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7 de mayo de 2015

  • 7.5.15
¿Había alguien, hace poco más de un mes, que dudase de que las elecciones autonómicas andaluzas las ganaría el PSOE? Con total seguridad, no. Las encuestas eran todas muy clarificadoras y hasta el propio Partido Popular asumía internamente la derrota y la pérdida de escaños. Con ese horizonte aparecían dos nuevas formaciones políticas, Ciudadanos y Podemos, a las que todas las opiniones daban como llave para la toma de decisiones parlamentarias, e incluso de gobierno, una vez Susana Díaz accediese a la Presidencia de la Junta.



No eran estos dos partidos los culpables de la victoria socialista, sino que la misma era consecuencia, por una parte, de la decisión mayoritaria de los andaluces, guste o no, y, por otra, del hundimiento del PP, lastrado por la inoperancia de sus dirigentes andaluces y la ausencia de un liderazgo sólido y capaz de comunicar con el pueblo.

Ante una perspectiva así, el mejor escenario posible era el de una mayoría relativa para los socialistas –lo cual se ha producido– y la presencia significativa de los partidos de Rivera e Iglesias que modulasen, en un sentido o en otro, las políticas a aplicar.

Era el paisaje que todo sistema democrático desearía para él. Ausencia de mayorías absolutas y campo abierto para el acuerdo –principio básico de la democracia– con el que ampliar el abanico de propuestas y medidas a poner sobre la mesa de la toma de decisiones.

Pero hete aquí que la realidad dista mucho de lo ideal. Que la visceralidad se apodera de la lógica. Que el rencor triunfa sobre la razón. Que el electoralismo apabulla a la gobernabilidad. Y que el dogmatismo pisotea a la libertad de elección. Y es que algo así está sucediendo en Andalucía y fuera de ella.

Se está utilizando la posibilidad de un acuerdo de investidura –no lo olvidemos, sólo de investidura, de dejar, sin apoyar, que quien debe ocupar la Presidencia de la Junta la ocupe– para fines espurios, alejados de la realidad, viscerales, vengativos, electoralistas y dogmáticos. He llegado a leer por las redes sociales opiniones como que "obliguemos a que se celebren nuevas elecciones y el pueblo castigue más a los socialistas por no llegar a acuerdos con nadie".

Opiniones como ésta –las hay muchas– que ni valoran el coste económico de un proceso electoral –antes de que se celebrasen, Rajoy obligaría al PP-A a abstenerse–, y están tan vacías de contenido real como para no reconocer que ni el pueblo castigó al PSOE el 22 de marzo, a pesar del caso ERE, de los fraudes y de la corrupción, y que en una nueva contienda electoral vete tú a saber si con el bajón de Podemos y el escaso tirón del candidato popular no obtendría entonces la mayoría absoluta.

Que Susana Díaz es populista, por descontado. Que de los socialistas andaluces no cabe esperar una regeneración, por supuesto. Que se ha instalado un régimen en nuestra Comunidad, nadie lo duda. Pero la realidad es la que es y no aceptar el resultado de las urnas sólo tiene un nombre: golpismo intelectual.

Sé que en la situación contraria –habiendo ganado con mayoría simple el PP–, los socialistas, como han demostrado, no respetarían la lista más votada, pero ello no puede llevarnos a asentarnos en la ingobernabilidad de Andalucía, sino que debe movernos a buscar fórmulas por las que hacer más plural la toma de decisiones, sometiendo al PSOE a gobernar desde el acuerdo y no por la imposición.

Lo leía también. Posiblemente sólo con el acuerdo de investidura Ciudadanos lograría para Andalucía más de lo que haya podido lograr el PP en treinta años de oposición. Y sería sólo el principio. No es entrar en el Gobierno, no es confundirse con los socialistas, no es venderse por cuatro sillones, como ya hicieran en su día PA e IU –y así les fue–; no es traicionar a sus electores –las críticas de otros ya sabemos que son claramente oportunistas–. Es, simplemente, hacer lo que debe hacerse. Intentar modular las políticas socialistas en el sentido que demanda la ciudadanía y de acuerdo al propio programa electoral de Ciudadanos.

¿Que ello habrá que saber explicarlo? Pues sí, pero no tengo nada claro que haya quienes admitan explicaciones, cegados por aquello de "o conmigo, o contra mí". Las sociedades se construyen sobre la base de la paz, del entendimiento, de la cesión mutua, de la lógica y la razón y Andalucía necesita de ello, por mucho que bastantes pensemos que el PSOE-A, por sus tropelías, no se merezca ser escuchado.

ENRIQUE BELLIDO

16 de abril de 2015

  • 16.4.15
Urge Susana Díaz a que los partidos de la oposición se sumen al proceso de investidura de ella misma como presidenta de la Junta. Y lo reclama desde la "responsabilidad", desde el aparcamiento de "estrategias", a fin de que Andalucía cuente con un nuevo Gobierno. Ahora le entran las prisas a la lideresa del PSOE, una vez que errara en sus cálculos y la cómoda situación de la que gozaba, con una Izquierda Unida sometida a sus deseos, se haya convertido en un auténtico jeroglífico, complejo de descifrar.



Llama la atención tanto aldabonazo a la cordura cuando su partido no quiso respetar, en 2012, la victoria electoral del PP, impidiendo que gobernase la lista más votada. Y resulta ciertamente hilarante que pida que se dejen al margen las estrategias de partido cuando ella misma las ha practicado y las sigue practicando con el resto de fuerzas a la hora de negociar algún tipo de acuerdo.

Claro que hay estrategias. Es más, es necesario y obligado que las haya. Lo que no puede suceder es que por elevar a la señora Díaz a su cargo de presidenta, el resto de partidos rompan sus compromisos electorales y pierdan la credibilidad de sus bases.

Y en esta estrategia hay tres elementos fundamentales. Por una parte, alcanzar un pacto contra la corrupción que además de eliminar de la esfera institucional a quienes ahora están imputados, establezca nítidamente las bases legales para perseguir a los corruptos. No aquella anunciada y electoralista Oficina contra la Corrupción, sino una serie de medidas que garanticen la transparencia de la gestión pública y penalicen con dureza las conductas que se aparten de ella.

Por otra, llegar al acuerdo de respetar que en las próximas municipales y futuras autonómicas gobierne la lista más votada. Por último, una reforma de la Administración pública que elimine de una vez por todas la Administración paralela, hoy existente en casi todos los sectores, a través de empresas públicas, fundaciones, consorcios, etc. En base a ello podría llegarse al acuerdo de permitir la investidura de la candidata socialista y, según mi opinión, solo en base a ello.

A partir de ahí, le queda a Susana Díaz el largo calvario de una Legislatura en la que habrá de consensuar todo tipo de leyes y medidas parlamentarias, entre ellas la Ley de Presupuestos, y que demostrará su capacidad o falta de valores para dirigir una Comunidad Autónoma que se ha mostrado en su más amplia diversidad y que, por tanto, necesitará no de capotazos con la mano izquierda para torear los problemas, sino de una muy seria faena de muleta que contente a la mayoría.

¿Quién dará el primer paso para el acuerdo? Está claro que el primer paso lo deberá dar la candidata a presidir la Junta. No sólo citándose con los máximos dirigentes del resto de partidos, sino haciéndoles llegar propuestas concretas que cubran sus expectativas y permitan justificar un cierto nivel de apoyo.

Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, que son quienes pueden garantizar la investidura, se van a mantener sumamente cautos a la hora de hacer su primer movimiento, lo que resulta del todo lógico. Máxime teniendo en cuenta que en mayo se enfrentan a unas trascendentales elecciones municipales y otras muy importantes autonómicas, en las que el elector fijará sus puntos de referencia en los posibles pactos andaluces a la hora de confiar su voto a unos y a otros.

Con ello debía haber contado Díaz también. En cualquier caso, esto es política y dado que no gozamos de una nómina demasiado amplia de buenos políticos, habrá que confiar en que los existentes sepan superar con dignidad este trámite.

Mientras, en el Partido Popular se recrudecen las disensiones internas que no son sino la expresión de la falta de democracia orgánica que padece nuestro sistema de partidos. Se calla en la victoria y se disiente en la derrota cuando lo lógico sería hablar en ambos casos.

Se lucha por hacer valer protagonismos y posiciones personales cuando se debería trabajar por aunar esfuerzos colectivos en aras de conseguir objetivos comunes. La cuestión no debería ser la búsqueda de culpables por la derrota en Andalucía, sino el cambio de actitudes que nazca de los errores cometidos.

Mucho me temo que aunque de la última Junta Directiva nacional saliese un mensaje de unidad, este distará mucho de la realidad porque el ejercicio de autocrítica interna apenas ha tenido cabida. Duros momentos para la política, y mucho más duros lo serán para los ciudadanos si sus representantes mantienen la máxima de Paul Valéry: "La política es el arte de impedir que la gente se entrometa en lo que le atañe".

ENRIQUE BELLIDO

1 de abril de 2015

  • 1.4.15
Creo que, desde fuera, desde los politólogos hasta los generadores de opinión, pasando por los más variados comentaristas y algunos políticos pertenecientes al grupo de "lo importante es que salga a pesar de las sandeces que diga", todo está dicho sobre los resultados electorales del pasado 22 de marzo en Andalucía. Sin embargo, quiero sumar desde estas páginas mi opinión como persona que ha estado muy ligada a la política y que cree conocer la estructura orgánica de los partidos y también el funcionamiento de las instituciones parlamentarias. Además, en este caso, he participado en alguna medida de la campaña de Ciudadanos-C's en Córdoba.



