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COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA

Mostrando entradas con la etiqueta A las andadas [Juan C. Romero]. Mostrar todas las entradas
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1 de enero de 2019

  • 1.1.19
El 2 de diciembre de 2018 marcó un hito en la historia de Andalucía al abrir la puerta a la posibilidad de descabalgar al PSOE del Gobierno de la Junta por primera vez. La suma de las derechas de PP y Ciudadanos junto a los ultras de Vox tienen por delante el desafío de propiciar el relevo de los socialistas, con una responsabilidad que les trasciende.



El próximo ciclo electoral, los posicionamientos a nivel estatal de PP y Ciudadanos, la emergencia de Vox con el 10 por ciento de los votos en Andalucía. Sobradamente se ha hablado de la repercusión que lo ocurrido en las elecciones andaluzas pueda tener fuera de nuestras fronteras.

A menudo se obvia la clave andaluza: lo que está en juego aquí es si serán capaces PP y Ciudadanos, y Vox en la medida en que pueda condicionar a ambos, de poner en marcha un Gobierno con un discurso homogéneo, coherente y con medidas bien planificadas que se distancien del PSOE conservador que ha venido gobernando Andalucía, y que sepan trasladarlas a la opinión pública con solvencia.

La primera vez que en San Telmo tome posesión un presidente ajeno al PSOE tiene un plus de responsabilidad. En Galicia, Emilio Pérez Touriño logró desbancar a los populares y su Gobierno apuntalado por los nacionalistas del BNG fue tan fugaz como el del popular José Antonio Monago en Extremadura.

Las experiencias de otras latitudes vienen al caso para dilucidar que un posible Gobierno de las derechas en Andalucía puede ser un punto de inflexión o puede, también, ser garantía de que la cabra tendrá larga vida en el Sur.

¿La cabra? En la jerga popular andaluza se dice hace décadas que los socialistas, hasta poniendo una cabra de cabeza del cartel, serían capaces de sostenerse, dada la animadversión que tradicionalmente han tenido los andaluces y las andaluzas a las derechas.

La ejemplaridad del nuevo Ejecutivo será una de las claves. Medidas acordadas como la equiparación de honorarios de altos cargos políticos a los del Estado español, lo que supone algunos incrementos de hasta el 100 por cien en gastos de sueldos, no son muy edificantes, como el PSOE y Adelante Andalucía han empezado a denunciar.

Que fuerzas como PP y Ciudadanos –que niegan un salario mínimo de 900 euros para los trabajadores y las trabajadoras– acuerden, así sea con eufemismos, un incremento exponencial de los salarios que perciben los altos mandos políticos, no alientan el mejor ambiente para la puesta de largo del nuevo Gobierno.

La capacidad que Vox tenga de enmendar la plana a PP y Ciudadanos adquiere una relevancia máxima que sabrán explotar desde PSOE y Adelante Andalucía. Será llamativo, si ocurriese, ver a Moreno y Marín defender propuestas de Abascal desde Presidencia, escorados a la derecha más casposa e insensible que cuenta con el rechazo mayoritario del pueblo andaluz.

La gestión del tiempo nuevo abierto tras el 2 de diciembre será compleja pero apasionante para las fuerzas que se han propuesto pasar página, de momento, a la era socialista. La credibilidad de sus medidas y formas, y la eficacia de sus propuestas, dirán el resto.

JUAN C. ROMERO

14 de marzo de 2018

  • 14.3.18
Verde, blanca y verde, el programa que Canal Sur Televisión emite en su prime time, volvió anteanoche a eludir el debate en clave andaluza con un monográfico sobre la situación de Cataluña que anotó un pobre 2,5 por ciento de cuota de pantalla. El debate, a razón de 43.000 euros por emisión, toca fondo y elude la clave andaluza en sus contenidos.



Una vez más, Canal Sur obvia la función pública que le es inherente y priva a la audiencia de contar con representantes y portavoces de los agentes sociales que han liderado y protagonizado la actualidad en las diferentes provincias andaluzas.

