Madison y Pericles

Según algunos comentaristas de periódicos nacionales, de nuevo un fantasma recorre Europa: el fantasma del populismo. Dicho término, aplicado en nuestro país en los últimos años, parece la prevención político-periodística ante una enfermedad cuyos síntomas, al menos de momento, no se han evidenciado de manera conspicua a ojos de este observador.



Además, tal y como se viene empleando, populismo se ha convertido en uno de esos conceptos-comodín cuyo proliferación es proporcional a la ambigüedad o amplitud de su significado. En general, se usa de modo despectivo, y viene a denostar toda aquella medida que iniciativa que esté en contra de los propios intereses o convicciones y se aprecie que puede suscitar apoyo popular.

Así, no es de extrañar que los políticos de todas las tendencias acusen a los de las contrarias de incurrir en el dichoso populismo. Además, cuando se utiliza como improperio, viene a acompañar muy a menudo a otro sustantivo triunfante: demagogo, y el correspondiente adjetivo demagógico.

Como adjetivo y sustantivo, son intercambiables, además, lo que facilita su empleo en tertulias, columnas de opinión, charletas de café, tuits, etc. por líderes de opinión y caudillos mediáticos varios, por no hablar, claro, de nuestra clase política: Zapatero acusó a Rajoy de populista; y viceversa. Aguirre, a la presidenta de Argentina, una exsecretaria de Estado y exministra a Aguirre, el PSOE a un ministro y muchos más por el estilo, fácilmente encontrables a golpe de Google. También es muy recurrente el empleo de utópico o utopía. Una tríada de conceptos casi imbatible.

Lo que se manifiesta en todas estas acusaciones es la desconfianza, nada nueva, de los partidos políticos y sus dirigentes respecto de todo lo que suponga conexión, consulta o escucha a la ciudadanía. La mala conciencia que les suponemos está fundada por su poca costumbre en prestar atención a los problemas de aquella, salvo en sondeos de coyuntura o en periodos electorales, en los que las promesas, golpes de pecho y propósitos de enmienda resultan habituales.

Es por eso por lo que su apelación al pueblo emerge como estrambótica y estentórea. Consultas y referendos son tildados de manera sistemática como populistas, y sus promotores, demagogos. En el caso de los últimos referéndums propuestos (Cataluña y Canarias), no deja de parecer razonable la acusación de "oportunismo" político a quienes los han promovido.

No obstante, no deja de ser una obviedad, pues las decisiones políticas siempre obedecen a cuestiones de oportunidad, además de otras razones. Que tanto el presidente de la Generalitat como del Gobierno de Canarias aboguen por consultas ciudadanas no debería, en cualquier caso, ser motivo de polémica ni de reproche jurídico positivista, pues en principio nada parece más democrático que la ciudadanía tenga voz y voto en cuestiones importantes para su Comunidad.

Que aparte de los motivos puramente consultivos intervengan otros factores políticos (como la cercanía de unas elecciones, consolidación del poder dentro del partido, etc.) es algo que no podemos rechazar a priori, pero que no debería deslegitimar aquellas consultas.

Además, quienes se pusieron de acuerdo en 24 horas para cambiar la Constitución e introducir en ella la prioridad del pago de la deuda externa no deberían insistir tanto en que tal o cual modalidad de referéndum no es constitucional/legal. Ya sabemos que sólo es cuestión de voluntad política, y otros cambios, quizá más pertinentes, contribuirán a rasgar el velo del templo de la Carta Magna.

No obstante, y como ya señale en mi última columna, un referéndum al uso es insuficiente porque se limita a reflejar la opinión del ciudadano, no a valorar su reflexión, alimentada por datos técnicos, aportaciones de expertos, interpelaciones ciudadanas a los políticos, debates entre los que postulan una postura con los que están en contra, etc.

Es decir, ya que la institución política de turno ha convocado un referéndum, debería también esforzarse por suministrar la máxima información posible a los potenciales votantes, al igual que estos también deberían tomarse la molestia de analizarla.

La cuestión debería consistir no tanto en votar lo que se piensa en un momento dado (en muchas ocasiones, ni siquiera se tiene opinión al respecto) sino en lo que se votaría si se tuviese la mayor información posible.

No olvidemos, por otro lado, que la democracia representativa de la que disfrutamos ha arrinconado a otras formas más deliberativas, no sólo por el problema que representa el número (cómo hacer deliberar en el mismo espacio a miles, millones de personas y tomar una decisión), sino por la profunda desconfianza que han sentido siempre las élites políticas hacia la participación masiva del pueblo.

La tesis de que unos representantes filtrarían las opiniones del pueblo y las refinarían debatiendo entre ellos es, en su variante de sistema de partidos, la que ha perdurado y ha llegado hasta nosotros. Recordemos, además, que en la época de James Madison (uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos) y tras la Revolución Francesa, lo que llamamos ahora democracia representativa se consideraba un sistema diferente a la democracia, entendida como democracia directa. En rigor, la primera se denominaba República, y la segunda, Democracia.

La posterior ampliación del derecho a voto, lo que finalmente devendría como sufragio universal, y el progresivo prestigio del término democracia, convergieron para denominar al sistema de representación como democracia representativa, que es la que rige en actualidad en España y en la mayoría de los países de tradición liberal-capitalista.

Así, en la república (ya sea presidencial o monárquico-constitucional) nunca ha gobernado el pueblo, sino sus representantes, que ni son el pueblo ni actúan por delegación, sino que son autónomos respecto a aquél (otro asunto es la sujeción a la disciplina de partido).

El discurso fúnebre de Pericles (véase Historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides) es un texto fundamental de la democracia que la mayoría de nuestros políticos (los que lo conocen) preferirían pasar por alto.

Además, basta echar un vistazo a muchos de nuestros diputados y senadores para darnos cuenta de que ellos mismos no pasarían un filtro de sabiduría o raciocinio mínimos. Muchos se limitan, de hecho, a aplaudir o a dar voces de apoyo, tal como aquellos entrañables animales de Rebelión en la Granja.

Es, por lo tanto, dudoso que gocemos de verdadera libertad política, si la entendemos a la manera de Hannah Arendt, quien señalaba en su obra Sobre la revolución: "O la libertad política, en su acepción más amplia, significa el derecho "a participar en el gobierno" o no significa nada".

Podemos imaginar un régimen en el que estén recogidos en una constitución y protegidos los derechos civiles, pero que, al mismo tiempo, la inmensa mayoría de la ciudadanía no participe en la esfera política, que no participe en las decisiones de carácter público. ¿Llamaríamos a este régimen demócrata?

Decía, en un artículo reciente, el politólogo Fernando Vallespín que la esencia de la democracia era poder optar entre candidaturas. Ni rastro de la participación de la ciudadanía, ni de la deliberación, ni de la difusión de valores democráticos.

Por supuesto, también es posible imaginar una oligarquía cuyos miembros disputasen entre sí la ocupación de los cargos institucionales mediante elección popular. Es posible que dicha opción entre candidatos sea una condición necesaria, pero no suficiente para aceptarla como sinónima de democracia.

Con frecuencia me pregunto cuál será el pecado original del pueblo para que sea objeto de tanto desprecio.

UBALDO SUÁREZ

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El Día de la Deliberación

Pensaba escribir algo diferente: dejar a un lado la política y los medios de comunicación y tocar cualquier otro asunto. Me temo que la consecuencia previsible sería que no escribiría en absoluto. En estos tiempos de crisis, la verdad, no estoy dispuesto a ser crítico de inocuidades, como de la última novela de Fulanito o la de la película de Menganito, aunque dispusiese de los conocimientos para hacerlo. La libertad de escribir cualquier cosa en esta columna no puede ser una excusa para torturar a los lectores que decidan pasar por aquí, sometiéndolos a mis caprichos creativos.



Por cierto, algunos de estos lectores me han señalado, con respecto a mi anterior columna, que los reproches que le dirigí al principal partido en escaños de la oposición podrían aplicarse también al del Gobierno estatal o a los de las comunidades no gobernadas por ellos. Sin duda, me apresuro a contestar.

Mientras que en la discusión política se orilla el modelo de economía, pues la mayoría de los partidos de España, y en especial los que suelen turnarse en el gobierno, apoyan sin reservas el sistema de mercado y capitalista, hay que señalar que a las formaciones de derechas se les puede reprochar sus valores y objetivos, que no suelen esconder: organicismo, jerarquía, tradicionalismo, conservadurismo y clasismo. Alguna vez me he preguntado hacia dónde dirigirán sus simpatías los liberales, porque muchos estarán lejos de encuadrarse en este marco.

A los partidos de izquierdas se les reprocha, sobre todo, su hipocresía y doble lenguaje: dicen que luchan por la igualdad y por la redistribución de la riqueza, abogan por la autonomía del ciudadano y por la participación política, pero en la praxis se vuelven paternalistas, prefieren una ciudadanía pasiva, que no se implique en política, y se contentan con mantener el statu quo económico, todo en aras de la famosa estabilidad. Así se entiende, por ejemplo, que las oscilaciones de voto sean tan diferentes en los partidos mayoritarios: uno tiene más incondicionales que otro; el otro tiene más votantes despechados que el uno.

Como ya señalé en otra columna (y como está reflejado en literatura sociológica de mucha mayor calidad y profundidad que la mía), los partidos que gobiernan el Estado del Bienestar, ya sea en su versión fuerte o en la actual que se propugna y se recorta, son presos de las contradicciones sistémicas que lo aquejan.

La impotencia y debilidad de los sucesivos gobiernos (también los de las Comunidades) en el plano económico se enmascaran haciéndose pasar al primer plano asuntos sociales, morales o identitarios. Así, no es sorprendente que el famoso referéndum catalán haya ocupado la atención de los medios informativos las últimas semanas (en un cambio de clima político que beneficia tanto al Gobierno de España como al de Cataluña), desplazando las cifras macroeconómicas y las microtragedias ciudadanas a un segundo plano, menos dañino para sus proyecciones electoralistas.