En más de una ocasión, durante estos quince días, he comentado con candidatos y afiliados la diferencia abismal existente entre la campaña electoral de los hasta ahora tres grandes partidos de Andalucía (PP, PSOE e IU) y la llevada a cabo por C's.

Abismal por muchos motivos. No es lo mismo presentarse en un pueblo de la provincia buscando el mercadillo de turno en el que ofrecer, a quienes lo admiten, un simple díptico y, a lo sumo, un globo naranja, sin referencia local alguna, que contar con toda una infraestructura orgánica y hasta municipal en la que apoyarse a la hora de organizar actos de mayor envergadura o, lo que es más importante, mantener un cierto nivel de actividad durante toda la campaña. Sólo el esfuerzo de unos cuantos, con Isabel Albás a la cabeza, ha logrado estar presente, aunque sólo fuese un día, en gran parte de los pueblos cordobeses.

Enorme diferencia en lo económico. Mientras el resto de fuerzas políticas, incluida Podemos, contaban con presupuestos más que razonables para atender las necesidades de una campaña, Ciudadanos ha debido bastarse con la exclusiva voluntad de sus integrantes a la hora de realizar su actividad, la ausencia de medios materiales tipo cartelería, vallas publicitarias, anuncios en prensa, radio y televisión, buzoneo de candidaturas, etcétera, siempre determinantes a la hora de hacer llegar al ciudadano no sólo las propuestas sino también, como sucede en el caso de esta formación política, la existencia de una alternativa que hasta ahora desconocían.

Brutal diferencia, diría yo, en el tratamiento que los medios de comunicación han dado a C's con respecto a los tres partidos representados en el Parlamento andaluz, e incluso, cabe decir categóricamente, a Podemos, relegando a Ciudadanos a una mera opción marginal, anecdótica muchos días y sin posibilidad de hacer llegar su mensaje a la población.

Y, por supuesto, gran diferencia con respecto a la experiencia de aquellas tres fuerzas políticas, debiendo inventar día a día una campaña que prácticamente nadie había realizado con anterioridad.

Por ello que la parlamentaria conseguida en Córdoba y los nueve que se han logrado en toda Andalucía, representen mucho más que unos dígitos y la seguridad de contar con grupo parlamentario propio. Representan un éxito que de extrapolar a circunstancias más igualitarias hubiera alcanzado el calificativo de "único" en la reciente historia de nuestra democracia.

A partir de ahí se ha de empezar a tomar decisiones. La debacle sufrida por el PP, que deberá asumir como propia Javier Arenas –situado en un oscuro e inexplicable cuarto lugar de la lista de Almería–, así como Rajoy y Sáenz de Santamaría por secundar la voluntad del andaluz, y el hundimiento de IU –lógico tras compartir cama y mantel con los socialistas en el Gobierno–, deja dos únicas posibilidades de estabilidad parlamentaria o legislativa: el acuerdo entre PSOE y Podemos o aquel otro entre socialistas y Ciudadanos.

El desenlace real no creo que se produzca antes de las municipales, pero, en todo caso, se hará necesario un acuerdo que ofrezca un cierto nivel de estabilidad en nuestra comunidad. No lo será de gobierno pero sí parlamentario y, posiblemente, no se trate de acuerdos globales sino puntuales que, en cualquier caso, deberán hacerse patentes en la aprobación de Presupuestos.

Ciudadanos se juega mucho, muchísimo, en este envite y yo espero que la cordura expresada hasta ahora por su presidente, Albert Rivera, tenga plasmación en los diálogos que obligadamente deben establecerse, ya que el próximo objetivo no son sólo las municipales y autonómicas del 24 de mayo, sino las generales de final de año y todos los focos estarán puestos en las decisiones que se adopten en Andalucía.

ENRIQUE BELLIDO

11 de marzo de 2015

  • 11.3.15
"Lo que no caben en mi partido son personas que dicen no al aborto". Así de tajante y autoritaria se manifestó hace unos días la vicepresidenta primera del Congreso, exministra de Sanidad, exmilitante comunista y esposa de Pedro Arriola, asesor mayor del Partido Popular, Celia Villalobos. ¿Qué quieren que les diga? Esta mujer o es una necia o, simplemente, una friki o, como me parece a mí, alguien que ha venido a la política a hacer caja y para ello necesita de la extravagancia en ausencia de otros valores de mayor entidad.



Porque no hablamos ya de que Villalobos esté o no de acuerdo con el aborto, que lo está, sino de lógica: de lógica política que ella parece desconocer. Díganme si no hacia qué opción política se dirigen mayoritariamente los votos de la derecha conservadora, cercana, la mayoría de ella, moral y religiosamente a la Iglesia católica y sus postulados con respecto al derecho a la vida del no nacido.

Su marido, el sociólogo de cabecera de Aznar y Rajoy, lo tiene que tener más que estudiado y sabrá –debe ser que entre ellos hablan poco– que ese voto es un voto del Partido Popular, atraído por el modelo socioeconómico que defiende esta formación política y, desde las últimas elecciones de 2011, por el compromiso que Mariano Rajoy estableció con los electores en el sentido de modificar sustancialmente la Ley del Aborto aprobada durante el mandato de Rodríguez Zapatero.

Compromiso, por otra parte, que le costó el cargo a Alberto Ruiz-Gallardón al no coincidir con las tesis electoralistas del Gobierno, que optaba por no perder votos por la izquierda, en la seguridad de que los de la derecha los tenía garantizados, manteniendo el texto legal vigente.

Por ello que la sentencia de Celia Villalobos, que debe coincidir plenamente con la del Gobierno del PP al no haber salido inmediatamente a desmentirla, no represente sino un ataque frontal a muchos de sus electores con tal de, en una cadena de la oposición como es La Sexta, quedar como progresista en una materia en la que queda muy en duda que defender el aborto represente un signo de progreso.

Pero no quisiera quedarme sólo en el dislate de Villalobos, la cual arrastra un largo historial de despropósitos que debieran inhabilitarla para ocupar el puesto que ocupa. Me gustaría entrar a valorar, o simplemente a dejar unos apuntes, sobre la dificultad que encierra emitir hoy en día nuestro voto cuando coincidiendo plenamente con una formación política en ciertos aspectos no lo hacemos, de manera frontal también, en otros y no encontramos alternativas. Y ello pasa con el tema del aborto.

Ninguno de los partidos con algún nivel de implantación en el territorio español, ya sean municipios, comunidades autónomas o Estado, establece en sus programas la derogación de la actual ley o, lo que es lo mismo, se posiciona en contra del aborto.

Sin embargo, aunque la izquierda lo tenga más fácil a la hora de votar, dado que la coincidencia de sus votantes en el programa económico y social y en el tema que nos interesa es amplia, el centro derecha lo tiene mucho más difícil al plantearse la disyuntiva entre ambas materias: modelo de sociedad y derecho a abortar.

De ahí que hasta ahora, y muy gráficamente, sectores de la derecha hayan optado por "taparse la nariz" al votar al PP, sabedores, como lo son, de que con su voto apoyan también el aborto, algo que va contra sus propios principios morales. Por ello el error estratégico de la Villalobos y, cómo no, esa dualidad indefinida y engañosa en la que se mueven algunos con tal de ganar votos.

En todo caso, ¿por qué optamos? ¿Por apoyar un proyecto educativo, económico, legislativo y social que coincida con nuestras aspiraciones, o por mantenernos en la abstención, el voto en blanco o el apoyo a partidos minoritarios con nula capacidad de éxito –como es el caso de VOX–, en la defensa de nuestros propios principios morales o religiosos?

La respuesta no es sencilla de llevar a la práctica, aunque inaceptable es que nadie, por mucho Villalobos que se sea, venga a hacer demagogia con este asunto o a establecer líneas rojas que no puedan atravesarse.

ENRIQUE BELLIDO

29 de enero de 2015

  • 29.1.15
El 30 de enero de 2012, José Antonio Griñán firmó el decreto de disolución del Parlamento de Andalucía, convocando con ello elecciones autonómicas para el 25 de marzo de ese mismo año. Justo tres años después, su sucesora en el cargo, Susana Díaz, lleva a cabo un adelanto electoral, previsto desde hace un año, pero que ha buscado enmarcar en un contexto electoral que pudiese beneficiar –o perjudicar menos– tanto a la candidata socialista como a su propio partido.



No, no es una convocatoria electoral anticipada para dar estabilidad a Andalucía. Eso lo sabe muy bien la señora Díaz aunque por su licenciatura en demagogia política pretenda convencernos de lo contrario.

La argumentada estabilidad ya nació viciada cuando en marzo de 2012 pasaron a ocupar el Gobierno de la Junta los dos partidos que perdieron los comicios de entonces: PSOE e IU. Y se envició del todo cuando el candidato socialista que se presentó a ellas desoyó el mandato de los andaluces, haciendo mutis por el foro y, sin convocar nuevas elecciones, nombró a dedo a quien hoy ocupa despacho en el Palacio de San Telmo.

Y vicios, lo que se dice vicios, los ha habido a montones si tenemos en cuenta la desvergonzada trama urdida en torno a los fondos europeos y los programas de formación, dificultando la labor de la jueza instructora con comentarios poco afortunados –yo diría que malintencionados– del propio consejero de Justicia del Gobierno de Díaz.