Las preocupaciones de los andaluces pueden esperar. Verde, blanca y verde parece al margen de la defensa de la Sanidad pública,  que sigue dejando en los últimos meses movilizaciones en Andalucía, por ejemplo, las promovidas por el doctor Jesús Candel, Spiriman, desde Granada. Sirve de ejemplo, toda vez que sería inimaginable ver a Candel debatir con autoridades y representantes políticos sobre la Sanidad en Andalucía.

No es un tema excepcional, ni el único agente social que se obvia. Se pasa totalmente de la cuestión andaluza. El diseño de este debate parece concebido para marcar una agenda diferente a la que preocupa realmente a la ciudadanía, como las convocatorias feministas del pasado 8 de marzo desbordaron todas las provisiones, o el profesorado interino en Andalucía, que se echó a las calles para pedir un plan que les dé estabilidad en su trabajo en los centros educativos, mejorando así la Educación pública, o los pensionistas que están preocupados por el deterioro de sus condiciones de vida también en Andalucía, y han convocado movilizaciones para el próximo 17 de marzo.

La selección de estos contenidos parece ideada con el objetivo instrumental a los intereses del Gobierno de Susana Díaz de desviar el foco mediático de las cuestiones de relevancia andaluza a otras cuestiones que nada aportan para la televisión autonómica andaluza, ni son un estímulo para la audiencia andaluza.

El monográfico sobre Cataluña sirvió para que la producción tocase fondo. El prime time de Canal Sur con Verde, blanca y verde obtuvo su peor nota respecto a los tres programas emitidos hasta la fecha con un 2,5 por ciento de la cuota de pantalla.

En una semana marcada por la agitación social en las calles andaluzas como consecuencia de las protestas de pensionistas, profesorado interino o la histórica huelga feminista que el 8 de marzo, Verde, blanca, verde se ampara en la guerra de banderas para alimentar de contenidos su programa con un enfoque controvertido.

La producción de corte oficialista estuvo plagada de lugares comunes y dogmas centralistas al abordar el tema catalán. Entre los invitados para opinar sobre Cataluña faltaban voces más diversas y plurales, y pesaba cierta unanimidad, cuestión que se ponía de manifiesto a medida que tomaban la palabra.

El equipo de Verde, blanca y verde llega a imprimir carácter editorial al programa, que se hace evidente en la manera de plantear las preguntas, en la dramatización de lo que se cuenta, y en el tono. Una tutorización que la audiencia, al hilo de los pobres datos, no estuvo dispuesta a soportar. Desde plató, la copresentadora, Laura Lobo, pregunta si "hay miedo" en Cataluña por el procés.

"Hay sobre todo preocupación y mucha incertidumbre, y eso es lo que vamos a ir desgranando a lo largo de la noche en este programa especial", dramatizaba María López, enviada especial de la superproducción a Cataluña. "La actualidad manda y vamos a estar muy pendientes de la última hora de Cataluña", añadía la enviada especial, como si el tema catalán estuviese eclosionando en la noche del lunes y justificase en modo alguno la conexión de enviadas especiales para relatar alguna noticia urgente al pie de la calle.

Entre los invitados a este monográfico queda latente que Canal Sur rehúye de poner en marcha una producción contando con profesionales andaluces, referentes de los agentes sociales de Andalucía, y en clave andaluza.

Si el objetivo era valorar desde Andalucía la situación de Cataluña, la selección de invitados al debate fue cuando menos controvertida, toda vez que acudieron a la televisión pública andaluza Jordi Xuclá, diputado del PDCAT; Gemma Ubbasat, profesora de Ciencias políticas de la Universidad de Girona; José Rodríguez de la Borbolla, expresidente de la Junta de Andalucía; Gabriel Colomé, profesor de Ciencias Políticas en Barcelona; Rafael Porras, director de El Mundo Andalucía; y Lorena Mostajo, responsable de Casals de Cataluña.

