclusión tras valorar los pliegos del contrato, en las que queda clara la necesidad de dotar de personal al gabinete de comunicación y prensa de cada delegación para realizar todas las funciones propias de un gabinete de comunicación, compuesto por varias personas con perfiles completamente diferentes: periodista, fotógrafo, diseñador gráfico, cámara...

Es lo que las organizaciones colegiales vienen llamando “periodistas orquesta, la demostración pura de la precariedad laboral a la que se somete a una profesión vilipendiada, una vez más, incluso desde las administraciones públicas”. El problema, en este caso, no es sólo la multiplicidad de funciones a cubrir, sino el importe de la licitación: 14.900 euros (sin IVA). Una cifra “insuficiente”, en opinión del Colegio, “que oculta una realidad sangrante: la consejería va a crear falsos autónomos mileuristas para trabajar 24/7”.

El Colegio señala el esfuerzo que viene realizando en los últimos años exponiendo a las administraciones públicas la necesidad de dotar sus gabinetes de comunicación de estructuras estables con personal funcionario, a fin de cumplir la normativa vigente relativa a la información de la actividad de las administraciones públicas. Casi todas las diputaciones andaluzas, numerosos ayuntamientos e incluso el Parlamento de Andalucía –este con matices– se han sumado al Compromiso Público por el Empleo de la Profesión Periodística.

Aunque “el Colegio es consciente de que el camino para convocar todas esas plazas es largo y tedioso, desde el punto de vista burocrático, y considera que una alternativa puede ser la externalización del servicio de forma temporal, esta debe hacerse siguiendo unos parámetros que garanticen la prestación del servicio, tanto con garantías para la administración que dispone del dinero público, como para la ciudadanía, como para con la persona o adjudicataria”.

Requisitos que, según señala el Colegio, pasan desde asegurarse que la administración no fomenta el intrusismo laboral en el periodismo, hasta una contraprestación económica justa, acorde con las funciones que se requieren y las responsabilidades asumidas.

De hecho, el Colegio ya se puso a disposición de la Consejería de Igualdad para facilitar su colaboración en la elaboración unas bases que no lesionaran los derechos de los profesionales periodistas, como viene haciendo con todas las administraciones que le requieren esa ayuda. Y aunque en su momento se mostró muy receptiva, al final está claro que han obviado esa disposición.

Dicho todo esto, el Colegio solicita a cada delegación territorial de Igualdad que reflexione y retire la mencionada convocatoria, totalmente inasumible, temeraria y contraria a los intereses de cualquier trabajador, sea por cuenta propia, o ajena.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

7 de abril de 2021

  • 7.4.21
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha publicado la Guía para Profesionales Independientes con el objetivo de orientar, informar y tener una hoja de ruta para los profesionales de la comunicación que inician su actividad de forma independiente. El documento contiene la información necesaria para saber qué debe hacer un periodista que quiera iniciar su actividad profesional por cuenta propia y cómo hacerlo.


Así, el Colegio establece este precedente como documento informativo sobre las obligaciones tributarias de los profesionales, así como los pasos a seguir para la cotización con la Seguridad Social, cómo darse de alta en el trabajo autónomo, las prestaciones de un autónomo por enfermedad, las cuotas de autónomo, habilidades digitales en la gestión laboral (certificado digital, modelos de la Agencia tributaria, los gastos deducibles, las distintas formas jurídicas, modelos de factura, entre otros muchos aspectos).

El documento se enmarca en el compromiso del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía por prestar su apoyo tanto a quienes ya desarrollan su actividad de forma autónoma como a quienes están explorando las posibilidades de emprender. Así, a lo largo del mes del marzo se ha venido desarrollando un ciclo de charlas virtuales titulado Cómo ser periodista freelance.

Precisamente, en la primera de esas charlas, a cargo de Paco Ortega, asesor fiscal, y Miguel Ángel Pardo, asesor legal, se presentó esta guía, elaborada por Valance Gestión Empresarial a iniciativa del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. 

En la sesión, en la que participaron algo más de 30 asistentes, se resolvieron dudas relativas a cuestiones como cuándo hay que darse de alta, en qué epígrafes, dónde se gestionan las altas, cómo se hace una factura, etc… Además de otras que surgieron durante el encuentro virtual. El documento definitivo ha sido mejorado gracias a la puesta en común que se produjo durante la sesión.

Se trata, por tanto, de un compendio útil y práctico, promovido por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía para dar respuesta a este horizonte de trabajo intermitente y por cuenta propia de los profesionales de comunicación y el periodismo. 

La guía ha sido distribuida a miembros de la organización colegial y asistentes a la sesión. El resto de profesionales que tengan interés deberán cumplimentar la siguiente solicitud y remitirla a administracion@periodistasdeandalucia.es.

Puesta en evidencia de la falta de epígrafes de IAE y CNAE

El Ciclo de Charlas Virtuales Cómo ser periodista freelance han tenido como objetivo de poner en valor el trabajo por cuenta propia y ofrecer respuestas a las preguntas frecuentes sobre cómo darse de alta, facturación, marca personal y profesional, clientes y fidelización, casos prácticos y experiencias de éxito y responsabilidad profesional del trabajo por cuenta propia. 

Las sesiones están sirviendo, además, para resaltar los problemas derivados de la falta de regulación en torno al sector periodístico. Desde la ausencia de epígrafe propio en el IAE o el CNAE, tal y como vienen reclamando los colegios de España al gobierno central, hasta la precariedad laboral. En esta línea, la organización colegial está trabajando en el desarrollo de un nuevo ciclo de charlas, relativos al resto de aspectos que tienen que ver con el trabajo autónomo.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

5 de abril de 2021

  • 5.4.21
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha informado que la nueva Ley de Policías Locales, en la que trabaja el Gobierno andaluz, recogerá que todos los cuerpos de policía local cuenten con un mínimo de cinco efectivos, además de que todos los municipios de más de 5.000 habitantes dispongan de cuerpo policial propio.


Bendodo ha avanzado que la intención del Gobierno andaluz es que el texto pueda llegar al Consejo de Gobierno durante este próximo mes de abril. El consejero ha explicado que la futura ley quiere dar respuesta a las necesidades actuales de los diferentes cuerpos de la policía local en el territorio andaluz. Además, ha destacado que su aprobación "es muy necesaria, ya que el anterior texto se había quedado obsoleto" tras 20 años en vigor.

La nueva ley incorporará procedimientos y medios técnicos homologados que se adaptan al progreso tecnológico y que permitirán una mejor respuesta en las funciones de los cuerpos. Con el nuevo texto normativo se pretende la protección de los municipios más pequeños y, por tanto, con una mayor vulnerabilidad. Así, se habilita la opción de asociaciones entre estos municipios con el fin de garantizar la seguridad pública.

Respecto a la organización de las pruebas selectivas de ingreso en el cuerpo, la ley promueve la convocatoria unificada por parte de la Junta de Andalucía con el fin de facilitar a los ayuntamientos este tipo de procesos y establecer mayores garantías en la colocación de efectivos.

