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25 de junio de 2015

  • 25.6.15
“Pactos”, maravillosa palabra muy valorada en cualquier sociedad y que significa, literalmente y según el DRAE: “Concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado”. Todo pacto, por tanto, conlleva un acuerdo entre dos partes, algo muy democrático y siempre positivo. Pero como dijo alguien, cualquier término que se una a la palabra “político”, inmediatamente se ensucia y pierde cualquier valor ético, moral o sentimental. Incluso “madre”, en cuanto le colocamos la palabra “política”, se convierte en “suegra”, con todo lo que ello conlleva.



De hecho, con el comportamiento de sus protagonistas, el propio concepto “política” ha perdido su significado, originariamente: “gobierno de la ciudad” y con connotaciones relacionadas con la búsqueda del bien común de los ciudadanos más allá del beneficio personal.

Muy al contrario del origen positivo de ambos términos, los “pactos políticos” que estamos viviendo en los últimos días huelen más bien a “apaño” en cuanto al simple y puro reparto del poder entre las diferentes “castas” políticas. Alguien dijo que cualquier mayoría absoluta era perversa y perniciosa para la sociedad. Y aunque esa percepción aumenta o incluso desaparece para cada uno según qué color tenga esa mayoría absoluta, no le quito la razón, ni mucho menos.

Las, hasta el mismo día de las elecciones, formaciones democráticas y cercanas, se convierten en auténticos rodillos cuando alcanzan tan soñada mayoría, se alzan como organizaciones rocosas e impermeables a cualquier crítica o protesta.

Cierto, las mayorías absolutas, visto lo visto en la mediocridad política que nos rodea, no es lo más positivo para la democracia. O dicho de otra forma: el modo de gobierno más democrático es el de “mayoría minoritaria”, es decir, aquella que obligue al gobierno (habitualmente la formación más votada) a acuerdos continuos y puntuales con el resto de partidos a la hora de legislar el país, la comunidad o el núcleo urbano.

Pero si perniciosas son las mayorías absolutas que surgen de las urnas y por deseo expreso de la sociedad, peores son las mayorías absolutas que se crean a espaldas de esas urnas, por pactos políticos muy poco claros y que persiguen el reparto del poder o la “vendetta” partidista mucho más allá del bien para el pueblo que ha votado.

Porque no nos engañemos, no seamos tan ingenuos como para caer en las trampas de las televisiones: los pactos hacen “mayorías absolutas” más allá de la decisión del pueblo e impiden esos gobiernos “minoritarios” que tan beneficiosos son para la propia democracia.

Para poner en duda la bondad democrática de esos pactos de legislatura, partamos de que en unas elecciones no se vota a una persona, ni siquiera a un grupo de personas; en unas elecciones se vota un programa, es decir, una serie de propuestas de gobierno.

De hecho, no sólo es absurda la excusa de “listas abiertas” con la que atacan algunos políticos ávidos de buscarse “sitio político”, pero faltos de imaginación y de conocimiento de su propio trabajo, sino que en las elecciones no debería aparecer ningún nombre, ninguna lista, bastaría con que apareciera el logo del partido político en una papeleta.

Debería darnos igual qué personas desempeñarían la representatividad del voto (central, autonómico o local), porque deberían ceñirse a la defensa del programa electoral. Punto. Es más, incluso deberíamos dar un paso más y eliminar esos carísimos parlamentos en los que los señores “escañoparlantes” sólo se dedican a apretar un botón para decir “sí” o “no” o a aplaudir o a abuchear al rival, pero que casi nunca proponen, ni debaten nada.

Bastaría con que se le diera un coeficiente multiplicativo a cada formación, de modo que se le aplicara el número de diputados que le correspondería al voto de cada uno de los responsables de los diferentes partidos según la propuesta debatida.

Así, además de ahorrarnos unos pocos millones de euros en sueldos, dietas y otros gastos, evitaríamos las vergonzantes peleas internas de cada partido para entrar en determinada posición de cada lista. Y en el fondo, con la absurda “disciplina de partido” es lo que se hace en realidad: cada señoría vota lo que el partido dicta. Punto.

Pero esta no debería ser la única reforma, ni mucho menos. Con las votaciones descritas se determinaría el Poder Legislativo, es decir, el porcentaje de representatividad de cada partido en los parlamentos o ayuntamientos. Aún quedaría dirimir quién desempeñaría el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno.

Porque esa es otra: todos sabemos la diferencia del Poder Judicial con respecto a los otros dos, aunque nadie confíe plenamente en su independencia, pero cuesta mucho trabajo diferenciar el Ejecutivo del Legislativo, porque en la práctica son lo mismo, desvirtuando con ello la propia Democracia.

Y la mayor representación de esa confusión es la “bancada azul” del Gobierno en el Parlamento de los Diputados. No entiendo que esté presente en el Parlamento ninguna persona que, según el actual sistema electoral, no haya sido elegida por los ciudadanos. De hecho, la famosa “bancada azul” de nuestro Parlamento representa la mayor injerencia de un poder (Ejecutivo) en otro poder (Legislativo).

A mi modo de ver, dicha confusión se resolvería con una segunda vuelta, una vez determinado el porcentaje de representación de cada partido, para que el pueblo votara entre las opciones más votadas (según un porcentaje mínimo) quién debería ejercer el Gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo. Esta vez sí, se votaría a la persona o grupo de personas, no a las ideas o programas, que ya estarían definidas en la elección primaria.

Así evitaríamos los lamentables “mercadeos” de favores que hemos visto en los últimos días, en los que partidos con programas políticos absolutamente opuestos han unido fuerzas para repartirse el poder a espaldas del pueblo. Estos “pactos políticos” significan la renuncia por parte de cada formación política de lo que han votado los ciudadanos, es decir, los programas, las líneas de actuación, los objetivos y metas preferenciales publicitadas en las campañas electorales. En definitiva, constituyen una gran mentira en un gran teatro donde las “castas” se reparten el poder y la gestión del erario al margen del pueblo y de las promesas que les hicieron durante la campaña.

En definitiva, si queremos una Democracia sana, debemos cambiar el sistema electoral, pero no con la sandez de las listas abiertas, que no mejoraría en nada la situación, sino con una doble vuelta: la primera para determinar el Poder Legislativo (porcentaje de representación en cada Parlamento o Ayuntamiento) y la segunda para determinar el Poder Ejecutivo (el equipo de personas que deben asumir la tarea de gobierno).

PEDRO J. PORTAL


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