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19 de julio de 2022

  • 19.7.22
Cualquier montillano de bien conoce que el actual castillo de Montilla no es más que una ínfima representación del originario edificio medieval en el que se instalaban los señores de Aguilar, quienes serían agraciados en el año 1501 con el título del Marquesado de Priego por las hazañas realizadas por parte de Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido popularmente como El Gran Capitán, quien jugó un papel decisivo en la conquista de territorios como Nápoles, y quien presumiblemente nació en Montilla en el año 1453.


Sin embargo, realmente existen gran cantidad de especulaciones entre los habitantes montillanos en relación con el derrumbe del castillo de Montilla. ¿Cuándo se produjo? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a su derribo exactamente? ¿Fueron el causante del mencionado derrumbe las sospechas de corrupción del monarca Fernando el Católico hacía El Gran Capitán?

Para conocer el origen exacto de todos los problemas relacionados con el derribo de la majestuosa construcción que ya ha sido analizada y recreada mediante una magnífica tesis doctoral realizada por María Auxiliadora Portero Delgado, publicada recientemente, sería necesario retrotraerse en el tiempo.

Montilla, desde el año 1375, perteneció al señorío de Aguilar, el cual estuvo presidido a finales del siglo XV por don Alfonso Fernández de Córdoba hasta el año 1501, momento en que perece debido a su participación en el levantamiento morisco producido en las Alpujarras a consecuencia del nombramiento previo del cardenal Cisneros como arzobispo de Granada, quien se mostraría mucho más enérgico con los mudéjares y los moriscos que mantenían sus costumbres islámicas, lo que provocó una revuelta mudéjar que no sería sofocada hasta mayo de 1501.

Su fallecimiento provoca el ascenso de don Pedro Fernández de Córdoba, quien se trataba de su hijo primogénito, como nuevo señor de Aguilar, quedando nombrado al mismo tiempo como primer marqués de Priego.

Hasta la muerte de Isabel la Católica, fechada en noviembre de 1504, don Pedro Fernández de Córdoba se mantuvo fiel a la Corona. Sin embargo, a raíz del fallecimiento de la reina de Castilla (que no de Aragón, territorio en que reinaba de manera efectiva su esposo Fernando “el Católico”) la nueva situación va a dividir a la nobleza de Castilla en dos bandos: el primero será defensor de que el nuevo monarca de la corona de Castilla sea Felipe “el Hermoso”, esposo de Juana I, hija de los Reyes Católicos, conocida popularmente como Juana “la loca”; mientras que el segundo bando apoyará la subida al trono de Fernando el Católico.


Este conflicto se produjo como consecuencia de las sospechas de buena parte de la nobleza castellana sobre las pretensiones de Felipe, quien pretendía expulsar a los partidarios del rey Fernando el Católico de la Corte, con objeto de establecer un cambio de élites del que saliera favorecido.

El señor de Aguilar se mostrará favorable a la primera corriente, de la que se alzó como líder dentro de la Campiña cordobesa, en contraposición al alcaide de los Donceles, quien lideraba el bando que apoyó la subida al trono castellano de Fernando.

Tras una etapa de relativa calma debido al nombramiento final de doña Juana como reina de Castilla en 1506, a pesar de su incapacidad para gobernar, su marido y, consecuentemente, rey de Castilla, Felipe I, acabó falleciendo en septiembre de 1506 al tomar supuestamente agua fría, lo que le ocasionó unas suculentas fiebres que se llevaron su vida por delante en una semana, si bien es cierto que no se sabe con exactitud si esas aguas estuvieron envenenadas.

A partir de este momento, don Pedro mostrará una actitud hostil con la monarquía debido al nombramiento de Fernando el Católico como nuevo rey regente de Castilla, debido a la supuesta locura en la que doña Juana se sumió tras la muerte de su esposo, lo que le impidió gobernar en el territorio que le correspondía legítimamente. De hecho, fue encerrada durante el resto de su vida en Tordesillas, entre 1509 y 1555.

La situación se tornará bastante delicada a partir de 1507, momento en que la política represiva protagonizada por el inquisidor don Diego Rodríguez Lucero en la villa de Montilla hace que el pueblo se acabe levantando alentado por su propio señor, lo que acabaría provocando la deposición del inquisidor.

El monarca, enterado de lo sucedido, pidió explicaciones a un marqués de Priego que acabó buscando el perdón real. Sin embargo, este primer hecho tensó una situación que acabaría siendo más grave cuando, en 1508, don Pedro acabaría despidiendo de su cargo de alcaide de Montilla a Nuño Argote, quien presuponía que pertenecía a una red clientelar afín a los intereses del citado alcaide de los Donceles, líder del apoyo al monarca Fernando desde la muerte de Isabel.


El propio monarca volvió a pedir explicaciones sobre este hecho, enviando a Montilla a Hernán Gómez de Herrera, alcalde de casa y corte, con objeto de realizar una investigación acerca de lo sucedido. Don Pedro Fernández no solo no aceptó la decisión real, sino que acabó apresando al alcalde de casa y corte el día 14 de junio.

Esta decisión fue duramente reprimida por el monarca castellano, quien acabó ordenando la demolición del castillo de Montilla el 19 de julio de 1508, justo la misma fecha en la que se está llevando a cabo la publicación de este pequeño análisis, constituyendo una efeméride desconocida para la mayoría de la actual población montillana.

En dicha demolición participaron unas 3.000 personas, de los cuales la mayoría fueron forasteros a pesar del pregón que se leyó en el pueblo días antes, donde se indicaba que a todo aquel que participase se le dotaría con un jornal de treinta maravedís. Los montillanos no quisieron ver su castillo derrumbado, de manera que no se presentaron a este fatídico acto para el municipio.

El marqués de Priego acabó personándose en Toledo, sede provisional de la capital castellana (cabe recordar que hasta 1561, la capitalidad del reino castellano fue itinerante, situándose allá donde estuviera el rey), con objeto de dar explicaciones al soberano, quien no solo no lo recibió, sino que ordenó su apresamiento, su destierro perpetuo de Córdoba acompañado de una multa de 20.000 maravedís, y la entrega de todos sus castillos al rey. Al mismo tiempo, también se incluyeron penas de muerte para los caballeros que se posicionaron del lado de don Pedro Fernández de Córdoba.

ANTONIO CARRASCO GONZÁLEZ
HISTORIADOR Y EXPERTO EN ARCHIVÍSTICA
FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

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