Entre otras novedades, la norma contempla la opción de asociación entre municipios limítrofes que no dispongan de recursos suficientes por sí solos para prestar servicios de policía local. Esta asociación serviría para conformar un cuerpo con cinco miembros, así como evitar, en la medida de lo posible, las patrullas unipersonales, circunstancia que también se podría cumplir en colaboración con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El texto también establece una correlación de categorías proporcional y adecuada para una mejor prestación del servicio público y simplifica la escala ejecutiva de una manera eficiente.

Por otro lado, introduce que los ayuntamientos dispongan de lugares adecuados para custodiar el armamento asignado, criterios mínimos de proporcionalidad entre las diferentes categorías y se regula un nuevo procedimiento para la cobertura del puesto de Jefe del Cuerpo.

Además, la ley incluye medidas para el fomento de la igualdad de género en los cuerpos de la policía local y contempla que durante el periodo de lactancia natural se facilite la segunda actividad por riesgo con el 100 por cien de sus retribuciones.

También modifica los requisitos para la movilidad entre cuerpos de policía local, con el propósito de evitar ciertas prácticas abusivas y las permutas y comisiones de servicio. Por otro lado, se regula la figura del vigilante municipal, con el objetivo de diferenciar sus funciones ámbito de actuación y régimen estatuario respecto a la del policía local.

Protagonismo del IESPA

Una vez se apruebe la nueva ley, el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) jugará un papel fundamental en la formación de los cuerpos de policía local. En este sentido, en los contenidos de los cursos de ingreso y capacitación impartidos por el IESPA se incluyen como novedades materias sobre absentismo escolar, educación vial, diversidad, igualdad de género, violencia de género y conocimiento de técnicas de mediación.

El nuevo texto logra el objetivo de reconocer entre los policías locales de cada cuerpo la capacidad para asumir la jefatura de su municipio o el de otro dentro de la comunidad autónoma. Para ello, se apuesta por la alta cualificación alcanzada por las últimas promociones formadas en el IESPA.

Por último, Bendodo, que ha pedido su respaldo a todos los grupos parlamentarios para su aprobación antes de que finalice el año, ha subrayado que durante el periodo de elaboración del texto normativo "el diálogo y el consenso han sido claves", por lo que ha querido "agradecer a todos los actores implicados su predisposición para que esta ley vea la luz". "El diálogo y el acuerdo son las señas de identidad del Gobierno andaluz y lo único que pretendemos", ha concluido.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO




30 de marzo de 2021

  • 30.3.21
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado el "absoluto caos y una gravísima falta de transparencia" que, a su juicio, existe en los criterios de asignación de citas a los usuarios dentro de cada grupo de vacunación contra la covid-19 en los distintos distritos sanitarios de la comunidad autónoma andaluza.


La federación reclama a la Consejería de Salud y Familias que dé a conocer quién y cómo se está decidiendo llamar a las personas a las que corresponde administrar la vacuna según el protocolo de la Junta de Andalucía y la Estrategia de vacunación frente a covid-19 en España, creada por el Gobierno central y cuyos criterios sigue la Junta de Andalucía.

Actualmente, y siguiendo dicha estrategia, Andalucía está vacunando al Grupo 5. En dicho grupo 5 se encuentran las personas vulnerables por su edad, y a su vez está dividido en tres subgrupos: grupo 5A, con personas mayores de 80 años; grupo 5B, personas de entre 70 y 79 años; y grupo 5C, con personas de edades comprendidas entre 60 y 69 años. Teóricamente el criterio a seguir dentro de cada subgrupo es la edad de los usuarios, siendo el orden de mayor a menor.

Sin embargo, FACUA Andalucía ha tenido conocimiento de que hay usuarios de mayor edad que aún no han sido llamados frente a otros más jóvenes dentro del mismo Grupo 5 y sus subgrupos, y que en algunos distritos sanitarios ya se está vacunando a personas del grupo 5B mientras que aún no han sido llamados para administrarles la primera dosis usuarios del 5A.

De otra parte, mientras hay algún distrito que ya anuncia que ha finalizado prácticamente con la vacunación del Grupo 5A (área Sur de Sevilla), mayores de 80 años, otras áreas y distritos aún tienen un número importante de personas mayores pendientes de ser citadas.

Sin información

En este sentido, FACUA asegura que ni el Servicio Andaluz de Salud, ni los centros de salud, ni los distritos sanitarios, ni los propios médicos de cabecera, facilitan información sobre quién y con qué criterio se deciden los usuarios que van siendo llamados para la vacunación dentro de los diferentes subgrupos del grupo 5, ni tampoco sobre quién controla y hace un seguimiento al sistema de organización de la vacunación para evitar la inequidad y la desigualdad de acceso de los usuarios andaluces.

Así, la federación advierte de que esta falta de transparencia en el sistema de vacunación y en la organización de los grupos prioritarios está dando lugar a discriminaciones de los usuarios, arbitrariedades a la hora de decidir a quién se le administra la vacuna e incluso que se esté vacunando a personas a las que aún no les corresponde.

"De igual forma, no se puede conocer si se está realizando algún tipo de control del proceso para evitar este tipo de problemáticas, al no disponer de información sobre los criterios establecidos dentro de cada uno de los grupos que indica la estrategia de vacunación" denuncia la federación. 

FACUA Andalucía indica que la transparencia y la información son esenciales en un asunto de importancia vital como este, para que se pueda ejercer algún control que garantice que la vacuna llega primero a las personas de los grupos que más lo necesitan y que por ello están incluidos dentro de los grupos prioritarios.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

22 de marzo de 2021

  • 22.3.21
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha manifestado su "rechazo más rotundo" al procedimiento llevado a cabo por parte de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental (FEAFES), para contratar los servicios de comunicación, tras el despido de la profesional que lo ha desempeñado en el último año y que ha supuesto la incorporación de un profesional sin titulación.


Ante la denuncia por parte de algunos colegiados de esta situación, la decana del CPPA, Eva Navarrete, remitió un escrito a su presidente, Manuel Movilla, solicitando información sobre el proceso realizado y se ofreció para canalizar la cobertura de vacantes mediante oferta de empleo entre los colegiados.

“Es por ello que –solicitó la decana– le instamos a que la persona que la sustituya reúna los requisitos de titulación y cualificación (…) contribuyendo también desde FEAFES a evitar el intrusismo laboral que ahoga a esta profesión y poniendo en valor el trabajo clave que realizan”, explicó la decana en su misiva.

Esta situación viene derivada del despido de la anterior directora de comunicación, titulada en Periodismo como una dilatada experiencia profesional, que fue despedida tras rechazar una modificación a la baja de sus condiciones laborales para ser sustituida por una persona sin la debida formación.

La petición realizada por el Colegio de Periodistas se dirigía al presidente de FEAFES como organización sin ánimo de lucro implantada en Andalucía que desarrolla una importante labor en el marco de las competencias que han asumido en la defensa y representación de los intereses de las personas con problemas de salud mental y sus familiares.

En este sentido, desde el CPPA lamentan que la respuesta del presidente de FEAFES no ha sido otra "sino menospreciar la titulación" y señalar que su organización no “está incurriendo en intrusismo laboral, la persona que lleva el programa de sensibilización, comunicación e influencia social, desde hace más de 10 años, superó un proceso público de selección cumpliendo todos los requisitos de la convocatoria (…), aunque su titulación no sea la de licenciada en Periodismo".

"Estará conmigo que a nadie se le ocurriría tachar de intrusismo laboral a comunicadores de la talla de Carles Francino o Angels Barceló o Sara Carbonero, entre otros, por el hecho de no ser periodistas”, señala Movilla en su respuesta.

Por ello, desde el CPPA censuran "por inapropiadas y desafortunadas" las palabras del presidente de una federación que representa a 17 asociaciones en toda Andalucía y que son una columna importante en lo relacionado con la Salud Mental en Andalucía.

"Desde el CPPA exigimos el respeto y la empatía que la propia Federación exige y defiende para favorecer la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental y la de sus familiares, hacia los periodistas profesionales", apunta el Colegio andaluz.

Asimismo, desde el CPPA manifiestan públicamente que si FEAFES defiende los derechos y representa al movimiento asociativo creado en torno a la salud mental, el Colegio de Periodistas de Andalucía es una corporación de derecho público que tiene entre sus funciones la interlocución con las administraciones públicas en el ámbito autonómico para asuntos relacionados, directa o indirectamente, con el periodismo y la comunicación audiovisual, y la representación de los periodistas en Andalucía.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

18 de marzo de 2021

  • 18.3.21
La bombona de butano es, a partir de hoy, un 4,9 por ciento más cara, y su precio se sitúa en los 13,96 euros, lo que supone 1,27 euros más que a finales de 2020. Por ello, ante este nuevo incremento del precio del butano, FACUA-Consumidores en Acción ha exigido al Gobierno de España que "modifique los instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que garanticen la protección de los intereses económicos de los consumidores".


A través de un comunicado, la asociación de consumidores señala que con esta nueva revisión, el formato estándar de 12,5 kilos, cuesta 65 céntimos más que en enero de 2021 y se convierte en el precio más alto desde enero de 2019, cuando costaba 14,58 euros. En los últimos quince años, el precio más bajo del butano ha sido el fijado en abril de 2005, 9,38 euros.

De este modo, el nuevo precio del butano pasa a ser de 90,8136 céntimos de euro por kilogramo (sin incluir impuestos), según una resolución que aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El precio de la bombona estándar de 12,5 kg se establece a partir del 16 de marzo en 13,96 euros –incluidos los 0,015 euros por kg del impuesto de hidrocarburos y el 21 por ciento de IVA– frente a los 13,31 euros de enero de 2021. 

Por su parte, en noviembre de 2020 se fijó en 12,69 euros, 12,09 euros en septiembre, 12,72 euros en julio, 13,37 euros en enero. Un año antes, en noviembre de 2019 se fijó en 12,75 euros, 12,15 euros en septiembre, 12,78 euros en julio, 13,18 euros en mayo, 13,86 euros en marzo y 14,58 euros en enero. 

El precio récord de 17,50 euros

FACUA recuerda que el máximo histórico de la bombona han sido los 17,50 euros que tuvieron que abonar los usuarios durante casi la mitad de la décima legislatura, entre el 14 de mayo de 2013 y el 16 de marzo de 2015 (un total de 672 días), con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. El precio más alto durante los gobiernos de Zapatero fueron los 15,19 euros vigentes desde el 1 de octubre de 2011 (a 81 días del fin de su segunda legislatura) y que Rajoy mantuvo hasta el 31 de marzo de 2012. 

Durante las legislaturas de Sánchez, el precio máximo se alcanzó en noviembre de 2018, con 15,33 euros. Por todo ello, FACUA-Consumidores en Acción viene reclamando al Gobierno central que establezca "otros instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que garanticen la protección de los intereses económicos de todos los consumidores".

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

13 de marzo de 2021

  • 13.3.21
Con la mayor parte de la producción cosechada, UPA Andalucía ha analizado la campaña de aceite de oliva resaltando el buen ritmo de salidas y las buenas perspectivas para los precios en origen, debido a importantes hitos como la autorregulación de sector o la supresión temporal de los aranceles por parte de EEUU, además de registrarse una producción final algo menor a lo previsto. No obstante, la organización se mantiene alerta frente a posibles movimientos especulativos y abusos a lo largo de la cadena alimentaria.


Alcanzado el mes de marzo de la campaña de aceite de oliva en curso, UPA Andalucía ha asegurado que prácticamente la totalidad de la producción ha sido ya cosechada, quedando solo pendiente de recoger una superficie testimonial de algunos olivares más tardíos.

Por otro lado, conocidos los datos de lo que va de campaña publicados por la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios), la organización agraria ha llevado a cabo, un mes más, su análisis de la evolución de la misma en lo relativo a ritmo de salidas, producción, precios, comportamiento del mercado, y ha querido de paso destacar una serie de hitos recientes que van a tener una repercusión muy positiva sobre al sector.

Atendiendo en primer lugar a las salidas de aceite de oliva, UPA ha destacado que tras un mes de enero en el que descendió de manera coyuntural las ventas, el mes de febrero ha vuelto con fuerza y se han contabilizado unas salidas record de 155.400 toneladas, siendo la mayor cifra de salidas de lo que llevamos de campaña y teniendo en cuenta unas importaciones estimadas por parte de la organización de unas 20.000 toneladas. Por tanto, se obtiene un dato sumamente positivo y sigue hablando muy bien de la alta demanda que tienen nuestros aceites en los mercados internacionales.

En cuanto al aceite producido, se ha alcanzado un acumulado en estos cinco meses de campaña de 1.062.029 toneladas en Andalucía, y de 1.331.146 toneladas en España. Esto se traduce en que en el mes pasado se produjeron en España 223.246 toneladas, de las cuales 203.779 toneladas se han cosechado en Andalucía. Así, las existencias totales a finales de febrero se situaron en las 1.192.939 toneladas, repartidas entre 887.273 toneladas en almazaras, 255.311 toneladas en envasadoras y refinerías, y 50.355 toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero.

En lo relativo a precios en origen acudiendo a POOLred, desde UPA Andalucía señalan que las cotizaciones en origen se mantienen aún estables con respecto al mes anterior. Así, durante la última semana, los precios se han ubicado de media en los 2,74 €/kg para aceite de oliva virgen extra, 2,43 €/kg para virgen y 2,32 €/kg para lampante. Se sigue situando, por tanto, la media entre las tres categorías en torno a los 2,50 €/kg. Con estas cotizaciones, afirma el secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos, “siguen sin cubrirse costes medios en el olivar tradicional”.

Al margen de los datos de la AICA, UPA Andalucía ha querido poner de manifiesto los principales hitos o logros que se han alcanzado en el sector en los últimos meses, que atisban sin duda un presente y futuro optimistas para el aceite de oliva, y que, además, suponen motivos más que suficientes para que los precios en origen continúen estables y en riguroso ascenso.

Estos son la reciente modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria el pasado año, la publicación el martes 9 de febrero del Real Decreto de autorregulación del mercado de aceite de oliva aplicando el Artículo 167 bis de la OCMA, el reciente ajuste a la baja del aforo de cosecha por parte de la Junta de Andalucía en nuestra comunidad entre 250.000 y 300.000 toneladas, y la suspensión el pasado viernes de los aranceles entre EEUU y UE por cuatro meses.

