El Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" acoge mañana, a partir de las 18.30 de la tarde, la charla La penalización del aborto: violencia basada en el género, organizada por la Asamblea Feminista de Montilla y por Amnistía Internacional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La ponencia contará con la participación de Venus Faddoul, abogada y activista venezolana que tuvo que abandonar su país por su activismo en defensa del derecho al aborto. "A través de su relato profundizaremos sobre la situación del aborto en el mundo y cómo su penalización es una forma de violencia hacia la mujer", tal y como avanzó Ana María Cobos Palomo, secretaria de la Asamblea Feminista.
Desde el colectivo montillano recuerdan que "el aborto no es un derecho aislado" sino "un derecho humano en el marco más amplio de los derechos sexuales y reproductivos", de modo que "forma parte de los servicios de salud". Al respecto, la Asamblea Feminista sostiene que "todas las personas deben tener acceso a la educación afectivo-sexual y a la formación e información sobre su salud sexual y reproductiva".
De igual manera, Ana María Cobos hizo hincapié en "el derecho a la autonomía personal de las mujeres para decidir sobre si tener hijos o no" y en la necesidad de facilitar el acceso a métodos anticonceptivos y a los servicios de salud integral.
"En el mundo se suceden los avances y retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos", apunta la secretaria de la Asamblea Feminista, quien asegura que "Estados Unidos ha experimentado un retroceso de cincuenta años desde 2022, mientras que en Polonia se está procesando a defensoras de derechos humanos por ayudar a embarazadas que necesitan abortar".
"En la vecina Andorra está prohibido abortar en todos los casos y Vanessa Mendoza Cortés se enfrenta a juicio por ayudar a mujeres que necesitan abortar desde la asociación Stop Violencias", añade Ana María Cobos, quien recalca que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año en el mundo se producen 25 millones de abortos peligrosos y se registran 47.000 muertes de mujeres embarazadas por complicaciones debidas a abortos en condiciones de riesgo.
"En España, el aborto es un derecho reconocido en 2010 por la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la conocida como Ley de Plazos", señalan desde la Asamblea Feminista, para recordar que el pasado mes de marzo entró en vigor la modificación a dicha ley, por la que se amplían derechos y nuevas medidas para garantizar su plena aplicación.
"En este último sentido se regula que la objeción de conciencia no puede limitar el acceso al aborto y la obligación de que cada hospital cuente con la relación de personal sanitario objetor y poder así́ planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres", resalta el colectivo montillano.
Para la Asamblea Feminista, "hasta ahora, las mujeres que deciden abortar tienen muy difícil acceder a los servicios públicos de salud" y, de hecho, más del 80 por ciento de los abortos legales se realizan en clínicas privadas concertadas, "bajo la supuesta causa de la objeción de conciencia del personal sanitario de los hospitales públicos".
La ponencia contará con la participación de Venus Faddoul, abogada y activista venezolana que tuvo que abandonar su país por su activismo en defensa del derecho al aborto. "A través de su relato profundizaremos sobre la situación del aborto en el mundo y cómo su penalización es una forma de violencia hacia la mujer", tal y como avanzó Ana María Cobos Palomo, secretaria de la Asamblea Feminista.
Desde el colectivo montillano recuerdan que "el aborto no es un derecho aislado" sino "un derecho humano en el marco más amplio de los derechos sexuales y reproductivos", de modo que "forma parte de los servicios de salud". Al respecto, la Asamblea Feminista sostiene que "todas las personas deben tener acceso a la educación afectivo-sexual y a la formación e información sobre su salud sexual y reproductiva".
De igual manera, Ana María Cobos hizo hincapié en "el derecho a la autonomía personal de las mujeres para decidir sobre si tener hijos o no" y en la necesidad de facilitar el acceso a métodos anticonceptivos y a los servicios de salud integral.
"En el mundo se suceden los avances y retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos", apunta la secretaria de la Asamblea Feminista, quien asegura que "Estados Unidos ha experimentado un retroceso de cincuenta años desde 2022, mientras que en Polonia se está procesando a defensoras de derechos humanos por ayudar a embarazadas que necesitan abortar".
"En la vecina Andorra está prohibido abortar en todos los casos y Vanessa Mendoza Cortés se enfrenta a juicio por ayudar a mujeres que necesitan abortar desde la asociación Stop Violencias", añade Ana María Cobos, quien recalca que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año en el mundo se producen 25 millones de abortos peligrosos y se registran 47.000 muertes de mujeres embarazadas por complicaciones debidas a abortos en condiciones de riesgo.
"En España, el aborto es un derecho reconocido en 2010 por la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la conocida como Ley de Plazos", señalan desde la Asamblea Feminista, para recordar que el pasado mes de marzo entró en vigor la modificación a dicha ley, por la que se amplían derechos y nuevas medidas para garantizar su plena aplicación.
"En este último sentido se regula que la objeción de conciencia no puede limitar el acceso al aborto y la obligación de que cada hospital cuente con la relación de personal sanitario objetor y poder así́ planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres", resalta el colectivo montillano.
Para la Asamblea Feminista, "hasta ahora, las mujeres que deciden abortar tienen muy difícil acceder a los servicios públicos de salud" y, de hecho, más del 80 por ciento de los abortos legales se realizan en clínicas privadas concertadas, "bajo la supuesta causa de la objeción de conciencia del personal sanitario de los hospitales públicos".
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO (ARCHIVO)
