Prision, inhabilitación profesional y 600.000 euros de indemnización. Esa es la petición que solicitan los representantes legales de una familia de Montilla por una presunta negligencia médica que hace cuatro años se cobró la vida de un hombre de 49 años, casado y padre de dos hijos. Tal y como avanzó ayer Montilla Digital, los hechos se remontan al 15 de marzo de 2013, cuando un vecino de la barriada de El Gran Capitán requirió, sobre las 22.00 de la noche, la asistencia en su propio domicilio de un equipo del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) del Servicio Andaluz de Salud.
Según el escrito de calificación del fiscal y el de la acusación particular, a los que ha tenido acceso este periódico, el médico que atendió la emergencia valoró de manera "manifiestamente incompetente" los datos clínicos del paciente, compatibles con un episodio de tromboembolismo pulmonar, por el que terminó falleciendo horas más tarde.
En ese sentido, el Ministerio Público y la acusación particular, apoyándose en el informe emitido por el médico forense, sostienen que la muerte del paciente "acaeció por el tiempo de demora en el diagnóstico e instauración del tratamiento médico adecuado para evitar dicho fallecimiento".
Tras el deceso, los hechos fueron puestos en conocimiento judicial mediante denuncia expresa emitida por los familiares de la víctima en sede judicial. Por ello, el médico acusado, perteneciente al Distrito Sanitario Córdoba Sur, se enfrenta a una pena de prisión de dos años y medio y cuatro años de inhabilitación profesional, además de una indemnización económica que la acusación particular cifra en 600.000 euros para la viuda, los hijos, el padre y los hermanos del fallecido –herederos de la difunta madre, que falleció días después–, al considerar los hechos como "una imprudencia profesional grave con resultado de muerte".
El Ministerio Público, no obstante, rebaja la petición de esta indemnización en 300.000 euros, al haber establecido menores cantidades económicas para la viuda y los dos hijos y no computar como perjudicados al padre y a los hermanos de la víctima.
De igual modo, se ha decretado la responsabilidad civil subsidiaria del Distrito Sanitario Córdoba Sur del Servicio Andaluz de Salud (SAS), del que depende orgánicamente el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, y de la compañía Zurich con la que, a la fecha del fallecimiento del vecino de Montilla, la Administración autonómica tenía suscrita una póliza de aseguramiento de sus responsabilidades civiles.
El letrado de la acusación particular, Francisco García Zamora, ha declinado hoy hacer declaraciones sobre el asunto, que está pendiente de juicio oral en el Juzgado de lo Penal de Córdoba, si bien manifestó su deseo de que "se respete la memoria del fallecido y de su familia".
Con todo, el abogado montillano puntualizó que "ni la eventual pena que pudiera decretarse" para el facultativo médico, ni las indemnizaciones que la esposa, hijos, padre y hermanos puedan recibir "en modo alguno paliarán ni sustituirán la irreparable pérdida de su ser querido".
Según el escrito de calificación del fiscal y el de la acusación particular, a los que ha tenido acceso este periódico, el médico que atendió la emergencia valoró de manera "manifiestamente incompetente" los datos clínicos del paciente, compatibles con un episodio de tromboembolismo pulmonar, por el que terminó falleciendo horas más tarde.
En ese sentido, el Ministerio Público y la acusación particular, apoyándose en el informe emitido por el médico forense, sostienen que la muerte del paciente "acaeció por el tiempo de demora en el diagnóstico e instauración del tratamiento médico adecuado para evitar dicho fallecimiento".
Tras el deceso, los hechos fueron puestos en conocimiento judicial mediante denuncia expresa emitida por los familiares de la víctima en sede judicial. Por ello, el médico acusado, perteneciente al Distrito Sanitario Córdoba Sur, se enfrenta a una pena de prisión de dos años y medio y cuatro años de inhabilitación profesional, además de una indemnización económica que la acusación particular cifra en 600.000 euros para la viuda, los hijos, el padre y los hermanos del fallecido –herederos de la difunta madre, que falleció días después–, al considerar los hechos como "una imprudencia profesional grave con resultado de muerte".
El Ministerio Público, no obstante, rebaja la petición de esta indemnización en 300.000 euros, al haber establecido menores cantidades económicas para la viuda y los dos hijos y no computar como perjudicados al padre y a los hermanos de la víctima.
De igual modo, se ha decretado la responsabilidad civil subsidiaria del Distrito Sanitario Córdoba Sur del Servicio Andaluz de Salud (SAS), del que depende orgánicamente el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, y de la compañía Zurich con la que, a la fecha del fallecimiento del vecino de Montilla, la Administración autonómica tenía suscrita una póliza de aseguramiento de sus responsabilidades civiles.
El letrado de la acusación particular, Francisco García Zamora, ha declinado hoy hacer declaraciones sobre el asunto, que está pendiente de juicio oral en el Juzgado de lo Penal de Córdoba, si bien manifestó su deseo de que "se respete la memoria del fallecido y de su familia".
Con todo, el abogado montillano puntualizó que "ni la eventual pena que pudiera decretarse" para el facultativo médico, ni las indemnizaciones que la esposa, hijos, padre y hermanos puedan recibir "en modo alguno paliarán ni sustituirán la irreparable pérdida de su ser querido".
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