En lo que concierne a la Ley de la Cadena Alimentaria, desde la organización agraria tienen el convencimiento de que es un marco legislativo válido y necesario para redistribuir el valor de los productos agroalimentarios desde el origen hasta el canal de venta. Una herramienta muy útil para cambiar y hacer más justas las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena, de manera que los productores dejen de ser el elemento más débil y puedan vivir dignamente de su actividad.

La autorregulación del sector mediante la retirada de aceite de oliva del mercado es otra herramienta que UPA Andalucía venía reclamando para acabar con la inestabilidad de los precios. El Real Decreto permitirá que el Ministerio de Agricultura, ante situaciones de claro riesgo de desequilibrio de mercado, pueda retirar temporalmente producto de manera obligatoria hasta la campaña siguiente. Con ello “se favorecerá la recuperación de los precios en origen en situaciones de crisis como las que se han padecido en las dos campañas anteriores”, ha afirmado Cobos.

La reducción del aforo de Andalucía, como ya instaron desde la organización a la Consejería de Agricultura, es otra cuestión que debe repercutir en los precios en origen al guardar una relación directa con la ley de la oferta y la demanda. “Al haber finalmente nada menos que un 20 por ciento menos de aceite disponible del inicialmente estimado debido a la meteorología y al menor rendimiento graso de la aceituna, los precios tienen que tender inequívocamente al alza”, afirma el secretario general.

Por otro lado, a última hora del pasado viernes se hacían públicos sendos comunicados oficiales de la administración estadounidense y europea, por los que se anunciaba la suspensión de los aranceles impuestos en 2019 por parte de EEUU por un periodo inicial de cuatro meses. El secretario general de UPA Andalucía ha calificado esta cuestión como “una noticia excelente para el sector del aceite de oliva y aceituna de mesa y esperamos que se asiente de forma definitiva”

Cobos ha recordado que España se había colocado en los últimos años a la cabeza como primer país en exportación de aceite de oliva envasado, superando a Italia, y con los aranceles perdió mucha cuota de mercado. “Confiamos en que esta supresión temporal permita al sector del aceite de oliva español retomar el lugar que tanto esfuerzo e inversión le ha costado lograr en el mercado norteamericano”.

Queda patente, concluye Miguel Cobos que “la especulación se queda sin ningún argumento para seguir cometiendo abusos a lo largo de la cadena y lucrándose a costa de los agricultores, los cuales solo quieren obtener precios justos y razonables por lo que producen”.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

6 de marzo de 2021

  • 6.3.21
La Confederación andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA) ha criticado la reducción en el número de nuevas plazas de escolarización aprobadas por la Junta en un preocupante número de colegios públicos de Andalucía, "una rebaja en la oferta que se traduce en la pérdida de líneas y que supone debilitar la enseñanza pública".


Pese a la falta de datos oficiales, ya que la Junta ha reiterado este mismo mes que la información oficial de plazas se conocerá cuando acabe el actual periodo de escolarización, el trabajo de las AMPA permite contrastar la pérdida de plazas públicas en todas las provincias andaluzas.

Por ello, desde CODAPA han lamentado una "nueva agresión a la Educación Pública que merma la oferta que reciben las madres y padres interesadas en matricular a sus hijos y sus hijas en colegios públicos". La Confederación, que agrupa a más de 2.700 AMPA de toda región, recalca que esa reducción de plazas públicas supone un incremento de la ratio de alumnado por aula y menos financiación y personal para las escuelas públicas.

Como ejemplos de la pérdida de plazas y líneas, el CEIP Prácticas de Huelva pasará de tener una oferta de dos y tres líneas a una sola en el curso 2021-2022, una rebaja que afectaría al resto de centros de su zona de escolarización. Esta rebaja se aplicará también en el CEIP San Fernando, pero no afectará a los cinco centros privados o concertados de la misma zona de escolarización.

"Este desmantelamiento paulatino de la escuela pública en zonas con competencia de centros privados y concertados se repite de punta a punta de Andalucía", aseguran desde CODAPA, que pide a la Junta que, además de la libertad de elección de centro, garantice la supervivencia de los colegios públicos, que deben ofrecer todos los servicios de manera independiente al número de alumnos inscritos.

Como la Confederación ha detectado en Huelva, la supresión de plazas se repite también en centros la zona San Pablo de Sevilla, en la que centros como el Santa Clara pierden hasta cinco líneas. Especialmente preocupante resulta la situación del San Juan de Ribera, que ofertará un aula mixta para alumnado de 3 y 4 años al perder un aula de Infantil. Lo mismo ocurre, sin salir de Sevilla, en la zona escolar de Cerro Amate, donde el Victoria Díez, centro de educación compensatoria, pierde también la línea de 4 años para pasar a una mixta.

"Desde CODAPA insistimos en aprovechar el argumento de la Junta de un descenso de la natalidad para bajar la ratio del alumnado por aula, una medida que refuerza la seguridad sanitaria y mejora la calidad de la atención educativa", señalan desde la Confederación.

En esta línea apuntan que con el recorte en la oferta pública, centros como el CEIP Sierra Elvira de Granada capital podría iniciar el nuevo curso con una línea menos pese a ser un centro emblemático, plurilingüe, con proyectos de innovación pedagógica premiados y servicios como transporte escolar y cocina propia. Además, en la zona de escolarización del Sierra Elvira, solo cuatro de las 14 unidades de Infantil que se ofertan son públicas.

Con estos ejemplos, de provincias tan dispares como Sevilla, Huelva y Granada pero que se repiten en toda la región, la CODAPA pide a la Junta que garantice también el derecho a elegir centro a las familias que apuestan por una educación pública, gratuita, inclusiva y laica. Y exige una apuesta "firme y real por la educación pública con recursos suficientes, tanto materiales como personales, y ratios de alumnado por aula que permitan atender al alumnado en las mejores condiciones posibles".

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

3 de marzo de 2021

  • 3.3.21
La Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA) ha lanzado una campaña dirigida a ayudar a las familias con el proceso de escolarización para el curso 21/22, que en Andalucía se extiende desde este pasado martes, 2 de marzo, y hasta el próximo 31 de marzo.


“La elección del centro escolar es una de las decisiones más importantes que tomamos las familias para garantizar el futuro de nuestras hijas e hijos”, comenta la presidenta de la confederación, Leticia Vázquez. La campaña, que lleva por título ¡Usa el Co/Co!, pretende servir de herramienta para madres y padres en este proceso, al tiempo que resalta los valores de la escuela pública.

“La escuela pública es la única cien por cien gratuita y la única que garantiza la participación de las familias en los centros, a través de las AMPA y de los consejos escolares”, recuerda Vázquez, quien reconoce que para muchas madres y padres, en particular en Educación Infantil, la confianza que generan los centros de titularidad pública debe ser fundamental en la elección.

A la campaña que lanza CODAPA se puede acceder a través de este enlace, está diseñada para animar a las familias a analizar aspectos centrados en el proyecto educativo, en las alternativas del colegio o en sus servicios. Está subvencionada por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y propone elegir desde el corazón, pero también analizando la apuesta del centro por la inclusión, la coeducación o la cooperación y la participación de las familias.

