El Grupo Municipal Popular defenderá mañana ante el Pleno de la Corporación una moción de rechazo frente al Real Decreto-Ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 4 de agosto y que permite a las entidades locales con remanentes de tesorería suscribir un "préstamo" al Estado a cambio de un ingreso no financiero para mejorar la atención a personas mayores o dependientes, incrementar la oferta de vivienda asequible en alquiler o construir escuelas infantiles.
La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, Inmaculada Luque, junto al portavoz adjunto del PP en la Diputación, Félix Romero, mostraron ayer su rechazo a esta fórmula que permite que las entidades locales incrementen su capacidad de gasto sin incurrir en déficit público, cumpliendo tanto con la Ley de Estabilidad Presupuestaria como con la Constitución Española.
Según detalló el Gobierno de España, "las entidades locales que lo deseen constituirán voluntariamente un préstamo a favor del Estado por el total de sus remanentes de tesorería". El Estado les realizará un ingreso no financiero por importe, como mínimo, del 35 por ciento de los fondos aportados, que incrementará hasta totalizar 5.000 millones de euros entre todas las entidades participantes. Además, Hacienda les devolverá el importe íntegro del préstamo en un plazo de diez años a contar a partir de 2022.
"Se trata de un ataque hacia el municipalismo, de un atraco a la economía y a los ahorros de todos nuestros vecinos que, en nuestro caso, en Montilla está cerca del millón de euros", defendió Inmaculada Luque, para quien el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias es fruto de la "nefasta gestión" de Pedro Sánchez al frente del Gobierno central. "El Partido Popular está en contra de financiar con estos ahorros al Gobierno de Sánchez, que sólo mira por sus propios intereses", añadió la edil montillana.
Por su parte, Félix Romero calificó de "chantaje" el paquete de medidas financieras de carácter extraordinario para las entidades locales, ya que, según indicó, si los ayuntamiento se niegan a entregar de forma voluntaria sus remanentes positivos de tesorería, después no podrían beneficiarse del fondo de 5.000 millones "que vendrán de los fondos europeos".
En ese sentido, el portavoz adjunto de los populares en la Diputación defendió la necesidad de que las corporaciones locales "puedan hacer uso de sus ahorros" y "se emplee con libertad ese dinero para hacer frente a cuantas necesidades se planteen, sin ningún tipo de condiciones".
De igual manera, Romero instó al presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, a convocar un Consejo de Alcaldes para tratar la situación actual y lo animó a "dejar de lado su posición partidista" para que se "defienda el municipalismo desde todos los ayuntamientos de la provincia".
En similares términos se manifestó Inmaculada Luque, para quien "cada vez es más necesario que ese dinero se quede en los propios ayuntamientos para hacer frente a la situación actual devenida por la pandemia que sufrimos". Así, la edil montillano defendió la necesidad de emplear todos los recursos en políticas de empleo o en apoyo a autónomos y empresas "para afianzar la población", ya que, a su juicio, "las propias administraciones son las que realmente conocen las dificultades y necesidades que hay en cada municipio".
La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, Inmaculada Luque, junto al portavoz adjunto del PP en la Diputación, Félix Romero, mostraron ayer su rechazo a esta fórmula que permite que las entidades locales incrementen su capacidad de gasto sin incurrir en déficit público, cumpliendo tanto con la Ley de Estabilidad Presupuestaria como con la Constitución Española.
Según detalló el Gobierno de España, "las entidades locales que lo deseen constituirán voluntariamente un préstamo a favor del Estado por el total de sus remanentes de tesorería". El Estado les realizará un ingreso no financiero por importe, como mínimo, del 35 por ciento de los fondos aportados, que incrementará hasta totalizar 5.000 millones de euros entre todas las entidades participantes. Además, Hacienda les devolverá el importe íntegro del préstamo en un plazo de diez años a contar a partir de 2022.
"Se trata de un ataque hacia el municipalismo, de un atraco a la economía y a los ahorros de todos nuestros vecinos que, en nuestro caso, en Montilla está cerca del millón de euros", defendió Inmaculada Luque, para quien el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias es fruto de la "nefasta gestión" de Pedro Sánchez al frente del Gobierno central. "El Partido Popular está en contra de financiar con estos ahorros al Gobierno de Sánchez, que sólo mira por sus propios intereses", añadió la edil montillana.
Por su parte, Félix Romero calificó de "chantaje" el paquete de medidas financieras de carácter extraordinario para las entidades locales, ya que, según indicó, si los ayuntamiento se niegan a entregar de forma voluntaria sus remanentes positivos de tesorería, después no podrían beneficiarse del fondo de 5.000 millones "que vendrán de los fondos europeos".
En ese sentido, el portavoz adjunto de los populares en la Diputación defendió la necesidad de que las corporaciones locales "puedan hacer uso de sus ahorros" y "se emplee con libertad ese dinero para hacer frente a cuantas necesidades se planteen, sin ningún tipo de condiciones".
De igual manera, Romero instó al presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, a convocar un Consejo de Alcaldes para tratar la situación actual y lo animó a "dejar de lado su posición partidista" para que se "defienda el municipalismo desde todos los ayuntamientos de la provincia".
En similares términos se manifestó Inmaculada Luque, para quien "cada vez es más necesario que ese dinero se quede en los propios ayuntamientos para hacer frente a la situación actual devenida por la pandemia que sufrimos". Así, la edil montillano defendió la necesidad de emplear todos los recursos en políticas de empleo o en apoyo a autónomos y empresas "para afianzar la población", ya que, a su juicio, "las propias administraciones son las que realmente conocen las dificultades y necesidades que hay en cada municipio".
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
