Pedro J. Portal | Fascismo en España

Seré breve: se utiliza en España la palabra “fascismo” o “fascista” o su abreviatura “facha” para cualquier persona que hable de España, que no sea de izquierdas o que diga que vota a determinados partidos de centroderecha o de derecha. Bien, vale, como argumento electoral todo vale y si la gente se lo cree y genera votos, perfecto. Pero siendo justos con la historia y con la política real, no es así. Ni mucho menos.



La derecha española puede ser incluso conservadora, pero no fascista. Sí, VOX es de la línea del partido Conservador de Theresa May en Reino Unido o del partido Republicano en los EEUU, pero no es fascista ni de lejos. Podrá caer peor o mejor, pero no es fascista.

Hagamos historia: el fascismo fue un movimiento obrero de inicios del siglo XX que compartía por aquellas épocas la lucha contra el capitalismo o el liberalismo (la verdadera democracia occidental) con el comunismo y el socialismo (prácticamente unidos estos dos).

El fascismo era tan “anticapitalista” como lo era el comunismo, y la muestra la podemos ver en este fragmento de un discurso que el gran fascista español, José Antonio Primo de Rivera pronunció en el madrileño Teatro de la Comedia el 29 de octubre de 1933:

“(...) El Estado liberal vino a depararnos la esclavitud económica, porque a los obreros, con trágico sarcasmo, se les decía: «Sois libres de trabajar lo que queráis; nadie puede compeleros a que aceptéis unas u otras condiciones; ahora bien: como nosotros somos los ricos, os ofrecemos las condiciones que nos parecen; vosotros, ciudadanos libres, si no queréis, no estáis obligados a aceptarlas; pero vosotros, ciudadanos pobres, si no aceptáis las condiciones que nosotros os impongamos, moriréis de hambre, rodeados de la máxima dignidad liberal». 

Y así veríais cómo en los países donde se ha llegado a tener Parlamentos más brillantes e instituciones democráticas más finas, no teníais más que separamos unos cientos de metros de los barrios lujosos para encontramos con tugurios infectos donde vivían hacinados los obreros y sus familias, en un límite de decoro casi infrahumano. 

Y os encontraríais trabajadores de los campos que de sol a sol se doblaban sobre la tierra, abrasadas las costillas, y que ganaban en todo el año, gracias al libre juego de la economía liberal, setenta u ochenta jornales de tres pesetas. Por eso tuvo que nacer, y fue justo su nacimiento (nosotros no recatamos ninguna verdad), el socialismo. Los obreros tuvieron que defenderse contra aquel sistema, que sólo les daba promesas de derechos, pero no se cuidaba de proporcionarles una vida justa (...)”

Si leemos bien el discurso, podría ser válido para el orador más extremista del Partido Comunista o Socialista de la época, o incluso de hoy en día. ¿En qué se diferenciaban, pues, y por qué eran enemigos irreconciliables ambos movimientos, si ambos eran obreros? Pues porque mientras el comunismo era “globalizador” o “internacionalista”, el fascismo era profundamente nacionalista y defensor de los valores de la patria por encima de todo.

Una vez hemos recordado el fundamento obrero-nacionalista del movimiento fascista, que se refleja en el nombre del peor de todos ellos –el partido nazi (nacional-socialista)–, hemos de afirmar que, en efecto, en España existe el fascismo y tiene más poder del que muchos demócratas hubiéramos deseado.

Pero no está en los denominados "partidos de derechas", sino en esos partidos de corte socialista y nacionalista (o incluso separatista) que copan muchas instituciones públicas, como son ERC en Cataluña o Bildu en Euskadi, además del casi desaparecido BNG gallego. Esos partidos sí son fascistas, puesto que son socialistas y nacionalistas. Y a fe que actúan como tales.

Ojo, no quiero entrar a valorar a ninguno de ellos, simplemente quería poner a cada uno en su lugar político y definir qué es lo que realmente son. Ahora bien, vivimos en un estado democrático y si alguien quiere votarlos, que lo haga. No seré yo quien se lo pretenda impedir. Faltaría más.

PEDRO J. PORTAL

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Pedro J. Portal | Las redes sociales y sus víctimas

Si repasamos la historia de la humanidad, podemos ver cómo el control de la información ha sido fundamental para que los más poderosos pudieran movilizar a la población cada vez que les interesaba. De ese modo, los púlpitos y altares de cualquier religión fueron usados desde que el hombre es hombre como altavoz para identificar al enemigo que se debía batir y mostrar todas sus felonías que ofendían a las deidades propias (y de paso, al señor que movía esos hilos).



Aunque la prensa escrita es mucho más antigua y data del siglo XVII, es en mitad del siglo XIX cuando se organiza el gremio de los periodistas, surgen las primeras agencias de noticias y la prensa realmente se convierte en masiva, llegando a todos los hogares de una sociedad cada día más opulenta, burguesa y cómoda, con más tiempo para informarse de lo que ocurría allende su entorno.