La cuidada puesta en escena, profesionalidad del equipo que no se pone en cuestión, grafismos, sintonías y decorados contrastan con el ritmo lento, tedioso y por momentos desordenado del programa. El debate no fluye. Se interrumpe continuamente con numerosos invitados que conectan desde las pantallas del plató y se salpica de estudios de opinión de la Universidad de Granada que no despiertan interés ni para las personas que deben debatirlos. Entre tantos elementos diferentes y carentes de coherencia unos con otros, la audiencia llega a perderse.

El espacio de Paco Lobatón, pese al alto costo de 43.000 euros por emisión para los andaluces, no contribuye a articular el territorio andaluz y a dar voz a representantes de asociaciones, colectivos o fuerzas políticas para que sean reconocidas para el conjunto de la sociedad andaluza.

JUAN C. ROMERO

14 de febrero de 2018

  • 14.2.18
En las primeras estribaciones de la Sierra Morena de Sevilla se está haciendo un trabajo trascendental para defender el trazado original de la Vereda Salto de la Trocha, en la Vía de la Plata, entre los pueblos de Castilblanco de los Arroyos y Almadén de la Plata. Un corredor con una rica biodiversidad, con un legado de siglos de historia que hoy puede perderse para siempre por servilismo o negligencia de las autoridades que están llamadas a defender lo público.



Los colectivos y agentes sociales se organizan para dar a conocer la Vereda del Salto de la Trocha con una actividad el próximo 4 de marzo entre Castilblanco y Almadén que anuncian en www.saltodelatrocha.es. Lo hacen sin recursos, conscientes de ser David contra Goliat.

Inexplicablemente, el PSOE de Castilblanco, al frente del cual estaba Segundo Benítez, actual delegado provincial de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta, mandó en 2009 cambiar el trazado del Salto de la Trocha en lo que afectaba a dos fincas privadas, para llevarlo a la cuneta de una carretera. La gente se enteró en 2014 de este cambio solicitado por el equipo de gobierno socialista a merced de un acuerdo con los propietarios de las fincas que ocupaban esta vía pública.

Esta modificación de trazado supone la pérdida de un paraje natural precioso, con valor patrimonial, histórico y etnográfico; vital para entender la vida de los lugareños en tiempos pretéritos. Sus oficios, sus comunicaciones, los abrevaderos y descansaderos donde aliviaba el ganado su pesar. Por eso hay que revertir el cambio de trazado y trabajar junto a la Administración para recuperar estos senderos, señalizarlos y respetarlos en beneficio de la comarca y sus usos.

El relato de los pueblos pasa por estas veredas, patrimonio de toda la ciudadanía. Cambiar su trazado para dejar este capital en manos de los propietarios de Cortijo de Campo y La Yerbabuena, que han venido ocupando esta vereda con connivencia o impunidad, supone traicionar el mandato de nuestras autoridades de defender lo que es de todos. Es, también, borrar de un plumazo parte de nuestra identidad.

La identidad colectiva y la memoria de los antepasados que hicieron vida al calor de la vereda del Salto de la Trocha con los recursos de un espacio vivo y de futuro como el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. Es nuestra responsabilidad colectiva defender los espacios y caminos públicos, para que generaciones venideras puedan conocerlo e investigar sobre el terreno. Tienen derecho a conocer el legado de sus gentes.

Hacer patria es reconocer, valorar y respetar lo que es de todos. Por eso, el 4 de marzo se proyecta una actividad para toda la familia: alegre y abierta a senderistas, clubes deportivos, ecologistas, apasionados del montañismo y de la naturaleza. Promovida por los agentes sociales Ecologistas en Acción y Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos con el objetivo de transitar, con los permisos pertinentes, por el trazado original del Salto de la Trocha.

La Vereda del Salto de la Trocha es pasado, presente y también está llamada a ser futuro y un pulso de dignidad para nuestra comarca. El 4 de marzo debemos decirlo en Sevilla en un contexto en el que se ha constituido una comisión sobre la Ley Andaluza de Recuperación de Vías y Caminos Públicos.

JUAN C. ROMERO

28 de diciembre de 2017

  • 28.12.17
Lo vimos anoche en La 1 de TVE. Entre risas de los chefs, aparece una anguila viva junto a uno de los concursantes, Juan Antonio, y el programa insta al pequeño concursante a matar al animal para cocinarlo. La escabrosa escena aún aparece en la web del programa de TVE como "la divertida batalla de Juan Antonio contra la anguila".



Televisión Española obvia la función de servicio público que le es inherente en el enfoque de este programa infantil por varias razones que repasamos a continuación:

En primer lugar, al programar un programa con niños, y dirigido al público infantil, donde se pueden ver escenas de violencia o maltrato animal, así sea en el contexto de una cocina y de un programa gastronómico. La broma es aún más perversa atendiendo a la sensibilidad de los menores: de los concursantes y de la audiencia a la que va dirigido este formato.

En segundo lugar, vemos un programa infantil en una televisión pública que arranca pasadas las diez y media de la noche y se alarga hasta la madrugada. Una hora que obliga a la audiencia infantil a trasnochar para seguir la trama del concurso. Justificarlo en que los menores puedan estar de vacaciones no es coherente, toda vez que se sigue obviando el compromiso para la racionalización de los horarios en TVE.

En tercer lugar, RTVE incurre en una gran incongruencia al usar a los niños y niñas de reclamo televisivo en un programa de adultos como MasterChef donde se les inculcan valores de competitividad desde edad temprana. Y al impulsarles a hacer cosas que, como se pudo ver anoche, no estaban seguros de querer hacerlas.

Todo en un ambiente de gran presión ante las cámaras, parte del guión y del espectáculo que vende el programa, y con pruebas como la de matar a una anguila que no comprenden los menores.

"Yo creo que en la pescadería (la anguila) te la dan ya muerta", confesó el concursante Juan Antonio, todavía dudando de lo oportuno de la prueba a la que fue sometido ante la audiencia. Lo que la cadena pública resume como una "divertida batalla", para estupefacción de quienes, como el pequeño concursante, no comprendan si en ediciones próximas del programa puedan instar a los menores a hacer lo mismo con gallinas, vacas o cerdos ibéricos.

La incongruencia de emisiones como MasterChef Junior en TVE estas Navidades llega a extremos perversos. Es así si tenemos en cuenta que la dirección de la cadena pública, que entre 2003 y 2006 mantenía el concurso musical infantil Eurojunior para seleccionar al candidato de España en el Festival de Eurovisión Junior, pero optó desde 2007 por suprimir la representación de España en este festival alegando que el concurso fomentaba "estereotipos que no compartimos". Estas eran las declaraciones del entonces director de TVE, Javier Pons.

La misma dirección de TVE sostenía en esa etapa que era pertinente "abrir una reflexión" en la sociedad española sobre la adecuación de mantener en antena estos concursos de mayores adaptados a menores porque se fomentaban "estereotipos" en un ambiente de competitividad donde es fácil "cruzar rayas peligrosas".

La medida, así argumentada, era del todo razonable si la pretensión era garantizar los derechos de la infancia, fomentar valores como la cooperación frente a la competencia o, aún más importante, cuando hablamos de menores: la no violencia.

"A ver, Juan Antonio, ponlo encima de la tabla y lo cortas, como un chef", indican desde el programa al pequeño concursante, mientras el resto del equipo le indica cómo hacerlo entre risas, en una secuencia marcada por los gritos de los menores que seguían la prueba estupefactos.

Tras esta escabrosa escena en el prime time de las Navidades, con un niño instado por mayores en un programa de televisión a matar a un animal, y aunque RTVE lo defina como "divertida batalla", ¿qué reflexión es conveniente abrir ahora en el seno de la dirección de la pública española?

JUAN C. ROMERO

16 de febrero de 2016

  • 16.2.16
Canal Sur Televisión estrenó su programa de análisis político con mayoría de tertulianos de Madrid, y en el que los temas de Andalucía estuvieron ausentes. En una cadena pública, la función de servicio público debe ser inherente al servicio que desempeña para la sociedad. Los medios de comunicación, de manera especial los públicos, se deben a la ciudadanía, y en base a esta máxima deben operar. Canal Sur estrenaba su programa y debate en horario de máxima audiencia con un plato fuerte: entrevista al expresidente Felipe González.



El histórico socialista sevillano copó el programa con su entrevista en un contexto jugoso periodísticamente, debido a los equilibrios y acuerdos entre las fuerzas políticas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. El programa de Canal Sur, de buen trazo e imprescindible en la parrilla de una cadena pública como la nuestra, recordaba al programa que hace varias temporadas lideró Jesús Vigorra, aunque con menor lucimiento, con escasa presencia de personas jóvenes y con mucha menos presencia andaluza en voces y temas.

El efecto talismán de Felipe hablando en directo de temas que están en liza a nivel estatal se hizo notar, y el eco en las redes sociales dejaba de manifiesto el buen pie con el que echaba a andar esta nueva apuesta informativa que recupera y ofrece Canal Sur en la noche de los miércoles.

La paradoja llega al momento de analizar la actualidad. El núcleo duro, en teoría, de un formato así. En este programa de análisis y de debate de la cadena pública de Andalucía la presencia de profesionales y medios andaluces era testimonial, tanto como los temas que se abordaron que parecían uno tras otro querer huir de la actualidad andaluza que en esta semana estaba cargadita y versaba sobre cuestiones tan relevantes para los andaluces como:

- La comparecencia de exconsejeros, como el histórico sevillano José Antonio Viera, ante la Justicia por el caso de los ERE presuntamente fraudulentos.

- La comisión parlamentaria que está llamada a depurar responsabilidades políticas en el caso del presunto fraude en las ayudas de formación de la Junta de Andalucía, que la pasada semana acordó el orden de las intervenciones de las personas que declararán.

- La situación de Abengoa, la multinacional andaluza que colapsaba hace unos meses y que la pasada semana presentaba a sus acreedores un plan de viabilidad para redimensionar su actividad y tratar de seguir operando.

Son algunos de los ejemplos que en un programa de servicio público como el que ofreció Canal Sur Televisión podían haber abordado. La única novedad del formato no podía ser que se grabe y se emite desde Andalucía. No basta con eso.

En esta columna se sugiere a la dirección del programa que reconsidere el formato para apostar por una tertulia hecha en Andalucía, sí, pero también con la capacidad de hacer análisis en clave andaluza y contando con las voces ricas y diversas de nuestra tierra. Lo que no quita que se cuente con profesionales diversos y universales.

Es una oportunidad, además, de articular el vasto territorio andaluz, de contar con nuestros profesionales, de apostar por los jóvenes talentos ¡que vaya si los hay y deben tener oportunidades! y de dar el espacio que merecen acentos, matices, perspectivas y claves que aportan desde nuestras ciudades y pueblos, más allá de la visión estereotipada, llena de espacios comunes y sin ambición de atraer el talento o a determinados perfiles de audiencia, que se suele ofrecer en los programas de entretenimiento que pueblan la parrilla regional.

En las redes, que ardieron con un controvertido y controvertible Felipe, difícilmente se entendía que Canal Sur articule un espacio para el análisis en su parrilla, mención aparte merece el sosegado y digno heredero de La Noche Al Día, aunque en la parrilla de la RTVA ha sido relegado a la irrelevancia, donde no se aborda la actualidad en clave andaluza y donde para mayor indignación de los profesionales del periodismo y de la comunicación de nuestra tierra, la presencia de nuestros analistas o tertulianos es testimonial.

Poco o ningún sentido tiene que Canal Sur traiga a Andalucía las caras que ya vemos debatir a diario desde primera hora de la mañana a la madrugada en las cadenas generalistas. Cero aporte hacen a la opinión pública andaluza, cuando algunos de ellos referían en antena las declaraciones que hace Susana "Díez", quizá porque en los años que lleva de carrera política la presidenta de la Junta de Andalucía no han tenido tiempo estos tertulianos de ojear a ver cómo se apellida.

