La Fundación Social Universal (FSU), con la colaboración de la Diputación de Córdoba, impulsará varias estrategias para tratar de combatir la inseguridad alimentaria en varias regiones de Perú que vienen sufriendo un contexto de crisis superpuestas y prolongadas, especialmente agravadas tras la pandemia del coronavirus.
El proyecto, con un presupuesto total de 56.579,95 euros, tendrá una duración aproximada de 12 meses y beneficiará directamente a cerca de 2.000 personas de diez comunidades campesinas y periurbanas de cinco municipios del Cusco, ubicado en el sureste del país, en plena región andina.
Según el reporte de las Naciones Unidas, Perú es calificado como el país con mayor inseguridad alimentaria de Sudamérica, donde 16,6 millones de personas, más de la mitad de la población, no tiene acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos en Perú.
"Esta situación se agudizó aún más a partir del segundo semestre del 2022, con una escalada de precios sin control en productos de primera necesidad e insumos que afecta gravemente a la población de menos recursos", resaltó Juan Manuel Márquez, coordinador de la FSU, una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo.
Como consecuencia de ello, las personas han reducido la calidad de su dieta alimentaria o el consumo de alimentos está por debajo de las necesidades nutricionales de la persona. Además, los efectos del cambio climático han generado la perdida de la cosecha en la sierra sur peruana con alrededor del 60 por ciento de la campaña agrícola debido a la sequía.
En este contexto de crisis superpuestas y prolongadas ocasionadas como consecuencia de pandemia del covid-19, los conflictos políticos y sociales internacionales y nacionales, las crisis económicas, climática y alimentaria, se han realizado muchos esfuerzos para mitigar el hambre, sobre todo a partir de iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil que, junto a los programas sociales y a la importante contribución de instituciones como la Diputación de Córdoba, dan respuestas a la carencia de alimentos.
"Las consecuencias de esta crisis alimentaria se evidencian en la macroregión sur, conformada por Puno, Apurímac, Madre de Dios y Cusco, donde se ha incrementado de manera alarmante el porcentaje de anemia en la niñez de 6 a 35 meses", aseguró Juan Manuel Márquez. Por otro lado, según la Dirección Regional de Salud, el porcentaje de desnutrición también se incrementó en un 12,7 por ciento entre los menores de 5 años.
"Estas crisis afectan de manera desproporcionada a las mujeres al desempeñar un papel clave en el bienestar familiar y el desarrollo sostenible de sus comunidades en la conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y la propia gestión sostenible de los recursos naturales, agudizada con la actual crisis climática", destacó el coordinador de la FSU.
Con esta premisa, la oenegé montillana busca articular el trabajo de los diferentes actores del sector público, principalmente las municipalidades, así como entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil, para concertar estrategias destinadas a la lucha contra la inseguridad alimentaria en un contexto de crisis superpuestas y prolongadas pero, además, "incorporando los enfoques de derechos humanos, género, interseccionalidad y medio ambiente".
"El primer componente se relaciona con la promoción para el acceso y disponibilidad de alimentos fomentando la producción de alimentos en unidades de producción familiar, en los sectores periurbanos y rural, donde la producción de alimentos es escasa y considerada como agricultura familiar de sobrevivencia", resaltó Juan Manuel Márquez.
El segundo componente se relaciona con el uso de los alimentos y los factores que contribuyen a una alimentación saludable, "socializando experiencias e innovaciones en la preparación de alimentos, así como el acompañamiento a familias en el consumo de una dieta balanceada en base a productos locales de forma que, al final, se contará con información de primera fuente respecto al consumo de alimentos y su contribución en la erradicación o disminución de las enfermedades prevalentes y las enfermedades no transmisibles".
El tercer componente hace referencia al fortalecimiento de capacidades para la incidencia y la gestión de la situación alimentaria por parte del funcionariado y otros actores implicados, generando condiciones para la articulación de iniciativas y propuestas de un trabajo multiactor entre el Estado y la sociedad civil, con el propósito de abordar la inseguridad alimentaria de manera articulada.
"La propuesta representa una alternativa frente a las políticas alimentarias basadas en la sola importación de alimentos, fomentando la agricultura familiar, la educación alimentaria, el consumo de alimentos nutritivos producidos localmente con respeto al medio ambiente y el desarrollo de capacidades para la incidencia en las políticas alimentarias", defendió el coordinador de la FSU.
Por último, la intervención financiada por la Diputación de Córdoba incorpora el enfoque del derecho humano de acceso a alimentos saludables, la incorporación del enfoque de género basado en la equidad, la interseccionalidad que permita disminuir el racismo y la exclusión y la adaptación al cambio climático a través de acciones amigables con el ecosistema.