La nación y la nacionalidad siguen suscitando pasiones que parecían hasta no hace mucho obliteradas en las sociedades europeas, postmetafísicas y plurales (en España, sin embargo, no ha dejado de estar presente, todo hay que decirlo).

Al menos, esa era la reflexión, de matiz evolucionista, de muchos pensadores. La secularización y la laicidad no han acabado con la religión en Occidente. Más bien, en los últimos años se asiste a cierto resurgir en la esfera pública (Jürgen Habermas considera que este fenómeno es propio de las sociedades postseculares, básicamente las democracias liberales de Europa).

Además, la lealtad sentimental a ese constructo imaginado (véase Benedict Anderson, Comunidades imaginadas) que es la nación no se ha dejado atrás. El famoso patriotismo de la Constitución (véase Habermas) está muy lejos de ser la norma, más allá de alguna élite intelectual o académica sin peso significativo en el espacio público.

Y he aquí que el más reciente foco de conflicto político en España, el famoso referéndum de Cataluña, que a veces parece desleírse sin ruido y otras se hincha como un eccema rabioso, cobra protagonismo merced a la disputa de las élites políticas, que primero dirimen sus diferencias en la esfera pública, vía medios de comunicación, para después ganar fuerza negociadora.

En mi opinión, la consulta ciudadana no debería considerarse una singularidad o un elemento extraño a la política democrática. En todo caso, no parece irrazonable pensar que podría modificarse el artículo 92 de la Constitución para darle la cabida que se merece y mediante una reforma de la actual Ley Orgánica legislar de modo que las consultas ciudadanas pudieran realizarse con mayor frecuencia y a todos los niveles.

No obstante, un referéndum debería ir precedido de una intensa actividad deliberativa ciudadana, promovida por las instituciones públicas. Porque ¿qué significa dar una opinión, un voto, o una respuesta a una encuesta basándose simplemente en ideas superficiales o sensaciones confusas salvo expresar un estereotipo o un prejuicio?

Los referendos no pueden limitarse a ser una encuesta política típica, que busca, como suelen decir los comentaristas de los medios, "una foto" de la opinión pública. En asuntos políticos de enjundia, es decir, en todos, no se debería preguntar la mera opinión que se tiene, sino aquella opinión que se tendría después obtener la información necesaria y sopesar los argumentos de uno, otro y del de más allá. La diferencia es algo más que notable.

En los experimentos deliberativos o encuestas deliberativas realizadas, entre otros, por el filósofo político James S. Fishkin, se observa cómo las personas que tomaban parte en ellas cambiaban en gran medida sus opiniones (se les hacía una encuesta antes de las deliberaciones y otra, después) y las fundamentaban mucho mejor.

Trasladándolo a la gran encuesta nacional que pueden ser unas elecciones o, en el caso que nos ocupa, un referéndum, Fishkin aboga por implantar un Día de la Deliberación en el que el Estado proporcionara espacios e información para que los representantes de los partidos (a nivel local, por todo el territorio del Estado) explicasen a la ciudadanía su programa, medidas o propuestas, y pudieran ser interpelados por los ciudadanos que participaran (no se descarta implantar incentivos).

Como consecuencia, los ciudadanos abandonarían su ignorancia racional (para qué va uno a molestarse en informarse si, total, un voto no vale nada entre tantos millones) y estarían más dispuestos a participar en la consulta o en las elecciones de turno.

A pesar de las evidentes dificultades logísticas y el gasto (uno se pregunta si no valdría más ese que el que se incurre en cada campaña electoral y que tiene las consecuencias perversas en los partidos que todos conocemos), el resultado electoral o el del referéndum estaría cargado de valor cognitivo y político, lo que claramente repercutiría en la legitimidad del Gobierno de turno y de las instituciones públicas, y evitaría en gran medida fenómenos como la actual desafección, de la que tanto se quejan, asimismo, nuestros representantes políticos y los autonombrados líderes de opinión.

No se trata, por tanto, de llegar a ningún consenso. Puedo estar de acuerdo con la filósofa Chantal Mouffe en su visión agonística de la política y de la esfera pública. En muchos casos, es sencillamente imposible, y es posible que ni siquiera deseable, alcanzar tal consenso por la disparidad de visiones morales y políticas existentes en nuestra sociedad plural.

No obstante, nuestra democracia ganaría en calidad al incluir mayor deliberación y participación, y el principio de la mayoría perdería ese carácter asfixiante que el mero recuento de votos provoca en los derrotados.

UBALDO SUÁREZ

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Los actores de la izquierda

Como es probable que esta sea mi última columna del año, quería escribir algo distinto a señalar las falacias argumentativas de los políticos o la sesgada visión del espacio público de los medios de comunicación. Sin embargo, el poder, la influencia y el dinero no dejan de aparecer de forma conspicua como los tres elementos que, al menos en apariencia, mueven a la acción a aquellos.



Por sí mismos, estos elementos no son negativos para una sociedad más justa e igualitaria. Utilizados como medios para alcanzar los propios fines a expensas de los posibles perjudicados y sin que se hayan utilizado medios democráticos, sí lo son.

Por tanto, he postergado para una época menos agitada la decisión de escribir de algún otro asunto que no sea estrictamente político: arte (en sentido amplio), cultura (en sentido amplio, también)... Comprendan que es difícil resistirse a señalar las campañas mediático-políticas cuando las percibe uno, que todavía dispone de capacidad de indignación. Así que allá vamos.

El último congreso del principal partido en la oposición resultó todo un espectáculo, en el sentido recto de la palabra: actores, guión, coreografía y atrezzo. Como en una obra de teatro antigua, los viejos sabios tuvieron su papel, y hasta algún muerto resucitó para darnos consejos desde el más allá.

Desde las lejanas provincias, futuros césares se subieron al escenario para representar la renovación. Al mismo tiempo, los medios de comunicación afines dedicaban gran número de páginas a narrar la obra a la ciudadanía y a hacernos conscientes de su gran importancia. "No se la puede perder", parecía leerse entre líneas.

No contentos con esto, dichos medios, cuyo nicho de mercado es el centro-izquierda (o lo que entiendan por eso), suministran desde entonces, día sí y al otro también, entrevistas y artículos de opinión de sociólogos y juristas que nos alertan del "peligro del populismo".

 Da la impresión de que las cabezas pensantes que quedan en ese partido están alarmadas porque no capitalizan el amplio descontento ciudadano con el Gobierno. Por consiguiente, ejercen un ataque preventivo contra la posible tendencia de su electorado natural a elegir o a articular otras opciones políticas más ambiciosas. Más bien, cabría decirles que se puede señalar lo opuesto: el peligro del conformismo o del partidismo totalizador que conduce a la parálisis política.

No obstante lo anterior, esos líderes y los miembros de sus fundaciones anejas no parecen darse cuenta de que para muchos ciudadanos la idea de la izquierda no está tan asociada a la estabilidad política a cualquier precio como a la democratización en tanto tarea permanente y siempre inacabada.

Ejercer esa suerte de pragmatismo estratégico y evitar la confrontación en áreas sensibles no resuelve problemas, sino que posterga su solución. No abordar reformas democratizadoras por cálculo electoralista priva a medio plazo a sus potenciales votantes de razones para votarles. Son las paradojas de la izquierda, que, al menos en España, han madurado de forma acelerada hasta reventar en su crisis actual.

Quizá pueda pensarse que a dicha izquierda, al menos a la que se le proporciona espacio, micrófono y plano, le falta vocabulario, consecuencia de su idea estrecha de la democracia y de la sociedad. Lo anterior resulta evidente cuando dicen: "Lo que quiere la ciudadanía es...", "lo que le importa a los españoles es...", "lo que la gente espera es...", como si el líder o caudillo mediático de turno poseyese esa omnisciencia divina o ejerciese esa representación schmittiana cuasi mística que le capacitase para ejercer el poder sin ataduras. Sería deseable, en mi opinión, que dejara en el museo de los errores el paternalismo (aunque bienintencionado) y la hybris.

Yendo más allá, puede que nunca sea demasiado tarde para considerar la idea de que la ciudadanía no debería ser una excusa o una coartada, ni un mero objeto de seducción, comprensible mediante sondeos de opinión, sino el principal sujeto político en su poliédrica constitución: múltiples grupos sociales de diferentes tendencias políticas y diversas situaciones de riqueza e ingresos, heteróclito conjunto de creencias y cosmovisiones.

Precisamente por esta diversidad, los procedimientos democráticos, siempre en proceso de mejora, para no sólo conocer sino también fundamentar la opinión de los ciudadanos, deberían dejar de ser la excepción, tal como ocurre hoy en día, y convertirse en la norma.

En vez de abjurar, por ejemplo, de las consultas ciudadanas periódicas como los referéndums, aduciendo un nivel de participación por debajo del 50 por ciento (parece ser el caso suizo, aunque depende de lo que se pregunte), se podría señalar que ojalá viviéramos en un país en el que se requiriera nuestra opinión con tanta frecuencia, aun a riesgo de que no quisiéramos participar siempre.

En esta línea, produce, en el peor de los casos, pasmo, y, en el mejor, cierto bochorno oír a algún miembro del partido en la oposición que deberían "abrirse" a la sociedad/ciudadanía, dando a entender, de esta manera, que estaban cerrados a ella, precisamente sus representantes en el Parlamento y demás instituciones del Estado...

En definitiva, habría que preguntarles a esos dirigentes, a esos analistas y expertos en marketing político cuál es su concepción del ser humano y cuál es su idea de lo que debería ser una sociedad bien ordenada (en términos de Rawls). Quizán no quieren reconocerlo, pero, a tenor de sus manifestaciones y acciones, su idea de la democracia es más elitista que deliberativa, mucho más próxima a Schumpeter que a Habermas, lo que puede satisfacer a algunos y frustrar a muchos más.