Pero la realidad es que dicha sociedad aún no estaba preparada para asumir, “digerir” y filtrar una información que, de pronto, les llegaba de todas partes, dando total y absoluto pábulo a las noticias que, de mano de esos periódicos cada día más atractivos y mejor diseñados, introducían por primera vez en la historia la información en sus casas.

Fue en 1898 cuando la prensa americana dispuso a la sociedad de los EEUU a favor de una guerra contra España que terminaría con el fin de nuestra presencia en el Caribe (Cuba y Puerto Rico) y de paso, en Asia (Filipinas, Marianas, Guam, etcétera).

La sociedad yankee se “tragó” la noticia de que España había hundido el acorazado americano Maine en la bahía de La Habana (Cuba) y, jaleados por la prensa sensacionalista americana bajo el titular “El barco de guerra Maine partido por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo”, se mostró entusiasmada por la posibilidad de vengar aquella afrenta, dando origen a la “Guerra de Cuba” que terminó con el “Desastre del 98” para nuestro país a pesar de que todo fue una patraña americana para provocar esa guerra y adueñarse de nuestras provincias de ultramar.

El cine surgió por aquellos años, pero no fue hasta la década de los veinte cuando se utilizó su poder de comunicación de masas (una imagen vale más que mil palabras) para un uso propagandístico de regímenes autoritarios. Así, tenemos el famoso filme soviético Acorazado Potemkim (1925) utilizado por las autoridades comunistas para mostrar a su pueblo la maldad de la sociedad zarista y la ética superior de los bolcheviques quienes, en realidad, gobernaban su país a golpe de sangrienta dictadura.

Casi a la par de las películas, surgió otro invento que, con el tiempo, superó a la prensa escrita e incluso al cine: la radio. Esta tecnología unía la facilidad de la comunicación del cine (no requería de una lectura que no siempre era del agrado de todos los ciudadanos) con el acceso a lo más íntimo del hogar del oyente, quien no debía desplazarse a ninguna sala para recibir la información deseada.

Marconi inventó la transmisión por ondas a finales del XIX y comienzos del XX, pero no fue hasta 1920 cuando, en Buenos Aires, la Sociedad de Radio Argentina se convirtió en la primera emisora de radiodifusión no experimental en el mundo con emisiones aún muy precarias en cuanto a calidad y con horario muy reducido.

Rápidamente se extendió el uso de la radio en todo el mundo, de modo que ya en los años treinta, las noticias entraban de forma mucho más eficaz en los hogares de una sociedad que, como con la prensa escrita de finales del siglo XIX o el cine de comienzos del XX, aún no estaba preparada para extraer la verdad de entre esa “borrachera” de información que recibía.

De hecho, cualquier “imbécil” que tuviera buena dialéctica podía irrumpir con sus descerebradas ideas en los hogares de cientos de miles –e incluso millones de personas en cualquier país medianamente avanzado. No en vano, siniestros personajes como Goebbles o Hitler vieron el potencial de este medio de comunicación y lograron –mediante noticias manipuladas y grandilocuentes discursos muy bien diseñados para engañar y manejar a la población– llegar al poder absoluto mediante la inoculación continua de violencia, frustración y el odio más primitivo a una sociedad que corrompieron convirtiendo a millones de personas que se creyeron absolutamente todas sus patrañas y mentiras, en sus más fervientes seguidores, sumiendo al mundo en su capítulo más atroz en su ya larga historia de atrocidades.

Más adelante, la radio dejó paso a la televisión. La población –de nuevo– no estaba preparada para distinguir verdad de manipulación en aquel atractivo modo de comunicación de masas que unía todas las virtudes de la prensa escrita (acceso fácil y barato), cine (imágenes) y radio (comodidad).

Por el mero hecho de salir en “la tele”, cualquier persona ya gozaba de credibilidad para la mayoría del público. Aún hoy en día sufrimos esa manipulación, pero si echamos la mirada atrás y vemos noticiarios de los años cincuenta o sesenta, no podemos creernos la ingenuidad de aquella sociedad para con mentiras sobre Corea o Vietnam –si miramos a los EEUU–, grandilocuentes hitos deportivos o sociales de nuestro país durante el franquismo, la grandeza del estado soviético en la Rusia de los años sesenta o setenta, etcétera, etcétera, etcétera…

Pues bien, en pleno siglo XXI estamos, de nuevo, ante el mismo problema: la irrupción de nuevas formas de comunicación como son las famosas “redes sociales”. Al igual que con los avances citados anteriormente, se liberalizó el acceso a la información, ya que con estos nuevos canales o soportes de comunicación se populariza la emisión de dicha información a un nivel casi ilimitado.

