Racionándonos liquidez y a base de latigazos de miedo, los “mercados” donde estamos enjaulados muestran su verdadera utilidad como instrumentos para amansar a los “salvajes” que son reacios a acatar el sistema capitalista como única estructura económica dominante globalmente. Es por ello que, con el pánico instalado en un rictus en el rostro, se acepta como inevitable el rescate total de España y se desecha cualquier otra alternativa que no pase por esa lógica ya establecida e inducida por el “adiestrador” que nos doma.
Un pensamiento único se apodera entonces de la razón, por lo que, narcotizados por una información dirigida y machaconamente administrada (esas primas de riesgo y unos bonos del Tesoro en techos inauditos), ni se estiman ni se buscan otras soluciones distintas que pudieran posibilitar no solo poder escapar de las ataduras de una crisis que nos paraliza absolutamente, sino también recuperar la soberanía en las decisiones autónomas, en virtud de nuestras reales capacidades, sin estar supeditados a intereses ajenos.
Porque, en definitiva: ¿qué es un rescate? Son exigencias de acreedores para asegurarse el cobro de préstamos con los que financiar nuestra economía. Se deja a su arbitrio la catalogación de nuestra solvencia y los requisitos incluso para el gasto que debemos afrontar.
Es decir, los prestamistas califican nuestra capacidad financiera y estipulan cómo debemos administrar nuestras finanzas. Es como si dejáramos al banco la capacidad de determinar no solo el uso del dinero que nos presta, sino también de obligarte a organizar tus cuentas (obligándote a reducir gastos drásticamente) en función de sus intereses, siguiendo unilaterales parámetros que no se pueden cuestionar, ajenos a tu propia solvencia real.
Se les otorga, así, capacidad para manipular la situación de los clientes con tal de asegurarse el cumplimiento de sus exigencias. De esta forma –a nivel estatal-, pueden llevar a un país, que mantiene unas ratio razonables en sus cuentas nacionales, a situaciones que hagan peligrar su capacidad de endeudamiento gracias a unas presiones de los “mercados”, que elevan los intereses a pagar por dicha deuda.
En una palabra, pueden convertir en insolvente a cualquier solvente, con ayuda de algún “beneficiado” oculto entre esta maraña de relaciones cruzadas en que se desenvuelve la economía mundial (¿Quién gana con una España arruinada?).
Lo más sorprendente de todo ello es que los agentes que califican la solvencia del país son los mismos que fallaron estrepitosamente –e incluso participaron activamente en el fraude- en la génesis de una crisis que empezó hace cinco años con la caída del banco Lehman Brothers y la quiebra de varios fondos que invirtieron en las famosas hipotecas subprime.
Esos mismos actores son los que ahora administran nuestras finanzas, conduciéndonos por la senda del rescate, previa meticulosa mentalización de la población. El ministro de Economía español, Luis de Guindos, era el delegado para España y Portugal de Lehman Brothers, y Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, fue director ejecutivo del Banco Mundial y delegado para Europa de Goldman Sachs, agencia de inversión que participó en el derrumbe de Lehman Brothers y fue cómplice en la ocultación de la deuda griega.
Ningún proyecto político, como es la creación de una zona europea de moneda única, puede depender del empobrecimiento de los ciudadanos y de la sustracción de sus derechos sociales más elementales, cuales son los la educación, la salud y la confianza en un futuro mejor, no peor.
Y mucho menos por un proyecto mal elaborado y peor realizado para disponer de una moneda común sin contar con los mecanismos e instituciones que la salvaguarden y defiendan de los vaivenes de la especulación financiera.
La lógica del mercado no es la única lógica posible. También existe una lógica de la finalidad social y redistributiva de la riqueza, a la que ha de adecuarse la economía mediante las regulaciones y normas que el Estado determine, sin que ello restringa los derechos jurídicos y legales que protejan tanto al capital como a la colectividad.
En este sentido, sería lógico hacer tributar más caro a los pudientes, perseguir con más empeño a los defraudadores, obligar a las entidades financieras a que ofrezcan sus bolsas de pisos a través de la red de viviendas de protección oficial, instaurar la tasa Tobin, restaurar una legalidad más protectora del trabajador que evite el despido indiscriminado, control estricto de Hacienda a las grandes empresas sobre sus obligaciones fiscales, reinversión de parte de los beneficios y seguridad laboral, transparencia y austeridad en la gestión pública, limitación del sueldos a los grandes ejecutivos de empresas públicas y representantes políticos, consulta a los ciudadanos de las medidas económicas que les afecten, etc.
Nada de ello se ofrece como alternativa a la actual incertidumbre económica que asfixia al país y que aterroriza a los ciudadanos con la pérdida del poder adquisitivo y los derechos sociales que disfrutaban hasta que estalló esta crisis.
Se ocultan otros modos de combatir la parálisis de la actividad económica a que nos han conducido todas y cada una de las medidas que se han adoptado desde el Gobierno para enfrentarse a la crisis, cumpliendo con las exigencias de los “mercados”.
Se blinda el rescate del capital en detrimento de los servicios esenciales a los ciudadanos, y se disimula la identidad de unos actores que son cómplices en la generación de una crisis que ellos mismos administran en claro perjuicio de la mayoría de la población.
Nos lavan el cerebro con la “lógica” mercantil que garantiza su supervivencia y su rentabilidad con un comportamiento propio de jugador de casino que apuesta con nuestros ahorros. Y dejamos que ello suceda sin manifestar nuestra disconformidad y rechazo, aceptando sumisos que no hay ninguna otra salida más que el rescate de España y el empobrecimiento de los españoles. Unos pocos se estarán frotando las manos porque nos han hecho pensar con la lógica que les conviene. Aguardan pingües beneficios.