JUAN C. ROMERO

5 de marzo de 2015

  • 5.3.15
Suena el teléfono y lo atiendo en casa de mi abuelo, un señor postrado en una silla de ruedas con más de ochenta años que pasa su jornada pegado al televisor. Depende de la asistencia que le dispensamos su familia y una asistenta de servicio doméstico. Al otro lado del teléfono, una operadora de la compañía eléctrica Iberdrola demanda al titular del contrato varias facturas que están pendientes de abonar desde el mes de febrero del año pasado. ¿Qué ha pasado con Sevillana Endesa, la compañía que prestaba servicio a mi abuelo?



La historia hay que remontarla a los últimos días de enero del año pasado cuando una comercial, subcontratada por la compañía Iberdrola, acude al hogar de este octogenario. Mi abuelo la atiende con agrado, como acostumbra a hacerlo cuando recibe visitas, con la mirada de afabilidad que dispensa por su buena fe a quienes se acercan a saludarle, dado que por su enfermedad no suele salir a la calle.

La comercial, una chica joven, dinámica y con don de gentes, le ofrece un descuento sobre las facturas eléctricas de los contratos que mi abuelo, como titular, tiene con la compañía Sevillana Endesa desde hace décadas. Todo se produce ante mi mirada, silencioso, expectante, observador de lo que allí está ocurriendo. El abuelo saca las facturas y la chica hace anotaciones. Asegura que está haciendo cálculos de los descuentos que le puede ofrecer.

Al cabo de unos minutos, intervengo. De conformidad con la normativa vigente, el precio de la factura de la energía no va a variar de una compañía a otra. Indico a la comercial que mi abuelo, impedido, no está en condiciones de seguir atendiéndola y que mi familia no tiene la intención de efectuar ningún cambio en la factura de electricidad. No por estar satisfechos con el servicio que dispensa Sevillana Endesa, más bien –tras lo observado– desconfiando de la generosidad de esta agente comercial y de sus promesas de descuento.

La comercial, ante mi intervención, muda su gesto y se muestra ofendida. La carga de responsabilidad la pasa sobre mi espalda: “¿Estás dispuesto a seguir pagando de más por tu factura de electricidad?”, acierta a decir elevando el tono de voz, en una actitud que empieza a ser jocosa. Sin ánimo de entrar en una discusión, la invito a que abandone la casa de mi abuelo, donde ya se le ha dejado claro que no hay interés por aceptar los servicios y descuentos que ofrece, y así lo hace.

Desde que accede a la vivienda hasta que se marcha, no han pasado más de 10 minutos. No ha mediado de parte del titular de los contratos de electricidad una solicitud o petición para cambiar la facturación de su compañía eléctrica. No existe un documento en el que mi abuelo haya depositado su firma o dado su consentimiento expreso para que se proceda a cambiar de compañía eléctrica los contratos que hasta entonces mantenía con Sevilla Endesa.

No se le informa por parte de esta agente comercial al abuelo octogenario en mi presencia, en ningún momento, de que la petición de las facturas para ese supuesto descuento se tradujeran en un cambio fraudulento de las condiciones contractuales.

Siguiendo con la llamada telefónica, al otro lado del teléfono la operadora del servicio de atención al cliente de Iberdrola me hace saber que está al tanto de esta historia. No en vano, llamé a Iberdrola cuando en febrero del año pasado llegó, por sorpresa, la primera factura a casa. Le hago saber que el titular del contrato no reconoce a Iberdrola como su compañía de electricidad, debido a que ha sido estafado por esta compañía, al cambiar a todos los efectos las facturas de una compañía a otra sin su consentimiento formal.

El servicio de atención al cliente de Iberdrola replica que a ellos “no les importa” en qué condiciones se produjo el cambio de contrato. Aceptan así el fraude y dejan de manifiesto la falta de sensibilidad y la mala praxis con la que opera esta compañía eléctrica.

Sugieren, además, que es responsabilidad del cliente, mi abuelo octogenario, haberles hecho saber cuando llegó la primera factura que no querían cambiarse de compañía, a lo que replico que el titular de la línea no solicitó cambio alguno, por lo que no tiene que desenredar este entuerto, que es responsabilidad única de las malas prácticas de las empresas que subcontratan en el área comercial para captar clientes a toda costa.