Destaca la ventaja de la escuela pública por contar con un profesorado que ha accedido a sus plazas a través de oposiciones. “Son docentes que despliegan en sus clases metodologías innovadoras que favorecen el aprendizaje de nuestras hijas e hijos”, añade la presidenta de la Confederación, que recuerda que los centros escolares públicos son pioneros en metodologías innovadoras y adaptan a sus programas tecnologías de la información y los idiomas más extendidos en el mundo.

Entre las fortalezas de la educación pública a tener en cuenta en la elección de centro también destaca la inclusión, la igualdad y la equidad en el trato al alumnado porque no hay distinciones, las aulas son inclusivas y en ellas se trabaja desde la convicción de que la diversidad enriquece.

“Nuestra escuela pública garantiza el derecho a una educación gratuita, inclusiva, laica, democrática, participativa y de calidad para todo el alumnado, impidiendo la segregación escolar a través de la convivencia heterogénea del alumnado dentro de nuestros centros. La diversidad en nuestras familias y nuestras aulas es uno de los valores más importantes de la escuela pública que defendemos, y la convierte en un ejemplo de convivencia y un instrumento fundamental de cohesión social”, añade Vázquez.

Los centros escolares públicos responden a la atención a la diversidad con equipos de orientación educativa y cuentan con educadores sociales, médicos, psicólogos y los apoyos necesarios para responder a todo el alumnado y para garantizar que nadie se quede atrás.

Mención especial merece la escuela pública en el medio rural, que garantiza la equidad en el derecho a la educación y es uno de los pilares que pueden evitar el despoblamiento de muchas zonas Además, la escuela pública ha demostrado su capacidad de adaptación durante la pandemia, primero con el confinamiento total y este curso con las medidas de seguridad sanitarias. En este escenario, los colegios públicos han respondido a las necesidades de la comunidad educativa y se han mantenido como espacios seguros.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

1 de marzo de 2021

  • 1.3.21
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el real decreto que desarrolla la aplicación del artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA) de la Unión Europea, para fijar los requisitos y el contenido de una norma de comercialización para el sector del aceite de oliva en situaciones de crisis.


Este real decreto, que entrará en vigor el 1 de julio de 2021, permitirá que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante situaciones de claro riesgo de desequilibrio de mercado y previa consulta a las comunidades autónomas y a los representantes del sector, pueda determinar una retirada temporal de producto de manera obligatoria para todos los operadores del sector, hasta la campaña siguiente, e incluso determinar su destino a uso no alimentario. De esta forma se pretende favorecer la recuperación de los precios percibidos por los agricultores en situaciones de crisis, como las que se han padecido en las dos campañas anteriores.

Esta norma nacional, largamente demandada por los representantes del sector, posibilita la autorregulación en un cultivo cuya producción se encuentra caracterizada por el fenómeno de la vecería, con campañas de producciones muy altas alternadas con otras de rendimientos más bajos. Esta circunstancia es una de las causas de la volatilidad de los precios del aceite de oliva, que incide en la viabilidad económica de muchas de las explotaciones oleícolas, en particular las más tradicionales.

La norma, que forma parte de las 10 medidas de la hoja de ruta para el sector oleícola presentada por el ministro Luis Planas el pasado mes de junio, permitirá mejorar y estabilizar un mercado fundamental en la producción agroalimentaria española, con un marcado carácter social, que desempeña un papel clave para la economía de las zonas rurales.

Asimismo, el BOE también publicó el pasado viernes el real decreto que modifica la normativa básica que regula los paneles de catadores de aceite de oliva, cuyo objetivo es profundizar en su armonización y mejorar la formación de sus integrantes y la supervisión que se realiza de estos equipos, que serán autorizados en función de resultados.

Esta nueva norma introduce requisitos para la autorización de los paneles de catadores oficiales, que tendrán que ser designados por la autoridad competente y superar determinadas pruebas de aptitud de manera periódica. Para ello, la autoridad para la que realicen el trabajo podrá llevar a cabo cuantas acciones de control considere oportunas con el fin de evaluar la idoneidad de los jurados y verificar que no existen conflictos de interés.

Además, se incluyen nuevas exigencias de formación para los jefes de panel, que también deberán acreditar un tiempo mínimo de experiencia que se recomienda de dos años. También se crea la Mesa de Jefes de Panel, con indicación de composición y funciones, para favorecer la armonización de las actuaciones de todos ellos.

Este cambio obedece a una demanda de mejora del sistema de control oficial de las características organolépticas del aceite de oliva virgen, por parte del sector productor, que también solicita aumentar las exigencias a los paneles y proporcionar mayores garantías de uniformidad de criterios entre estos. La experiencia adquirida a lo largo de los trece años de aplicación del real decreto que ahora se modifica también avala los cambios.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

28 de febrero de 2021

  • 28.2.21
El confinamiento decretado entre los meses de marzo y mayo de 2020, para afrontar los efectos de la pandemia derivada de la COVID19, puso a las familias y los menores en una situación totalmente novedosa: ruptura de las rutinas sociales y enseñanza online. Así, se privó a la infancia de las interacciones con espacios naturales, abiertos y, sobre todo, con sus compañeros.


En el contexto de transición forzada hacia la educación virtual, con un sistema educativo muy dependiente de la presencialidad y un acceso desigual a la enseñanza digital por parte del alumnado, las universidades andaluzas publican el estudio Impacto socioeducativo del confinamiento y la enseñanza online en la infancia (3 – 12 años) a través de las percepciones de las familias de Andalucía.

Este estudio, coordinado por la Universidad de Córdoba y en el que participan las universidades de Cádiz, Granada, Jaén, Almería, Huelva, Málaga, Sevilla, Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía; analiza las percepciones que tienen las familias sobre el impacto social y educativo que ha tenido el confinamiento en la infancia para diagnosticar fortalezas y debilidades de esta etapa y diagnosticar los contextos familiares más vulnerables con el objetivo de desarrollar estrategias para gestionar mejor la etapa de pospandemia.

Tras analizar las respuestas al Cuestionario sobre el impacto Educativo en la Infancia (CIEN) de 5.180 familias se detectó una falta de corresponsabilidad en todas las tareas domésticas y de cuidado que, exceptuando la compra, recayeron en mayor medida en la mujer. La implicación de los padres en las tareas de cuidado fue especialmente baja en la limpieza y en la ayuda con las tareas escolares de los pequeños.

A pesar de que, según sus familias, los niños y niñas han experimentado más emociones positivas que negativas durante el confinamiento, el sentimiento de añoranza hacia sus amigos ha sido alto y, conforme van aumentando en edad, el impacto emocional se intensifica. Es decir, el alumnado de Primaria mostró más miedo y tristeza que el de Infantil, que desarrolló un comportamiento más nervioso.

En el estudio, también se evidencia cómo las familias con mayor nivel de estudios percibieron con mayor intensidad las emociones positivas, mientras que a menor nivel de estudios fue más notable la percepción de emociones negativas. Posiblemente haya una correlación directa entre el nivel de estudio y la estabilidad económica, que deriva en un clima de mayor bienestar emocional.