El proyecto, con un presupuesto total de 56.579,95 euros, tendrá una duración aproximada de 12 meses y beneficiará directamente a cerca de 2.000 personas de diez comunidades campesinas y periurbanas de cinco municipios del Cusco, ubicado en el sureste del país, en plena región andina.
Según el reporte de las Naciones Unidas, Perú es calificado como el país con mayor inseguridad alimentaria de Sudamérica, donde 16,6 millones de personas, más de la mitad de la población, no tiene acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos en Perú.
"Esta situación se agudizó aún más a partir del segundo semestre del 2022, con una escalada de precios sin control en productos de primera necesidad e insumos que afecta gravemente a la población de menos recursos", resaltó Juan Manuel Márquez, coordinador de la FSU, una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo.
Como consecuencia de ello, las personas han reducido la calidad de su dieta alimentaria o el consumo de alimentos está por debajo de las necesidades nutricionales de la persona. Además, los efectos del cambio climático han generado la perdida de la cosecha en la sierra sur peruana con alrededor del 60 por ciento de la campaña agrícola debido a la sequía.
En este contexto de crisis superpuestas y prolongadas ocasionadas como consecuencia de pandemia del covid-19, los conflictos políticos y sociales internacionales y nacionales, las crisis económicas, climática y alimentaria, se han realizado muchos esfuerzos para mitigar el hambre, sobre todo a partir de iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil que, junto a los programas sociales y a la importante contribución de instituciones como la Diputación de Córdoba, dan respuestas a la carencia de alimentos.
"Las consecuencias de esta crisis alimentaria se evidencian en la macroregión sur, conformada por Puno, Apurímac, Madre de Dios y Cusco, donde se ha incrementado de manera alarmante el porcentaje de anemia en la niñez de 6 a 35 meses", aseguró Juan Manuel Márquez. Por otro lado, según la Dirección Regional de Salud, el porcentaje de desnutrición también se incrementó en un 12,7 por ciento entre los menores de 5 años.
"Estas crisis afectan de manera desproporcionada a las mujeres al desempeñar un papel clave en el bienestar familiar y el desarrollo sostenible de sus comunidades en la conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y la propia gestión sostenible de los recursos naturales, agudizada con la actual crisis climática", destacó el coordinador de la FSU.
Con esta premisa, la oenegé montillana busca articular el trabajo de los diferentes actores del sector público, principalmente las municipalidades, así como entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil, para concertar estrategias destinadas a la lucha contra la inseguridad alimentaria en un contexto de crisis superpuestas y prolongadas pero, además, "incorporando los enfoques de derechos humanos, género, interseccionalidad y medio ambiente".
"El primer componente se relaciona con la promoción para el acceso y disponibilidad de alimentos fomentando la producción de alimentos en unidades de producción familiar, en los sectores periurbanos y rural, donde la producción de alimentos es escasa y considerada como agricultura familiar de sobrevivencia", resaltó Juan Manuel Márquez.
El segundo componente se relaciona con el uso de los alimentos y los factores que contribuyen a una alimentación saludable, "socializando experiencias e innovaciones en la preparación de alimentos, así como el acompañamiento a familias en el consumo de una dieta balanceada en base a productos locales de forma que, al final, se contará con información de primera fuente respecto al consumo de alimentos y su contribución en la erradicación o disminución de las enfermedades prevalentes y las enfermedades no transmisibles".
El tercer componente hace referencia al fortalecimiento de capacidades para la incidencia y la gestión de la situación alimentaria por parte del funcionariado y otros actores implicados, generando condiciones para la articulación de iniciativas y propuestas de un trabajo multiactor entre el Estado y la sociedad civil, con el propósito de abordar la inseguridad alimentaria de manera articulada.
"La propuesta representa una alternativa frente a las políticas alimentarias basadas en la sola importación de alimentos, fomentando la agricultura familiar, la educación alimentaria, el consumo de alimentos nutritivos producidos localmente con respeto al medio ambiente y el desarrollo de capacidades para la incidencia en las políticas alimentarias", defendió el coordinador de la FSU.
Por último, la intervención financiada por la Diputación de Córdoba incorpora el enfoque del derecho humano de acceso a alimentos saludables, la incorporación del enfoque de género basado en la equidad, la interseccionalidad que permita disminuir el racismo y la exclusión y la adaptación al cambio climático a través de acciones amigables con el ecosistema.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL
FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL
