Si las bases del Partido Socialista Obrero Español han tenido derecho a decidir su apoyo a la propuesta de amnistía y condonación de deuda pública, ¿no tenemos los ciudadanos el derecho a refrendar unas medidas de tal magnitud?
A diferencia del indulto, la amnistía implica que el Estado ‘pida perdón’ a los supremacistas catalanes por haberlos llevado ante la Justicia. Aparte, la condonación de deuda pública para apoyar la investidura de un solo hombre roza el delito. ¿Con qué legitimidad se atacarán los recortes del pasado si se le priva a la res publica de tales recursos por intereses tan egoístas?
Por mucho que la propaganda sanchista ponga el foco en la extrema derecha, entre las personas que se manifiestan y se oponen a las condiciones de la investidura hay izquierdistas decepcionados por la deriva del PSOE, derechistas moderados y otros miembros de la sociedad que tienen derecho a ser escuchados.
En este momento, las bases de la convivencia democrática están rotas. Si todo vale para los de un lado, todo está permitido también para los del otro. Por lo pronto, la postcensura está en máximos, la libertad de expresión está limitada y la ridiculización y el insulto se han normalizado. ¿A dónde puede llevar esta situación?
Un referéndum legal y con condiciones razonables daría legitimidad al sanchismo para seguir adelante y favorecería la convivencia ciudadana. Las últimas elecciones estuvieron viciadas por su fecha y por otras extrañezas. Sin embargo, una consulta ciudadana que tuviera la presencia de observadores internacionales garantizaría el respeto a los resultados que salieran de esta consulta.
Es más que dudoso que un individuo sin escrúpulos como Pedro Sánchez se la juegue en una consulta. Sin embargo, pedir es gratis y, a diferencia de lo que solicitan sus socios, un referéndum legal y con garantías sobre las condiciones de la investidura no debería de provocar rechazo en ningún demócrata.
Haereticus dixit
A diferencia del indulto, la amnistía implica que el Estado ‘pida perdón’ a los supremacistas catalanes por haberlos llevado ante la Justicia. Aparte, la condonación de deuda pública para apoyar la investidura de un solo hombre roza el delito. ¿Con qué legitimidad se atacarán los recortes del pasado si se le priva a la res publica de tales recursos por intereses tan egoístas?
Por mucho que la propaganda sanchista ponga el foco en la extrema derecha, entre las personas que se manifiestan y se oponen a las condiciones de la investidura hay izquierdistas decepcionados por la deriva del PSOE, derechistas moderados y otros miembros de la sociedad que tienen derecho a ser escuchados.
En este momento, las bases de la convivencia democrática están rotas. Si todo vale para los de un lado, todo está permitido también para los del otro. Por lo pronto, la postcensura está en máximos, la libertad de expresión está limitada y la ridiculización y el insulto se han normalizado. ¿A dónde puede llevar esta situación?
Un referéndum legal y con condiciones razonables daría legitimidad al sanchismo para seguir adelante y favorecería la convivencia ciudadana. Las últimas elecciones estuvieron viciadas por su fecha y por otras extrañezas. Sin embargo, una consulta ciudadana que tuviera la presencia de observadores internacionales garantizaría el respeto a los resultados que salieran de esta consulta.
Es más que dudoso que un individuo sin escrúpulos como Pedro Sánchez se la juegue en una consulta. Sin embargo, pedir es gratis y, a diferencia de lo que solicitan sus socios, un referéndum legal y con garantías sobre las condiciones de la investidura no debería de provocar rechazo en ningún demócrata.
Haereticus dixit
RAFAEL SOTO