A pesar del aburrimiento, la infancia andaluza no ha sentido soledad puesto que ha compartido mucho más tiempo con sus familias, aumentando el tiempo de juego analógico en familia, que ha sido la actividad más practicada por la infancia durante el confinamiento. La actividad que más aumentó fue ver la televisión, aunque también se ha incrementado ligeramente el tiempo destinado a la lectura. Eso sí, el tiempo dedicado al deporte disminuyó de manera considerable.

Por último, la continuación del aprendizaje de los niños y niñas ha estado determinado por el apoyo y soporte familiar, así como por la accesibilidad de los docentes en el acompañamiento de los discentes, más que por las posibilidades de las tecnologías. En opinión de las familias, el uso de las tecnologías y los programas 'online' no han favorecido el proceso de aprendizaje esperado.

Las familias, además, concibieron como negativa la excesiva cantidad de tareas escolares enviadas por los docentes y echaron en falta, en muchas ocasiones, las clases 'online', puesto que muchos centros apostaron por el acompañamiento de los docentes, pero no por las clases telemáticas.

Estas y otras conclusiones se extraen de este informe que, además, plantea propuestas para gestionar la pandemia que pasan por aumentar los niveles de corresponsabilidad a través de acciones formativas o el fomento de políticas públicas de organización de recursos humanos y de cultura empresarial, con perspectiva de género; o el diseño de planes de formación por parte de los Centros de Formación del Profesorado para mejorar la competencia digital de los y las docentes, ajustados a sus diferentes niveles de desarrollo.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

26 de febrero de 2021

  • 26.2.21
El frenillo sublingual corto provoca la anquiloglosia (lengua fija) que dificulta que el recién nacido se alimente de manera correcta y puede más adelante causar problemas con la pronunciación de algunos fonemas, según ha indicado Victoria Jiménez, cirujana pediátrica del Hospital Quirónsalud Córdoba.


La cirujana pediátrica ha explicado que para resolver este problema, que afecta al 4 por ciento de los recién nacidos, el procedimiento más efectivo y seguro es la frenectomía lingual, una intervención mínimamente invasiva, sencilla, rápida y segura que solventa la dificultad de alimentar a los neonatos con diagnóstico de anquiloglosia.

La frenectomía lingual consiste en dar un corte para liberar la lengua y facilitar un mayor movimiento de ésta. La recuperación es muy rápida y el niño se alimenta poniéndose al pecho de la madre sin dificultad inmediatamente tras la intervención.

Los papás realizan unos sencillos ejercicios de rehabilitación post-frenectomía durante dos meses, para evitar que el frenillo intervenido se pegue y para ayudar al bebé a aprender a manejar su lengua. Se trata de estimular al bebé para que mueva la lengua.

El frenillo sublingual es una membrana que se encuentra debajo de la lengua y que debe permitir su movimiento. Los niños con anquiloglosia o frenillo sublingual corto tienen la lengua unida al suelo de la boca, lo que puede conllevar problemas con la lactancia así como con la dicción, ha insistido la especialista.

Los frenillos cortos se clasifican habitualmente en 4 tipos, los tipos 1 y 2 se encuentran en la parte anterior de la lengua hacia la encía, y los 3 y 4 en la zona posterior, presentando habitualmente componente submucoso, que hace que la lengua se ancla más a la base de la boca. La anquiloglosia es hereditaria, aunque no se sabe su etiopatogenia.

La doctora Jiménez ha señalado que un bebé con frenillo corto habitualmente hace daño a la madre al mamar por tener un mal agarre, succiona con dificultad, hace tomas muy largas, y puede hacer chasquidos al tomar aire, lo que le provoca gases. Además, el bebé pierde peso o no gana el suficiente “por lo que es importante solventar este problema que afecta tanto a la mamá como al bebé”.

Así un lactante en el que se evidencian dificultades para su alimentación o en el que se visualiza un frenillo sublingual corto debe ser examinado por un cirujano pediátrico, que ha de valorar la necesidad de realizar una frenectomía.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias.

Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa...



El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

21 de febrero de 2021

  • 21.2.21
FACUA Andalucía critica que el vídeo que ha lanzado la Junta para conmemorar el próximo Día de Andalucía, que se celebra el 28 de febrero, obvie cualquier elemento propio de la identidad andaluza al no utilizar el acento y lengua propios de la comunidad, además de recurrir a imágenes de archivo compradas en Internet.


En el vídeo, publicado el pasado 16 de febrero, pueden verse distintas imágenes sobre las que se recita parte del himno oficial de la comunidad autónoma. Sin embargo, la voz lo hace en un lenguaje neutro, sin utilizar la lengua y acentos propios andaluces, y se recurre a imágenes de archivo compradas en bancos genéricos de Internet, "por lo que las personas que aparecen en ella ni siquiera deben ser andaluzas".

Como han denunciado diferentes usuarios, algunas de estas imágenes ni siquiera pertenecen a zonas de Andalucía, sino que son de otras partes del mundo. Tampoco aparece por ninguna parte la bandera de la comunidad, sólo el logo de la Junta al finalizar el vídeo.

En este sentido, la federación lamenta que la Junta diluya la identidad andaluza y a la propia Andalucía en un vídeo realizado expresamente para conmemorar el Día de Andalucía, sin utilizar ni uno sólo de los elementos que caracterizan a la comunidad autónoma. Salvo por el uso del himno, advierte FACUA Andalucía, este vídeo podría servir perfectamente para cualquier otra región, al ser tan genérico.

De igual forma, FACUA Andalucía indica que no se pueden obviar los elementos identitarios andaluces -la propia geografía de la comunidad, la imagen de sus municipios y las particularidades propias de la lengua andaluza, entre otros- en una promoción del Día de Andalucía. No tiene sentido celebrar la fiesta de la comunidad vaciándola del contenido propio y particular de Andalucía.

Así, la federación considera que la Junta ha perdido la oportunidad de utilizar esta campaña para potenciar la imagen de la comunidad tanto entre los propios andaluces como fuera de la región. En un momento en que la crisis económica derivada del covid-19 está perjudicando gravemente la salud del turismo andaluz, no se entiende que no se aproveche este vídeo para promocionar Andalucía y buscar así una mejoría de uno de los motores económicos de la comunidad.

FACUA Andalucía, por tanto, espera que la Junta recapacite y rectifique su campaña para realizar una promoción del Día de Andalucía que potencie la identidad andaluza, permita a los andaluces reflejarse en ella y muestre con orgullo las particularidades que hacen única a la comunidad autónoma.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL




17 de febrero de 2021

  • 17.2.21
A pesar de las numerosas movilizaciones que Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha llevado a cabo durante los tres últimos meses –primero frente a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, y después en las Delegaciones del Gobierno por todo el país–, la directora del Cuerpo, María Gámez, ha aprobado una nueva norma reguladora de los incentivos al rendimiento, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).


Desde la AUGC sostienen que se trata de una orden general "sacada adelante contra el criterio de la mayoría de las asociaciones profesionales, y a medida de los deseos del generalato". "Con esa norma pierden los de siempre, los guardias civiles de la escala básica, que dejarán de percibir cincuenta euros al mes, que es precisamente la productividad vinculada al proceso de equiparación salarial", apuntan desde el colectivo.