A partir de ahí la cuestión estaba en que la presidenta se diese a conocer y para ello necesitaba contar, durante un tiempo, con la complicidad de Izquierda Unida, algo que no le costó alcanzar dada la necesidad que sus componentes tenían de mantenerse en los cargos que ya habían alcanzado en su pacto con Griñán, algo que, con toda certeza, los va a llevar a un nuevo hundimiento electoral.

Desde el 5 de septiembre del 2013, Susana Díaz ha tenido tiempo suficiente para que los andaluces conozcan quién es –cómo es ya resulta un poco más difícil– ofreciéndoles, con listeza, aquello que un sector de Andalucía quería escuchar, a la vez que asumiendo un desproporcionado reconocimiento en un PSOE a nivel nacional que, además de encontrarse huérfano de dirigentes, vive momentos de cainismo extremo en el que se sientan a la mesa incluso los dirigentes históricos.

Lo cierto es que, como tenía previsto, se ha deshecho de IU, rebajándolos incluso hasta la situación de tener que pedir perdón, a la vez que haciéndose con parte de aquellos votos que la coalición no pierda en dirección a partidos radicales de izquierdas.

No contaba, eso sí, con la aparición en escena de Podemos y el papel real que pueda jugar en Andalucía, al margen de intentar eliminar la Semana Santa de Sevilla. Por ello la inmediatez de la convocatoria –la podía haber aplazado a septiembre– intentando evitar que los de Pablo Iglesias se organicen, que son quienes en verdad pueden hacer peligrar su victoria.

En cuanto al Partido Popular, sabe que tiene un contrincante extraparlamentario, escasamente diferenciado de su antecesor, Javier Arenas, y que no ha conseguido penetrar en el grado de conocimiento de quienes no representan el voto fiel de la derecha, por lo que mientras antes se convoque a urnas, menores serán las posibilidades de darse a conocer.

Y otra de las incógnitas se le situará en los apoyos que tanto Ciudadanos-C's como UPyD alcancen y que pudieran ser determinantes en el reparto de fuerzas. En todo caso, y unido a su embarazo, que con cuatro o cinco meses puede ser llevadero en campaña a la vez que con cierto grado de atractivo electoral, Susana Díaz ha calculado sus tiempos –no los de Andalucía– y los de su partido, para llevar a votar a una población que padece una tasa de paro del 34,23 por ciento, frente a la media nacional del 23,70, y con un 40 por ciento de los ciudadanos que vive en riesgo de pobreza y exclusión social.

¿El resultado? Toda una incógnita. Si bien presiento que puede producirse en Andalucía un cierto grado de fractura social –que, además, no niego que pueda ser lógico– que pudiera soldarse bien o no en función de las fuerzas que actúen sobre ella.

Aparte de gobernar durante más de 30 años, poco ha hecho el PSOE por Andalucía. Al menos, una cosa es cierta: no ha entregado a nuestra Comunidad todo aquello a lo que tenía derecho, ni la ha desarrollado para hacer frente a los retos del futuro, y ello sí que representa una gran quiebra.

ENRIQUE BELLIDO

17 de diciembre de 2014

  • 17.12.14
Uno de los mayores éxitos del bipartidismo, como lo entendemos en España, ha sido sacar fruto del llamamiento al voto útil, en una sociedad que aún hoy no ha podido desprenderse de la rémora republicana y los posteriores efectos del franquismo, que la fragmentaron en esa limitante visión de la realidad política que representa el “ser de derechas” o “ser de izquierdas”.

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Una desgracia, como otra cualquiera, que no ha podido ser superada, tan siquiera, por las incesantes llamadas al voto de centro que desde la derecha o la izquierda socialista se han venido haciendo, lo que ha configurado el inmovilismo ideológico y electoral hasta ahora existente, sólo alterado por esos dos o tres millones de votantes que, en último término, han sido quienes han venido otorgando mayorías a unos u otros.

El “miedo” a “¡que viene la derecha o la izquierda!” ha magnetizado la mano de los electores, incapaces de escoger de las cabinas papeletas distintas a las de los dos partidos mayoritarios, lo que ha venido provocando una idiocia política y social valorada en términos de confrontación, ausencia de riqueza argumental y ruptura estructural, según quién fuese quien sustituyese al otro.

No han cabido los términos medios, o un modelo educativo u otro, a un modelo sanitario o el del contrario, o un modelo económico o el del adversario. Eso de modelar nuestros servicios esenciales o nuestra economía con fórmulas más participativas, amplias y enriquecedoras para todos no ha tenido lugar en nuestra práctica política.

Había que demostrar que se era de derechas o de izquierdas y todo lo que fuera introducir alternativas parece que rechinaba en el engranaje de nuestro Estado. Eso sí, siempre, menos cuando para obtener mayorías suficientes para gobernar había que pactar con los nacionalistas, ahora independentistas, de CiU o PNV o con la izquierda más a la izquierda que representa IU, dándoles en ese caso el oro y el moro –con perdón– de nuestros favores.

Ellos eran el voto útil y el resto, las nuevas formaciones que aspiraban a aportar algún toque diferencial a la rigidez del bipartidismo, representaban el voto inútil, el voto perdido.

Digo "eran" porque las cosas parece que comienzan a cambiar. Y es que el monopolismo de los grandes partidos ha destapado la corrupción que tal modelo político escondía, haciendo que la sociedad se plantee la necesidad de alternativas ya sean populistas, como la que representa Podemos en los sectores de izquierdas, o integradoras, de base ética y planteamientos realistas, como es el proyecto que defiende Ciudadanos-C’s que se alimenta del liberalismo progresista y el socialismo democrático para conformar una opción capaz de, manteniendo la integridad del Estado, afrontar, sin rupturas, políticas sociales y económicas capaces de dar respuestas a amplios sectores de nuestra sociedad.

Podemos persigue, no hay duda, recuperar las bases del antiguo comunismo igualitario, sostenido por una clase dirigente radical en sus planteamientos y contradictoria en su forma de vida, con el que servir de revulsivo a la izquierda indefinida actual.

Ciudadanos-C’s aspira, tampoco existe esa duda, a despertar la inquietud de una derecha y una izquierda democrática, ahora anodinas, que no se identifican con ninguno de los turbios asuntos hasta ahora conocidos, que quieren humanizar el ejercicio de la política y que aspiran a romper ya los lazos con el franquismo o con el radicalismo de la República desde planteamientos económicos y sociales de mutuo entendimiento.

La utilidad o inutilidad de cualquier voto no viene marcada por cómo pueda afectar este a los partidos hegemónicos, sino por cómo beneficie o no a la sociedad tanto en los principios éticos que nazcan de sus representantes, como en los logros sociales que con ello se alcancen y en el desarrollo democrático que se consiga.

Resulta evidente que gozamos de la potestad de seguir esclavos del miedo, a la derecha o a la izquierda, pero también de optar por liberarnos de esa atadura y conseguir ser nosotros mismos, con nuestras diferencias y nuestras sintonías pero siempre desde la libertad y la búsqueda del bien común.

ENRIQUE BELLIDO

3 de diciembre de 2014

  • 3.12.14
Aunque habría que hacer referencia a los descerebrados islamistas que conforman el yihadismo en Oriente Próximo, con sus teorías estalinistas de pasar a cuchillo a todo aquel que se oponga a sus tesis y al imperialismo religioso que pretenden imponer, no voy a referirme en estas líneas a la pretendida justicia –con minúsculas– que aplican, sino al comportamiento de la Justicia española a propósito de un caso que ha pasado por sus salas no hace mucho.

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Me refiero a la resolución dictada por el juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, Florencio de Marcos Madruga, por la que anulaba la concesión del tercer grado a Jaume Matas, exministro y expresidente del Gobierno de Baleares.

El juez basó su criterio estimando que no se ha producido la reeducación del interno, aspecto este de muy difícil y subjetiva valoración, y, sobre todo, en el riesgo de ruptura de la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho.

Este segundo argumento –y no el primero– es el que, desde mi punto de vista, ha primado a la hora de que su señoría devolviese a Matas al segundo grado, dada la contestación de ciertos grupos sociales que, desde los medios de comunicación, se ha transmitido, a mejorar la situación carcelaria del exdirigente balear.

Me baso para ello en que en la propia resolución judicial ya se apunta que "la reeducación y reinserción social no es la única finalidad de la pena privativa de libertad", sino que hace alusión a esta otra de la ejemplaridad en aras de conseguir la confianza del pueblo en la Justicia.

Y estamos, como está sucediendo con otros casos en los que los condenados tienen alguna relevancia social, ante una situación en la que la Justicia adopta distintas varas de medir, haciendo con ello un flaco favor al principio de equidad que debiera regir en cualquier sentencia.

No tuve apenas relación con Jaume Matas. Charlamos en alguna ocasión en Córdoba en sus viajes en calidad de ministro, y no puedo sino mostrarme frontalmente en contra de las actuaciones ilegales que haya podido cometer como presidente de Baleares.

Sin embargo, cuando la condena se limitaba a nueve meses, de los que se han cumplido más de un tercio de la pena, era la primera condena que recibía, había observado buena conducta en prisión y contaba con posibilidades de reinserción laboral, parece "excesivo" practicar un tratamiento judicial que, me pregunto yo, no sé si se aplicaría a un preso común en similares condiciones.

¿Qué no es común? Cierto. Pero no lo es por el apellido y el cargo que ostentó. Lo debe ser por cómo se le apliquen las leyes tanto en sus penas como en sus beneficios. De otro modo caeríamos en la tan cacareada por algunos Justicia Popular, que pretende establecer una vía paralela a la Justicia Constitucional que es aquella de la que nos hemos dotado todos los españoles sin excepción.

