Estamos en campaña electoral y, desgraciadamente, los partidos políticos se dedican a pelearse o competir para saber cuál es más corrupto o cuál miente más. Pero a los ciudadanos, que sí estamos preocupados por nuestra vida diaria, nos preocupa más saber cómo se van a administrar los servicios públicos de nuestro Estado del bienestar. En esa forma de gobernar se pueden ver y comparar los distintos modelos de gestión política —el modelo liberal o el modelo social— para decidir en defensa de los intereses de la mayoría o de la minoría más poderosa.
En 1990, durante el Gobierno de Felipe González (PSOE), se aprobó la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que imponía la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años. El Estado no tenía infraestructura para escolarizar a todos los alumnos en colegios e institutos públicos y se nos dijo que, hasta que se construyeran y para cumplir la ley, se establecía el modelo de educación concertada.
De ello se benefició especialmente la Iglesia católica. Han pasado 36 años y la educación concertada no solo sigue, sino que, al ser competencia de las comunidades autónomas, en la mayoría de ellas se potencia el negocio privado quitando recursos a la educación pública.
Los profesores de la enseñanza pública se ganan el derecho a su trabajo mediante oposición, aunque después estén maltratados en su nivel salarial y en su dignidad por la precariedad y por los traslados de un sitio a otro, dificultando su conciliación familiar. Esto depende de la comunidad autónoma. Los profesores de la privada son, en muchos casos, los que no aprueban las oposiciones para la pública.
Durante el Gobierno de José María Aznar (PP), se aprobó la Ley 15/1997, que daba cobertura legal para modificar los modelos de gestión del Servicio Nacional de Salud, abriendo la puerta a la gestión privada de hospitales y centros públicos por parte de empresas o consorcios sanitarios.
El resultado, después de 29 años, es un incremento importante del negocio de la sanidad privada y los seguros privados de salud, como jamás se había conocido en España. En muchas comunidades autónomas se contratan servicios de diagnóstico y técnicas quirúrgicas con clínicas y hospitales privados, pagando con fondos que se retiran de la pública y dejando a esta en situación precaria. Para colmo, se da la paradoja de que, en muchos casos, los mismos médicos que por la mañana, en el hospital público, generan la lista de espera la resuelven por la tarde en la privada.
Respecto a la calidad de la sanidad privada, todos conocemos casos de algún paciente que, por su gravedad, ha tenido que ser trasladado de un hospital privado a uno público. No sé ustedes: yo no conozco ningún caso en que haya sucedido lo contrario.
En 2006, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la Ley de Dependencia. En ella se reconocían derechos universales a los ciudadanos en función de los distintos grados de dependencia, pero, como tampoco el Estado ni las comunidades autónomas tenían infraestructuras para prestar los servicios de residencias o centros de día, se estableció un modelo de conciertos con entidades privadas. Otra vez vemos cómo, con la prestación de derechos universales de los ciudadanos, se crean y se sostienen negocios que, con el dinero de los impuestos de todos, producen beneficios para unos pocos.
Ahora han entrado en campaña las pensiones públicas. Es un modelo mucho más antiguo que nuestra democracia. El primer modelo en España, llamado “Retiro Obrero”, es de 1919 y se consiguió mediante la lucha de los trabajadores: un modelo de protección social que, lógicamente, ha evolucionado con el tiempo y que, hasta el año 1999, financiaba también la sanidad pública.
Era una enorme hucha que se llenaba con las cotizaciones de los trabajadores y que ha sido utilizada por todos los gobiernos para efectuar pagos que nada tienen que ver con su razón de ser. Tan acostumbrados están los gobiernos a meterle mano que Mariano Rajoy la vació para ayudar financieramente a los bancos privados.
Pues bien, las derechas están cuestionando la viabilidad del sistema público de pensiones y, como solución, proponen los modelos mixtos, es decir, completar la pensión pública con modelos de planes de pensiones privados. Otra vez los negocios privados metiendo la mano en los servicios públicos.
La gran mayoría de los planes de pensiones privados son gestionados por “expertos” con salarios y bonus millonarios que cobran religiosamente, pero que nunca garantizan los beneficios para los depositarios. De hecho, es sabido que muchos trabajadores de Estados Unidos, que es donde tienen exclusivamente el modelo privado, han de volver a trabajar y hacerlo en trabajos precarios para llegar a fin de mes.
Hasta donde tengo información, solo un 10 por ciento de los planes de pensiones en España presentan beneficios suficientes para garantizar subidas anuales según el Índice de Precios al Consumo (IPC), que es lo que garantiza por ley el sistema público de pensiones en España, después de que el Gobierno progresista cambiara la reforma de Mariano Rajoy, que condicionaba esa subida al estado financiero del sistema, que ellos mismos habían esquilmado.
