El dictamen de “no culpable” no convierte a Francisco Camps ni al Partido Popular (PP) en inocentes de haber cobrado comisiones ilegales a cambio de contratos públicos a empresas vinculadas al PP. Ni nos puede hacer olvidar que la causa judicial que nos ocupa va mucho más allá de tres simples y caros trajes italianos que el “amiguito del alma” del expresidente de la Comunidad Valenciana regaló a cambio de ser agraciado con millonarios contratos públicos.
La corrupción que afecta al PP no es solo por tres trajes de Milano, ni tiene dos imputados, ni exclusivamente habla con acento valenciano. Los sobornos a cargos públicos se reparten por toda la geografía española con un único denominador común: todos los sobornados guardan relación con el PP.
A Francisco Camps, como a la mayoría de quienes formaron su Gobierno, aún le queda salir “no culpable” de los delitos de financiación ilegal, falsificación mercantil, cohecho y prevaricación por adjudicar a la trama Gürtel, durante cinco generosos años, el stand de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional Turismo de Madrid (Fitur).
Entre los 71 implicados en esta tela de araña de comisiones ilegales se encuentran 23 empresas, más de dos docenas de cargos públicos del PP, numerosos bufetes de abogados, tres exdiputados de la Comunidad de Madrid y el exdirigente de las finanzas del PP.
A ellos se suman un exeurodiputado, un exconcejal de Estepona, numerosos concejales y cuatro exalcaldes madrileños (entre ellos, el exmarido de la actual ministra de Sanidad, Ana Mato), el exvicepresidente del Gobierno valenciano y el consejero de Turismo de la Generalitat Valenciana (ambos autoinculpados por los mismos delitos por los que Camps y Costa han sido declarados "no culpables" y, por cierto, primeros autoinculpados que se inculpan sabiendo de su inocencia).
Tampoco es casualidad que el juez Baltasar Garzón, que abrió las investigaciones en febrero de 2009 por considerar que existía “una red de corrupción política vinculada al PP”, esté sentado en el banquillo de los acusados y haya sido momentáneamente apartado de su carrera judicial tras haber sido denunciado por los mismos abogados implicados en esta trama que ha abierto dudas sobre la legalidad en la financiación del PP.
No son solo tres trajes las más de 70 personas imputadas en el caso Gürtel que presuntamente han hecho desaparecer de las arcas públicas más 120 millones de euros, de los cuales, dos decenas fueron llevadas a paraísos fiscales para evitar el seguimiento de la Agencia Tributaria.
Otro dato más que confirma que no se trata solo de tres trajes ni de dos acusados es que la instrucción judicial de este caso de cobros de comisiones ilegales ha batido el récord de recaudación en concepto de fianzas en toda la historia judicial española. Motivos que se suman a todos los negros logros que esta instrucción judicial ha cosechado ya.
Desgraciadamente, los dirigentes del PP tratarán de convertir en inocentes a quienes no lo son. No es lo mismo ser “no culpable” que “inocente”. Ni 120 millones de euros es igual que solo tres trajes de Milano. Aún queda mucha tela que cortar en la mayor y más mediática trama de corrupción de la joven y castigada democracia española.
Democracia a la que, por cierto, los ciudadanos han premiado con una mayoría absoluta que parece dar carta blanca a estos hombres de cuello blanco y tez bronceada que convierten la corrupción en un argumento del que presumir en campaña electoral. Sin duda, el problema de nuestra democracia no son los políticos sino los ciudadanos que dan mayorías absolutas a corruptos que se ríen de ellos.
La corrupción que afecta al PP no es solo por tres trajes de Milano, ni tiene dos imputados, ni exclusivamente habla con acento valenciano. Los sobornos a cargos públicos se reparten por toda la geografía española con un único denominador común: todos los sobornados guardan relación con el PP.
A Francisco Camps, como a la mayoría de quienes formaron su Gobierno, aún le queda salir “no culpable” de los delitos de financiación ilegal, falsificación mercantil, cohecho y prevaricación por adjudicar a la trama Gürtel, durante cinco generosos años, el stand de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional Turismo de Madrid (Fitur).
Entre los 71 implicados en esta tela de araña de comisiones ilegales se encuentran 23 empresas, más de dos docenas de cargos públicos del PP, numerosos bufetes de abogados, tres exdiputados de la Comunidad de Madrid y el exdirigente de las finanzas del PP.
A ellos se suman un exeurodiputado, un exconcejal de Estepona, numerosos concejales y cuatro exalcaldes madrileños (entre ellos, el exmarido de la actual ministra de Sanidad, Ana Mato), el exvicepresidente del Gobierno valenciano y el consejero de Turismo de la Generalitat Valenciana (ambos autoinculpados por los mismos delitos por los que Camps y Costa han sido declarados "no culpables" y, por cierto, primeros autoinculpados que se inculpan sabiendo de su inocencia).
Tampoco es casualidad que el juez Baltasar Garzón, que abrió las investigaciones en febrero de 2009 por considerar que existía “una red de corrupción política vinculada al PP”, esté sentado en el banquillo de los acusados y haya sido momentáneamente apartado de su carrera judicial tras haber sido denunciado por los mismos abogados implicados en esta trama que ha abierto dudas sobre la legalidad en la financiación del PP.
No son solo tres trajes las más de 70 personas imputadas en el caso Gürtel que presuntamente han hecho desaparecer de las arcas públicas más 120 millones de euros, de los cuales, dos decenas fueron llevadas a paraísos fiscales para evitar el seguimiento de la Agencia Tributaria.
Otro dato más que confirma que no se trata solo de tres trajes ni de dos acusados es que la instrucción judicial de este caso de cobros de comisiones ilegales ha batido el récord de recaudación en concepto de fianzas en toda la historia judicial española. Motivos que se suman a todos los negros logros que esta instrucción judicial ha cosechado ya.
Desgraciadamente, los dirigentes del PP tratarán de convertir en inocentes a quienes no lo son. No es lo mismo ser “no culpable” que “inocente”. Ni 120 millones de euros es igual que solo tres trajes de Milano. Aún queda mucha tela que cortar en la mayor y más mediática trama de corrupción de la joven y castigada democracia española.
Democracia a la que, por cierto, los ciudadanos han premiado con una mayoría absoluta que parece dar carta blanca a estos hombres de cuello blanco y tez bronceada que convierten la corrupción en un argumento del que presumir en campaña electoral. Sin duda, el problema de nuestra democracia no son los políticos sino los ciudadanos que dan mayorías absolutas a corruptos que se ríen de ellos.
RAÚL SOLÍS