UBALDO SUÁREZ

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Riesgo cero

Tres noticias referidas a crisis medioambientales han confluido en las últimas fechas como elementos de debate en la esfera pública: la sentencia del Prestige, las catas de petróleo en las cercanías de Canarias y los terremotos de Castor, en Castellón, por una técnica extractiva (gas y petróleo) denominada fracking. Todos recordamos cómo el accidente de un barco petrolero cerca de las costas de Galicia acabó con el desastre ecológico que ahora la Audiencia Provincial de A Coruña ha considerado sin responsabilidad penal.



La sentencia, aun siendo contestada por instituciones y grupos de lo más dispar, como la Fiscalía General del Estado o la plataforma Nunca Mais, ejemplifica los riesgos y amenazas a la ecología en general, y a los seres humanos, en particular, en la Modernidad. Pueden ser el derrame de petróleo, o la fuga radioactiva de una central nuclear (Three Mile Island, Chernobyl, Fukushima, por ejemplo), las prácticas de la industria alimentaria o las experimentaciones genéticas (encefalopatía espongiforme bovina, alimentos transgénicos) los síntomas, en palabras del sociólogo alemán Ulrich Beck, de una sociedad del riesgo.

Y no sólo del riesgo, sino del riesgo global, pues los vertidos, efectos y accidentes de la industria de nuestra época han dejado de tener repercusiones locales: atraviesan fronteras y permanenecen durante generaciones. Además, como elemento iluminador, llama la atención la particularidad de que no hay seguro privado que asuma el riesgo que suponen una central nuclear, la introducción en la cadena alimentaria de productos modificados genéticamente o las consecuencias de una fuga radioactiva a gran escala. Ni se puede compensar en dinero ni reparar todo el impacto de un derrame de petróleo en la flora, fauna y vida de los habitantes de la costa gallega, por ejemplo.

Además, y dado que el planeta no puede ser en sí mismo un laboratorio que se pueda observar desde fuera, no se puede asegurar que no se produzca un accidente o una consecuencia inesperada. Es imposible conocer todos los peligros, prever todos los fallos. La misma ciencia que nos coloca en el disparadero nos avisa de su peligro.

En este sentido, sólo se puede hablar de índices de probabilidad y de estadísticas, pero lo que nunca se puede asegurar es que no exista riesgo alguno, o como ha dicho algún político respecto de las prospecciones petrolíferas en Canarias: "riesgo cero".

En realidad, este político, experto petrolífero sobrevenido, señalaba que la posibilidad de derrame era "una entre cien mil", pero que si eso ocurriese, "la corriente se lo llevaría hacia las costas de África". Lo cual, evidentemente, debería tranquilizar a los canarios, pues si tal accidente ocurriera, lo sufrirían los habitantes de aquellas tierras ignotas. En todo caso, ni siquiera este diputado estaba capacitado para asegurar de modo absoluto que el accidente no pudiese ocurrir y que no contaminase Canarias.

Porque si efectivamente y riéndose de las infinitesimales probabilidades se produjera un vertido de petróleo y si, a pesar de las corrientes marinas amigas, dicho vertido alcanzase las costas de las islas, ¿quién asumiría la responsabilidad del vertido? ¿cómo se podría hacer frente a las consecuencias, no sólo medioambientales, sino económicas (pesca y turismo, por ejemplo) y sanitarias? No olvidemos que el cálculo de probabilidades no excluye completamente el suceso determinado.

Por otro lado, y ya centrándonos en esta Comunidad, recordemos el ramillete de argumentaciones falaces que se blanden para ganar la batalla por la opinión pública: la delegada del Gobierno utilizó la de la competencia, al señalar que Marruecos se había adelantado en poner en marcha las catas prospectivas. Es decir, que en la pugna internacional por los recursos y las inversiones, los demás argumentos deberían orillarse.

En esa línea, el delegado de la compañía petrolífera convocó hace unos días una rueda informativa en Gran Canaria y utilizó la falacia del puesto de trabajo, por la que cualquier acción o iniciativa está justificada si crea empleo, que fue justo lo que prometió.

Asimismo, el ministro de Industria, uno de los principales valedores de las prospecciones petrolíferas, ha optado por enmarcar el asunto en una perspectiva economicista a corto plazo, pasando por alto el riesgo de las repercusiones medioambientales y tachando de "ideología" los argumentos basados en estos.

Hay que recordar en este momento que, una vez producido el desastre, los representantes políticos y los directivos de las empresas en cuestión se apresuran a minimizar lo ocurrido. Todos recordamos, en las explicaciones gubernamentales en torno al Prestige, los famosos "hilos de plastilina" o, hace unos meses, la insólita afirmación del presidente del Gobierno respecto de Fukushima. Aunque esas declaraciones no tardan en ser desmentidas por los hechos, políticos y directivos no parecen desanimarse en su empeño por desorientar a la ciudadanía.

Como dice Beck: "En la cadena de catástrofes y cuasicatástrofes, fallos encubiertos de seguridad y escándalos que han llegado a conocimiento público se tambalea la pretensión de control, centrada en la técnica, de las autoridades gubernamentales e industriales; y eso con independencia del parámetro que se haya establecido para los peligros: número de muertos, peligro de contaminación, etc."

Partamos, entonces, para un análisis cabal, de la asunción de los riesgos inherentes a determinado tipo de tecnología y de industria, y en abierto y democrático diálogo con la ciudadanía sopesemos posibilidades y alternativas, barajemos ganancias y perjuicios, y, finalmente, consensuemos una decisión en beneficio de todos: es el único modo posible de legitimar una decisión de ese tipo.

Lo que parece indudable es que no existe el "riesgo cero" y que hacer pasar por interés social lo que parece, sobre todo, interés de lobbies, es el pasaporte sellado para el desastre. En este sentido, una participación activa de la sociedad civil resulta imprescindible para poner en marcha políticas ecológicas de este tipo, pues los grandes temas, como señala Beck, "nunca se han originado en la capacidad de anticipación de los gobernantes o del combate parlamentario".

UBALDO SUÁREZ

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Partidos dichosos, dichosos partidos

El artículo 6º de la Constitución Española reza: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política (...)". Treinta y cinco años después, podríamos decir que sí, pero en cierto modo.



Expresan pluralismo político, pero no todo el pluralismo político. Desde un punto de vista conceptual, es imposible que a cada partido político corresponda una manera distinta de concebir la política y la gestión de los recursos colectivos. Son manifestación de la voluntad popular, pero no de modo exclusivo, aunque quieran convencernos de lo contrario.

Respecto a la tercera parte, a la hora de la representatividad institucional es posible concebir a representantes independientes (es decir, sin partido) de la ciudadanía. En todo caso, los partidos no deben aspirar a convertirse en un instrumento omniabarcador, esto es, que conquistase o cooptase todos los modos de participación y expresión políticas.

La situación histórica en la que se redactó la Constitución resulta determinante para comprender el papel tan importante que se les confirió. La necesidad de canalizar institucionalmente la transición de la dictadura a la democracia y de encontrar interlocutores políticos de peso para que dicho proceso no descarrilara lo explica en gran medida.

Además, el deseo de estabilidad política también contribuye a explicar la ley electoral que se escogió, cuyo efecto previsto eran las ventajas comparativas que tendrían los grandes partidos y las formaciones nacionalistas. En fin, es un asunto bastante trillado al que no voy a aportar aquí nada nuevo.

No obstante, en medio de la marejada política desencadenada a raíz de la crisis económica y sus efectos en las áreas social y política, se ha puesto en cuestión el papel de los políticos, el de los partidos y el de la ley electoral. Iniciativas, documentos de estudio, propuestas varias han circulado aquí y allá, ya sea en lo que se refiere a la correspondencia de votos con escaños (vía escogida por los partidos minoritarios) como otras que pretenden una reforma general de la Ley de Partidos (intelectuales, foros varios).

Un aspecto que hasta ahora se ha tocado con cierto descuido, a pesar de las trapisondas del antiguo tesorero del partido del Gobierno, es el de la financiación. Entre otros aspectos, se asumen como dogmas que los partidos pueden recibir donaciones (aunque se matice el cómo y el de quién) y que deben recibir subvención estatal según su representación. Podríamos considerar la segunda incompatible con la primera, por ejemplo. O si es saludable que puedan pedir crédito o préstamos a instituciones financieras. Podríamos analizar, en definitiva, por qué los partidos políticos cuestan tanto.

Además, en las campañas electorales no se pone en cuestión el gasto casi sin medida en que incurren los partidos políticos para propagar sus ideas y dar a conocer a sus líderes, ni (salvo las protestas testimoniales de turno de los perjudicados) el grado de intervención en los medios de comunicación en las campañas electorales.

Hemos internalizado que los partidos políticos cuenten con una estructura gigantesca y muy costosa, con su patrimonio inmobiliario, su propio personal y demás. También, que reciban subvenciones las fundaciones y think tanks que apoyan.

Y a pesar del aura de podredumbre moral y cinismo político que los envuelven, parece que no podemos imaginarnos el mundo sin ellos. Hace pocos días, un exmagistrado de fama internacional y unos cuantos sindicalistas y exmiembros de otro partido más escorado a la izquierda pidieron participar en la llamada Conferencia Política del principal partido de la oposición "para hacer frente a la derecha".

Imagino que la impotencia política y la falta de imaginación programática es tan grande en la socialdemocracia y resto de la izquierda en general en España que consideran que el escenario político se compone de dos actores y la trama es maniquea. "Lo demás es silencio".

Sin embargo, podríamos al menos esbozar un escenario en el que los partidos políticos fueran más ligeros, cuya necesidad de financiación fuese mucho menor. Si, en un mundo ingenuo, los gastos de funcionamiento del partido se limitasen a sus oficinas provinciales y el grueso del gasto se lo llevasen las campañas electorales, podríamos proponer soluciones alternativas a sistema actual.