Ya no hace falta una estructura maquiavélica (estatal o partidista) para llegar a las masas. Tampoco hace falta un presupuesto elevado para hacer pública cualquier noticia. Hoy en día, cualquiera de nosotros puede usar su móvil, grabarse a sí mismo en su propia habitación diciendo la primera ocurrencia que tenga y lanzarlo al mundo mediante su conexión a Internet. Con un poco de suerte, dicha ocurrencia cala en los usuarios y entre “likes” y “compártelo” se hace “viral”, llegando a miles o incluso millones de personas en todo el mundo.

Pero, de nuevo, nuestra sociedad no está preparada para analizar esa información, filtrarla y distinguir la verdad de la manipulación (o lo que hoy se llama “post-verdad”). Lejos de controles, lejos de códigos deontológicos, lejos incluso de documentación, preparación o la más mínima cultura, existe una nueva “casta” denominada “influencers”, que vierten mensajes que pueden llegar a ser tan peligrosos como los de aquel periódico americano en 1898, los cines de la revolución soviética, la radio nazi o las televisiones de la “Guerra Fría”.

Y el peligro es patente. De hecho, estamos asistiendo a la división absoluta de la sociedad por culpa de esta “borrachera” de información no siempre veraz. Nos alineamos en bandos, seleccionando la información pero sin analizar y comprobar su veracidad, sino simplemente aceptando la de “nuestro bando” y rechazando la de los rivales, quienes pronto terminarán convirtiéndose en “nuestros enemigos”.

Y da igual el tema: la política, el fútbol, la sociedad, la cultura, incluso el medio ambiento o los actos humanitarios están sometidos a la avalancha de estas pseudonoticias que inoculan una violencia extrema en una sociedad ya de hecho violenta.

Si observamos a nuestro alrededor, en España, la rivalidad política y el nivel de extremismo se acerca a la situación de los años treinta, cuando terminamos en nada menos que en una Guerra Civil. El fútbol ya no es un deporte ni un espectáculo: es motivo de enfrentamiento, enemistades, discusiones o violencia dialéctica generalizada. Determinados espectáculos, creencias o tradiciones dividen a la sociedad en “pro” y “anti”. Incluso el cine también tiene dos bandos, lo mismo que casi cualquier aspecto de nuestro día a día.

En los chats de WhatsApp, en Facebook, en Twitter, etcétera… los “pásalo” o los “apoya esta iniciativa” son un germen de división, enemistad y violencia, puesto que presentan una visión muy sesgada de un problema determinado y alinean de forma continua a la sociedad en dos facciones enfrentadas y cada día más irreconciliables de las que se alimentan políticos extremistas, “caciques” sin escrúpulos, charlatanes oportunistas…

Y me da igual el tema: situación en Cataluña, las pensiones, los refugiados, derechas o izquierdas, incluso el fútbol, el medio ambiente, las cuestiones morales o sexuales, las tradiciones o costumbres, el arte o la moda. Actualmente, todo está siendo utilizado para generar bloques enfrentados. Y la razón es la de siempre: dinero y poder. Y es que el enfrentamiento vende mucho más que la reconciliación. Es triste, pero es cierto.

¿La solución? Pues como en todos estos casos: formación. Es fundamental una educación en valores que evite la “borreguización” de la población en este tipo de bloques, que fomente el análisis crítico personal, la cultura como base de conocimiento en la que se fundamente la opinión particular en contra de la imposición de opiniones “comunales”, la atención a las opiniones ajenas más allá de la imposición de las opiniones propias. Pero, desgraciadamente, esa formación está en manos de los mismos que se enriquecen de su desintegración, por lo que no podemos ni debemos confiar en que lo solucionen “desde arriba”.

Pero la formación también puede ser personal. Y es que realmente estoy convencido de que, como individuos, tenemos las armas para combatir con esta lacra. En mi modesta opinión, cuando nos llegue cualquier información polémica, o cuando menos sorprendente, no debemos creerla de inicio, sino que debemos interesarnos y leer sobre la materia antes de tomar una decisión.

Una vez tengamos más puntos de vista sobre el tema, hagamos un ejercicio de negación de la información recibida, de abstracción total y de análisis de dicha información partiendo de una posición libre y sin preceptos preconcebidos.

Incluso creo que es positivo intentar razonar los argumentos de los que previamente hemos considerado el “otro bando”, siendo conscientes de que no hay nada totalmente blanco ni absolutamente negro y, seguramente, tendrán razones que no habíamos tenido en cuenta.

Entonces, y solo entonces, quizá consigamos ser libres y darnos cuenta de que quienes pensábamos que estaban de “nuestra parte”, en realidad, se están enriqueciendo a nuestra costa, se aprovechan de esa división, de esa “parte” que, si lo pensamos bien, no existe, sino que la han inventado y fomentado para su beneficio personal o institucional.