Por todo ello, desde la AUGC lamentan que nuevamente el Ministerio del Interior vuelve a desvincularse del proceso y establece un reparto diferente en Policía Nacional, donde se consolida este plus salarial, mientras que en la Guardia Civil, el generalato, con la anuencia de la directora María Gámez, "vuelve a pasar el rodillo para imponer su criterio favorecer una vez más los intereses de la cúpula del Cuerpo, menospreciando el trabajo de quienes desempeñan los cometidos operativos y soportan las peores condiciones laborales".

"Ante este nuevo atropello, AUGC no se quedará cruzada de brazos y ya está estudiando llevar a cabo una gran movilización de cara a la próxima primavera, que deje claro tanto al Gobierno como a la Dirección General el rechazo frontal que esta orden ha provocado en los trabajadores del Cuerpo", señaló la asociación unificada.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

15 de febrero de 2021

  • 15.2.21
Los trabajadores autónomos que conforman el sector de los eventos de feria han mostrado sus "decepción" tras el encuentro digital mantenido recientemente con la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de buscar soluciones a la crisis generada por la pandemia del coronavirus "y que ha supuesto 19 meses sin trabajar".


En la reunión participaron el secretario general de la Consejería, José Agustín González, junto con representantes de la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla (AEFA), la Asociación de Empresarios de Hostelería de Feria, la Asociación Sevillana de Montadores de Casetas de Feria y la Asociación Cultural de Mujeres Emprendedoras Feriantes de Andalucía (ACUMEFA). 

De este modo, era la primera vez que todo el sector unido se dirigía a la Junta para escuchar propuestas de salvación, pero a juicio de los feriantes, “se han limitado a negar que tengan competencias para convocar ayudas directas y hemos quedado muy frustrados una vez más”. 

Para Pepe Galván, secretario general de la Unión de Autónomos de Andalucía UATAE, que convocó el encuentro, “la reunión era una oportunidad de avanzar en las soluciones que necesita el sector, pero no ha servido prácticamente para nada”. Galván y los feriantes insistieron en que “necesitamos con urgencia que nos digan qué organismo de la Junta tiene la competencia para convocar ayudas directas, porque de seguir así unos meses más, se va a desmantelar el sector”. 

Así, aseguró que muchos de los profesionales están malvendiendo sus enseres y dedicándose a otras tareas, ante el negro panorama al que se enfrentan en el sector. Hay que recordar que sólo el 20 por ciento de los profesionales pudieron acogerse a las ayudas de la Junta, que, según Galván, “cometió el error de no establecer la compatibilidad con otras ayudas, como las de cese de actividad, lo cual ha impedido pedirlas a colectivos como los feriantes o las agencias de viajes”. 

El presidente de la Asociación Andaluza de Empresarios de Hostelería de Feria, José David Martín González, afirmó que “llevamos 19 meses sin poder trabajar y nuestra situación es insostenible, por lo que hemos solicitado una reunión con Moreno Bonilla, pero no nos atiende, no quieren dialogar con nosotros, a pesar de las 7.000 firmas que hemos entregado como muestra de respaldo, y tenemos que reunirnos con departamentos que dicen no poder ayudarnos”. 

Martín indicó que “si esto sigue así, calculamos que se perderán el 40 por ciento de las empresas del sector, con lo que peligran las ferias venideras, ya que no habrá profesionales para atenderlas”, por lo que reclamó “ayudas directas y urgentes para mantener la actividad y para estar preparados cuando se pueda reactivar”. 

Otras entidades, como AEFA, entregaron un protocolo de organización de eventos y ferias que no ha contado con la aceptación de la administración, por lo que las perspectivas de recuperación se alargan y, en su opinión, “si por un decreto nos prohibieron trabajar, por un decreto nos deben ofrecer ayudas directas”.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

10 de febrero de 2021

  • 10.2.21
El desarrollo de nuevas tecnologías digitales es un bien necesario para toda región que quiera innovar, fomentar el empleo y apostar por los sectores económicos emergentes que cambiarán la forma de trabajar. Es por ello que el gobierno andaluz ha destinado 9.200 millones para proyectos tecnológicos que se utilizarán para favorecer el desarrollo e implantación de dichas tecnologías en un periodo que abarca desde 2021 hasta 2027, siempre teniendo en cuenta realizar medidas sostenibles de planes municipales contra el cambio climático. Es por ello que vamos a hablar sobre las principales tecnologías, y proyectos derivados, que suponen una modernización de empresas y el sector público de la comunidad de Andalucía.



La nube para centralizar la información

La nube es una tecnología con la cual los usuarios pueden usar servicios o aplicaciones a través de servidores externos, aunque la experiencia es tan dinámica y transparente como si funcionaran en equipos propios. Gracias a la nube se ahorran inversiones en hardware y mantenimiento. En la actualidad hay multitud de servicios que aprovechan la tecnología, como es el caso de procesadores de textos como Google Docs, Office Web Apps o Zoho. También existen alojamientos para guardar copias de seguridad o compartir documentos, programas de edición de imágenes y muchas otras aplicaciones.

Uno de los sectores más veteranos en utilizar la nube son los casinos online. Los principales casinos digitales, acerca de los cuales son ofrecidas reseñas que pueden ayudarnos a elegir el más adecuado para cada uno de nosotros, ofrecen un amplio catálogo de juegos como la ruleta, slots o blackjack directamente en el navegador. Sin duda la nube ha ayudado a que los juegos de azar se pongan de moda al no necesitar instalaciones previas y al estar disponibles en cualquier lugar gracias a los teléfonos móviles. Aunque el grueso de los servicios en la nube proviene de soluciones para empresas como equipos virtuales, bases de datos, antivirus, etc., siendo este el ámbito que más extendido de Andalucía.

La propia Junta de Andalucía lleva trabajado durante años en modernizar sus diferentes instalaciones públicas mediante el uso de la nube, con el objetivo de centralizar la información para así agilizar los trámites y facilitar acceder a los datos. También significa un ahorro de hasta un 80 por ciento en consumo eléctrico, tareas de mantenimiento y soporte. Aunque todavía queda mucho trabajo por delante como la digitalización educativa. En este sentido, Microsoft y la Junta de Andalucía han firmado un acuerdo para llevar la nube a las aulas. Lo que se traduce en aumentar las opciones del profesorado para impartir sus labores de enseñanza y favorecer el aprendizaje, con herramientas tanto para alumnos como profesores permitiendo compaginar el trabajo de clase y casa como las tareas, la consulta de dudas o contar con los temarios en Internet.



El 5G para mejorar la comunicación y eficiencia

El 5G es una nueva red de banda ancha que se relaciona con la telefonía móvil. El 5G permite una transferencia de datos cien veces superior al 4G y soporta un mayor número de conexiones simultáneas sin problemas. Aunque solo se utiliza una parte del espectro de banda para móviles, reservando el resto para instituciones privadas y gubernamentales. En el caso de Andalucía encontramos hasta 32 proyectos de 5G en sus diferentes provincias con la colaboración de gigantes tecnológicos como Vodafone o Huawei. Se trata de pilotos que permitirán en un futuro cercano su uso, por ejemplo, en labores de búsquedas y asistencia de personas mediante drones, manejo de maquinaria pesada en industrias, reconocimiento biométrico en estaciones de trenes, gestionar medicación de personas mayores o discapacitadas, utilizar realidad aumentada en edificios turísticos o reconocimiento del estado de cultivos y parques naturales de forma automatizada.