Por ejemplo, y dado que las elecciones, según los mismos políticos nos insisten, son la "fiesta de la democracia" y fundamentales para ella, podrían programarse horarios extensos en las radios y televisiones (sí, también en las privadas, no olvidemos que son concesiones públicas) para que los distintos partidos expusiesen sus programas y debatieran entre sí sus ideas.

En los periódicos, espacio para que los candidatos articulasen su posición sobre diferentes asuntos de importancia. Dado este acceso a los medios de comunicación, podría reducirse o incluso eliminarse la cartelería y la publicidad.

Y puesto que los partidos políticos "son instrumento fundamental para la participación política" sería difícil de discutir que, en la quincena previa a las elecciones del tipo que sean, disfrutaran de ese amplio espacio gratuito en los medios de comunicación, por mucho que los propietarios de dichos medios protestaran. Al fin y al cabo, también a estos se les considera vitales para cualquier democracia que se precie de serlo, por lo que se les supone y se les exige mayor compromiso con su mantenimiento.

Por otro lado, y al hilo de lo anterior, también quiero señalar que está lejos de ser autoevidente que los partidos que hayan conseguido más escaños o votos deban disfrutar de más tiempo en los medios ante unas nuevas elecciones. Si gracias a su éxito electoral anterior ya disponen de altavoz propio en la esfera política y en la pública en general, y si además se les ha premiado con la subvención pública, si ya sus diputados, senadores, concejales, etc., ya cobran con cargo al erario, ¿para qué, además, se les debería primar con mayor presencia mediática?

Hoy en día, el esfuerzo que tienen que hacer terceros partidos a escala nacional (podría hacerse también el análisis en la escala autonómica) para superar el bipartidismo rampante es más que titánico, y sólo pueden florecer (o medrar) en tiempos de aguda crisis económica o política como la actual.

Así, los partidos nunca comienzan de cero ni en igualdad de oportunidades. Los partidos mayoritarios seguirán siéndolo por pura inercia mediática y financiera. Mayor capacidad financiera y mediática les proporciona mayor conocimiento ciudadano y, a la postre, mayor representación, lo que, a su vez, les proporciona mayor poder institucional, mayor subvención estatal y vuelta otra vez a lo mismo. Un círculo vicioso que ha hecho que partidos y políticos hayan caído en el vicio de la soberbia política y enfermado de miopía social.

En este momento histórico, quizá lo que menos nos haga falta es ese bipartidismo (que, en caso de destrucción, algunos auguran que echaremos de menos) al que estamos acostumbrados. Dados a imaginar, no es descartable que mayor pluralidad política no ocasione como consecuencia necesaria un Maelstrom social que se lo lleve todo por delante.

Partidos políticos más fáciles de constituir, con mayor capacidad de transmitir sus ideas a la ciudadanía, menos costosos, con menor interés por cooptar las instituciones que gobiernen, que no aspiren a representar en exclusiva la pluralidad política ni a ser los únicos depositarios de la voluntad popular, más abiertos a la influencia de movimientos sociales y reivindicativos, más porosos en definitiva a las demandas de la sociedad civil y a los ciudadanos en general constituirían una alternativa harto más interesante que el mantenimiento del statu quo actual. Por otro lado, esa estructura más ligera les haría más resistentes, sobre todo por falta de necesidad, a las tentaciones de la corrupción y la financiación ilegal (que suelen venir juntas).

La creatividad, la originalidad y el atrevimiento teóricos no deberían estar reñidos con la praxis política ni con el llamado pragmatismo que se le supone a aquella. Se necesita más imaginación y más solidaridad que nunca para hacer frente a las amenazas de todo tipo que nos aguardan a la vuelta de la esquina.

UBALDO SUÁREZ

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Arte subvencionado y tutelaje institucional

A la consabida frase de que en una conversación cortés no se debe hablar de política, religión ni fútbol, yo añadiría la cultura. La subvencionada, claro está. Es uno de los asuntos más peliagudos que puede tratarse en una conversación y, sin duda, no sería el más adecuado para, por ejemplo, una primera cita que se pretenda romántica. Sin embargo, como no es nuestro caso, será justo ese, como ya habrán adivinado, el motivo de la columna de hoy.



El mundo de las artes, reconvertido en los últimos tiempos en España en industria cultural a causa de la globalización, la ralentización-crisis-recesión de la economía y la lucha entre lobbies por influir en el Ejecutivo (que es en lo que ha devenido nuestro democracia), ha salido de nuevo a la palestra informativa como consecuencia de la suspensión de un concierto del músico Albert Pla en la ciudad de Gijón, en concreto en el Teatro Jovellanos.

Al parecer, el Ayuntamiento de esa ciudad decidió que aquél no podía tocar en un teatro municipal porque había declarado en un medio informativo que le daba asco ser español. El asunto va más allá de la censura o veto a alguien por manifestar su opinión de manera pública, que ya es grave. Que un concejal dictamine que tal o cual declaración es una "ofensa" a los españoles y gijoneses no debería ser más que una opinión sin pretensiones de objetividad. En todo caso, arrogarse la representación de los españoles o los gijoneses sí que parece un alarde de pretenciosidad.

Mi punto de vista es que de nuevo se pone de manifiesto la contradicción que supone el concepto de arte subvencionado. Cuando las instituciones públicas intervienen como patrón, mecenas o socio del arte no resulta extraño que ocurran cosas como esta: listas negras para los artistas que, tanto mediante su obra como en sus declaraciones públicas, rompen con el statu quo del sistema o, peor aún, son adscritos a una tendencia política diferente a la de quien ejerza el control de aquellas instituciones. Las consecuencias son la censura, el veto o la exclusión de los circuitos oficiales.

Quizá en otro mundo, el Estado podría promover la creación y manifestación artística de modo que permaneciera neutral ante ellas, tanto en lo que se refiere a su definición como a su contenido. Supongo que el límite podría ser la vulneración de los principios constitucionales o la Declaración de los Derechos Humanos.

En todo caso, habría que llegar a un consenso sobre la conveniencia y utilidad de dicha promoción, cosa que en principio no resulta evidente. La justificación habitual es que para escapar al dominio absoluto del mercado, el Estado se erigiría como protector de aquellas actividades humanas que lo merecieran, es decir, valiosas. Sin embargo, al menos en el caso español, a lo que parece que hay que escapar a toda costa es al dominio de los partidos políticos y de las instituciones controladas por ellos.

Sin embargo, no es tarea sencilla: en nuestro país, el Estado en sus múltiples manifestaciones (gobiernos autonómicos, diputaciones, cabildos, ayuntamientos), sea quien haya sido el que ocupara el poder, se ha dedicado a promover la construcción de recintos escénicos, salas de conciertos, galerías, museos y otros contenedores de arte, y a encargar la producción y contratación de obras de todo tipo, ya por ese paternalismo ínsito a nuestra versión del Estado de Bienestar, ya por tener la vista puesta en un electorado al que pensaba que podría seducir con la cultura.

Ha habido Ministerio de cultura, Secretaría de Estado de Cultura, consejerías de Cultura, concejalías de Cultura... La dichosa cultura ha sido una figura omnipresente las últimas décadas. Mucha gente no se ha dado cuenta todavía de que la cultura (aquí sinónimo de "arte") no es algo que se dé en la naturaleza, ni tampoco es producto de un consenso indiscutible elaborado por la comunidad.

Quiero decir con esto que cuando el Estado subvenciona cultura, subvenciona un tipo de cultura, un tipo de contenidos y a un tipo de artista. Así, nos resulta familiar la idea de que cada partido tiene sus artistas afines, a los que protege desde las instituciones cooptadas. Algo que, a pesar de la crisis y de la reducción drástica del presupuesto destinado a estas actividades, se mantiene a grandes rasgos.

En todo caso, el caso de Albert Pla no es, en absoluto, el primero; muchos más casos son conocidos y más aún permanecerán en la oscuridad por miedo a mayores represalias. La cancelación de su concierto es un ejemplo de lo que ocurre cuando una institución pública es, por ejemplo, la dueña del espacio de la representación...

Así, los artistas que se quejan de la falta de fondos públicos para la promoción de la cultura (esto es, la subvención de sus proyectos artísticos) deberían recordar la servidumbre que comporta y considerar la posibilidad de que dicha servidumbre podría vaciar de significado sus intenciones creativas.

También podría darse el caso de considerarse artista y no querer molestar a nadie: ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a los españoles, ni a los gijonenses. Tal vez entonces, podría ir a solicitar ayudas, subvenciones, billetes de avión para exponer en Noruega, un espacio en una Bienal o una ponencia en unas Jornadas.

Quizá, a fuerza de aliarse con unos o con otros, un medio de comunicación nacional le impusiera la etiqueta de pensador. Desde esa tribuna, el otrora artista, ya recalificado como intelectual, pontificaría sobre política, toros, la degradación de las costumbres, el nacionalismo excluyente o la decadencia del arte.

Imagino que la creación es un esfuerzo no siempre recompensado. A las frustraciones propiamente artísticas se superponen las sociales y las económicas. Es cierto que tampoco se nos puede exigir comportarnos como héroes de modo cotidiano.

No obstante, en el contexto español, pedir dinero a las instituciones públicas para ejercer de artista no me parece sino otra manera de ponerse un bozal y una correa. La opción vital de convertirse en artista no debe ser fácil, y más la de querer mantenerse con esa actividad, pero debe de haber más maneras que la de hacer cola ante la ventanilla de la institución pública de turno o del político conseguidor.

Se puede argumentar también que la producción artística (una vez aparcada la habitual cantinela sobre su capacidad de mejorarnos en el ámbito moral) es equiparable a cualquier otra rama de la economía y como tal debiera tratarse; pero su objeto, que es simbólico, no es el mismo que el producto agrícola, manufacturado o la prestación de servicios.

