La fosa común del Cementerio Municipal de San Francisco Solano vuelve a ser noticia. Justo un año después de las prospecciones con georradar que se llevaron a cabo por parte de la empresa Falcon High Tech para tratar de determinar las dimensiones exactas de este enclave, el Ayuntamiento de Montilla anunció ayer el inicio de una serie de catas arqueológicas para tratar de localizar los cadáveres de víctimas de la represión franquista
Bajo la dirección de la arqueóloga Inmaculada Carrasco Gómez, profesora asociada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, esta fase de trabajos delimitará completamente la fosa común del cementerio y comprobará sus características al objeto de confirmar las hipótesis de partida, recogidas en un informe elaborado por la propia especialista, que situaba en 68 las personas represaliadas cuyos cadáveres fueron depositados en este lugar del cementerio.
Aquel primer informe, del que informó en primicia Montilla Digital, se ha enriquecido con los resultados conseguidos con la prospección por georradar desarrollada el pasado verano. "Han sido estas pruebas las que han situado la opción de encontrar los restos de las personas represaliadas entre 1936 y el final de la Guerra Civil, en un sector contiguo a lo que hoy se tiene identificado como fosa común, justo en la zona sobre la que se levantó el monolito y pequeño jardín que lo rodea en recuerdo de algunas víctimas de la represión franquista", explicó la concejala de Cultura, Soledad Raya.
Y precisamente por este espacio bien identificado en el estudio de georradar empezaron ayer las catas arqueológicas, que parten con un plazo de ejecución previsto de un mes. "Hasta el momento, tanto la investigación contenida en la propuesta de intervención como el georradar nos indican que la identificación y exhumación es viable, no sin complicaciones por el uso que siguió teniendo la fosa tras 1940 para personas fallecidas sin sepultura y hasta 1982; confiamos ahora que estas catas aporten más información a los arqueólogos y nos ayuden a llevar a buen fin este proyecto de reparación de las víctimas", apuntó Soledad Raya.
Tal y como anunció el pasado verano el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, será el propio Consistorio el que asumirá el coste de estas prospecciones en la fosa común con fondos propios, que requerirán una partida de 18.000 euros. No obstante, el primer edil reconoció que "el gran proyecto de exhumación e identificación de las víctimas, dada su extraordinaria cuantía y complejidad, nos obligará a recurrir a la financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática".
A mediados del año 2021, la Junta de Andalucía aprobó el desarrollo del proyecto de prospección, exhumación y análisis de los restos que se encuentran en la fosa común y en otro punto del camposanto. Una actuación para la que la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), concedió una ayuda de 10.000 euros al Ayuntamiento de Montilla.
El proyecto, desarrollado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) a iniciativa de Francisco Javier Córdoba, concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU), planteaba la prospección, localización, exhumación y estudio antropológico de los restos de la fosa común situada en el cementerio de Montilla donde, según las estimaciones de varios especialistas, podrían localizarse los restos de unas setenta personas.
Junto a esta intervención en la fosa común, el proyecto permitirá también acometer el estudio antropológico de los restos de los 13 funcionarios que fueron asesinados en los primeros días del golpe de estado de 1936 y que, si bien fueron enterrados en un pasillo del recinto, "con la llegada de la democracia las autoridades permitieron a las viudas sacar los restos de ese lugar".
No obstante, como detalló Francisco Javier Córdoba, "los restos recuperados no fueron tratados individualmente y es muy probable que aparezcan mezclados, por lo que la intervención en este osario sería de carácter eminentemente antropológico". De este modo, "el objetivo de esta primera fase es determinar en qué lugar y a qué profundidad se encuentran los restos para determinar si es viable poder llegar a recuperar esos cuerpos", añadió el edil de IU.
Desde que la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía diera el visto bueno en el año 2018 a la puesta en marcha de los trabajos de localización, delimitación, exhumación, estudio e identificación de los restos que se encuentran en la fosa común del cementerio de Montilla, cerca de una veintena de familias de la Campiña Cordobesa han donado sus muestras de ADN para desarrollar este proceso.
Fue a raíz de la desclasificación de la documentación del Ejército realizada en 2011 por la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, cuando Francisco Javier Córdoba decidió retomar el trabajo realizado por su tío segundo para localizar los restos de su padre, Antonio Córdoba Gálvez, que hasta entonces, se pensaba que estaban en otra de las fosas comunes existentes en el cementerio municipal de Montilla.
Sin embargo, gracias al acta del Consejo de Guerra al que fue sometido su antepasado y otros cuatro compañeros en noviembre de 1939, se pudo localizar con exactitud la ubicación de la fosa común en la que fue enterrado tras ser fusilado por un supuesto delito de adhesión a la rebelión.