Hay otro argumento que me parece capital: los fondos de pensiones privados, especialmente los más importantes, los de Estados Unidos, representan el colmo del capitalismo financiero especulativo. Ya ni siquiera tienen que poner el capital: gestionan los ahorros para pensiones de los trabajadores; es decir, el propio capital de los trabajadores lo utilizan para especular con las empresas, las viviendas, la distribución de alimentos, la industria farmacéutica y un largo etcétera que, en muchos casos, perjudica a los propios trabajadores: venta, deslocalización o cierre de empresas, dejando en desempleo a los trabajadores que son los teóricos dueños de ese capital.
Especulan con las viviendas de los trabajadores, subiendo la cesta de la compra, etcétera. Eso sí, los ejecutivos de esos fondos de inversión, sean buitres o hienas, se llevan sus sueldos y sus comisiones millonarias perfectamente garantizadas.
En España somos más de diez millones de pensionistas, todos con derecho a voto. Eso es una fuerza enorme y lo que yo les sugiero a quienes me lean, especialmente a los pensionistas, es que piensen en sus intereses: la inmensa mayoría vivimos de nuestra pensión. No les demos la oportunidad de estafarnos a los que ya están diciendo que el sistema público de pensiones está quebrado o que no es sostenible ni viable.
La pregunta que debe hacerse una sociedad honesta no es si las pensiones son viables o no lo son; la pregunta debe ser: ¿Queremos que nuestros mayores tengan una vida digna, sí o no? Los que digan que no, si tienen el mínimo de honestidad o de agallas, que lo digan en campaña electoral; y los que digan que sí, que se mojen diciendo cómo lo van a hacer, porque, si al mismo tiempo dicen que van a bajar los impuestos, no salen las cuentas.
En España tenemos una presión fiscal menor que la media de los países de nuestro entorno y, si nos dicen que la economía va como un tiro, debemos suponer que la recaudación fiscal sigue la misma trayectoria. En cualquier caso, si falta dinero, habrá que buscarlo donde sabemos que está, porque cada año los bancos y las grandes compañías presumen de haber mejorado sus cuentas de resultados. Tampoco hay que olvidar a las grandes fortunas, que seguro son muy patriotas y estarán encantadas de colaborar con todos los españoles.
Los servicios públicos universales, de calidad y con gestión pública no son un gasto; es economía circular. La mayor partida económica suelen ser los salarios, que lógicamente van a incrementar el consumo interno, mientras que las contratas con empresas privadas generan unos beneficios que nadie sabe dónde van, incluso a los paraísos fiscales repartidos por todo el mundo.
Como última reflexión, quien esto escribe nunca ha oído decir que la monarquía es insostenible, que el ejército debe ser privatizado o que sería bueno subcontratar con empresas privadas la gestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O, si damos un paso más en la optimización de los negocios privados, se podría privatizar la Administración de Justicia, como se hizo hace mucho tiempo con las notarías o el Registro de la Propiedad, que, siendo funciones públicas, se trasformaron en negocios privados.
En 1990, durante el Gobierno de Felipe González (PSOE), se aprobó la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que imponía la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años. El Estado no tenía infraestructura para escolarizar a todos los alumnos en colegios e institutos públicos y se nos dijo que, hasta que se construyeran y para cumplir la ley, se establecía el modelo de educación concertada.
De ello se benefició especialmente la Iglesia católica. Han pasado 36 años y la educación concertada no solo sigue, sino que, al ser competencia de las comunidades autónomas, en la mayoría de ellas se potencia el negocio privado quitando recursos a la educación pública.
Los profesores de la enseñanza pública se ganan el derecho a su trabajo mediante oposición, aunque después estén maltratados en su nivel salarial y en su dignidad por la precariedad y por los traslados de un sitio a otro, dificultando su conciliación familiar. Esto depende de la comunidad autónoma. Los profesores de la privada son, en muchos casos, los que no aprueban las oposiciones para la pública.
Durante el Gobierno de José María Aznar (PP), se aprobó la Ley 15/1997, que daba cobertura legal para modificar los modelos de gestión del Servicio Nacional de Salud, abriendo la puerta a la gestión privada de hospitales y centros públicos por parte de empresas o consorcios sanitarios.
El resultado, después de 29 años, es un incremento importante del negocio de la sanidad privada y los seguros privados de salud, como jamás se había conocido en España. En muchas comunidades autónomas se contratan servicios de diagnóstico y técnicas quirúrgicas con clínicas y hospitales privados, pagando con fondos que se retiran de la pública y dejando a esta en situación precaria. Para colmo, se da la paradoja de que, en muchos casos, los mismos médicos que por la mañana, en el hospital público, generan la lista de espera la resuelven por la tarde en la privada.
Respecto a la calidad de la sanidad privada, todos conocemos casos de algún paciente que, por su gravedad, ha tenido que ser trasladado de un hospital privado a uno público. No sé ustedes: yo no conozco ningún caso en que haya sucedido lo contrario.
En 2006, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la Ley de Dependencia. En ella se reconocían derechos universales a los ciudadanos en función de los distintos grados de dependencia, pero, como tampoco el Estado ni las comunidades autónomas tenían infraestructuras para prestar los servicios de residencias o centros de día, se estableció un modelo de conciertos con entidades privadas. Otra vez vemos cómo, con la prestación de derechos universales de los ciudadanos, se crean y se sostienen negocios que, con el dinero de los impuestos de todos, producen beneficios para unos pocos.