Y esa característica, sobre todo cuando los mismos artistas la mezclan con conceptos como libertad o reivindicación está reñida, con los matices que se quiera, con el clientelismo, el mecenazgo o la subvención. Salvo que cuando se quiera decir "artista" se piense, en realidad, en publicista o propagandista.

UBALDO SUÁREZ

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Más allá del voluntarismo

No sin razón, se me podría atribuir, por las diferentes columnas que he venido escribiendo durante estos meses, de cierta propensión al voluntarismo político. Me explico: mis llamadas al lector a que actúe como ciudadano demócrata animándole a ejercer su derecho de expresión en la esfera pública podrían dar a entender que la cuestión de la democratización es un asunto que podría resolverse con que un número suficiente de personas ejerciéramos la presión necesaria para que los partidos políticos y, por ende, el Legislativo y el Ejecutivo, se pusieran manos a la obra.



El asunto no es tan sencillo, claro está. A continuación, trataré de bosquejar el dilema de los estados liberales que han engendrado, en sus diversas variantes, lo que se conoce como Estado del Bienestar.

Los estados liberal-democráticos actuales, inmersos en y sostenedores de la forma de producción capitalista y de sistema de mercado, se mueven, hablando de manera esquemática, entre dos polos: a) economía y b) legitimación política.

El Estado debe, para su propia supervivencia, proteger la esfera económica y alentar su crecimiento. Esto se entiende fácilmente, pues, aparte de que la economía capitalista necesita del Estado para amortiguar sus ciclos de crisis y depresión, sólo así podrá ejercer aquél una actividad recaudatoria que le permita atender las demandas sociales y, como consecuencia, generar el apoyo o, al menos, la incuestionabilidad del sistema en su conjunto. Dejamos aparte en este análisis el fomento de la ideología adecuada para reforzar dicho apoyo, aunque no cabe duda que desempeña un papel importante.

Como se ha expuesto en la literatura filosófica y económica de los últimos cincuenta años, ambos objetivos no son complementarios, sino contrapuestos. Sólo en economías de elevado crecimiento, como en la Europa del periodo posterior a la II Guerra Mundial hasta mediados de los años 70 del siglo pasado, las discordancias y contradicciones del denominado Estado del Bienestar pudieron acomodarse con éxito. Los representantes del capital y del trabajo veían que el juego de negociaciones de demandas y concesiones arrojaba, para ambas partes, un saldo positivo.

En épocas de crisis como la del petróleo o como la actual en Europa meridional, la crisis económica y su consiguiente crisis fiscal hacen resurgir las críticas a dicho modelo de Estado y favorece las medidas que propicien el crecimiento económico a costa del otro (la legitimación popular). Es decir, un juego de suma cero.

Es en ese contexto como se explican tanto las medidas como el discurso (en esa especie de neo-lengua) de nuestro actual gobierno. Así, tenemos los recortes ("reformas") en las áreas de atención social, por las que se prepara (Educación), se cuida (Sanidad) y se mantiene (prestación por desempleo y otras) a la futura, actual y sobrante mano de obra, y se legisla para obtener la "confianza de los mercados", como la vertiginosa reforma constitucional para el pago prioritario de la Deuda Pública, la facilitación del despido ("flexibilización del mercado laboral"), o la amnistía fiscal ("regularización de activos ocultos"), etc. La intención es clara: evitar la fuga de capitales y, en la medida de lo posible, atraerlos.

De hecho, la dependencia del Estado es tan manifiesta (y aquí parafraseo al sociólogo alemán Claus Öffe) que las grandes corporaciones, las empresas transnacionales, las entidades financieras, etc., ejercen de hecho una suerte de veto a las iniciativas estatales. Ese veto se traduce en la no inversión o en la salida del capital.

La disminución, o eliminación, según se trate, de prestaciones sociales de diversa índole no puede por menos que suscitar la retirada del apoyo de gran proporción de la ciudadanía al gobierno de turno, a los partidos políticos y, finalmente, al Estado. Como señalan algunos autores, la pregunta no es tanto cuál es la solución para que el sistema siga funcionando sino cómo es posible que a pesar de su contradicción sistémica haya durado tanto.

Por otro lado, no todo brilla en el paraíso del Estado del Bienestar. La cara oculta de las prestaciones sociales es la invasión del Estado en el área privada de la ciudadanía, el paternalismo ciego a matices y la desactivación política de los ciudadanos, convertidos en clientes de servicios, lo que entronca con la crítica conservadora respecto del carácter ilimitado de las demandas ciudadanas, que provocan el crecimiento del aparato administrativo estatal y del correspondiente volumen de gasto.

El coste de la satisfacción de tales demandas es siempre creciente, lo que obliga al Estado a buscar nuevas formas de recaudación, porque la vuelta atrás anulando aquellas medidas provoca la desafección popular. Como se ve, un círculo vicioso.

No obstante lo anterior, no propongo compensar mi voluntarismo, al que podría acusársele en cierta medida de ingenuo, con un quietismo conformista. Busco con este artículo, de modo básico, proporcionar contexto a las aspiraciones democráticas de parte de la ciudadanía.

Es posible explorar nuevas maneras de asegurar la vida de todos los ciudadanos que no supongan esa sobrecarga fiscal del Estado, pero no la imagino si no viene de la mano de la descentralización y democratización de las instituciones públicas políticas y administrativas y en gran medida de las económicas.

Es necesaria una sociedad civil fuerte, autolimitada en cuanto a la posibilidad de ocupar el poder político, pero pujante en cuanto a su propia democratización y exigente en cuanto a ésta en las esferas política y económica (hasta ese punto en que no interfiera con su eficiencia).

Esa democratización debe consolidarse como una opción realista entre las distopías de una sociedad regulada de manera exclusiva por el mercado o una en la que la sociedad civil se haya fundido con el Estado, que tiene como consecuencia la desaparición de la primera, tal y como sucedió con los regímenes comunistas o repúblicas populares.

Sin duda, cualquiera de los puntos que he tocado en esta ocasión son merecedores de mayor atención y requieren una explicación más extensa, por no hablar de aquellos (referentes a la cultura, a los valores, a la ideología, etc.) que ni siquiera he mencionado. En todo caso, me doy por satisfecho si he incitado a la reflexión del lector sobre estos asuntos que estamos viviendo todos en primera persona. No es otro mi objetivo.

UBALDO SUÁREZ

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La democratización pendiente

A veces, la actualidad, es decir, esa visión de la realidad seleccionada y deformada por los medios de comunicación, no ofrece novedades para la reflexión. No quiero decir con eso que no se publiciten las barbaridades, felonías e indignidades propias de las instituciones políticas y económicas con ya rutinaria cadencia. Todo lo contrario: los medios viven y se deleitan del escándalo y la espectacularidad, una vez arrinconada aquella supuesta función social de la que hemos hablado en otras ocasiones.



Al menos hasta el momento en que escribo estas líneas, me cuesta descubrir un rasgo nuevo que pudiera habernos pasado inadvertido en las intervenciones públicas de los actores políticos. Las falacias argumentativas circulan por doquier, sin duda, y la razón se encuentra con la mala fe, cuando no con el absurdo, a cada paso. En este sentido, el paisaje político e informativo parece estar lleno de hitos dignos de comentario.

No obstante, tengo la impresión de que nos hemos estancado en la misma agonía, por más que resulte una redundancia, de un país en declive. Incluso, para ser más puntillosos, hasta el mismo proceso de degradación política se ha enfangado, atascado en la sinrazón, como si ni siquiera los actores gubernamentales y partidistas en general encontrasen fuerzas para espetarnos engaños con cierta complejidad o elaborar mentiras con un mínimo de convicción.

Los expertos en marketing y asesores de comunicación parecen haber agotado por el momento el repertorio de manipulación, y sus eslóganes y proclamas se arrojan al espacio público sin el brillo de antaño.

Y eso por no hablar del proceso de democratización del país, tanto en la sociedad como en sus instituciones, que dista mucho de haberse completado. Con cierta generosidad, podríamos respaldar la tesis de que se ha iniciado, pero que, a la vista de los sucesos de los últimos años, está necesitada de un nuevo impulso regenerador, adjetivo este del gusto de los intelectuales orgánicos y líderes mediáticos de toda laya y condición.

Así, uno asiste a todo este despliegue de tertulias, debates, declaraciones, entrevistas y titulares con un escepticismo que no siempre llega a ser cínico. A veces, resultan enternecedores, incluso, los esfuerzos con que los actores políticos y mediáticos (ya se sabe que los económicos suelen sentirse más a gusto en la oscuridad) intentan atraer y convencer al auditorio ciudadano.

Parafraseando a Erving Goffman, nos hemos familiarizado tanto con la región posterior de la representación, con sus exabruptos, sus familiaridades entre colegas y sus menosprecios hacia el público, que ya nos resulta imposible creer en su actuación. Pronto no nos quedará ni la cortesía que impela a escucharlos una vez más.

Claro está, me refiero a esa parte del auditorio que no se distrae con el entretenimiento de masas ni por el dinero que pueda ganar en sus negocios privados, que ni se abandona a la abulia del mero conformismo ni es nostálgica de caudillos de mano dura.

Pienso, más bien, en esa otra, no descarto que minoritaria, que no concibe la sociedad como una lucha de todos contra todos ni actúa en ella con conceptos darwinistas. Pienso en esa parte de la ciudadanía, a la que Vd., lector, debe pertenecer si sigue leyéndome en este momento, que cree que las leyes y la solidaridad deberían complementarse para que cada uno de nosotros fuera autónomo en su pensamiento, libre en su desenvolvimiento vital e igual en derechos y obligaciones.