Si nuestros jueces actuaran al dictado de la calle –como en algunas ocasiones tenemos la sensación que sucede– o al simple dictado de quienes ostentan el poder o la oposición –sensación que también nos invade en ocasiones–, ningún sentido tendría el establecimiento de las Leyes, por mucho que aceptemos la interpretación que de las mismas pueda hacer la judicatura.

Si ello fuera así, no se entendería que los jueces estuvieran dictando órdenes de desahucio cuando el pueblo las rechaza y los bancos, en demasiados casos, han manipulado nuestros fondos con fines de todos conocidos.

La separación del Poder Judicial del Ejecutivo representa una ambición democrática, aún no alcanzada en España, que limita seriamente el ejercicio de la Justicia, al menos en determinados niveles de la misma.

Pero también es necesaria una separación –que no pérdida de referencia– entre los jueces y determinadas fuerzas o liderazgos populares que condicionan sus actuaciones en base a aquello tan popular y limitante como es "el qué dirán".

La Justicia debe sustanciarse en las salas de los juzgados y no en las pantallas de televisión, las páginas de los periódicos, las ondas de las radios, los cafés de nuestras ciudades o los despachos de las instituciones o empresas poderosas de nuestro país. Y los jueces no tienen sólo el derecho a ser respetados en su imparcialidad, sino el deber de no verse influidos por todo aquello que pudiera limitarla.

ENRIQUE BELLIDO

26 de noviembre de 2014

  • 26.11.14
“Pon un guaperas en tu vida”. No, no se trata del lema de ninguna organización femenina, ni tampoco la máxima aspiración que mujer alguna pueda tener en su vida. Considero al sexo femenino mucho más inteligente como para depositar todas sus esperanzas de futuro en la belleza física de alguien, sin tener en cuenta las capacidades intelectuales, aparte de sentimentales, de su pareja.

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Sin embargo, en política parece que no es así. Partidos como el PSOE o IU –y nada me extrañaría que el PP se sumase al carro– han optado por hacer propio el lema y poner un “guaperas” al frente de sus organizaciones, una vez que van descubriendo que con sus programas, su intelectualidad, su forma de estar y dirigir la nación, pierden apoyos y hasta la razón de ser.

Y esto es lo que le pasa a Pedro Sánchez, secretario general de los socialistas españoles, que se cree que sigue en las tertulias de Intereconomía TV o 13 TV, en las que daba muy bien en pantalla, pero en las que las opiniones que se vertían eran gratuitas –por mucho que cobrase por su participación en aquellas, como todo contertulio– y alejadas de la realidad de las tareas de Estado, encontrándose en el momento actual en la propia esencia de dicho Estado, como máximo representante del principal partido de la oposición, manteniendo un discurso tertuliano, genérico, hueco de contenido, escasamente comprometido y en la búsqueda permanente del aplauso de los propios, a los que todavía tiene que convencer.

La situación de España exige, más que un físico agraciado, hombres de Estado que, con visión de futuro, afronten la situación crítica que vivimos, aportando soluciones concretas. Vamos mojándose, en román paladino y no apuntando al paraíso sin explicar cómo se puede acceder a él.

Y Sánchez viene dedicándose a eso, a la innoble tarea –que otros también practican– de intentar destruir al adversario, colaborando con ello a la destrucción del país, sin tender la fortaleza de la mano propia –puede que por propia debilidad– para salir todos juntos de este atolladero.

Y en el contencioso de Cataluña es donde Pedro Sánchez está dando más muestras de su pobreza de espíritu, de representar una fachada muy vacía de contenido, de ser un buen tertuliano que da en pantalla pero no un hombre de Estado.

No vale, como él apela continuamente, llamar al diálogo sin aportar los términos en los que debe establecerse dicho diálogo, cuando contamos con un marco constitucional que define muy claramente la composición del Estado, que unos quieren dinamitar y desde el Gobierno se defiende.

¿Qué tipo de diálogo? ¿El de la independencia, como defienden los nacionalistas, o el de la unidad, aunque fuese en el seno del federalismo que defienden los socialistas? No se puede ser cínico y defender la unidad de España mientras se exige del Gobierno un diálogo que es imposible con quienes no admiten otra premisa que la independencia de Cataluña.

Y ante los independentistas no se puede estar defendiendo la Constitución y a la vez atacar al Ejecutivo por intentar perseguir su incumplimiento, sólo porque electoralmente no le convenga al PSC, o bien, si el Gobierno hiciera dejación de sus funciones, atacarlo entonces por mostrar su debilidad.

Y si de la situación económica, la corrupción, la política exterior o la Unión Europea hablamos, qué les voy a decir. Ya conocen el episodio del rechazo al nombramiento de Arias Cañete como comisario europeo, los ataques continuos a las reformas económicas emprendidas para solucionar las maltrechas cuentas del Estado dejadas por Rodríguez Zapatero o la viga en el ojo propio que no quiere reconocer en materia de corrupción, que demuestran que ir de “guaperas” da muy bien en televisión pero no sirve para nada a la hora de hacer Política con mayúsculas.

ENRIQUE BELLIDO

6 de noviembre de 2014

  • 6.11.14
Supongo que esa será la pregunta que se estén formulando en todos los partidos políticos ante las encuestas de opinión recientemente publicadas y el desvío de la intención de voto hacia opciones populistas, siempre presentes en los grandes momentos de crisis.

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La respuesta habrían de encontrarla no ya en el futuro, sino en el pasado, analizando todo aquello que han dejado de hacer a lo largo de años y años de indolencia, de autoritarismo interno, de desconexión de la sociedad y de ausencia de espíritu crítico en la toma de decisiones y una vez puestas éstas en práctica.

El problema es que, unos y otros, siguen instalados en la indolencia, el autoritarismo, el alejamiento social y la autocomplacencia, como si tales comportamientos fueran garantes de lo que en el seno de tales partidos se denomina como "unidad interna", o de la consecución o continuidad en el poder que garantice, al menos, una actividad retribuida para unos pocos.

Indolentes, porque han dado muestras más que suficientes de su escasa sensibilidad social, considerando la democracia como algo que les pertenece y de la que son actores principales y necesarios, cuando es el pueblo el que ostenta la propiedad de aquella, sin hipotecas de ningún tipo, debiendo ser los ciudadanos los verdaderos protagonistas de todo proceso democrático.

Sucede que con tal exhibición de indolencia han conseguido que el pueblo se hastíe de ellos, considerándolos, en lugar de sus representantes, simplemente organizaciones de poder muy lejanas al interés colectivo.

Autoritarios, porque han basado en el principio de autoridad la clave para mantener sus estructuras piramidales, con escasos atisbos de democracia interna, siempre sofocados por el dictado todopoderoso e interesado de quienes se sitúan en la cúspide de los partidos.

Ello, poco a poco, los ha ido convirtiendo en vulnerables y débiles desde el momento que se han alimentado en su seno de personajes grises y obedientes, con nula capacidad de creación, con el sentido de la independencia cercenado y muy escasa disponibilidad a la crítica, aunque esta pudiera ser constructiva.

Desconectados de la sociedad porque sus estructuras son cerradas y ocupadas por una élite política que pone su mayor dedicación en su presencia en las instituciones parlamentarias cuando debieran pisar la calle con mayor frecuencia y abrir las puertas y ventanas de las sedes a la entrada de los ciudadanos en ellas y a ventilarse con aires participativos.

Y no digamos ya de las carencias que en cuanto a espíritu crítico sufren nuestros partidos políticos tradicionales. Ninguno de ellos ha denunciado ante la sociedad a cualquiera de sus miembros que hubiesen podido actuar en contra de la ética o las leyes.

Han sido las investigaciones judiciales, los medios de comunicación o posiblemente en algunos casos las denuncias públicas o anónimas de los ciudadanos, las que han destapado los casos de corrupción política hasta ahora resueltos o en manos de la Justicia.

Por el contrario, cuando debía haberse actuado con rotundidad y contundencia, ha sido la tibieza la que ha marcado la actitud de los partidos, con apenas indicios de autocrítica, hasta el momento actual en el que electoralmente les han visto las orejas al lobo y sintiéndose perdidos han optado por una solicitud de perdón que suena más a argucia que a posicionamiento sincero.

¿Qué deberán hacer entonces? No me cabe la menor duda de la importancia de formaciones políticas fuertemente ancladas en la sociedad y que alejadas de la fácil demagogia sepan gestionar los intereses públicos.

Por ello que deban dar ya un paso hacia delante decisivo afrontando reformas legislativas con carácter urgente –ley electoral, ley de partidos y leyes civiles y penales que persigan la corrupción–, así como cambios orgánicos y estatutarios que logren que los partidos políticos sean una continuidad del pueblo en lugar de un reducto al que el pueblo tiene difícil su acceso.

Pedir perdón es un ejercicio simple y vacío de contenido si no va acompañado de acciones inmediatas dirigidas a que las situaciones que mueven a solicitarlo no vuelvan a producirse.

Y en ello es obligado un ejercicio de responsabilidad por parte de los dos grandes partidos, uniendo sus esfuerzos y sus decisiones en una única dirección, algo que lamentablemente no se está produciendo, e incluso llegando a un gran pacto, incluso de gobierno, que brinde credibilidad al sistema y cierre el camino a opciones con tintes totalitarios. Hacer hay mucho que hacer. Todo, menos que Sánchez y Rajoy se miren al ombligo…

ENRIQUE BELLIDO

23 de octubre de 2014

  • 23.10.14
Ocurrió en septiembre del 2002. Han pasado ahora doce años desde que dejé de estar afiliado a fuerza política alguna, lo que no me ha impedido, es cierto, colaborar con el Partido Popular cuando se me ha solicitado.

