Dicho y hecho. Un mes después de que Montilla Digital desvelara en primicia la existencia de un informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Salud en el que se defendía la necesidad de modificar la gestión de los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT), el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó ayer delegar la competencia de prestación de este servicio en 23 corporaciones locales de las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, por un periodo de cinco años y una financiación de partida de unos 3,06 millones de euros anuales a cargo de la Junta.
La medida, que tiene carácter excepcional, se adopta de acuerdo con la Ley de Autonomía Local ante la próxima finalización de los convenios entre la Administración autonómica y estas entidades, que con la nueva legislación estatal de régimen jurídico del sector público no pueden ser prorrogados. "Se garantiza así la continuidad de un servicio del que se benefician más de 2.800 menores cada año", resaltaron ayer desde el Ejecutivo autonómico.
De este modo, el Gobierno andaluz cumple con el compromiso que trasladó la propia delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, María de los Ángeles Luna, al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla, al que aseguró que el servicio se iba a seguir prestando "en las mismas condiciones que se acordaron el año pasado".
Las corporaciones locales incluidas en esta delegación gestionan centros en Lucena, Montilla y Priego de Córdoba, en la provincia de Córdoba; Cartaya (Huelva); La Carolina, Linares, Úbeda y Villanueva del Arzobispo (Jaén); Alhaurín el Grande, Antequera y Vélez-Málaga (Málaga), y Constantina, Dos Hermanas, Estepa, El Arahal, Lebrija, Los Palacios, Morón de la Frontera, Osuna, Paradas, Sanlúcar la Mayor y Tomares, en Sevilla.
El cambio del modelo de organización del CAIT de Montilla generó el pasado año una intensa polémica que se solventó a mediados de septiembre con la firma de un convenio con la Consejería de Salud que venía a garantizar, por medio de una adenda de casi 54.000 euros, el nuevo sistema de funcionamiento que había planteado la Junta para este servicio.
Ya entonces, el Ejecutivo autonómico había propuesto para el conjunto de Andalucía una “evolución del servicio” que se traducía en que, de las sesiones grupales que se venían desarrollando hasta la fecha, se pasaba a sesiones individualizadas de una hora de duración, con quince minutos para trámites administrativos y contacto con las familias.
Una normativa específica
Andalucía cuenta desde abril del pasado año con un decreto específico que refuerza las políticas autonómicas en materia de atención temprana a los menores de seis años. Su desarrollo ha permitido eliminar las listas de espera y aumentar el tiempo de las sesiones de 45 minutos a una hora, además de garantizar un aumento progresivo de las partidas desde los 11,9 millones de euros en 2016 a los 34 previstos para 2019. En el presente ejercicio la dotación presupuestaria es de 20,8 millones para financiar los contratos con entidades sociales y los convenios con ayuntamientos.
La política de la Junta en esta materia plantea un modelo integral que agrupa las actuaciones de los ámbitos sanitario, educativo y social, con el fin de favorecer el óptimo desarrollo y autonomía personal de los menores con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, a través de medidas de prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y participación de familias y entorno social.
El decreto andaluz de atención temprana incorpora dos novedades no reguladas en otras comunidades: la creación en el sistema sanitario público de unidades específicas para la valoración y el establecimiento de un tiempo máximo de respuesta de 30 días para la misma.
Respecto al primero de estos aspectos, actualmente están en funcionamiento las 11 Unidades de Atención Infantil Temprana (UAIT) que esta norma dispone para las ocho provincias andaluzas (dos en las de Cádiz, Málaga y Sevilla). Formadas por profesionales de Pediatría y Psicología, se encargan de valorar las necesidades de los menores sobre la base de un diagnóstico funcional que incluye el estudio de las familias y el entorno, así como de garantizar la continuidad asistencial entre los equipos de Pediatría de Atención Primaria y de la red hospitalaria.