Un pensamiento único se apodera entonces de la razón, por lo que, narcotizados por una información dirigida y machaconamente administrada (esas primas de riesgo y unos bonos del Tesoro en techos inauditos), ni se estiman ni se buscan otras soluciones distintas que pudieran posibilitar no solo poder escapar de las ataduras de una crisis que nos paraliza absolutamente, sino también recuperar la soberanía en las decisiones autónomas, en virtud de nuestras reales capacidades, sin estar supeditados a intereses ajenos.
Porque, en definitiva: ¿qué es un rescate? Son exigencias de acreedores para asegurarse el cobro de préstamos con los que financiar nuestra economía. Se deja a su arbitrio la catalogación de nuestra solvencia y los requisitos incluso para el gasto que debemos afrontar.
Es decir, los prestamistas califican nuestra capacidad financiera y estipulan cómo debemos administrar nuestras finanzas. Es como si dejáramos al banco la capacidad de determinar no solo el uso del dinero que nos presta, sino también de obligarte a organizar tus cuentas (obligándote a reducir gastos drásticamente) en función de sus intereses, siguiendo unilaterales parámetros que no se pueden cuestionar, ajenos a tu propia solvencia real.
Se les otorga, así, capacidad para manipular la situación de los clientes con tal de asegurarse el cumplimiento de sus exigencias. De esta forma –a nivel estatal-, pueden llevar a un país, que mantiene unas ratio razonables en sus cuentas nacionales, a situaciones que hagan peligrar su capacidad de endeudamiento gracias a unas presiones de los “mercados”, que elevan los intereses a pagar por dicha deuda.
En una palabra, pueden convertir en insolvente a cualquier solvente, con ayuda de algún “beneficiado” oculto entre esta maraña de relaciones cruzadas en que se desenvuelve la economía mundial (¿Quién gana con una España arruinada?).
Lo más sorprendente de todo ello es que los agentes que califican la solvencia del país son los mismos que fallaron estrepitosamente –e incluso participaron activamente en el fraude- en la génesis de una crisis que empezó hace cinco años con la caída del banco Lehman Brothers y la quiebra de varios fondos que invirtieron en las famosas hipotecas subprime.
Esos mismos actores son los que ahora administran nuestras finanzas, conduciéndonos por la senda del rescate, previa meticulosa mentalización de la población. El ministro de Economía español, Luis de Guindos, era el delegado para España y Portugal de Lehman Brothers, y Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, fue director ejecutivo del Banco Mundial y delegado para Europa de Goldman Sachs, agencia de inversión que participó en el derrumbe de Lehman Brothers y fue cómplice en la ocultación de la deuda griega.
Ningún proyecto político, como es la creación de una zona europea de moneda única, puede depender del empobrecimiento de los ciudadanos y de la sustracción de sus derechos sociales más elementales, cuales son los la educación, la salud y la confianza en un futuro mejor, no peor.
Y mucho menos por un proyecto mal elaborado y peor realizado para disponer de una moneda común sin contar con los mecanismos e instituciones que la salvaguarden y defiendan de los vaivenes de la especulación financiera.
La lógica del mercado no es la única lógica posible. También existe una lógica de la finalidad social y redistributiva de la riqueza, a la que ha de adecuarse la economía mediante las regulaciones y normas que el Estado determine, sin que ello restringa los derechos jurídicos y legales que protejan tanto al capital como a la colectividad.
En este sentido, sería lógico hacer tributar más caro a los pudientes, perseguir con más empeño a los defraudadores, obligar a las entidades financieras a que ofrezcan sus bolsas de pisos a través de la red de viviendas de protección oficial, instaurar la tasa Tobin, restaurar una legalidad más protectora del trabajador que evite el despido indiscriminado, control estricto de Hacienda a las grandes empresas sobre sus obligaciones fiscales, reinversión de parte de los beneficios y seguridad laboral, transparencia y austeridad en la gestión pública, limitación del sueldos a los grandes ejecutivos de empresas públicas y representantes políticos, consulta a los ciudadanos de las medidas económicas que les afecten, etc.
Nada de ello se ofrece como alternativa a la actual incertidumbre económica que asfixia al país y que aterroriza a los ciudadanos con la pérdida del poder adquisitivo y los derechos sociales que disfrutaban hasta que estalló esta crisis.
Se ocultan otros modos de combatir la parálisis de la actividad económica a que nos han conducido todas y cada una de las medidas que se han adoptado desde el Gobierno para enfrentarse a la crisis, cumpliendo con las exigencias de los “mercados”.
Se blinda el rescate del capital en detrimento de los servicios esenciales a los ciudadanos, y se disimula la identidad de unos actores que son cómplices en la generación de una crisis que ellos mismos administran en claro perjuicio de la mayoría de la población.
Nos lavan el cerebro con la “lógica” mercantil que garantiza su supervivencia y su rentabilidad con un comportamiento propio de jugador de casino que apuesta con nuestros ahorros. Y dejamos que ello suceda sin manifestar nuestra disconformidad y rechazo, aceptando sumisos que no hay ninguna otra salida más que el rescate de España y el empobrecimiento de los españoles. Unos pocos se estarán frotando las manos porque nos han hecho pensar con la lógica que les conviene. Aguardan pingües beneficios.
DANIEL GUERRERO