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Sin embargo, no hace muchos meses, tal vez movido por el desánimo general que hacia la política y los políticos existía en nuestra sociedad –todavía hoy patente– y la necesidad que sentía por regenerar, evidentemente desde mi limitado nivel, algo tan fundamental para la convivencia en democracia como es la vida política del país, decidí afiliarme a Ciudadanos movido por la coherencia de su discurso, su cercanía a mis ideas y la nula contaminación, al menos por ahora, por las malas prácticas que, como estamos viendo, ensucian a los partidos tradicionales, sin excepción.

No es esta aproximación al partido que dirige Albert Rivera un paso adelante para situarme en la línea de choque, la de los cargos, de la política municipal, autonómica o nacional. En absoluto.

Nunca fui político de profesión –la mía ha sido y sigue siendo otra– pero no puedo negar que me apasiona la actividad política, posiblemente porque tengo un cierto grado de conciencia social. Por ello reconozco que los tiempos en política cumplen y hemos de adaptarnos a ellos desde el papel que cada cuál debamos jugar.

En este caso, el mío va a estar dedicado, exclusivamente, a aportar experiencia e ideas a aquellos otros que serán quienes deban valorarlas y ponerlas en práctica desde un cargo institucional.

Lo digo porque no dudo que haya quien ha pensado, desde la desconfianza que generan los políticos o tal vez desde la mala fe que pueda acompañar a algunos adversarios, que “aquí está otro que quiere seguir viviendo de la política”.

Y tengo la sensación de que en Ciudadanos son muchos, y vamos a ser más, los que, movidos tal vez por la utopía, estemos dispuestos a compartir y entregar parte de nuestro tiempo y de nuestros conocimientos en hacer de la sociedad un lugar de encuentro en el que primen los intereses de los ciudadanos por encima de los personales de quienes los representan.

Ese, y el compromiso por aportar en lugar de destruir, debe marcar el rasgo diferenciador con los partidos ahora mayoritarios, de forma que sea la sociedad la quer ostente el poder real de su destino y no, como viene ocurriendo, dicho poder sea utilizado en aras de intereses ajenos a los del propio pueblo en demasiadas ocasiones.

La recuperación de los principios éticos en el ámbito de lo público, de lo que es de todos, y aportar grandes dosis de racionalidad, de lógica, al quehacer político, pienso que va a marcar el devenir de Ciudadanos.

La tarea no es sencilla conociendo el dominio que de los cauces de comunicación con el ciudadano tienen los grandes partidos, pero es ilusionante y sin ilusión resulta imposible luchar por cualquier objetivo.

ENRIQUE BELLIDO

17 de octubre de 2014

  • 17.10.14
Para quien le guste este embutido –lo tenemos espléndido por toda esta tierra– la subida de precio podría suponer, como en tantas otras cosas a las que hemos tenido que renunciar por la crisis, desprenderse de un placer más o simplemente recortar el disfrute del mismo.

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Sin embargo no es el chorizo de cerdo –el más popular– ni el de venado –que elaboran en algunos pueblos de nuestra sierra– los que aumentarán su precio. Son otros tipos de chorizos, sin tripa que los ajuste cilíndricamente pero con un enorme buche en el que cabe de todo y más si ese todo se llama "dinero", los que desde la mayor de las desvergüenzas no han tenido inconveniente en hacerse millonarios a costa de empobrecer a quienes representaban o gestionaban sus intereses.

Lo sucedido en Caja Madrid –confiemos en que vaya saliendo a la luz la historia oscura de otras entidades financieras o de ahorro– no es sino un exponente más de un país choriceado por la política, chantajeado por los sindicatos, ordeñado hasta situaciones límite por los empresarios, dominado por los bancos y, finalmente, perdido en la picaresca de todos y en la ausencia de ética de la mayoría.

Porque si de 90 consejeros y directivos de la caja madrileña sólo tres o cuatro no hicieron uso de las famosas tarjetas –por algo sería–, ello nos lleva a deducir que estando representados en el monto total de "personajes" la clase política, la clase obrera, el empresariado, los trabajadores de la propia empresa, los directivos, etc. –vamos, el amplio abanico de la sociedad– menos del 5 por ciento de los españoles se hubieran, o nos hubiéramos abstenido, quién sabe, de utilizar en beneficio propio fondos opacos que primaban, en función de su posición estratégica en la sociedad, a unos más que a otros, a la búsqueda exclusiva de mantener el poder, frente a lo que hubiese sido lo ético: mejorar las garantías de los impositores y participar activamente del desarrollo social.

Y que entre ellos figuren exministros, como es el caso de Rodrigo Rato, exdirector también del FMI, o de Virgilio Zapatero, exrector, así mismo, de la Universidad de Alcalá de Henares, o excolaboradores de la Casa Real, como Rafael Spottorno; destacados dirigentes de UGT y CCOO o del tejido empresarial y miembros de las ejecutivas del PP, PSOE e IU, eleva el grado de descrédito de nuestras instituciones y quienes las representan a unos niveles tan cercanos al chavismo-bolivarismo que algunos ahora defienden en España con tanto ardor, que nos permite confundirnos en el espejo de aquello que como herencia dejamos en la América latina.

Porque tiene narices que entre todos los españoles hayamos aportado miles de millones de euros a la caja madrileña para impedir su quiebra, mientras 86 elementos, embutidos –sí, sí, como los chorizos– en sus trajes de alpaca o sus modelos de alta costura, campan por sus respetos tirando de tarjeta, y sin pagar al fisco, para comidas, viajes, ropa, regalos y hasta dinero en efectivo, mientras percibían en muchos casos salarios superiores a los 500.000 euros anuales.

Y no me vale, de nada, que algunos de los implicados hayan devuelto lo que percibieron irregularmente –de lo ilícito del asunto ya se ocupará el juez–, porque lo han hecho, evidentemente, y de la misma forma que declaró sus bienes ocultos Jordi Pujol, asesorados por la que se les venía encima, en un torpe ejercicio, además, de reconocimiento de su culpa, ya que si se sintiesen plenamente convencidos de no haber cometido extralimitación alguna, no tendrían porqué retornar las cantidades que recibieron a las arcas de la entidad de ahorro.

Está claro que esta no es la España que nos diseñó la Constitución y de poco vale que desde nuestras instituciones se nos diga que se trata de casos aislados intentando salvar el estatus especial del que disfrutan.

La suma de muchos casos aislados convierte a nuestro sistema de representación y al financiero parasitado por aquél en un todo que se aleja infinitamente de la ilusión democrática que en muchos españoles nació tras el franquismo y abre el camino a la ilusión revolucionaria que algunos airean ya por la calle.

Que la Comunidad más pobre de España, con mayores niveles de desempleo, vea cómo sus políticos reparten dinero gratis en forma de ERE o de cursos de formación inexistentes a los amiguetes de turno, o que otra tan rica –porque la hemos hecho rica entre todos los españoles– como Cataluña pretenda ahora tapar sus vergüenzas con la irracionalidad del independentismo, demuestra que o cambiamos mucho, mucho más de lo que pensamos, o estamos abocados a una explosión social que puede no tardar en llegar. A no ser que aceptemos el papel de juguetes rotos con el que el chavismo-bolivariano trata a quienes a la fuerza han de soportarlo.

Todo se ha convertido, en fin, en una ristra de chorizos capaz de exhibirse en las más diversas charcuterías…

ENRIQUE BELLIDO

11 de septiembre de 2014

  • 11.9.14
El excelente comunicador Carlos Herrera comentaba días pasados, en su programa matinal en Onda Cero, la invitación que había recibido de Cuatro para, con un grupo de reconocidos periodistas, realizar una entrevista en horario de máxima audiencia al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Herrera declinó la invitación contestando con ironía si es que lo habían elegido presidente del Gobierno.

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Y es que por encima del interés público, muy por encima de la lógica social y de la cordura democrática, existen medios de comunicación, grupos empresariales que manipulan tales medios, a los que les interesa, infinitamente más, unos altos niveles de audiencia que lleven a rentables contratos de publicidad que la equidad política y la justicia en el reparto de los tiempos y los escenarios de información.

Y es que Podemos, como pueda sucederle a Sálvame, se ha convertido en un fenómeno generador de morbo que acapara audiencias en una sociedad que no acaba de encontrar sus adecuados niveles de desarrollo intelectual y crítico, gracias, en gran medida, a las políticas educativas y culturales puestas en marcha, como al escaso valor que se ha venido dando a la formación en valores éticos y sociales.

Cuando la educación de un pueblo se convierte en un simple mercadeo partidista, sesgado siempre por la influencia de una u otra fuerza política, no cabe esperar que la calidad formativa de la población sea suficiente como para afrontar con garantías los retos de una sociedad debilitada por la crisis social y económica, necesitada de encontrar, como ahora se viene utilizando tanto, "nichos" de empleo, pero incapacitada para innovar o dar forma a una trama productiva estructurada que los soporte.

De ahí el triunfo de la demagogia frente a la racionalidad, que tan bien viene a quienes la ponen en práctica y tantas ilusiones genera en quienes carecen de recursos para ampararse en soluciones de mucha mayor solidez.

