Ya sabemos que hay un Ministerio de igualdad, que pretende una política también de igualdad. De todos son conocidas las campañas para que hombres y mujeres colaboren a la par en las tareas domesticas y en la educación de los hijos.
Entiendo que el objetivo de estas políticas es el de concienciar a la sociedad en general y al hombre en particular, de que la mujer tiene derecho a su tiempo de ocio, de descanso y que no es justo que, además de realizar su trabajo fuera de la casa, cargue con todas las tareas propias del hogar, incluida la educación de los hijos. En definitiva, hacer real y efectivo el principio constitucional de igualdad entre personas de distinto sexo.
Estoy totalmente de acuerdo porque entiendo que es justo. Si los cónyuges en un matrimonio o miembros de una pareja trabajan fuera de la casa, es lógico, y sobre todo justo, que ambos lo hagan dentro, mediante el oportuno reparto de tareas.
Lo mismo con los hijos, porque son de ambos y los dos progenitores tienen el deber y el derecho de cuidarlos y educarlos. Y no se trata sólo de un deber moral, sino legal. Así que, estamos de acuerdo en que lo que el Ministerio de igualdad propugna es que hombres y mujeres son iguales en derechos y deberes. Y es cierto.
Pero, ¿qué ocurre cuando la pareja entra en crisis? ¿Se sigue el mismo criterio de igualdad o se inventa la discriminación positiva? La discriminación es tan mala, tan opuesta a la igualdad, que no necesita de adjetivos. El calificativo añadido no es más que un maquillaje para mantener situaciones de desigualdad en una mal llamada "política de igualdad".
Si mantenemos la igualdad de hombres y mujeres, hagámoslo con todas sus consecuencias. La última reforma de la Ley del Divorcio de 2005 era la esperanza de muchos hombres para compartir más tiempo con sus hijos, involucrarse en su educación y terminar con situaciones económicas ciertamente discriminatorias para el cónyuge no conviviente con los hijos -que, en un altísimo porcentaje, es el padre-.
En definitiva, muchos varones pensaron que con este texto articulado podrían conseguir la igualdad con la madre cuando el matrimonio o la relación de pareja terminara, a través de la conocida como “custodia compartida”.
"La Ley del Divorcio no ha cumplido las expectativas de igualdad"
Sin embargo, esta ley no ha cumplido esas expectativas de igualdad de los padres, hecho absolutamente incomprensible cuando todos los países de nuestro entorno sociocultural han optado por la custodia compartida como régimen general en casos de disolución de matrimonio, avalado por multitud de informes psicológicos que concluyen que el menor necesita de su padre y de su madre para su completo desarrollo.
Y todavía más inaudito: si existe una Declaración Universal y otra Europea de los Derechos del Menor asumida por España, en la que el interés del menor está por encima del de sus padres y de cualquier otro interés y si el menor necesita para su educación de ambos progenitores, su interés será compartir su tiempo con ambos a partes iguales ¿no?
Pues la nueva ley mantiene la desigualdad anterior. Y entiendo por desigualdad la atribución de forma generalizada a la madre de la guarda y custodia de los hijos, por el hecho de ser la madre, privando de esta manera al cónyuge no conviviente, generalmente el padre, del derecho y del deber de poder ver y estar con sus hijos el mismo tiempo que la madre, condenándole a un régimen de visitas de un fin de semana sí y otro no y, con suerte, algún día entre semana y la mitad de las vacaciones.
Resulta intolerable que el cónyuge no conviviente, generalmente el padre, sea un convidado de piedra en la educación y en la formación de sus hijos comunes, puesto que la patria potestad, en supuestos de crisis matrimonial, prácticamente se anula en aras de la guarda y custodia.
Me parece discriminatorio que se atribuya el uso de una vivienda y del ajuar familiar, comprados y pagados con cargo al trabajo de ambos cónyuges, a la madre y a los hijos, impidiendo al progenitor que sale del domicilio familiar, generalmente el padre, poder contar con la parte de dicha vivienda que le corresponde por gananciales, para rehacer económicamente su vida.
Me parece abusivo un pago a la madre, sin control alguno, de una pensión para los hijos. Y me lo parece porque la posición del cónyuge que sale del domicilio conyugal, generalmente el padre, es económicamente insostenible con el sistema actual, pues a la salida del domicilio familiar hay que añadir el pago de la pensión de alimentos, más la compensatoria si hubiere lugar, más el 50 por ciento de la hipoteca -cuando no toda, si es que la hay- y lo que cueste un alquiler, porque no va a estar en la calle.