Y sobre todo, debemos estar convencidos de que la razón y la reconciliación, aunque vende menos a corto plazo, son garantías de un futuro infinitamente mejor.

PEDRO J. PORTAL

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Pedro J. Portal | Hacia la España federal

Hace unos días observamos un nuevo “show” en el mundo político español, en este caso en Cataluña, donde parece ser que no se convencen de que las posiciones y las opiniones apenas si varían por más miles de millones que se inviertan en campañas hacia un sentido u otro. De ese modo, en los setenta, y tras 40 años de “por el Imperio y hacia Dios”, en una Cataluña aún inserta en esa doctrina y mentalidad, se decía que existía un 35 por ciento –aproximado– de personas que pensaban que aquella región estaría mejor fuera de una España que no reconocían como propia.



Y tras otros 40 años de “Espanya ens roba”, en una Catalunya inserta en la doctrina y mentalidad opuesta a la anterior, se ha demostrado que sigue existiendo ese mismo 35 por ciento –aproximado también– de personas que siguen pensando que la Comunidad Autónoma estaría mejor fuera de una España que siguen sin reconocer como propia.

Ojo, hablo sobre el total de personas con derecho a voto, sin olvidar a los que han ejercido su derecho de no votar y que, por tanto, no apoyan ninguna opción política en unas elecciones parlamentarias, pero que tampoco apoyan ninguna secesión en unas elecciones convertidas en plebiscitarias por los aislacionistas.

Y entre medias, miles de millones de euros (y aún más, de pesetas) gastados en campañas absurdas, en propaganda, en adoctrinamiento. Y ¿para qué? Pues por lo visto, para nada, para absolutamente nada, al menos nada útil. Realmente no conozco ninguna agencia publicitaria con más recursos a su disposición y menos eficacia en sus medidas que las que utiliza el separatismo catalán, la verdad.

Muchos dirán: “pero tampoco se ha disminuido en el porcentaje de personas que quieren sacar Cataluña de España a pesar de vivir en el siglo XXI y de estar dentro de la Unión Europea”. Es cierto, ese es el otro problema, el del separatismo que genera un centralismo que confunde Madrid con España, el idioma español con el castellano, o la historia de nuestro país con esa “castellanización” que durante el Siglo XIX se implantó en los libros de texto de toda nuestra comunidad escolar, un problema muy serio y complementario al separatismo, porque uno no existiría sin el otro y viceversa.

Por ese centralismo (o “españolidad” mal entendida), en el resto de España no se considera el idioma catalán como español, y en el mejor de los casos se “tolera”. Y según esa “historia castellanizada”, y por poner un curioso ejemplo, a los Comuneros (Padilla, Bravo y Maldonado) se les considera héroes, cuando eran líderes sociales de las “Comunidades de Castilla” que se opusieron al nuevo Rey Carlos I de España, según ellos, monarca extranjero, para defender sus fueros y derechos frente al resto del país; mientras que a Joaquín Casanova se le considera un traidor a la patria, cuando lo que hizo fue enfrentarse en Barcelona al futuro Rey Felipe V para, según su opinión, defender de la invasión francesa a toda España -no sólo a Cataluña- y por la que daría “hasta la última gota de su sangre”.

El caso es que por una cuestión u otra, en Cataluña sigue existiendo un 35 por ciento aproximado de secesionistas que se ven mejor fuera de España que formando parte de nuestro país. Y ese porcentaje ha convertido a la comunidad autónoma en una zona de difícil gobierno, con tantos colores e ideologías que el consenso en cualquier tema, por fundamental o básico que parezca, resulta imposible.

En el “Parlament”, como en cualquier otro parlamento, tienen representación partidos de derecha, de centro, de izquierda y de extrema izquierda, pero multiplicado por dos, es decir, de opción aislacionista o no aislacionista. Además, hay coaliciones de dudoso futuro (“Junts per sí”, con CDC, liberal, junto con ERC, de carácter comunista), u otras de formaciones similares, pero enfrentadas en realidad entre ellas (IU con Podemos y alguna formación residual más).

Pero al margen de los flujos políticos “atomizadores” y “reunificadores” en aquella comunidad, lo verdaderamente importante es que ha sido la primera vez que se ha puesto sobre la mesa de forma absolutamente clara la posibilidad de que una parte de España decida su secesión de forma unilateral.

Y la importancia del tema nos debe hacer reflexionar sobre la verdadera razón por la que todos hayan permitido que se llegue a esta situación, porque no podemos ser ingenuos y pensar que no hay mecanismos suficientes para evitarla. Y en todo este proceso (el real, al margen del “procés”) aparece la reforma de la Constitución y la posibilidad de incluir el federalismo como organización del país.