Que socialistas y conservadores alemanes hayan sido capaces de encontrar la necesaria sintonía como para aunar esfuerzos dentro de un gobierno común y que aquí en España sigamos manteniendo la confrontación como pilar fundamental de la subsistencia de los partidos, nos indica, cuando menos, las diferencias formales que nos separan de quienes mayores niveles de desarrollo han alcanzado y el escaso avance que en lo sustancial ha vivido la sociedad española en estos casi cuarenta años de democracia, mediatizada siempre por los intereses partidarios frente a las verdaderas necesidades de la población.

Una prueba más la hemos vivido en estos días con la incapacidad de dos partidos, UPyD y Ciudadanos, para llegar a acuerdos electorales, cuando ambas formaciones poseen suficientes puntos comunes de anclaje como para establecer no sólo una estrategia común, sino también un proyecto sólido y con base argumental con el que concurrir a los próximos comicios municipales y autonómicos, sin por ello perder su identidad orgánica.

Pero no, parece haber primado en el partido que dirige Rosa Díez, frente a la opinión del eurodiputado Sosa Wagner, esa rémora tan española de que del enfrentamiento nace el éxito y no de la unidad de esfuerzos.

Lastre que parte de la clase política catalana quiere hacer patente el 9 de noviembre con su consulta independentista y que otro demagogo de tomo y lomo, Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, utiliza ahora oponiéndose a las prospecciones petrolíferas a 50 kilómetros de las islas, a la búsqueda de una identidad política y territorial que, en lugar de enriquecer, debilita.

Lo dicho, anclajes entre partidos, entre ideologías cercanas, entre España y los diferentes territorios que la componen, entre colectivos sociales e incluso a nivel personal, los tenemos a nuestra disposición. Otra cosa es que queramos y sepamos cómo utilizarlos.

ENRIQUE BELLIDO

3 de septiembre de 2014

  • 3.9.14
Considero un grave error que la ciudadanía se mantenga al margen de la vida política del país permitiendo, con ello, que los políticos "profesionales" parasiten nuestras instituciones, ejerciendo una representatividad que en muchos casos escapa a la voluntad del pueblo para insertarse en el interés de los partidos y de ellos mismos.

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Es cierto, no lo niego, que la actuación de nuestra clase política viene asqueando a los españoles sea cual sea la Comunidad Autónoma en la que se encuentren, pero ello no justifica, muy al contrario, el alejamiento de los ciudadanos de los centros de toma de decisiones, ya que con ello, al margen de enrarecerse cada vez más el clima social, con graves consecuencias, se facilita que multitud de ineptos sean quienes dirijan nuestra sociedad debilitando aún más si cabe el Estado democrático y de derecho que pretendimos darnos en 1978.

De ahí que no valga la autoflagelación y esa afluencia de críticas que diariamente discurren por los medios de comunicación y las redes sociales.

Son nuestros políticos los culpables, pero lo son porque todos nosotros permitimos que en último término lo sean, bien por no presentar alternativas o bien por dejarnos llevar ciegamente por unas siglas que en ninguno de los casos encierran realmente la pureza de un pensamiento ideológico, sino que sirven de testaferros para, en base a los apoyos que reciben, establecer programas de actuación muchas veces distintos a los que se ofrecieron electoralmente.

Ello, sin hablar de la corrupción que se ampara en tales siglas y que no escapa a ninguna de las que representan a los más importantes partidos estatales o nacionalistas.

La corrupción socialista destapada en los últimos años de Gobierno de Felipe González, las de las tramas Gürtel o Bárcenas en el PP, la continuada en el tiempo de CiU y desbordada ahora con la implicación de los Pujol, o la mega corrupción protagonizada por el socialismo andaluz con los ERE falsos o la apropiación ilegal de fondos destinados a cursos de formación a trabajadores, junto a multitud de casos en comunidades autónomas o municipios, ligados muchos de ellos a políticas urbanísticas, contrataciones o concesiones irregulares, etcétera, son claros ejemplos de un sistema imperfecto que sólo ha contado con el voluntarismo de cierto sector de la clase política pero no con la acción decidida de toda ella para erradicar esta lacra.

Por eso que frente a la complicidad, no disimulada, en la defensa del bipartidismo, tanto por parte del Partido Popular como del PSOE, a la búsqueda de un marco de actuación política que elimine cualquier tipo de fiscalización plural, por parte de la sociedad, en el gobierno de las instituciones públicas del país, no me parece descabellada la aparición de nuevas formaciones políticas dentro de todo el espectro ideológico –con las que podré coincidir o discrepar frontalmente– que vayan aglutinando a los sectores menos domesticables de nuestra sociedad, generando una dinámica de participación hoy desaparecida y con una calidad de debate muy distinta a aquel de "y tú más que yo" que tanto practican en la actualidad nuestros representantes y que no delata sino la pésima cualidad –no digamos ya calidad– de los mismos.

La endogamia nunca dio buenos resultados en las monarquías ni en cualquiera de los procesos evolutivos del ser humano. Tampoco podía darlos en política.

Y endogámicos, profundamente endogámicos, son nuestros tradicionales partidos políticos, no tanto por los lazos familiares que unan a sus componentes –que haberlos los hay, prefiero no poner ejemplos– sino por el grado de dependencia piramidal que se establece entre ellos, lo que deja poco margen a la creatividad y menos aún a la crítica interna, con lo que el poder absoluto se concentra en unos pocos de sus miembros no llegando ni siquiera las migajas al pueblo que es quien los elige.

De ahí que sea la variedad, la libertad, el frescor de las ideas, la visión no sesgada de los problemas y el cruce de genes políticos diferentes, en el marco de una España unida y solidaria socialmente, lo que nos permita sentirnos identificados con un proyecto plural de gestión y democracia que hoy pretende basarse no ya en el pensamiento único sino en dos únicos modelos de acción.

A todo ello habrá que sumar grandes dosis de talento, perspectiva política de futuro, prudencia, diálogo y superación de lo que nos enfrenta para encontrarnos en aquello que a todos nos pueda unir, que no son componentes que sobren en la sociedad pero que habremos de ir descubriendo.

Por mi parte, después de doce años sin militancia, me he sumado a esa búsqueda, confiemos encontrarnos muchos más en el camino hacia lo que todos queremos: paz y progreso social.

ENRIQUE BELLIDO

15 de agosto de 2014

  • 15.8.14
La historia de nuestro planeta está marcada por la barbarie que en nombre de Dios ha cometido el ser humano a lo largo de los siglos. Algo tan etéreo y tan imposible de definir, como es la existencia de Dios –la prueba es que sólo con la fe se sostiene–, ha generado tal tipo de disputas, de enfrentamientos armados, de muertes de personas inocentes, que se hace muy difícil –al menos a mí me sucede– creer en ese ser todopoderoso que unos y otros esperan que nos reciba en uno u otro paraíso, permitiéndonos con ello alcanzar uno de los mayores anhelos de la humanidad: la vida eterna.

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Les comento esto porque viendo las imágenes que en muy diferentes países está provocando el islamismo radical –la Yihad islámica– en nombre de su Dios, uno piensa que las religiones más que a establecer un sentido ético de la vida y a fomentar una organización más racional y solidaria del ser humano en sociedad, han ido viendo la luz con el único fin de propiciar sistemas hegemónicos con los que generar parcelas de poder a través de las cuales conseguir el dominio del hombre.

Al margen de las religiones orientales –budismo, hinduismo, jainismo, confucianismo, taoísmo, shintoismo– y la multitud de prácticas religiosas que puedan reconocerse en países africanos y otros selváticos de América del Sur, son cristianismo, islamismo y judaísmo las que han logrado una mayor difusión.

Sin embargo, de todas ellas, sin excepción, se han ido conformando, a lo largo de la historia, multitud de ramas o iglesias que han venido a certificar la presencia del hombre en el diseño último de todas y cada una de las religiones, dando lugar a la evidente imperfección de las mismas y las muy diferentes maneras de entender el mensaje primigenio de quienes, se dice, fueron sus fundadores.

En el caso del cristianismo tenemos a la Iglesia católica, también escindida en confesiones minoritarias: la protestante, la anglicana, la ortodoxa, las coptas, evangélica, bautista, adventista y así hasta un largo etcétera.

En el Islam ha sucedido algo similar. Encontramos, con diferentes ramas dentro de ellas mismas, el sunismo, chiísmo, sariyísmo, sufismo, reformistas, heterodoxos y algunas fes relacionadas como el babismo, bahaísmo, sijísmo, nuwaubianismo, etcétera.

Y lo mismo ha sucedido con el judaísmo. Así, se han ido desgajando el judaísmo ortodoxo, el ortodoxo moderno, el mesiánico, el conservador, el judaísmo jasídico, el reconstruccionista, el reformista... Un maremágnum de organizaciones religiosas que, en muchos casos, no han llevado sino a la confrontación, buscando la hegemonía, y al radicalismo destructivo en aras de no sé qué Dios.

La Iglesia católica pasó de perseguida a persecutora en época de las Cruzadas y de la Santa Inquisición. El judaísmo ha basado en el materialismo su mejor mecanismo de defensa, en continua confrontación con otras culturas y creencias.

Y qué decir del Islam, abocado a una destructora guerra santa y que en nuestros días muestra su imagen más cruel a través de los diferentes movimientos radicales, con presencia en todas las latitudes del planeta, que vienen sembrando el terror.

Me he declarado cristiano-agnóstico porque carezco de fe para creer en Dios ni de argumentos para su rechazo y, unido a ello, comparto los fundamentales postulados sociales del cristianismo a la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria.

