Es imprescindible no solo dar explicaciones sino, sobre todo, investigar causas y responsabilidades. 100.000 millones de euros equivalen a 11 millones de salarios mínimos anuales. Es decir, con el dinero que se le va a facilitar a parte de la banca española se podrían dar más de 11 millones de puestos de trabajo durante un año con el Salario Mínimo Interprofesional –establecido en 8.979,60 euros anuales-. O lo que es igual: con dicha cantidad tendríamos un "paro cero" durante dos años.
Por supuesto, este planteamiento es pura demagogia y no solucionaría nada. No obstante, sí nos merecemos algo más que los “quites” que está haciendo el Gobierno, que parece que quiere que pasemos por el asunto como meros espectadores de sus estrategias de distracción.
No podemos olvidar que, aunque el Gobierno trate de vendernos esta operación arguyendo toda clase de bondades, al final ese préstamo lo avala el Reino de España, es decir, todos y cada uno de los españoles.
En consecuencia, de la necesidad y uso de esa ingente cantidad de dinero hay que dar explicaciones sin más dilación. Y no vale ningún tipo de excusas. Las prioridades puede y debe administrarlas el Gobierno, pero no es el que debe marcarlas: las prioridades las marca el pueblo.
Y, en este caso, por el hecho de que los españoles vamos a llegar a ser últimos deudores de un diez por ciento más de todo nuestro Producto Interior Bruto (PIB), pienso que el Gobierno está obligado a dar una explicación. Es algo "que va en el cargo", como se suele decir.
No obstante, en este caso no sería suficiente con las explicaciones. Esta necesidad de financiación tan brutal se va a producir porque ha habido algunas instituciones financieras que han administrado muy mal dos cosas: el dinero de sus accionistas y la confianza de sus impositores y clientes, que se identificaban con dichas instituciones. Por lo tanto, es imprescindible llegar al fondo de las circunstancias que han producido este descalabro.
Últimamente, en nuestro país se han cometido muchos excesos inmobiliarios; se ha hablado mucho de la "burbuja" pero, ante la crudeza de la situación, los ciudadanos estamos en nuestro derecho de pensar que esta crisis no solo puede haberse debido a una mala gestión económica de buena fe, sino que, incluso, puede haber otro tipo de irregularidades. Por lo tanto, por responsabilidad y por pura higiene económica, es necesario investigar lo que aquí ha ocurrido.
Expertos en Economía han señalado en diversos medios que el epicentro del problema, lo que realmente le añade un plus de dificultad a su resolución, son los solares; solares que, hasta hace unos meses, pudieron ser campos agrícolas improductivos y que, de la noche a la mañana, se han convertido en activos irrealizables, con un valor en balances absolutamente descabellado. "Activos tóxicos" que los llaman.
Entretanto, nuestro Gobierno pretende convencernos de la suerte que hemos tenido con que nos rescaten a “una parte del sector financiero”, y con lo bien que están haciendo su papel, algo muy discutible.
Nuestros dirigentes pasan de puntillas sobre el asunto o ni siquiera lo tienen en cuenta. En mi opinión, los pisos y la obra pública que se ha construido, con mayor o menor acierto, está ahí y se puede valorar con determinados baremos. Pero los solares no son valorables en estos momentos.
Ante esta situación, cabe preguntarse: ¿Cómo se recalificaron los solares? ¿Qué procedimiento y periodos llevaron esas calificaciones? ¿A quiénes? ¿De dónde salió el dinero para el pago de los mismos? ¿Cómo se avaló en caso de que fuera mediante préstamos? ¿En cuánto están valorados en balances? Y concluyo: ¿No habrá habido fraude –e incluso estafa- también en las recalificaciones y en la compraventa de estos solares que no sirven absolutamente para nada –ni ahora ni en los próximos veinte años-?
La situación es especialmente grave y, aunque el Gobierno se empeñe en quitarle importancia a la repercusión que pueda tener este rescate, no cabe la menor duda de que la tendrá.
E, incluso si no fuera así, y solo por el hecho de que España va a avalar ese dinero, los españoles nos merecemos una detallada explicación y que se pongan en marcha los mecanismos oportunos para investigar, caso por caso, a los bancos a los que se vaya a prestar ese dinero, con el fin de despejar toda duda en cuanto a que se hayan podido cometer irregularidades en las inversiones y préstamos concedidos para ello.
No se trata de una postura visceral: se trata simple y llanamente de responsabilidad y de coherencia. Cuando entra dinero público en una empresa o en una entidad en la cantidad en que va a hacerlo ahora –y en las circunstancias que envuelven el asunto-, los ciudadanos tenemos derecho a saber los motivos por los que ese dinero va a entrar en esa institución y llegar al fondo de las causas que han producido esa situación. Y el Gobierno no puede negarse a ello, ni posponer explicaciones sin faltar a sus responsabilidades mas básicas y elementales.