Aunque como andaluz me duela afirmarlo, el origen de este problema no está en Cataluña, sino en el sur. Me explico: si atendemos a los números y cifras macroeconómicas de nuestro país, Andalucía (y Extremadura y Castilla la Mancha) lleva 40 tan rescatada como lo está actualmente Grecia. Obviamente no de forma oficial, pero sí mediante esa “solidaridad” interregional tan mal utilizada en nuestra tierra por quienes la han gobernado durante estas cuatro décadas.

Son miles de millones de euros que han venido al sur, procedentes del norte, y que apenas han servido para tener ciertos privilegios sociales cubiertos, pero de ninguna forma para generar riqueza, es decir, para aumentar el tejido industrial, comercial, productivo, sino para engordar instituciones públicas, auténticas devoradoras de presupuestos.

Ojo, y no caigo en la zafiedad de la corrupción, tema muy mediático y que, a pesar de existir y ser intolerable, no ocupa un porcentaje muy alto del PIB regional. Es la mala gestión general y no la corrupción la que hace que el sur siga a años luz del norte a pesar de haber recibido muchos más millones de los que la UE ha invertido en Grecia para el rescate de aquella nación.

¿Qué el norte fue beneficiado otrora? Sí, por supuesto, el triángulo Euskadi, Cataluña, Madrid fue el gran beneficiado por los gobiernos de los últimos 150 años, pero eso no debe ser ninguna excusa cuarenta años después de la llegada del “borrón y cuenta nueva” que supuso la Transición.

Pongamos un ejemplo: una familia con 17 hijos (tantos como comunidades). Los padres, sabiendo que no pueden asegurar los estudios de todos ellos, deciden pagar la carrera a los tres mayores, con la condición de que éstos se la paguen a los más pequeños. Pues bien, 40 años después de que los primeros comenzaran a cumplir con dicho trato, los más pequeños gastan el dinero que aportan los mayores en comodidades y caprichos, sin aprovechar nada para estudios y formación.

Imaginemos que uno de los mayores (Euskadi) consigue un trato con los padres de modo que no aporta dinero, sino que sólo paga el alquiler de su habitación y la parte alícuota de comida, luz y otros gastos. Si otro de los mayores (Cataluña) comprueba que este hermano vive mejor que él, y aún más si necesita el dinero porque se ha visto envuelto en problemas de malas compañías y deudas que debe afrontar, es lógico que plantee ese mismo trato a sus padres, y que si no lo consigue, amenace con marcharse del hogar.

Es un ejemplo muy prosaico, pero creo que muy ejemplar, que muestra la realidad de nuestro país en cuanto al reparto económico y a lo injusto de la “solidaridad” cuarenta años después de su implantación. Tenemos comunidades que llevan aportando más que las demás desde hace 40 años, otras que tienen su propia “hacienda” y sólo pagan los servicios ofrecidos por el Estado y otras más que llevan viviendo oficialmente de “la sopa boba” durante ese tiempo. Ojo, “oficialmente”, es decir, gubernamentalmente, no hablo de sus habitantes, tan trabajadores y sacrificados como cualquier otro.

¿Y qué soluciona el estado federal? Pues que todas las comunidades gestionen al completo sus finanzas, tal y como lo hacen Euskadi y Navarra, con una especie de Hacienda propia. En realidad, con el federalismo se terminaría la “solidaridad” y cada comunidad debe afrontar su realidad sin esperar ningún esfuerzo por parte de las demás, más allá de alguna ayuda puntual por causas determinadas. ¿Y a quién beneficia? En un principio, al conjunto de España, porque se evita que unas comunidades vivan a costa de otras, lo que evita el derroche y redunda en el beneficio global.

En cuanto a los perjudicados, obviamente perjudica al sur, en especial a ese conglomerado generado tras 40 años de gobierno casi perenne (o perenne en el caso de nuestra Andalucía), que se quedaría sin ese flujo monetario continuo. Pero sólo en primera instancia, me explico: confío en nuestras posibilidades, ya que somos regiones ricas en recursos y capital humano, lo que un primer momento difícil podría suponer la activación de su crecimiento, pero por supuesto, al margen de estas políticas derrochadoras, populistas y demagógicas que llevamos soportando durante cuatro décadas.

Entonces ¿por qué Pedro Sánchez, del PSOE, aboga por este modelo? Pues porque seguramente debe estar pactado con el resto de partidos y porque elimina de un plumazo a su gran rival en el partido, Susana Díaz, quien cayó en la trampa de apoyar este modelo simplemente porque sonaba a “nuevo” en su última campaña. Dudo que sin la “solidaridad” del resto de España, el gobierno andaluz sobreviva una sola elección más sin una gestión realmente eficaz y eficiente de nuestros recursos.