Las UAIT son las responsables de decidir la idoneidad de la intervención y, en su caso, de la derivación a uno de los más de 180 Centros de Atención Infantil Temprana que funcionan en Andalucía, donde 800 profesionales atienden a alrededor de 20.000 menores al año.
La medida, que tiene carácter excepcional, se adopta de acuerdo con la Ley de Autonomía Local ante la próxima finalización de los convenios entre la Administración autonómica y estas entidades, que con la nueva legislación estatal de régimen jurídico del sector público no pueden ser prorrogados. "Se garantiza así la continuidad de un servicio del que se benefician más de 2.800 menores cada año", resaltaron ayer desde el Ejecutivo autonómico.
De este modo, el Gobierno andaluz cumple con el compromiso que trasladó la propia delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, María de los Ángeles Luna, al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla, al que aseguró que el servicio se iba a seguir prestando "en las mismas condiciones que se acordaron el año pasado".
Las corporaciones locales incluidas en esta delegación gestionan centros en Lucena, Montilla y Priego de Córdoba, en la provincia de Córdoba; Cartaya (Huelva); La Carolina, Linares, Úbeda y Villanueva del Arzobispo (Jaén); Alhaurín el Grande, Antequera y Vélez-Málaga (Málaga), y Constantina, Dos Hermanas, Estepa, El Arahal, Lebrija, Los Palacios, Morón de la Frontera, Osuna, Paradas, Sanlúcar la Mayor y Tomares, en Sevilla.
El cambio del modelo de organización del CAIT de Montilla generó el pasado año una intensa polémica que se solventó a mediados de septiembre con la firma de un convenio con la Consejería de Salud que venía a garantizar, por medio de una adenda de casi 54.000 euros, el nuevo sistema de funcionamiento que había planteado la Junta para este servicio.
Ya entonces, el Ejecutivo autonómico había propuesto para el conjunto de Andalucía una “evolución del servicio” que se traducía en que, de las sesiones grupales que se venían desarrollando hasta la fecha, se pasaba a sesiones individualizadas de una hora de duración, con quince minutos para trámites administrativos y contacto con las familias.
Una normativa específica
Andalucía cuenta desde abril del pasado año con un decreto específico que refuerza las políticas autonómicas en materia de atención temprana a los menores de seis años. Su desarrollo ha permitido eliminar las listas de espera y aumentar el tiempo de las sesiones de 45 minutos a una hora, además de garantizar un aumento progresivo de las partidas desde los 11,9 millones de euros en 2016 a los 34 previstos para 2019. En el presente ejercicio la dotación presupuestaria es de 20,8 millones para financiar los contratos con entidades sociales y los convenios con ayuntamientos.
La política de la Junta en esta materia plantea un modelo integral que agrupa las actuaciones de los ámbitos sanitario, educativo y social, con el fin de favorecer el óptimo desarrollo y autonomía personal de los menores con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, a través de medidas de prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y participación de familias y entorno social.
El decreto andaluz de atención temprana incorpora dos novedades no reguladas en otras comunidades: la creación en el sistema sanitario público de unidades específicas para la valoración y el establecimiento de un tiempo máximo de respuesta de 30 días para la misma.
Respecto al primero de estos aspectos, actualmente están en funcionamiento las 11 Unidades de Atención Infantil Temprana (UAIT) que esta norma dispone para las ocho provincias andaluzas (dos en las de Cádiz, Málaga y Sevilla). Formadas por profesionales de Pediatría y Psicología, se encargan de valorar las necesidades de los menores sobre la base de un diagnóstico funcional que incluye el estudio de las familias y el entorno, así como de garantizar la continuidad asistencial entre los equipos de Pediatría de Atención Primaria y de la red hospitalaria.
Las UAIT son las responsables de decidir la idoneidad de la intervención y, en su caso, de la derivación a uno de los más de 180 Centros de Atención Infantil Temprana que funcionan en Andalucía, donde 800 profesionales atienden a alrededor de 20.000 menores al año.
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