Precisamente, gracias a la exactitud de la documentación aportada, la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía autorizó los trabajos de localización, delimitación y exhumación, así como al posterior estudio antropológico y, en su caso, a la identificación genética de los restos que se encuentren en la fosa común, donde se encuentran vecinos de varias localidades de la Campiña Cordobesa.
Bajo la dirección de la arqueóloga Inmaculada Carrasco Gómez, profesora asociada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, esta fase de trabajos delimitará completamente la fosa común del cementerio y comprobará sus características al objeto de confirmar las hipótesis de partida, recogidas en un informe elaborado por la propia especialista, que situaba en 68 las personas represaliadas cuyos cadáveres fueron depositados en este lugar del cementerio.
Aquel primer informe, del que informó en primicia Montilla Digital, se ha enriquecido con los resultados conseguidos con la prospección por georradar desarrollada el pasado verano. "Han sido estas pruebas las que han situado la opción de encontrar los restos de las personas represaliadas entre 1936 y el final de la Guerra Civil, en un sector contiguo a lo que hoy se tiene identificado como fosa común, justo en la zona sobre la que se levantó el monolito y pequeño jardín que lo rodea en recuerdo de algunas víctimas de la represión franquista", explicó la concejala de Cultura, Soledad Raya.
Y precisamente por este espacio bien identificado en el estudio de georradar empezaron ayer las catas arqueológicas, que parten con un plazo de ejecución previsto de un mes. "Hasta el momento, tanto la investigación contenida en la propuesta de intervención como el georradar nos indican que la identificación y exhumación es viable, no sin complicaciones por el uso que siguió teniendo la fosa tras 1940 para personas fallecidas sin sepultura y hasta 1982; confiamos ahora que estas catas aporten más información a los arqueólogos y nos ayuden a llevar a buen fin este proyecto de reparación de las víctimas", apuntó Soledad Raya.
Tal y como anunció el pasado verano el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, será el propio Consistorio el que asumirá el coste de estas prospecciones en la fosa común con fondos propios, que requerirán una partida de 18.000 euros. No obstante, el primer edil reconoció que "el gran proyecto de exhumación e identificación de las víctimas, dada su extraordinaria cuantía y complejidad, nos obligará a recurrir a la financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática".
A mediados del año 2021, la Junta de Andalucía aprobó el desarrollo del proyecto de prospección, exhumación y análisis de los restos que se encuentran en la fosa común y en otro punto del camposanto. Una actuación para la que la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), concedió una ayuda de 10.000 euros al Ayuntamiento de Montilla.
El proyecto, desarrollado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) a iniciativa de Francisco Javier Córdoba, concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU), planteaba la prospección, localización, exhumación y estudio antropológico de los restos de la fosa común situada en el cementerio de Montilla donde, según las estimaciones de varios especialistas, podrían localizarse los restos de unas setenta personas.
Junto a esta intervención en la fosa común, el proyecto permitirá también acometer el estudio antropológico de los restos de los 13 funcionarios que fueron asesinados en los primeros días del golpe de estado de 1936 y que, si bien fueron enterrados en un pasillo del recinto, "con la llegada de la democracia las autoridades permitieron a las viudas sacar los restos de ese lugar".
No obstante, como detalló Francisco Javier Córdoba, "los restos recuperados no fueron tratados individualmente y es muy probable que aparezcan mezclados, por lo que la intervención en este osario sería de carácter eminentemente antropológico". De este modo, "el objetivo de esta primera fase es determinar en qué lugar y a qué profundidad se encuentran los restos para determinar si es viable poder llegar a recuperar esos cuerpos", añadió el edil de IU.
Más de siete años de camino
Desde que la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía diera el visto bueno en el año 2018 a la puesta en marcha de los trabajos de localización, delimitación, exhumación, estudio e identificación de los restos que se encuentran en la fosa común del cementerio de Montilla, cerca de una veintena de familias de la Campiña Cordobesa han donado sus muestras de ADN para desarrollar este proceso.
Fue a raíz de la desclasificación de la documentación del Ejército realizada en 2011 por la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, cuando Francisco Javier Córdoba decidió retomar el trabajo realizado por su tío segundo para localizar los restos de su padre, Antonio Córdoba Gálvez, que hasta entonces, se pensaba que estaban en otra de las fosas comunes existentes en el cementerio municipal de Montilla.
Sin embargo, gracias al acta del Consejo de Guerra al que fue sometido su antepasado y otros cuatro compañeros en noviembre de 1939, se pudo localizar con exactitud la ubicación de la fosa común en la que fue enterrado tras ser fusilado por un supuesto delito de adhesión a la rebelión.
Precisamente, gracias a la exactitud de la documentación aportada, la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía autorizó los trabajos de localización, delimitación y exhumación, así como al posterior estudio antropológico y, en su caso, a la identificación genética de los restos que se encuentren en la fosa común, donde se encuentran vecinos de varias localidades de la Campiña Cordobesa.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: ARCHIVO
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