Ahora han entrado en campaña las pensiones públicas. Es un modelo mucho más antiguo que nuestra democracia. El primer modelo en España, llamado “Retiro Obrero”, es de 1919 y se consiguió mediante la lucha de los trabajadores: un modelo de protección social que, lógicamente, ha evolucionado con el tiempo y que, hasta el año 1999, financiaba también la sanidad pública.
Era una enorme hucha que se llenaba con las cotizaciones de los trabajadores y que ha sido utilizada por todos los gobiernos para efectuar pagos que nada tienen que ver con su razón de ser. Tan acostumbrados están los gobiernos a meterle mano que Mariano Rajoy la vació para ayudar financieramente a los bancos privados.
Pues bien, las derechas están cuestionando la viabilidad del sistema público de pensiones y, como solución, proponen los modelos mixtos, es decir, completar la pensión pública con modelos de planes de pensiones privados. Otra vez los negocios privados metiendo la mano en los servicios públicos.
La gran mayoría de los planes de pensiones privados son gestionados por “expertos” con salarios y bonus millonarios que cobran religiosamente, pero que nunca garantizan los beneficios para los depositarios. De hecho, es sabido que muchos trabajadores de Estados Unidos, que es donde tienen exclusivamente el modelo privado, han de volver a trabajar y hacerlo en trabajos precarios para llegar a fin de mes.
Hasta donde tengo información, solo un 10 por ciento de los planes de pensiones en España presentan beneficios suficientes para garantizar subidas anuales según el Índice de Precios al Consumo (IPC), que es lo que garantiza por ley el sistema público de pensiones en España, después de que el Gobierno progresista cambiara la reforma de Mariano Rajoy, que condicionaba esa subida al estado financiero del sistema, que ellos mismos habían esquilmado.
Hay otro argumento que me parece capital: los fondos de pensiones privados, especialmente los más importantes, los de Estados Unidos, representan el colmo del capitalismo financiero especulativo. Ya ni siquiera tienen que poner el capital: gestionan los ahorros para pensiones de los trabajadores; es decir, el propio capital de los trabajadores lo utilizan para especular con las empresas, las viviendas, la distribución de alimentos, la industria farmacéutica y un largo etcétera que, en muchos casos, perjudica a los propios trabajadores: venta, deslocalización o cierre de empresas, dejando en desempleo a los trabajadores que son los teóricos dueños de ese capital.
Especulan con las viviendas de los trabajadores, subiendo la cesta de la compra, etcétera. Eso sí, los ejecutivos de esos fondos de inversión, sean buitres o hienas, se llevan sus sueldos y sus comisiones millonarias perfectamente garantizadas.
En España somos más de diez millones de pensionistas, todos con derecho a voto. Eso es una fuerza enorme y lo que yo les sugiero a quienes me lean, especialmente a los pensionistas, es que piensen en sus intereses: la inmensa mayoría vivimos de nuestra pensión. No les demos la oportunidad de estafarnos a los que ya están diciendo que el sistema público de pensiones está quebrado o que no es sostenible ni viable.
La pregunta que debe hacerse una sociedad honesta no es si las pensiones son viables o no lo son; la pregunta debe ser: ¿Queremos que nuestros mayores tengan una vida digna, sí o no? Los que digan que no, si tienen el mínimo de honestidad o de agallas, que lo digan en campaña electoral; y los que digan que sí, que se mojen diciendo cómo lo van a hacer, porque, si al mismo tiempo dicen que van a bajar los impuestos, no salen las cuentas.
En España tenemos una presión fiscal menor que la media de los países de nuestro entorno y, si nos dicen que la economía va como un tiro, debemos suponer que la recaudación fiscal sigue la misma trayectoria. En cualquier caso, si falta dinero, habrá que buscarlo donde sabemos que está, porque cada año los bancos y las grandes compañías presumen de haber mejorado sus cuentas de resultados. Tampoco hay que olvidar a las grandes fortunas, que seguro son muy patriotas y estarán encantadas de colaborar con todos los españoles.
Los servicios públicos universales, de calidad y con gestión pública no son un gasto; es economía circular. La mayor partida económica suelen ser los salarios, que lógicamente van a incrementar el consumo interno, mientras que las contratas con empresas privadas generan unos beneficios que nadie sabe dónde van, incluso a los paraísos fiscales repartidos por todo el mundo.
Como última reflexión, quien esto escribe nunca ha oído decir que la monarquía es insostenible, que el ejército debe ser privatizado o que sería bueno subcontratar con empresas privadas la gestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O, si damos un paso más en la optimización de los negocios privados, se podría privatizar la Administración de Justicia, como se hizo hace mucho tiempo con las notarías o el Registro de la Propiedad, que, siendo funciones públicas, se trasformaron en negocios privados.
ÁNGEL DÍEZ DE MIGUEL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
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