Esa parte de la ciudadanía que es consciente de que la lotería genética y social no premia a todos con las mismas características y capacidades, y que es labor de todos, a través de las instituciones públicas que ninguna persona o colectivo sea discriminado, marginado, invisibilizado o explotado.

Nosotros, normalmente público de las representaciones políticas, podemos ser actores importantes en el devenir futuro de nuestro país, pero hemos de dejar el asiento de espectador, ya sea de platea o de gallinero, y atrevernos a subir al escenario.

Reflexionemos, quejémonos, argumentemos, cantemos, escribamos, leamos, ampliemos nuestros conocimientos, manifestémonos, votemos, no votemos, exijamos, pidamos cuentas, neguémonos a aceptar la indignidad, participemos... Y apliquémonos a nosotros mismos esos valores que reclamamos en otras esferas.

Atrevámonos a ser demócratas con todo lo que conlleva si es que queremos en serio que nuestras instituciones lo sean también, si pretendemos que los valores constitucionales sean inspiradores de leyes justas; si, a pesar del mal llamado pragmatismo de algunos, rechazamos que sólo haya una manera de hacer las cosas y de regular la convivencia entre nosotros.

Y si, aun así, nuestros representantes políticos, ya sea por verdadera incapacidad de lidiar con los poderes económicos, entidades financieras o los abstractos entes llamados "mercados", ya sea por su concentrada y solipsista entrega a la lucha por el poder se resisten a dicha democratización, se encontrarán con una ciudadanía dispuesta a castigarles tanto en las urnas como en el espacio público. Quedarán abocados a comprender a diario que el ejercicio del poder será tanto más amargo cuanto más tengan a la ciudadanía en su contra.

No llegan a 40 los años en que hemos vivido dentro de un régimen constitucional. Sería incorrecto afirmar que somos una sociedad democrática en un sentido que no fuera el de la legalidad y el diseño institucional, porque la internalización de los valores concordantes es cuestión de varias generaciones, y más cuando provenimos de un largo régimen dictatorial cuyos valores fundamentales eran la jerarquía, la obediencia debida y una amalgama sesgada de mandatos provenientes del catolicismo.

Al igual que en su momento Kant señalaba que, aunque sus conciudadanos vivieran en la Ilustración, no era la suya una sociedad ilustrada, podemos afirmar que aunque vivamos en algo así como en la Democratización (a pesar de la actual tendencia regresiva basada tanto en una versión extrema del liberalismo de mercado como en una vuelta a los valores de sesgo ultraconservador) no somos una sociedad democratizada.

Corremos el riesgo de que esa Ilustración y Democratización fallidas dejen paso, sin demasiada resistencia, a esa colonización del mundo de la vida que convierta a nuestro país no en un Estado fallido, que también podría ser, sino en un no-lugar: un mero espacio para el intercambio de mercancías y prestación de servicios regulado por el mercado, en el que seres humanos, casi incorpóreos, vagaremos como sombras, porque lo único valioso lo constituirán los dígitos de nuestra cuenta corriente.

UBALDO SUÁREZ

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La mayoría silenciosa

Si bien es cierto que mi columna no pretende seguir la actualidad de manera estricta, también lo es que ésta resulta una fuente continua de estímulos para la reflexión. Por ejemplo, numerosas han sido las noticias, declaraciones y opiniones de todo tipo que durante los últimos días han copado el tiempo y el espacio de la mayoría de los medios de lo comunicación como consecuencia de la Diada y de la cadena humana independentista, que, al parecer, gozó de considerable apoyo popular.



Sin embargo, de lo que a continuación hablaré no es del independentismo catalán en sí, asunto que da para mucho más que mil palabras. Hablaré, en cambio, de un término que surge de manera intermitente desde las instancias gubernamentales respecto de este y otros asuntos: la mayoría silenciosa.

A este respecto, una portavoz del Gobierno español, interpelada por su opinión sobre dicha cadena humana y demás manifestaciones independentistas, declaró: "Escuchamos a todos, también a la mayoría silenciosa", con el evidente sentido de que el Gobierno atendía y velaba por los derechos de los que se quedaron en casa ese día en Cataluña y que, interpretaba, no eran proclives a la causa independentista.

Anteriormente, en septiembre del año pasado, tras las movilizaciones y manifestaciones contra los recortes presupuestarios, el presidente del Gobierno prestó, de palabra, un homenaje "a la inmensa mayoría de los españoles que no se manifiesta". Aún hace más tiempo, un presidente de una comunidad autonómica indicaba, a raíz de una presentación por colectivos ecologistas de 30.000 firmas para paralizar un proyecto urbanístico, que eran muchos más los que no habían firmado.

En todos estos casos, los representantes del poder político y administrativo han intentado contrarrestar el éxito de movilización y de publicidad en la esfera pública de grupos que consideran hostiles o, al menos, contrarios a sus políticas, ya sean rivales ideológicos, partidistas o provenientes de la sociedad civil.

Precisamente, los ciudadanos y colectivos que intervienen en la esfera pública pretenden influir en el Legislativo y en el Ejecutivo, pues la participación en democracia no se limita a ejercer el voto en las fechas señaladas.

El esfuerzo de los portavoces de los partidos o del Ejecutivo por deslegitimar la intervención en la esfera pública de aquella parte de la ciudadanía que va en su contra se manifiesta, entre otras maneras, por atribuirse en exclusiva la acción política al haber resultado elegidos en unas elecciones o, en el caso que nos ocupa, por erigirse en portavoces exclusivos de la otra parte de la ciudadanía que no participa ni se manifiesta en el espacio público.

Sin embargo, la falacia salta a la vista cuando no puede asegurarse de manera absoluta que la opinión o las simpatías de los que no participan son idénticas a la del poder político contra el que se ha alzado la voz en la calle. Resulta algo más que descabellado pensar que los que por diversas razones se reservan su opinión o no muestran su apoyo o rechazo de manera explícita conforman un bloque homogéneo, una especie de macrosujeto, al que se le pueda, entonces, atribuir una posición en un sentido u otro.

Además, resulta cuando menos fascinante hacerse cargo de la posibilidad de que, de repente, el Gobierno (estatal o de una Comunidad) se haya convertido en el portavoz de los que hasta entonces no eran visibles ni audibles. Claro está que el matiz con el que se prende zanjar el debate es el de la superioridad de la "mayoría" contra la minoría problematizadora, reformadora o rebelde.

La paradoja consiste en que se pretende silenciar a los ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse y expresarse apelando a su supuesta condición de minoría, como si eso fuera un argumento en sí mismo. Es singular, a este propósito, que la fuerza y la insistencia con la que los políticos nos animan a votar a las elecciones es inversamente proporcional a su interés por que nos manifestemos y expresemos nuestras opiniones críticas en la esfera pública en el interregno entre aquellas, salvo que sea mediante el inofensivo procedimiento de las encuestas.

Por otro lado, la lucha en la arena política se libra en demasiadas ocasiones con una estrechez de miras y de conceptos que perjudica a la misma democracia. No resulta difícil imaginar que pueden blandirse buenos argumentos a favor y en contra de la independencia de Cataluña, tanto conceptuales a priori como evaluadores de las consecuencias políticas, económicas y sociales a posteriori. Igual que respecto de las medidas económicas con las que se pretende sortear la crisis, o con las decisiones más concretas como las de instalar un complejo gigante de casinos en la capital del Estado, o la de cambiar un terreno rústico a urbanizable.

No obstante, la presencia de esos buenos argumentos suele ser escasa, y, al menos en los medios de comunicación y en las tribunas políticas, ceden terreno con facilidad al palabrerío, a la soflama, a la consigna y la retórica mal entendida, ejercida ésta como instrumento manipulador de mentes y voluntades.

En este sentido, todos los actores que de manera estratégica juegan sus bazas en la esfera pública y aspiran a ser conformadores de opinión deberían encontrarse con una ciudadanía que hubiera interiorizado de manera fuerte no sólo los derechos de los modernos sino también de los antiguos, con los que no sólo aspiremos a que el Estado no se inmiscuya en nuestros asuntos privados sino a participar en los asuntos políticos de modo activo, en la promoción de los valores democráticos y en el ejercicio de la crítica.

Pues es esa crítica como característica primordial en la acción de los ciudadanos, que no son sólo los receptores de las Leyes, sino el origen de su legitimidad, la que enriquece a la democracia y a la sociedad en su conjunto: gracias a ella, en particular, cuestionamos tradiciones que han dejado de sernos útiles o que ahora consideramos discriminatorias e injustas; visibilizamos grupos marginados y ayudamos a potenciar su dignidad y autonomía, mejoramos los procedimientos de toma de decisiones, luchamos por una mayor representatividad política, abogamos por la redistribución de la riqueza y evitamos polaridades sociales injustas, etc.

Porque una sociedad democrática, como recuerda el filósofo John Dryzek, es en muchos aspectos importantes aquella que se esfuerza continuamente por mejorar la democracia misma, más que considerar esta un orden de cosas fijado de manera definitiva.

Concluyo señalando que si se cercena la posibilidad de que la ciudadanía exprese sus críticas, dejando la esfera pública como coto de los lobbies económicos y del poder político, si, además, no se posibilita una mínima transparencia de la administración pública y de partidos y sindicatos, y, finalmente, si no se ejerce un control de riesgos de la actividad de entidades financieras, bancos, grandes empresas y corporaciones transnacionales, podrán algunos voceros alardear todo lo que quieran de nuestro sistema político e, incluso, enumerar una larga lista de sus bondades, pero lo que de verdad no será nunca es una democracia.

UBALDO SUÁREZ

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Sondeo, luego existo

En relación con los recientes acontecimientos que pugnan por atraer nuestra atención ciudadana, ya sea la fallida tentativa de varias instituciones públicas por conseguir que Madrid fuera sede de los Juegos Olímpicos, ya la supuesta erosión de la confianza en el Gobierno del país y del partido que lo sustenta o, incluso, el caso Bárcenas, un elemento omnipresente en la noticia es la presencia de la encuesta o sondeo de opinión.