Con la guarda y custodia compartida se consigue la igualdad de los padres
Con la guarda y custodia compartida se consigue la igualdad de los padres respecto de sus hijos. En primer lugar, no habría necesidad de atribución de vivienda ni de ajuar familiar, porque los menores vivirían en el domicilio de sus padres, en el de cada uno de ellos, el mismo tiempo.
Tampoco habría necesidad de pago de pensiones, porque los hijos estarían con los padres igual periodo de tiempo. Sólo se abonarían en común los gastos extraordinarios, que debería ser en proporción a los ingresos de los padres, precisamente por el interés de los menores.
No habría necesidad de pagar hipotecas a nadie porque la sociedad de gananciales se liquidaría en su integridad, y se repartiría tanto el activo como el pasivo de la misma. Se conseguiría además que los hijos pudiesen integrarse bien en las nuevas familias que creen su padres y que las relaciones con la familia extensa -abuelos, tíos…- fuese más real y fluida.
Se terminarían las malas influencias de un progenitor en contra del otro, que van en perjuicio del menor, porque éste, al compartir el mismo tiempo con ambos, se formaría su criterio propio respecto a cada uno.
En caso de ruptura matrimonial o de pareja, sólo interesaría a los padres el interés de los hijos, que a veces se olvida por otros intereses. Y ambos padres podrían disponer, además, de más tiempo para su propia vida personal.
En definitiva, se conseguiría la igualdad que se defiende dentro del matrimonio o de pareja, una vez terminada dicha relación. En una sociedad igualitaria donde hombres y mujeres tienen la opción de trabajar, es inconcebible que se mantengan estas políticas decimonónicas que ninguna mujer debería consentir, si cree en la igualdad.
Resulta curioso que un Gobierno que consiente que un Ministerio gaste tanto en recordarnos, machaconamente, que hombres y mujeres somos iguales, que paga cursos de plancha y cocina para hombres en aras de la igualdad “de género”, haya hecho tan poco por una ley igualitaria también para hombres y mujeres en supuestos de crisis matrimonial o de pareja, que son una realidad diaria.
Celebro que las Cortes de Aragón, por la posibilidad de sus fueros, haya aprobado una Ley de Custodia Compartida, donde ésta es la norma general y la monoparental, la excepción. Alguno dirá que la situación actual es la legal y que está bien: pero no todo lo legal es justo y, sin duda, las personas debemos anhelar la justicia.
Entiendo que el objetivo de estas políticas es el de concienciar a la sociedad en general y al hombre en particular, de que la mujer tiene derecho a su tiempo de ocio, de descanso y que no es justo que, además de realizar su trabajo fuera de la casa, cargue con todas las tareas propias del hogar, incluida la educación de los hijos. En definitiva, hacer real y efectivo el principio constitucional de igualdad entre personas de distinto sexo.
Estoy totalmente de acuerdo porque entiendo que es justo. Si los cónyuges en un matrimonio o miembros de una pareja trabajan fuera de la casa, es lógico, y sobre todo justo, que ambos lo hagan dentro, mediante el oportuno reparto de tareas.
Lo mismo con los hijos, porque son de ambos y los dos progenitores tienen el deber y el derecho de cuidarlos y educarlos. Y no se trata sólo de un deber moral, sino legal. Así que, estamos de acuerdo en que lo que el Ministerio de igualdad propugna es que hombres y mujeres son iguales en derechos y deberes. Y es cierto.
Pero, ¿qué ocurre cuando la pareja entra en crisis? ¿Se sigue el mismo criterio de igualdad o se inventa la discriminación positiva? La discriminación es tan mala, tan opuesta a la igualdad, que no necesita de adjetivos. El calificativo añadido no es más que un maquillaje para mantener situaciones de desigualdad en una mal llamada "política de igualdad".
Si mantenemos la igualdad de hombres y mujeres, hagámoslo con todas sus consecuencias. La última reforma de la Ley del Divorcio de 2005 era la esperanza de muchos hombres para compartir más tiempo con sus hijos, involucrarse en su educación y terminar con situaciones económicas ciertamente discriminatorias para el cónyuge no conviviente con los hijos -que, en un altísimo porcentaje, es el padre-.
En definitiva, muchos varones pensaron que con este texto articulado podrían conseguir la igualdad con la madre cuando el matrimonio o la relación de pareja terminara, a través de la conocida como “custodia compartida”.
"La Ley del Divorcio no ha cumplido las expectativas de igualdad"
Sin embargo, esta ley no ha cumplido esas expectativas de igualdad de los padres, hecho absolutamente incomprensible cuando todos los países de nuestro entorno sociocultural han optado por la custodia compartida como régimen general en casos de disolución de matrimonio, avalado por multitud de informes psicológicos que concluyen que el menor necesita de su padre y de su madre para su completo desarrollo.