¿Y el PP? Obviamente se beneficia de un posible cambio político en Andalucía y otras comunidades del sur, además de que, como he dicho antes, seguramente lo han pactado con el resto de partidos. Pero no pueden defenderlo sin más, porque perdería el voto en toda España de esa facción “conservadora” que aún recuerda el “antes de ayer” de la política española.

Ahí entra la cuestión catalana, creando el marco adecuado para que lo puedan vender como “un mal menor” que conserve la unidad de España, aún a costa de un cambio de orden político. Además, y no es desdeñable, tendrían la oportunidad de desnudar el posible fondo sentimental de los separatistas abogando que todo es, en definitiva, cuestión de dinero (“la pela es la pela”).

Los nacionalistas, en su huída hacia adelante como solución a la crisis, se han metido en un lodazal de difícil solución, puesto que han caído en las garras del extremismo más absoluto, y buscan como locos una salida honrosa. Y el federalismo pudiera ser dicha salida. Claro que inmediatamente pedirían una Confederación de Estados, un pasito más al Estado Federal, no sea que el votante confunda esa derecha nacionalista (Convergencia o PNV) con el PP, por favor.

¿Y los extremistas de ERC o partidos similares? Bueno, han tenido sus quince minutos de gloria, y a fe que lo han aprovechado, pero se les acaba el cuento. Pasarán a ser, de nuevo, lo de siempre: minoría residual que se bate entre mentiras históricas y supuestas utopías de difícil realidad. Y desde luego que viven muy a gusto en esa posición.

En definitiva, creo que tras lo de Cataluña, hemos entrado en el capítulo final de una historia que se inició hace años, en el desenlace de un tema que siempre estuvo encima de la mesa: la federalización de España. Este tema será estrella en la campaña electoral para las Generales y traerá mucha cola tras ellas, gane quien gane. Tiempo al tiempo.

PEDRO J. PORTAL

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Orgullo gay tardío

Muchas décadas de reivindicaciones, de lucha contra leyes injustas, de concienciación de la sociedad, han servido para que el Día del Orgullo Gay se convierta en España en una fiesta, una celebración sin más ánimo reinvindicativo que el social, es decir, el de seguir ahondando en la naturalidad con la que, por fin, se trata este tema en nuestro país. Sí, ya sé que también se aprovecha para que algunos lancen proclamas destinadas a “atizar” al Gobierno, o a aquellas instituciones más conservadoras que siguen sintiéndose como adalides de la ética y de la moralidad. Pero eso es secundario, porque la realidad es que actualmente no existe ninguna ley que discrimine al homosexual en España, y la sociedad, en general, va tratando este tema, cada día más, con la naturalidad que lo merece.



Obviamente, y más en un país democrático donde la libertad de expresión es un derecho, existirán personas o colectivos que consideren la homosexualidad como una desviación de lo “éticamente correcto” o, incluso, como una enfermedad que aleja al gay de las directrices de la naturaleza: la procreación y la perpetuación de las especies.

Pero cada día son menos y, por supuesto, en un marco de tolerancia en ambos sentidos, también debemos respetarlos, puesto que están en su derecho de opinar lo que les venga en gana, siempre y cuando sus manifestaciones no sean de carácter violento o discriminatorio (aunque la propia concepción de “enfermedad” o “incorrección” ya lo sean). No debemos olvidar que, como en todo ámbito de opinión, los demócratas debemos utilizar el argumento y no la descalificación o la burla para rebatir aquello que no compartamos.

Volviendo al secundario carácter reivindicativo que tiene ya esta fiesta, ojo, no quiero que se me malinterprete: sí que existe una reivindicación por parte de muchos homosexuales. Pero es precisamente la que se nos olvida: el propio deseo por parte de todos de que el Día del Orgullo Gay deje de ser necesario, es decir, que se consiga que el homosexual deje de ser el gracioso de las fiestas, quien deba dar muestras de tolerancia por estar en un grupo... que, en suma, deje de ser tomado como gay para empezar a ser considerado persona a todos los niveles, sin plantearse con quién se pudiera acostar. Entonces se habrá conseguido el objetivo máximo que se inició con aquella lejana lucha que comenzó hace tanto tiempo y, por tanto, será innecesaria y obsoleta la celebración de este día y estos discursos habrán pasado a la historia.

En cuanto a la homosexualidad en sí, no soy fisiólogo, ni psicólogo, ni especialista en comportamientos animales o humanos, por lo que no voy a sentenciar nada sobre la sexualidad en el Reino Animal vs. sexualidad del hombre. Según mi humilde opinión, la homosexualidad es una condición y/o una decisión de la persona, y en ambos casos es totalmente respetable.

Aquellos gais que lo han sido desde siempre lo son por propia condición sexual, no han podido elegir, al igual que ninguno de nosotros, la atracción por el sexo de igual o diferente género. La homosexualidad es parte de ellos y, por tanto, nadie tendría por qué condenar o menospreciar dicha condición. Sería como hacerlo sobre la altura, la belleza o el color de la piel.