Tales proyectos significan una reactivación de la economía, no solo mejorando la efectividad de los campos en donde operan sino también con la posibilidad de trasladar las soluciones a otras regiones o países. Asimismo, otro objetivo de la Junta es aumentar la cobertura del 5G a toda la comunidad, llegando a todos los rincones de Andalucía, en especial a entornos rurales. A finales de 2020 el 5G cuenta con un 75% de cobertura, contando con una estimación de alcanzar el 100% en 2025 sirviéndose de soluciones por satélite para los puntos más remotos.

Sin duda, la nube y el 5G son dos tecnologías que cambiarán en el futuro próximo los trabajos y el día a día de los andaluces, aumentando eficiencia, ahorrando en gastos, pero sobre todo ofreciendo una mayor versatilidad.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

7 de febrero de 2021

  • 7.2.21
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) se ha adherido al Pacto Digital para la Protección de las Personas, promovido por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) con el objetivo de impulsar un compromiso firme con la privacidad en las políticas de sostenibilidad y los modelos de negocio de las organizaciones, compatibilizando el derecho fundamental a la protección de datos con la innovación, la ética y la competitividad empresarial.


Al Pacto Digital se han unido ya organizaciones empresariales, asociaciones y entidades profesionales como la AMI (Asociación de Medios de Información), la FAPE y grandes grupos de comunicación como RTVE, Atresmedia y Mediaset España.

Pionero en Andalucía en adherirse al pacto

El colegio profesional andaluz es la primera entidad de la comunidad autónoma, que se suma al Pacto Digital y anima a otras organizaciones de Andalucía a que respalden la iniciativa promovida por la Agencia Española de Protección de Datos. 

Las organizaciones adheridas al Pacto Digital se comprometen a implantar los principios y recomendaciones recogidas en el mismo, así como a difundir entre sus asociados y usuarios el Canal prioritario para solicitar la eliminación urgente de contenidos sexuales y violentos en internet, así como otros recursos y herramientas para ayudar a la concienciación sobre el valor de la privacidad y la importancia del tratamiento de los datos personales.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL




28 de enero de 2021

  • 28.1.21
La Asociación andaluza de directores de centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre) y la Asociación de Directores de IES de Andalucía (Adián) han solicitado a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía al cierre de las aulas en aquellos municipios en los que las tasas de contagio de coronavirus supere los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y, por tanto, se haya decretado el cierre de toda actividad no esencial.


En su escrito, Asadipre recuperda su defensa de la educación presencias "como primer recurso para desarrollar la labor docente", si bien, ante los efectos de la tercera ola de la pandemia en Andalucía, las tasas de contagios están en muchos municipios "por encima de las medias recomendables y superan con creces dichas medias que son las razonablemente segura para la población".

"Ante la situación que se están viviendo en algunos municipios de Andalucía, desde Asadipre y recogiendo el sentir mayoritario de nuestros socios, solicitamos que se estudie la posibilidad de decretar el cierre temporal de los centros educativos en los municipios que superen los 1000 casos de incidencia acumulada, pasando los centros a desarrollar su labor docente de manera no presencial y se desarrolle ésta conforme a la normativa educativa andaluza que regula esa posibilidad de formación", apunta la asociación.

Una petición en la línea de la ya formulada por Adián ante una elevada tasa de contagios, que "da lugar a confinamientos de alumnado, personal no docente y profesorado, tanto por PCR positiva, como por ser contactos estrechos con afectados por la enfermedad". "Esto motiva situaciones donde nos falta profesorado para garantizar la atención al alumnado con garantías suficientes", señalan desde Adián.

Por todo ello, los directores de IES señalan que, si bien siempre han mostrado su disposición a mantener los centros abiertos y a que la enseñanza presencial se lleve a cabo de la mejor y más segura forma posible es "sensato" considerar el cierre de los institutos en aquellas localidades con una tasa acumulada de 1.000 casos.


I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

24 de enero de 2021

  • 24.1.21
El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, señaló que el incremento anunciado de 1,60 euros la hora como salario del personal que presta el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), “es insuficiente" tras diez años de congelación salarial.


Villalobos aseguró que esta medida "no se ajusta a las necesidades reales de financiación que requiere la imprescindible y urgente mejora de las condiciones salariales y laborales de estos trabajadores", máxime después de unos meses de pandemia "donde han demostrado más que nunca su valía, entrega y profesionalidad". "Es una subida cicatera para unos profesionales que llevan más de 10 años soportando una tarifa congelada”, recordó el presidente de la FAMP.

“El anuncio de la Junta de Andalucía, realizado este martes, de que incrementará el precio de la hora de la Ayuda a Domicilio hasta los 14,60 frente a los 13 euros actuales no solucionará una problemática que afecta a unas 30.000 personas, en su mayoría mujeres, que con su trabajo hacen posible que las personas dependientes tengan la mejor atención sin renunciar a seguir viviendo en sus domicilios”, advirtió.

El pasado mes de diciembre la FAMP aprobó una Resolución en la que se pedía a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España más medios y financiación para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, ya que es una prestación derivada de la Ley de Dependencia.

Las entidades locales se han visto forzadas a asumir parte de estos costes sin corresponderles; y dado que va a contar tanto con presupuesto propio de la Junta de Andalucía como con el que llegará del Gobierno Central según se desprende de los acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia celebrado el pasado 15 de enero de 2021, Villalobos aseguró que “en estos momentos, la consejera debería replantearse su postura e incrementar el precio hora por encima de los 14,60 euros que ha anunciado, sin lugar a dudas”.

El presidente de la FAMP subrayó que el SAD es un servicio del que se benefician a diario unas 100.000 personas, llegando de manera capilar a los 786 municipios andaluces, “gracias a que desde los Gobiernos locales se está asumiendo una financiación anticipada para poder mantener los más de 450 millones de euros anuales que exige la contratación laboral y retributiva de más de 21.000 trabajadoras y trabajadores que prestan este servicio”.

En este sentido, abundó que la FAMP reclama a la Junta de Andalucía que se garantice el 100 por cien del coste del servicio de ayuda a domicilio y transfiera a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales la cuantía total para la íntegra financiación de este servicio "de competencia estatal y autonómica, y que prestan las corporaciones locales".

La prestación derivada de la Ley de Dependencia que mayor incremento ha tenido en 2020 ha sido el Servicio de Ayuda a Domicilio, con 14.449 prestaciones más que a cierre de diciembre de 2019, lo que supone un total de 101.049 personas atendidas. La atención domiciliaria supone el 33 por ciento del total de prestaciones para personas en situación de dependencia en la comunidad andaluza. A nivel nacional, Andalucía representa el 40 por ciento del total de prestaciones de ayuda a domicilio.

El presidente de la FAMP concluyó que “ya es hora de solventar adecuadamente el problema de infrafinanciación del Servicio de Ayuda a Domicilio que en la práctica están asumiendo las diputaciones y ayuntamientos en Andalucía; y así se lo ha pedido unánime y repetidamente la FAMP a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación con la que se ha fijado una reunión a finales de enero para abordar estos temas”.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL


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