Empezando desde la más rudimentaria, en el sentido de una menor rigurosidad, casi cada periódico (al menos en su versión digital) pregunta diariamente a sus lectores sobre algún asunto de actualidad. No es infrecuente que nos encontremos con la pregunta: "¿Está Vd. a favor de ..? Sí/No". Incluso de asuntos que por su complejidad es difícil que pudieran tener una respuesta sensata de una persona no experta.

O, en el caso de las televisiones, esos programas cuyos reporteros salen a la calle, abordan a cualquier viandante y le preguntan cuál es su opinión sobre la noticia de turno en ese momento. Luego, se presentan esas opiniones como "la voz de la calle". La cadena "le toma el pulso" a la actualidad, etc., etc. Gracias al medio de comunicación, conocemos entonces, la "verdadera opinión" de la ciudadanía.

En ambos casos, tanto la pregunta del diario digital como la grabación en la calle no está sujeta a ningún tipo de control mínimo con el que se pueda certificar la validez de la encuesta o, al menos, las condiciones en que se han planteado las preguntas. No se debería hacer pasar por la opinión de la ciudadanía lo que no son sino respuestas seleccionadas a preguntas a bocajarro.

En segundo lugar, respecto de los sondeos serios, es decir, de los realizados por agencias especializadas, siempre nos queda la duda, en la mayoría de los casos, de conocer los datos relevantes en cuanto a su elaboración: quién la ha encargado, cuál es la metodología, qué características tienen los encuestados, qué se pretende con ella en realidad.

Por ejemplo, la alcaldesa de Madrid en los días previos a la elección de la sede olímpica, manifestó que el 91 por ciento de los españoles estaban a favor de que Madrid se postulara. La mayoría de los medios repitieron sus palabras, y sólo en uno pude encontrar la empresa encargada de hacer el sondeo.

Todo hay que decirlo, esa encuesta estaba encargada por la entidad que gestionaba la candidatura madrileña, por lo cual no es difícil suponer que su intención era reforzar la impresión de unanimidad que, a marchas forzadas y a última hora, debía suscitar en España dicha aspiración olímpica. Encuesta que, además, se sumaba al bombardeo de elogios en la televisión pública y en algunos periódicos de tirada nacional.

No deja de ser significativa la nula cobertura de las opiniones en contra. De alguna manera, el ciudadano volvía a ser rehén de las consignas emanadas desde las instituciones y se limitaba, una vez más, a ser agente pasivo y mudo sorbedor de información sesgada, como es corriente.

Por otro lado, entre filósofos, sociólogos y politólogos, los sondeos tienen una importancia relativa. Me explico: tienen un valor constatativo de opinión, a lo sumo; pero carecen de peso argumentativo. Con ello, quiero decir que al sondeado no se le confronta con sus propias opiniones, no se le exige argumentarlas, proceso mediante el cual podría verse impulsado a cambiarlas o a matizarlas.

No obstante, los medios de comunicación y los políticos favorecidos en su caso por ellos tienden a considerarlas en calidad de juicios absolutos, como representativas. Así, en muchos casos se piden incluso dimisiones políticas, como si los procedimientos democráticos al uso, por insuficientes que podamos pensar que sean, debieran ceder paso a las encuestas hechas en tal o cual coyuntura.

De nuevo, la esfera pública es invadida por gabinetes de comunicación y especialistas en marketing que, en alianza con algunos medios informativos, pretenden constituir una opinión pública ad hoc que, en realidad, no representa a nadie, salvo a ellos mismos. Entonces, ¿qué peso debería tener todo este abigarrado conjunto de datos, barras, columnas y gráficos de colores varios en la esfera pública?

Poco, aparte de aportar cifras cuyas interpretaciones suelen ser muy variopintas (y pintorescas), y más si se entiende aquella esfera como el lugar donde debería producirse el entrecruzamiento y la competencia de argumentos. Y es que la encuesta refleja, en la gran mayoría de los casos, el momento prerreflexivo, a veces irracional, en el que predomina la intuición, la sensación o el simple capricho antes que la ponderación de argumentos y de buenas razones.

Además, no nos cansaremos de repetir que la esfera pública de un país con un régimen político democrático no debe ser cooptada por los partidos políticos ni abandonada al interés empresarial de los medios de comunicación o de otros conglomerados económicos, salvo que queramos arriesgarnos a que el impulso crítico y reformador que proviene de la problematización de los asuntos de diversa índole por parte de los ciudadanos quede ahogado y que, como consecuencia, la misma sociedad languidezca.

Por otro lado, es posible que lo que se reprime en su espacio natural –la libre e igualitaria expresión de opiniones en la esfera pública-, bulla y rebose en otros ámbitos menos apropiados para ello. El peligro de querer controlar el espacio público puede tener así el paradójico efecto de golpear la estabilidad del sistema.

La famosa estabilidad de la que tanto hablan los políticos, y en cuya defensa suelen enarbolarse las banderas de la unanimidad plebiscitaria y de la conformidad inducida, pone en peligro la esencia misma de la democracia, entendida esta como un régimen en el que los ciudadanos son libres e iguales.

Planteémonos, si no, la pregunta de cómo podríamos defender los derechos protegidos en la Constitución y en las leyes si tuviéramos vedado el acceso a un espacio público donde reivindicarlos o denunciar su vulneración. Es fácil prever que los derechos quedarían reducidos a una nominalidad inane, pues en la práctica se los podría atropellar con impunidad.

Para terminar: sin un espacio donde plantear demandas e inquietudes, sin un foro público donde el ciudadano pueda exponer sus razones en pie de igualdad con las grandes corporaciones, partidos políticos y demás lobbies, la democracia pierde su razón de ser.

UBALDO SUÁREZ

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El Gran Embuste

No deja de resultar llamativo que, en medio de todo tipo de noticias, reportajes y explicaciones técnicas proferidas en los medios de comunicación por los expertos respecto de la crisis económica, dos asuntos de casi exclusivo valor simbólico hayan atraído por algún tiempo los focos y las portadas de aquellos, y, por ende, de gran parte de la opinión pública que todavía confía en que le estructuren la realidad.



Estos dos asuntos, como ya habrán imaginado, son el contencioso de Gibraltar, tomando como excusa un asunto de menor enjundia, de tipo local, y lo que en mi ardor de columnista he denominado la guerra de las banderas.

Mi intención no es en absoluto, en el primer caso, pretender mostrarme como lo que no soy, otro experto en asuntos internacionales o de pesca de bajura ni, en el segundo, hacer una defensa de símbolos patrios.

Me explico: en realidad, lo que me interesa es poner de relieve el poder de arrastre de asuntos que, a pesar de vulnerar presuntamente costumbres o derechos de unos ciudadanos, no poseen una dimensión tan extraordinaria como la que pretenden hacernos creer el Gobierno y los medios de comunicación.

Sin embargo, es cierto que muchas personas sí sentirán una carga emocional considerable: en ambos casos, aquellas que posean como características constitutivas de su identidad el sentimiento nacionalista, una presunta ideología política o una determinada visión del mundo, percibirán aquellos incidentes casi como un ataque personal.

En el caso de Gibraltar, lo que era un problema menor a escala nacional (aunque comprendo que para los afectados el asunto es serio) respecto de un caladero, ha sido presentado, de nuevo, como un ultraje a la patria, un agravio a los españoles y una nueva muestra de arrogancia de la pérfida Albión.

En el segundo caso, unos jóvenes aspirantes a políticos se han fotografiado con la bandera franquista. El asunto no tendría mayor enjundia que el mostrar cómo ciertos afiliados a ese partido consideran a éste (sin duda, de manera errónea) heredero natural de los valores de aquel régimen.

En efecto, algunos ciudadanos de tendencia conservadora de este país creen que no es incompatible proclamarse demócrata y, al mismo, tiempo valorar de forma positiva la dictadura de Franco. A estas alturas, nos hemos acostumbrado a no considerar esto un escándalo cognitivo.

Al fin y al cabo, democracia significa respetar visiones tradicionalistas, conservadoras e incluso pre-ilustradas, siempre que no conlleven un ataque efectivo (y no meramente una pose nostálgica) contra nuestro Estado constitucional. No obstante, hay que señalar que la exhibición de símbolos que se consideran atentatorios contra los principios constitucionales, como la bandera franquista, está prohibida.

Es posible que, a fin de cuidar las formas, una rápida expulsión de los fotografiados habría servido para apaciguar la supuesta conmoción social, magnificada, no obstante, por algunos medios de comunicación. Sin embargo, un portavoz de ese partido, imagino que con un discurso estudiado, contrapuso la bandera franquista –un símbolo- a la bandera republicana –otro símbolo- y arremetiendo contra la II República.

Aparte del uso de falacias argumentativas varias y de una visión histórica sesgada en ambos casos, el Ejecutivo ha logrado que, al menos durante unos días, tanto la crisis de su partido como la económica (con la connivencia de unos medios de comunicación que se han prestado gustosos al espectáculo) pasaran a un segundo plano.

No por ello quiero decir que ambos asuntos no constituyan expresión de problemas reales, pero sí que podrían haber sido despachadas en la esfera diplomática, por un lado, y en la disciplinaria del partido, por otro, sin tantas alharacas ni aspavientos.

Pero más allá del simbolismo, siempre importante, me gustaría, siguiendo a Habermas, señalar que, si bien el nacionalismo ejerció en su momento histórico un importante papel cohesionador (en que unas comunidades y unos países se contraponían a otros con el buscado efecto homogeneizador de lenguas y costumbres), a estas alturas de interconexión mundial con la globalización económica, y la imparable permeabilización de nuestras sociedades, plurales en valores, creencias, lenguas y etnias, debería surgir en su lugar otro basado más bien en el orgullo de contar con un sistema de derechos y libertades que permite, al menos en teoría, que cada uno de nosotros lleve a cabo el plan de vida que considere mejor para sí mismo, que cada uno siga la idea del bien que por tradición o elección prefiera.

