Bajé por las escaleras, como todas las tardes, con el fin de fichar la salida. Iba con un compañero, con el que debatía sobre la pertinencia de la huelga educativa de los días 4 y 5 de noviembre en la Comunidad de Madrid, así como de la huelga general del 11 de noviembre. En el vestíbulo del edificio, los alumnos habían extendido unas cuerdas —más bien hilos gruesos—, en las que colocaron con pinzas pedazos de papel. No había más de seis…, lo que da una idea del pobre seguimiento de la convocatoria.
En teoría, lo que se debía reflejar en esos papeles era qué te había aportado la educación pública. Sin embargo, en una demostración de pobre comprensión lectora, la mayoría escribieron lemas en favor de la educación. En uno de estos papeles, a la pregunta de qué les había aportado la educación pública, un alumno respondió: «Vacio interno».
La gracia nos hizo reír, más allá de la verdad que hubiera detrás de la broma. Sin embargo, la sonrisa se me borró de la cara cuando, en una segunda lectura, comprobé que vacio no llevaba su correspondiente tilde en la i. No era una errata, sino un error ortográfico. Tirando de humor, mi primera reacción fue señalar que, en efecto, buena falta les hacía a esos estudiantes una buena educación. No obstante, si lo pensamos bien, el asunto se las trae.
La cuestión de las huelgas educativas es un asunto complejo. Está teniendo seguimiento desigual en esta ocasión, tras un acuerdo que los propios rectores calificaron de histórico con la Comunidad de Madrid. De hecho, buena parte de los problemas económicos de las universidades Complutense y Rey Juan Carlos tienen más que ver con una mejorable gestión interna que con la financiación. Una inversión que fue recortada en el pasado, pero que ha subido bastante en los últimos años.
Por último, está la ocurrencia sanchista, impuesta en 2023 a través de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), de poner como objetivo para 2030 una inversión del 1 por ciento del producto interior bruto en educación pública universitaria. Una medida para la que apenas ha aportado fondos más allá del programa temporal María Goyri.
Dicho esto, lo que no ha dejado de bajar, promoción tras promoción, es el nivel del estudiantado. La educación obligatoria no ha hecho más que bajar el listón, con una actitud ultragarantista con el alumnado, unos criterios de inspección que, en no pocas ocasiones, se reducen al «no me des problemas» y unos padres mayoritariamente sobreprotectores dispuestos a cualquier cosa por salirse con la suya. Ahí queda el informe PISA, que debería avergonzar a cualquier ciudadano. Y ese lastre acaba extendiéndose a las universidades.
Las erratas son el día a día de toda persona que escribe, pero las faltas de ortografía deberían ser un agravio para todo aquel que, en principio, ha tenido la oportunidad de una instrucción superior. Y no veo ninguna manifestación que pida un aumento de la exigencia educativa. Todo lo contrario.
Haereticus dixit
En teoría, lo que se debía reflejar en esos papeles era qué te había aportado la educación pública. Sin embargo, en una demostración de pobre comprensión lectora, la mayoría escribieron lemas en favor de la educación. En uno de estos papeles, a la pregunta de qué les había aportado la educación pública, un alumno respondió: «Vacio interno».
La gracia nos hizo reír, más allá de la verdad que hubiera detrás de la broma. Sin embargo, la sonrisa se me borró de la cara cuando, en una segunda lectura, comprobé que vacio no llevaba su correspondiente tilde en la i. No era una errata, sino un error ortográfico. Tirando de humor, mi primera reacción fue señalar que, en efecto, buena falta les hacía a esos estudiantes una buena educación. No obstante, si lo pensamos bien, el asunto se las trae.
La cuestión de las huelgas educativas es un asunto complejo. Está teniendo seguimiento desigual en esta ocasión, tras un acuerdo que los propios rectores calificaron de histórico con la Comunidad de Madrid. De hecho, buena parte de los problemas económicos de las universidades Complutense y Rey Juan Carlos tienen más que ver con una mejorable gestión interna que con la financiación. Una inversión que fue recortada en el pasado, pero que ha subido bastante en los últimos años.
Por último, está la ocurrencia sanchista, impuesta en 2023 a través de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), de poner como objetivo para 2030 una inversión del 1 por ciento del producto interior bruto en educación pública universitaria. Una medida para la que apenas ha aportado fondos más allá del programa temporal María Goyri.
Dicho esto, lo que no ha dejado de bajar, promoción tras promoción, es el nivel del estudiantado. La educación obligatoria no ha hecho más que bajar el listón, con una actitud ultragarantista con el alumnado, unos criterios de inspección que, en no pocas ocasiones, se reducen al «no me des problemas» y unos padres mayoritariamente sobreprotectores dispuestos a cualquier cosa por salirse con la suya. Ahí queda el informe PISA, que debería avergonzar a cualquier ciudadano. Y ese lastre acaba extendiéndose a las universidades.
Las erratas son el día a día de toda persona que escribe, pero las faltas de ortografía deberían ser un agravio para todo aquel que, en principio, ha tenido la oportunidad de una instrucción superior. Y no veo ninguna manifestación que pida un aumento de la exigencia educativa. Todo lo contrario.
Haereticus dixit
RAFAEL SOTO ESCOBAR
FOTOGRAFÍA: RAFAEL SOTO ESCOBAR
FOTOGRAFÍA: RAFAEL SOTO ESCOBAR