No puedo, por el contrario, compartir aquello que en nombre de Dios se viene haciendo –lo justifican algunos yihadistas diciendo que los pueblos a los que desangran adoran al demonio, curiosa figura, ésta–, cuando ni en la Edad Media ni en el siglo XXI importó ni importa para nada ese Dios que todo lo puede, sino el fanatismo religioso y el afán por dominar el mundo que el hombre, movido siempre por astutos líderes, ha mostrado a lo largo de toda la Historia.

Y dudo, como dudo del propio hombre, que el ecumenismo o el diálogo interreligioso alcancen un punto de encuentro lo suficientemente sólido como para impedir que las religiones sigan convirtiéndose en focos de tensión en lugar de aquello que deberían ser, cauces para el fortalecimiento ético del ser humano y la racional y justa organización de su vida en sociedad.

ENRIQUE BELLIDO

17 de julio de 2014

  • 17.7.14
Cierto revuelo ha causado en la oposición la propuesta de Mariano Rajoy de plasmar en una ley la reforma electoral que permita a los candidatos de la lista más votada acceder a la Alcaldía a partir de las próximas elecciones municipales.

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Recuerdo que en 1987, en el municipio cordobés de Cabra, se produjeron unos resultados electorales muy singulares. Fue el PSOE el que obtuvo el mayor número de concejales, siete en total, pero otras cuatro fuerzas políticas obtuvieron representatividad en la Corporación: el CDS, que obtuvo cinco ediles; Alianza Popular, cuatro; el Partido Comunista, tres; y el Partido Andalucista, dos.

En los días anteriores a la constitución del nuevo Pleno, fueron muchas las reuniones que se mantuvieron, pretendiendo que fuese el candidato del CDS quien ocupase la Alcaldía con el apoyo del resto de fuerzas políticas, a excepción de los socialistas.

En aquella ocasión, los cuatro concejales populares eran decisivos para conformar una mayoría de once y, finalmente, optamos por no entrar en la coalición de fuerzas y, simplemente, votar a nuestro candidato, con lo que el representante del PSOE accedía, como lista más votada, a la Alcaldía.

Posteriormente, incluso, asumimos responsabilidades de gobierno a fin de dar estabilidad a la gestión municipal. No se entendió nuestra actitud por parte de un sector importante de la población que, parece ser, hubiese preferido una gran coalición de muy difícil ajuste programático y en la que hubiesen tenido que confluir ideologías entonces muy distantes entre sí.

Y es que no es tan sencillo valorar las intenciones y los gustos de un pueblo cuando reparte sus votos de forma dispar, sin otorgar mayoría absoluta a ninguna de las formaciones políticas que electoralmente se le ofrecen.

Porque tan complicado es gobernar con mayoría simple cuando son el resto de fuerzas políticas las que gozan de los votos necesarios para la toma de decisiones plenarias tan decisivas como la aprobación de presupuestos, ordenanzas fiscales, etc., como hacerlo con uno u otro de los partidos presentes en la Corporación, sin que tal posibilidad se haya trasladado a la ciudadanía previamente a la emisión del voto.

Supongamos que en las municipales de 2015 en el Ayuntamiento de Córdoba se produjesen unos resultados que dieran al PP once concejales, siete a IU, siete al PSOE, dos a Ciudadanos, uno a UCOR y otro a Podemos. En total, los veintinueve que corresponden a esta Corporación de una capital andaluza.

Resulta evidente que la lista más votada es la del Partido Popular, si bien sin mayoría absoluta, aunque con la reforma de la ley accedería a la Alcaldía de la ciudad. Nos encontraríamos con un Gobierno municipal que, tal vez, podría llegar a un acuerdo con Ciudadanos y UCOR, pero que enfrente se encontraría con una oposición que bien podría conformar una mayoría absoluta de bloqueo que haría ingobernable el municipio.

De ahí que no resulte tan simple el llevar a la práctica aquello de dejar gobernar a la lista más votada que, por cierto, también ha defendido el PSOE en su programa electoral, si no se articulan mecanismos que puedan garantizar el ejercicio del poder efectivo por parte de quienes accedan al gobierno municipal, poniendo con ello en cuestión el papel que deberá jugar la oposición en el ejercicio democrático de la representatividad ciudadana.

Otra cosa es si resulta correcto o no modificar las reglas del juego cuando quedan pocos minutos para su conclusión… Mi opinión es que el Gobierno de Mariano Rajoy no dará ese paso, si bien hora es ya de que todas las fuerzas políticas dejen de mirarse al ombligo, defendiendo sus intereses corporativos frente a los de la población, y se pongan de acuerdo en reformas como esta, la de la Ley de Partidos u otras muchas que deberían salir adelante a través del consenso en un país, no lo olvidemos, que tiene graves retos de todo tipo que afrontar.

ENRIQUE BELLIDO

10 de julio de 2014

  • 10.7.14
Reconozco no identificarme en todo su contenido con el proyecto programático de la formación Podemos, si bien comparto algunas de sus argumentaciones que, sin duda, podrían ser compartidas por el resto del electorado español. Sin embargo, no soy de aquellos que se rasgan las vestiduras por la fulgurante aparición en escena de este partido con Pablo Iglesias al frente. Y no lo soy por dos motivos fundamentales.

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El primero de ellos, porque a buenas horas vamos a descubrir la pólvora cuando ésta lleva corriendo por nuestra sociedad tantos años. Es nuestro sistema de partidos, nuestro actual sistema de representatividad política y social, auspiciado, no lo olvidemos, por todos nosotros con nuestro pasotismo o nuestra creencia ciega, y mucha veces indocumentada, en las siglas, el que ha dado a luz a movimientos como este, que no es sino la expresión en las urnas de más de un millón de españoles con derecho a voto que, en lugar de quedarse en sus casas silenciosamente, demuestran el rechazo que les produce la actual situación.

El segundo de los motivos, que frente al bipartidismo que defienden socialistas y populares –lógico en cierta medida porque entre ambos se reparten el poder, sin nadie que los matice-, que podría tener su razón de ser en la calidad ética de ambas fuerzas, las alternativas lógicas que representasen, el diálogo constructivo entre ambas, las transiciones no traumáticas entre las mismas, y el continuo contacto con la sociedad, nos encontramos con un bipartidismo en el que las dos fuerzas, PSOE y PP, has venido transgrediendo las normas éticas desde su fundación, con continuos casos de corrupción; han venido realizando un gobierno o una oposición centrados en no escuchar o destruir electoralmente al contrario; el consenso ha brillado por su ausencia –deberían aprender de Alemania con su gobierno de coalición-, el traspaso de poderes ha servido para revocar las leyes elaboradas por el predecesor en el cargo, y ambos se han enrocado en una ley de partidos y electoral que los aleja del pueblo, haciendo estallar por los aires la democracia interna con un uso vergonzoso del “dedazo” que favorece a las cúpulas frente a las bases.

Dos motivos más que suficientes para el nacimiento del descontento social y de canales políticos por el que expresarlo. No sé hasta dónde llegarán y qué recorrido tendrán, pero sí que se van a hacer oír y, en no sé qué medida –dependerá de la inteligencia de los dirigentes de PP y PSOE-, provocarán un reacción de cambio sustancial en los defensores del bipartidismo si no quieren seguir desangrandose en próximos comicios.

Aquello de acción / reacción se ha hecho patente una vez más y a la nefasta gestión de unos ha seguido la irrupción de otros que, esperemos, haga despertar las conciencias políticas y sociales de socialistas y populares.

ENRIQUE BELLIDO

3 de julio de 2014

  • 3.7.14
Una vez conocidos los tres aspirantes a la Secretaría General del PSOE, tengo la sensación de que las luchas intestinas dentro del partido no concluirán con el próximo congreso sino que se abre un periodo de consolidación de liderazgos internos, hoy inexistentes, que habrán de dejar "cadáveres" en la cuneta.

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Está claro que, por muchos currículum personales que puedan aportarse, quienes debían haber estado no están, por aquello de medir los tiempos políticos, y quienes están, al margen de carecer hoy por hoy de liderazgo político, no contarán, como le sucedió a Rodríguez Zapatero, con la circunstancial, trágica y evidente ayuda que electoralmente supuso el atentado de la estación de Atocha, sin el cual difícilmente hubiera accedido a la Presidencia del Gobierno en el 2004.

Ello provocará, si los socialistas pierden las próximas generales, que quienes no han estado quieran estar en la próxima oportunidad y quienes están y consigan el poder orgánico, lo defiendan a capa y espada.

Lo cierto es que, en todo caso, de los dos principales candidatos, Sánchez y Madina, he oído, como principal argumento con el que aspirar a la cúpula del PSOE, el del recambio generacional, unido, lógicamente, a desechar lo hecho para construir un nuevo partido, cayendo con ello en el juego de las edades que tan escasa estructura argumental soporta, a la vez que despreciando a muchas otras generaciones que les han precedido, haya sido en la política o en cualquier otro campo del quehacer social, y que cuentan con un bagaje del que es de estúpidos prescindir.

Es verdad también que en la candidatura de ambos se han cruzado los astros favoreciendo, por distintos motivos y circunstancias, encontrarse ahora en el punto en el que están y al que, de otra forma, les hubiera sido imposible acceder.

Pero, en este caso, no sólo pecan ambos de cierta indolencia y hasta soberbia, sino que se ha puesto en evidencia la cobardía política de muchos socialistas que, cargados de experiencia, han preferido no estrellarse en el envite –no ya en el de la secretaría general, sino en el 2015 o el 2016– conservando su actual estatus, sin ponerlo en peligro, a la espera de tiempos mejores.