También puede tratarse de una simple elección, es decir, una práctica sexual elegida tras comprobar qué actividades “íntimas” ofrecen más placer o son más atractivas. Igualmente respetable por el propio derecho a decidir libremente, aunque también valorable desde el punto de vista ético o psicológico, dentro de cuestiones como el abandono del amor por la búsqueda del placer o la conquista de aquel a través de éste. Ahí entraríamos en un campo tan amplio como tortuoso, y en el que, por ignorancia y, por qué no decirlo, aburrimiento, prefiero no entrar, al menos en el artículo de hoy.

Por mi parte, conozco muchos homosexuales con más “hombría” que muchos “becerros” que van mostrando cuán machos pretenden ser. Obviamente, la definición de “hombría” es la que muestra el DRAE y que procede de tiempos pretéritos de nuestra historia y literatura (“Hombría: cualidad buena y destacada de hombre, especialmente la entereza o el valor”), es decir, aquellas cualidades basadas en el honor, el valor, la madurez, la coherencia o la justicia. Obviamente, estas cualidades no son exclusivas de los hombres, por supuesto, pero tampoco quiero que este artículo verse sobre los complicados senderos del feminismo en la España del siglo XXI.

El caso es que, sea como fuere, este pasado sábado fue una jornada festiva en la que los homosexuales manifestaron su orgullo de serlo porque, aunque desgraciadamente aún deben hacer ese tipo de manifestaciones, las llevan mediante actos festivos y alegres, lo que, viendo lo visto, es muy de agradecer y hasta de aplaudir.

Y eso a pesar de que unos políticos chuscos y mediocres hayan intentado instrumentalizar la jornada para seguir en su eterna –y aburrida– campaña electoral. Como bien sabemos, diversos ayuntamientos como los de Madrid o Córdoba amanecieron con una gran bandera multicolor en su fachada, sin saber bien la razón de tal “adorno”, porque, como he dicho antes, el carácter reivindicativo en lo político y legal, felizmente, es secundario o ha desaparecido.

El oportunismo ha sido tan evidente que todos hemos visto lo que estos políticos realmente pretendían hacer: utilizar esta jornada festiva para asegurarse algunos votos, poniéndose la medallita de algo que no les corresponde a ellos, sino a los homosexuales que, durante décadas, han luchado para dejar de ser discriminados por las leyes y la sociedad.

De hecho, esos ayuntamientos estuvieron gobernados hace años por las mismas formaciones (o similares) que hoy dirigen sendos Consistorios, sin que jamás hicieran una ostentación progay similar. Y era entonces, en los difíciles años setenta u ochenta, cuando debieron hacerlo. Era entonces cuando debieron apoyar unos derechos fundamentales que entonces no se respetaban; era, en aquellos años, el momento de colocar la bandera multicolor. Hoy, señores políticos chuscos, hoy es fácil hacerlo. Hoy sólo queda como un adorno. Hoy, en definitiva, ya es tarde.

PEDRO J. PORTAL

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Pactos

“Pactos”, maravillosa palabra muy valorada en cualquier sociedad y que significa, literalmente y según el DRAE: “Concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado”. Todo pacto, por tanto, conlleva un acuerdo entre dos partes, algo muy democrático y siempre positivo. Pero como dijo alguien, cualquier término que se una a la palabra “político”, inmediatamente se ensucia y pierde cualquier valor ético, moral o sentimental. Incluso “madre”, en cuanto le colocamos la palabra “política”, se convierte en “suegra”, con todo lo que ello conlleva.



De hecho, con el comportamiento de sus protagonistas, el propio concepto “política” ha perdido su significado, originariamente: “gobierno de la ciudad” y con connotaciones relacionadas con la búsqueda del bien común de los ciudadanos más allá del beneficio personal.

Muy al contrario del origen positivo de ambos términos, los “pactos políticos” que estamos viviendo en los últimos días huelen más bien a “apaño” en cuanto al simple y puro reparto del poder entre las diferentes “castas” políticas. Alguien dijo que cualquier mayoría absoluta era perversa y perniciosa para la sociedad. Y aunque esa percepción aumenta o incluso desaparece para cada uno según qué color tenga esa mayoría absoluta, no le quito la razón, ni mucho menos.

Las, hasta el mismo día de las elecciones, formaciones democráticas y cercanas, se convierten en auténticos rodillos cuando alcanzan tan soñada mayoría, se alzan como organizaciones rocosas e impermeables a cualquier crítica o protesta.