Por supuesto, este planteamiento es pura demagogia y no solucionaría nada. No obstante, sí nos merecemos algo más que los “quites” que está haciendo el Gobierno, que parece que quiere que pasemos por el asunto como meros espectadores de sus estrategias de distracción.
No podemos olvidar que, aunque el Gobierno trate de vendernos esta operación arguyendo toda clase de bondades, al final ese préstamo lo avala el Reino de España, es decir, todos y cada uno de los españoles.
En consecuencia, de la necesidad y uso de esa ingente cantidad de dinero hay que dar explicaciones sin más dilación. Y no vale ningún tipo de excusas. Las prioridades puede y debe administrarlas el Gobierno, pero no es el que debe marcarlas: las prioridades las marca el pueblo.
Y, en este caso, por el hecho de que los españoles vamos a llegar a ser últimos deudores de un diez por ciento más de todo nuestro Producto Interior Bruto (PIB), pienso que el Gobierno está obligado a dar una explicación. Es algo "que va en el cargo", como se suele decir.
No obstante, en este caso no sería suficiente con las explicaciones. Esta necesidad de financiación tan brutal se va a producir porque ha habido algunas instituciones financieras que han administrado muy mal dos cosas: el dinero de sus accionistas y la confianza de sus impositores y clientes, que se identificaban con dichas instituciones. Por lo tanto, es imprescindible llegar al fondo de las circunstancias que han producido este descalabro.
Últimamente, en nuestro país se han cometido muchos excesos inmobiliarios; se ha hablado mucho de la "burbuja" pero, ante la crudeza de la situación, los ciudadanos estamos en nuestro derecho de pensar que esta crisis no solo puede haberse debido a una mala gestión económica de buena fe, sino que, incluso, puede haber otro tipo de irregularidades. Por lo tanto, por responsabilidad y por pura higiene económica, es necesario investigar lo que aquí ha ocurrido.
Expertos en Economía han señalado en diversos medios que el epicentro del problema, lo que realmente le añade un plus de dificultad a su resolución, son los solares; solares que, hasta hace unos meses, pudieron ser campos agrícolas improductivos y que, de la noche a la mañana, se han convertido en activos irrealizables, con un valor en balances absolutamente descabellado. "Activos tóxicos" que los llaman.
Entretanto, nuestro Gobierno pretende convencernos de la suerte que hemos tenido con que nos rescaten a “una parte del sector financiero”, y con lo bien que están haciendo su papel, algo muy discutible.
Nuestros dirigentes pasan de puntillas sobre el asunto o ni siquiera lo tienen en cuenta. En mi opinión, los pisos y la obra pública que se ha construido, con mayor o menor acierto, está ahí y se puede valorar con determinados baremos. Pero los solares no son valorables en estos momentos.
Ante esta situación, cabe preguntarse: ¿Cómo se recalificaron los solares? ¿Qué procedimiento y periodos llevaron esas calificaciones? ¿A quiénes? ¿De dónde salió el dinero para el pago de los mismos? ¿Cómo se avaló en caso de que fuera mediante préstamos? ¿En cuánto están valorados en balances? Y concluyo: ¿No habrá habido fraude –e incluso estafa- también en las recalificaciones y en la compraventa de estos solares que no sirven absolutamente para nada –ni ahora ni en los próximos veinte años-?
La situación es especialmente grave y, aunque el Gobierno se empeñe en quitarle importancia a la repercusión que pueda tener este rescate, no cabe la menor duda de que la tendrá.
E, incluso si no fuera así, y solo por el hecho de que España va a avalar ese dinero, los españoles nos merecemos una detallada explicación y que se pongan en marcha los mecanismos oportunos para investigar, caso por caso, a los bancos a los que se vaya a prestar ese dinero, con el fin de despejar toda duda en cuanto a que se hayan podido cometer irregularidades en las inversiones y préstamos concedidos para ello.
No se trata de una postura visceral: se trata simple y llanamente de responsabilidad y de coherencia. Cuando entra dinero público en una empresa o en una entidad en la cantidad en que va a hacerlo ahora –y en las circunstancias que envuelven el asunto-, los ciudadanos tenemos derecho a saber los motivos por los que ese dinero va a entrar en esa institución y llegar al fondo de las causas que han producido esa situación. Y el Gobierno no puede negarse a ello, ni posponer explicaciones sin faltar a sus responsabilidades mas básicas y elementales.
PEPE MOLINA