Desde Susana Díaz –que se dejó querer para posteriormente rechazar con la cabeza aquello que le pedía el corazón, dejando en el mayor de los desaires a quienes la invitaron públicamente a presentarse– hasta el exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar –que también se lo pensó y prefirió hacer sus cuentas antes de poder quedarse en los próximos comicios en la oposición–, son muchos los que, ocupando un cargo político o siendo personajes relevantes en la sociedad, han dado el paso atrás o ni siquiera han movido los pies de su sitio, rechazando la responsabilidad de sacar adelante un proyecto socialista en el que puedan conciliarse las ideas y legítimas ambiciones de los más jóvenes con la visión serena y mucho más amplia de quienes han tenido la oportunidad de vivir e intervenir en situaciones políticas y sociales complejas por razón no tanto de su edad como de su experiencia personal.

A España no le conviene un Partido Socialista que simplemente se escore en sus posiciones de izquierda movido por los radicalismos emergentes en IU, Podemos y otras formaciones, marginales en muchos casos, que pudieran electoralmente restarle apoyos, sino una socialdemocracia que anteponga su solidez ideológica y programática al simple recuento de votos que, por otra parte, iría en retroceso si el ciudadano no encuentra refugio estable en aquello que el PSOE le ofrezca.

La situación del país es muy delicada, con múltiples frentes abiertos que habría que cerrar desde el consenso social y político, a lo que no parece que vayan a ayudar los dos candidatos si tenemos en cuenta algunas de sus declaraciones y sus ya públicos encontronazos con motivo de la consecución de avales. La suerte, en cualquier caso, está echada y mucho me temo que España se juegue una partida que no le va a resultar fácil ganar.

ENRIQUE BELLIDO

26 de junio de 2014

  • 26.6.14
Pensaba no hacerlo, pero lo voy a hacer. No quiero que esta columna, que se ha ocupado de cosas tan diversas, no recoja al menos un comentario referido a la histórica abdicación del Rey Juan Carlos. Y no pensaba hacerlo porque sabía del bombardeo informativo que sobre este tema iba a llevarse a cabo y de la calidad de las plumas que de él se han ocupado, en muchos de los casos mucho más formadas que la mía a la hora de hacer un juicio histórico o político-social de los acontecimientos que se han producido.

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Nací en una dictadura y a los 27 años descubrí, con nuestra Constitución, la democracia. Una democracia que desde sus inicios pactó, como forma de Estado, una monarquía parlamentaria, que otorgaba todo el poder de decisión al pueblo, a través de sus representantes en las distintas instituciones, dejando para la Corona un papel de representación del Estado con muy limitados poderes.

Nunca me he considerado monárquico, pero tampoco nunca jamás me consideré republicano. Sin embargo, a medida que avanzaba nuestra democracia y se iba produciendo la estabilización de la misma, fui asumiendo como un hecho natural, respetado por nuestros principales partidos, la existencia al frente del Estado de un rey que cumplía con sus funciones mientras nuestras fuerzas políticas se dedicaban a gobernar –con mayor o menor acierto–.

Por ello que cuando tras 36 años de monarquía parlamentaria vuelvo la cabeza hacia atrás y valoro lo realizado y la paz social conseguida, gracias, fundamentalmente, al papel de nuestros partidos y de la sociedad en general, no encuentro motivos de fondo que justifiquen el debate oportunista ahora abierto sobre monarquía-república, estando cada vez más convencido de que se trata de una simple estrategia estética que busca, con ella, reforzar el protagonismo de un nuevo modelo de izquierda en España, ya desarrollado en otras latitudes y emparentado muy directamente con las formas autoritarias de gobierno.

Quienes pretenden reducir la decisión de mantener la monarquía o caer en manos de la república a un simple referéndum, se olvidan o, mejor dicho, no quieren ver, que la soberanía del pueblo reside en sus instituciones y, hoy por hoy, son ellas las poseedoras de un mandato constitucional, refrendado en noviembre del 2011, que establece nuestro sistema de Estado como actualmente lo conocemos.

Se ha argumentado que el mapa político español ha cambiado radicalmente con las últimas elecciones europeas. Argumento absolutamente falaz. Ni el marco era el mismo, ni la percepción del valor de Europa o España es la misma por parte del elector, ni tan siquiera la ley electoral se aplica de igual forma, motivo por el que gran parte de esta nueva izquierda carecería de relevancia parlamentaria como para tan siquiera afrontar con cierta lógica la propuesta que ahora hace en las calles.

Es por ello que frente a esta corriente rupturista se debe mantener la tranquilidad, no abriendo los debates estériles que unos pocos, muy pocos, pretenden y alimentan, manteniéndonos en la senda constitucional que tantos beneficios nos ha dado.

Saben que con el actual reparto de fuerzas políticas existente en España es imposible que prospere un cambio de forma de Estado, por lo que intentan, con la agitación social, que se produzcan las condiciones para el enfrentamiento a la búsqueda de imponer el que dicen defender.

Se ha magnificado y se sigue haciendo –Luis María Ansón caía el otro día en ello– la figura de quien hace de la utopía la mejor vía para manipular la voluntad del pueblo, en unos momentos en los que el propio pueblo sufre las condiciones de la recesión económica y muestra una mayor debilidad ante el filibusterismo de algunos.

ENRIQUE BELLIDO

19 de junio de 2014

  • 19.6.14
Nadie duda que las Incapacidades Laborales Transitorias (ILT) representan en nuestro país una clara vía de absentismo laboral, tanto por la causa sobre las que se establecen como por la duración en el tiempo de las mismas. Sin embargo, en los últimos años se viene llevando a cabo un mayor control y vigilancia sobre las mismas, tanto a nivel de las consultas de Atención Primaria como a través de las unidades de inspección, tanto autonómicas como nacionales.

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Sin embargo, parece que el Gobierno pretende ajustar un poco más las clavijas a través de un Real Decreto que se aprobará en julio, por el que se establecerán unas tablas con la duración media de las bajas de enfermedad, en función del diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador, con el objetivo de luchar contra el absentismo laboral injustificado y ahorrar dinero al sistema.

Ya en el siglo V a. de C., Hipócrates, padre de la medicina occidental, afirmaba, en su intención de individualizar cualquier proceso de enfermedad, que "no existen enfermedades sino enfermos". Veinticinco siglos después, el profesor Gregorio Marañón hacía suyo el pensamiento hipocrático, dando al mismo el valor de su actualidad aún con el paso del tiempo.

Por eso que someter a unas tablas, supongo que con todas las garantías estadísticas, la duración del proceso de enfermedad, basándolo solo en tres premisas de las múltiples que pueden incidir en la evolución de un paciente, me parezca, al margen de mercantilista, por el ahorro económico que se pretende, de un pragmatismo empírico que choca frontalmente con el principio que establece la clara diferenciación de cada enfermo, incluso ante una misma enfermedad.

Pero no sólo eso, el Real Decreto vendría a vulnerar la libertad individual de los facultativos, ya sean asistenciales como en las áreas de inspección, a la hora de determinar cuándo un enfermo está en disposición de reincorporarse a su vida cotidiana, tanto laboral como social.

Es cierto que, con cinco minutos de consulta con el enfermo, resulta muy difícil realizar una historia clínica completa que contenga los suficientes elementos de juicio, tanto físicos como psíquicos, para individualizar el proceso de enfermedad.

Ante ello, no es de extrañar que planteada la duda por parte del enfermo, con una patología real o ficticia, el médico de cabecera opte por conceder o mantener una situación de baja por temor a equivocarse, dejando en manos de los servicios de inspección la decisión final.

Ello provoca, evidentemente, que en algunos casos se dilaten sin soporte clínico situaciones de incapacidad que generan un sobrecoste económico y, no lo olvidemos, con las políticas de personal que se vienen siguiendo en muchas empresas –no digamos ya la Administración–, al no proceder a la sustitución del trabajador enfermo por otro activo, también una disminución de la calidad de los servicios y una mayor presión laboral hacia el resto de trabajadores activos que ven cómo tienen que realizar un doble trabajo, el propio y el del trabajador ausente sin, por otra parte, compensación económica u horaria alguna.

No creo que la solución a este problema, que no dudo que sea real porque convivo en un medio laboral con abundante plantilla, haya que buscarla en la rigidez y el formulismo de unas tablas sino en la calidad del estudio al enfermo, que va muy unida a la disponibilidad horaria de los facultativos para evaluar a sus pacientes y a un mayor apoyo hacia aquellos en la toma de decisiones, de forma que la consulta médica no se convierta en un foco de conflictividad entre los enfermos y los médicos que los atienden.

Por supuesto, también, en una más fluida atención a la hora de realizar ciertas pruebas complementarias y no digamos para acceder a las consultas de Medicina especializada, que en muchos casos ofrecerán un diagnóstico de mucha mayor precisión con el que valorar si el paciente está o no capacitado para su reincorporación al trabajo.

Si en 2.500 años no se ha modificado la premisa de que cada enfermo es un mundo diferente al que hay que tratar de manera individualizada, introducirnos a todos en una mera gráfica supondrá –a todas luces– intentar burocratizar la salud con resultados de los que dudo.

Es el médico y sólo el médico quien debe ostentar la capacidad y, desde luego, la responsabilidad, para determinar el estado de salud de su paciente, valorando del mismo todas sus variables. Ello iría en el sentido de humanizar la Sanidad frente al proceso deshumanizador que hoy vive apoyado en criterios economicistas de difícil justificación a veces.

ENRIQUE BELLIDO



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