Cierto, las mayorías absolutas, visto lo visto en la mediocridad política que nos rodea, no es lo más positivo para la democracia. O dicho de otra forma: el modo de gobierno más democrático es el de “mayoría minoritaria”, es decir, aquella que obligue al gobierno (habitualmente la formación más votada) a acuerdos continuos y puntuales con el resto de partidos a la hora de legislar el país, la comunidad o el núcleo urbano.

Pero si perniciosas son las mayorías absolutas que surgen de las urnas y por deseo expreso de la sociedad, peores son las mayorías absolutas que se crean a espaldas de esas urnas, por pactos políticos muy poco claros y que persiguen el reparto del poder o la “vendetta” partidista mucho más allá del bien para el pueblo que ha votado.

Porque no nos engañemos, no seamos tan ingenuos como para caer en las trampas de las televisiones: los pactos hacen “mayorías absolutas” más allá de la decisión del pueblo e impiden esos gobiernos “minoritarios” que tan beneficiosos son para la propia democracia.

Para poner en duda la bondad democrática de esos pactos de legislatura, partamos de que en unas elecciones no se vota a una persona, ni siquiera a un grupo de personas; en unas elecciones se vota un programa, es decir, una serie de propuestas de gobierno.

De hecho, no sólo es absurda la excusa de “listas abiertas” con la que atacan algunos políticos ávidos de buscarse “sitio político”, pero faltos de imaginación y de conocimiento de su propio trabajo, sino que en las elecciones no debería aparecer ningún nombre, ninguna lista, bastaría con que apareciera el logo del partido político en una papeleta.

Debería darnos igual qué personas desempeñarían la representatividad del voto (central, autonómico o local), porque deberían ceñirse a la defensa del programa electoral. Punto. Es más, incluso deberíamos dar un paso más y eliminar esos carísimos parlamentos en los que los señores “escañoparlantes” sólo se dedican a apretar un botón para decir “sí” o “no” o a aplaudir o a abuchear al rival, pero que casi nunca proponen, ni debaten nada.

Bastaría con que se le diera un coeficiente multiplicativo a cada formación, de modo que se le aplicara el número de diputados que le correspondería al voto de cada uno de los responsables de los diferentes partidos según la propuesta debatida.

Así, además de ahorrarnos unos pocos millones de euros en sueldos, dietas y otros gastos, evitaríamos las vergonzantes peleas internas de cada partido para entrar en determinada posición de cada lista. Y en el fondo, con la absurda “disciplina de partido” es lo que se hace en realidad: cada señoría vota lo que el partido dicta. Punto.

Pero esta no debería ser la única reforma, ni mucho menos. Con las votaciones descritas se determinaría el Poder Legislativo, es decir, el porcentaje de representatividad de cada partido en los parlamentos o ayuntamientos. Aún quedaría dirimir quién desempeñaría el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno.

Porque esa es otra: todos sabemos la diferencia del Poder Judicial con respecto a los otros dos, aunque nadie confíe plenamente en su independencia, pero cuesta mucho trabajo diferenciar el Ejecutivo del Legislativo, porque en la práctica son lo mismo, desvirtuando con ello la propia Democracia.

Y la mayor representación de esa confusión es la “bancada azul” del Gobierno en el Parlamento de los Diputados. No entiendo que esté presente en el Parlamento ninguna persona que, según el actual sistema electoral, no haya sido elegida por los ciudadanos. De hecho, la famosa “bancada azul” de nuestro Parlamento representa la mayor injerencia de un poder (Ejecutivo) en otro poder (Legislativo).

A mi modo de ver, dicha confusión se resolvería con una segunda vuelta, una vez determinado el porcentaje de representación de cada partido, para que el pueblo votara entre las opciones más votadas (según un porcentaje mínimo) quién debería ejercer el Gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo. Esta vez sí, se votaría a la persona o grupo de personas, no a las ideas o programas, que ya estarían definidas en la elección primaria.

Así evitaríamos los lamentables “mercadeos” de favores que hemos visto en los últimos días, en los que partidos con programas políticos absolutamente opuestos han unido fuerzas para repartirse el poder a espaldas del pueblo. Estos “pactos políticos” significan la renuncia por parte de cada formación política de lo que han votado los ciudadanos, es decir, los programas, las líneas de actuación, los objetivos y metas preferenciales publicitadas en las campañas electorales. En definitiva, constituyen una gran mentira en un gran teatro donde las “castas” se reparten el poder y la gestión del erario al margen del pueblo y de las promesas que les hicieron durante la campaña.

En definitiva, si queremos una Democracia sana, debemos cambiar el sistema electoral, pero no con la sandez de las listas abiertas, que no mejoraría en nada la situación, sino con una doble vuelta: la primera para determinar el Poder Legislativo (porcentaje de representación en cada Parlamento o Ayuntamiento) y la segunda para determinar el Poder Ejecutivo (el equipo de personas que deben asumir la tarea de gobierno).

PEDRO J. PORTAL

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