Y todavía más inaudito: si existe una Declaración Universal y otra Europea de los Derechos del Menor asumida por España, en la que el interés del menor está por encima del de sus padres y de cualquier otro interés y si el menor necesita para su educación de ambos progenitores, su interés será compartir su tiempo con ambos a partes iguales ¿no?
Pues la nueva ley mantiene la desigualdad anterior. Y entiendo por desigualdad la atribución de forma generalizada a la madre de la guarda y custodia de los hijos, por el hecho de ser la madre, privando de esta manera al cónyuge no conviviente, generalmente el padre, del derecho y del deber de poder ver y estar con sus hijos el mismo tiempo que la madre, condenándole a un régimen de visitas de un fin de semana sí y otro no y, con suerte, algún día entre semana y la mitad de las vacaciones.
Resulta intolerable que el cónyuge no conviviente, generalmente el padre, sea un convidado de piedra en la educación y en la formación de sus hijos comunes, puesto que la patria potestad, en supuestos de crisis matrimonial, prácticamente se anula en aras de la guarda y custodia.
Me parece discriminatorio que se atribuya el uso de una vivienda y del ajuar familiar, comprados y pagados con cargo al trabajo de ambos cónyuges, a la madre y a los hijos, impidiendo al progenitor que sale del domicilio familiar, generalmente el padre, poder contar con la parte de dicha vivienda que le corresponde por gananciales, para rehacer económicamente su vida.
Me parece abusivo un pago a la madre, sin control alguno, de una pensión para los hijos. Y me lo parece porque la posición del cónyuge que sale del domicilio conyugal, generalmente el padre, es económicamente insostenible con el sistema actual, pues a la salida del domicilio familiar hay que añadir el pago de la pensión de alimentos, más la compensatoria si hubiere lugar, más el 50 por ciento de la hipoteca -cuando no toda, si es que la hay- y lo que cueste un alquiler, porque no va a estar en la calle.
Con la guarda y custodia compartida se consigue la igualdad de los padres
Con la guarda y custodia compartida se consigue la igualdad de los padres respecto de sus hijos. En primer lugar, no habría necesidad de atribución de vivienda ni de ajuar familiar, porque los menores vivirían en el domicilio de sus padres, en el de cada uno de ellos, el mismo tiempo.
Tampoco habría necesidad de pago de pensiones, porque los hijos estarían con los padres igual periodo de tiempo. Sólo se abonarían en común los gastos extraordinarios, que debería ser en proporción a los ingresos de los padres, precisamente por el interés de los menores.
No habría necesidad de pagar hipotecas a nadie porque la sociedad de gananciales se liquidaría en su integridad, y se repartiría tanto el activo como el pasivo de la misma. Se conseguiría además que los hijos pudiesen integrarse bien en las nuevas familias que creen su padres y que las relaciones con la familia extensa -abuelos, tíos…- fuese más real y fluida.
Se terminarían las malas influencias de un progenitor en contra del otro, que van en perjuicio del menor, porque éste, al compartir el mismo tiempo con ambos, se formaría su criterio propio respecto a cada uno.
En caso de ruptura matrimonial o de pareja, sólo interesaría a los padres el interés de los hijos, que a veces se olvida por otros intereses. Y ambos padres podrían disponer, además, de más tiempo para su propia vida personal.
En definitiva, se conseguiría la igualdad que se defiende dentro del matrimonio o de pareja, una vez terminada dicha relación. En una sociedad igualitaria donde hombres y mujeres tienen la opción de trabajar, es inconcebible que se mantengan estas políticas decimonónicas que ninguna mujer debería consentir, si cree en la igualdad.
Resulta curioso que un Gobierno que consiente que un Ministerio gaste tanto en recordarnos, machaconamente, que hombres y mujeres somos iguales, que paga cursos de plancha y cocina para hombres en aras de la igualdad “de género”, haya hecho tan poco por una ley igualitaria también para hombres y mujeres en supuestos de crisis matrimonial o de pareja, que son una realidad diaria.
Celebro que las Cortes de Aragón, por la posibilidad de sus fueros, haya aprobado una Ley de Custodia Compartida, donde ésta es la norma general y la monoparental, la excepción. Alguno dirá que la situación actual es la legal y que está bien: pero no todo lo legal es justo y, sin duda, las personas debemos anhelar la justicia.
SOLEDAD GALÁN JORDANO