Hay que señalar, no obstante, que ese patriotismo constitucional debería estar basado en premisas que no se dan, al menos de modo óptimo, en ningún país. Es más bien un ideal regulatorio: el liberalismo de corte más progresista denunció hace tiempo la imposibilidad de cumplir con un plan de vida mínimamente satisfactorio si no se daban las circunstancias económicas y sociales adecuadas que nivelaran e integraran a sectores de la población depauperados o marginados. De ahí, nació, entre otras cosas, el Estado Social después de la II Guerra Mundial.

Así que no es de extrañar que, tras el continuo desmantelamiento del Estado del Bienestar y, en todo este tiempo, el fracaso de los distintos gobiernos nacionales y locales en disminuir la polaridad social, eliminar la pobreza, amén del incumplimiento en la promoción activa de la visibilidad y la voz de colectivos marginados, se recurra una y otra vez a ese nacionalismo basado en la comunidad, en la lengua y, a veces, en la genética para desviar la atención de la ciudadanía, que podría centrarse en su incompetencia e impostura.

Porque tras el ejercicio de impotencia política tanto del anterior Gobierno como del actual en materia económica y política, por no hablar del fracaso en la profundización de las libertades y de la promoción de valores democráticos y su aparente claudicación ante el poder financiero, uno tiende a pensar que vivimos (en palabras de Fernando Vallespín) pendientes de pequeñas mentiras, pero sin darnos cuenta del Gran Embuste.

Un Gran Embuste cuyo velo no podremos descorrer si no es mediante la democratización de la sociedad, del sistema político e, incluso, de muchos niveles de la economía (dando un paso atrás, por ejemplo, a la tendencia a eliminar a los sindicatos como actores en el diálogo social o de reducir al mínimo su papel).

Es decir, deberíamos considerar que la Constitución no es el final, sino el principio de un largo proceso de continua reforma y crítica que haga de España un país del que sentirnos, entonces sí, en verdad orgullosos.

UBALDO SUÁREZ

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La sociedad civil

Como habrán advertido mis lectores, el asunto al que más tiempo y espacio dedico en mis artículos es al de la esfera pública y dos de los actores que pretenden hacerla suya: políticos y medios de comunicación. Si los primeros la utilizan para transmitir su discurso, conseguir visibilidad y adquirir estatus de líderes, para los segundos es su campo de actuación intrínseco.



Autoproclamados como los controladores del poder político, los medios se arrogan, en virtud del deficiente y cuestionado sistema de representación político actual, la verdadera representación de los ciudadanos. Gracias a ellos, dicen, la voz del ciudadano de a pie es escuchada, y de forma permanente. Mientras los partidos políticos que ocupen el poder necesitan la legitimación ciudadana, parece que los medios no necesitan ninguna.

Sin embargo, el asunto no es tan sencillo. Los medios de comunicación son, salvo la radio y televisión estatales o las diversas autonómicas (estos son en muchos casos, la vía por la que el poder político pretende desembarazarse de la presión de los medios de comunicación privados, al tener el suyo propio y librarse así, al menos en parte, de las exigencias de aquellos), empresas de comunicación privadas cuyo objetivos son, además de la comunicación en sí, la búsqueda de beneficio económico, el prestigio y la influencia para la buena marcha del negocio.

En este sentido, sería ingenuo creer que los medios están guiados de manera exclusiva por dar voz al ciudadano o criticar al poder político (y muchos menos al económico). Su connivencia con el partido político afín o con el más oportuno en cada momento es vital para la buena marcha de la empresa.

Ya sea por la publicidad institucional, ya sea por las concesiones estatales para frecuencias de radio o televisión y demás negocios colaterales, muchos medios ejercen, en efecto, una vigilancia sobre los partidos y sobre el ejecutivo, pero no la que proclaman cada vez que tienen ocasión: profundización de la democracia, coto a los excesos del poder, expresión de la ciudadanía, etc., sino la más sibilina y menos altruista de calcular el efecto de la acción de aquellos sobre la buena marcha de los negocios propios.

No creo que a nadie le asombre comprobar que los medios dan espacio a quien quieren, cuando quieren y respecto de los asuntos que quieren, y nunca rinden cuentas de sus decisiones. Por no hablar de la figura del "caudillo mediático" (en expresión del sociólogo Félix Ortega), normalmente periodista y supuesto líder de opinión, que dice saber cómo piensa la ciudadanía (así, en general, como si ésta fuera un ente homogéneo y singular y no una pluralidad de individuos y grupos con diferentes visiones del mundo) o, directamente, se erige en su portavoz natural.

En muchas ocasiones da la impresión de que los medios consideran una pérdida de tiempo y de recursos manipular o moldear a la opinión pública. Es más sencillo considerarse la opinión pública, que así queda construida según sus propios intereses. El perjudicado, claro está, es el ciudadano, relegado a un papel pasivo tanto por los políticos como por los medios de comunicación: más consumidor y cliente que ciudadano.

En numerosos casos, además, y no creo que sorprenda a nadie al decirlo, se producen verdaderas coaliciones político-mediáticas con el objetivo de producir sinergias mutuamente beneficiosas. El político, los partidos, necesitan en la sociedad actual de los medios de comunicación no para recoger las inquietudes ciudadanas, sino más bien para fabricarse una imagen que les invista de carisma o, al menos, les proporcione una aureola de competencia que convenza a los ciudadanos a votarle en su momento. Además, cómo no, de inducir a la ciudadanía a que acepten determinadas decisiones en los diversos ámbitos de su competencia: la conocida impartición de consignas desde arriba hacia abajo.

En todo caso, esta dependencia de los medios de comunicación se traduce en las herramientas que deben utilizar los políticos: modos, usos y reglas que no pertenecen a la política, sino a los medios de comunicación. La escenificación, los tiempos, la forma deben ser las adecuadas para su óptima difusión a través de los medios. Sin éstos, no hay proclama, mensaje o consigna que valga.

Por otro lado, partimos de que la concepción de la democracia de la mayoría de los partidos políticos (sobre todo los mayoritarios) y de sus militantes es la elitista o procedimental. En ella, las élites se turnan en el ejercicio del poder y la única posibilidad de acción política que se concede a la ciudadanía es el voto.

El programa, las líneas maestras, los argumentos políticos, en suma, se rebajan a un nivel que sea aceptable ideológicamente y comprensible para la mayoría de la población (el famoso centro político). Por tanto, lo que queda es un núcleo de ideas básicas, de directrices (que a nada obligan) con el que la mayoría pueda estar de acuerdo (es decir, un programa, en esencia, conservador).

Queda, además, la imagen. Esto quiere decir que a los ciudadanos se les hurta el debate sobre ideas y se les ofrece en cambio, estética. El dirigente político, o líder, intenta proyectar una determinada imagen con la que los ciudadanos puedan identificarse. Priman la emoción y las sensaciones sin razonamientos.

Así, diluidas las ideas y emborronados los argumentos, los gabinetes de comunicación y los medios de comunicación explotan el lado humano de los políticos. Como si fuera interesante para los proyectos en común de nuestra sociedad que a tal ministro le guste jugar al dominó o a nuestro alcalde ir a la playa.

Es aquí cuando debe surgir el elemento fundamental de una esfera pública fiel a su nombre: la sociedad civil. Ese conjunto de asociaciones, agrupaciones, movimientos, etc., cuyo interés no está guiado por la lógica del mercado ni por el deseo de acaparar poder político.

La génesis de su existencia es el propósito de defender intereses ciudadanos o visibilizar colectivos arrinconados por el poder político y ninguneados por los medios. Es en ese espacio informal, la esfera pública, donde la sociedad civil ha de hacer valer su capacidad de movilización y, sobre todo, de exponer toda esa panoplia de ideas y argumentos que, después de ser discutidos y refinados, tengan que ser tenidos en cuenta, tarde o temprano, por el legislativo y el ejecutivo, vía –más vale tarde que nunca- medios de comunicación.

Claro que esa sociedad civil, al mismo tiempo que problematiza pautas de acción, formas de pensar, costumbres o instituciones que hasta ese momento se tenían por aceptables, debe ser en sí misma un ejemplo de institucionalización democrática de la exposición de argumentos (democracia deliberativa a pequeña escala), donde no se excluya ni se reprima a nadie afectado y que tenga algo que decir.

La sociedad civil, aunque florece de manera óptima en sociedades con democracias consolidadas y valores democráticos arraigados, puede ser la esperanza de regeneración democrática en nuestro país, aunque es dudoso que este cuente con lo primero y menos con lo segundo.

Por supuesto, tal sociedad civil debe constar de ciudadanos comprometidos con la defensa de aquellos valores, con valentía (a esto hemos llegado) para dar a oír su voz y con capacidad de aprendizaje permanente, tanto de aquellos con visiones del mundo diferentes (una sociedad democrática es una sociedad plural) como en su propia formación personal.

En definitiva, la legitimación institucional de los representantes políticos no tiene por qué ponerse en duda, así como tampoco el foro legislativo (Parlamento) en donde toman forma legal las futuras leyes, pero sin que ello signifique que el sujeto de la soberanía popular, esto es, nosotros, los ciudadanos, tengamos conformarnos con las iniciativas de aquellos ni tampoco aceptar la representación vicaria de los medios de comunicación.

La capacidad de expresión, reivindicación y crítica de los ciudadanos debe ejercitarse siempre que estos lo consideren necesario, sin aceptar exclusiones ni amenazas. Es así cómo se consolida una democracia, y no quedándonos en casa como una mayoría silenciosa.

UBALDO SUÁREZ

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