Estas campañas de captación de clientes entre las compañías eléctricas se valen de dos cuestiones relevantes que conviene resaltar. La primera, la precariedad de los jóvenes y la estructura piramidal de las empresas que las eléctricas subcontratan para captar clientes y, en segundo lugar, las personas indefensas como mi abuelo, que son las víctimas perfectas para atraparlas en estos contenciosos, a sabiendas de que tendrán muy difícil revertir el mal que estos comerciales han ocasionado. Por ello, la operadora se permite incluso elevar el tono de voz y no tiene impedimentos en mostrarse altiva ante el “cliente” captado.

En tono desairado, la operadora del servicio de atención al cliente de Iberdrola asegura que seguirá demandando el abono de las facturas que adeuda, y opta finalmente por colgar el teléfono.

En las redes sociales, el servicio de atención al cliente de Iberdrola llega a manifestar que han revisado la documentación y que la contratación “se hizo de forma correcta”, y van más allá al asegurar la documentación “aparece firmada por el titular”. Esta afirmación tiene especial relieve porque remite de manera clara y directa a que se podría haber cometido un delito: la falsificación de la firma del titular de los contratos.

El portavoz de FACUA, la asociación para la defensa de los consumidores, Rubén Sánchez, ha solicitado a Iberdrola que remita esa documentación en la que aseguran que aparece la firma del titular, de mi abuelo, a la dirección donde pretenden facturar el servicio de electricidad.

Iberdrola tiene, en última instancia, la obligación de enviar esta documentación para que el titular pueda verificar si la compañía ha cometido un delito al falsificar la firma del cliente, que en todo momento ha estado al margen de la operación que el área comercial llevó a cabo.

Con este relato pretendo manifestar mi rechazo a las prácticas fraudulentas de compañías eléctricas como Iberdrola, y llamar a la responsabilidad de la Administración pública para intervenir cuando las compañías abusen de manera clara –como en el caso que aquí se detalla de manera pormenorizada– de la ciudadanía en los servicios que debían dispensar con todas las garantías para los clientes.

Más aún cuando se trata de un servicio fundamental como es la energía eléctrica, y de un cliente octogenario y dependiente que ha sido víctima –y mientras no resuelvan el entuerto seguirá siéndolo– del abuso de esta multinacional de la energía y sus malas artes en el área comercial en España.

JUAN C. ROMERO

19 de febrero de 2015

  • 19.2.15
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, va de una negación en otra: las primarias en noviembre, la consulta de temas relevantes a su militancia o la expulsión de los imputados cuestionan su liderazgo y credibilidad. Parece que fue ayer cuando Pedro Sánchez participaba en un debate con los otros aspirantes a la Secretaría General del PSOE, José Antonio Pérez Tapias y Eduardo Madina. Como candidato, presentó una batería de propuestas para ganar la confianza de la militancia y que depositasen en él la responsabilidad de liderar un PSOE bajo mínimos, quizá en uno de los peores momentos de su historia.



Pasado el tiempo de las promesas, en la Secretaría General el flamente número uno del PSOE parece empeñado en reeditar el pasaje bíblico que protagonizó otro Pedro, el del Nuevo Testamento: las tres negaciones.

El Pedro Sánchez que aspiraba a ser secretario general de su formación política adquirió el compromiso de convocar un proceso de elecciones primarias para designar en noviembre al candidato a la Presidencia del Gobierno en España. Tras su holgada victoria y su ascenso a la Secretaría General con el envenenado respaldo de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el nuevo secretario general dio un paso atrás.

"Elecciones primarias abiertas para la elección del candidato a la Presidencia del Gobierno y extender ese modelo a todos los niveles del partido, con las normas que fijen todos juntos", era la máxima del aspirante Pedro Sánchez.

Ni rastro de las primarias en noviembre de 2014. Este proceso para la participación y la democracia interna sigue en el aire hasta la fecha. “Iba a proponer ese mes pero defiendo la autonomía de la Ejecutiva Federal para acordar con los barones y marcar la propia agenda. Las primarias se van a hacer sí o sí”, esgrimió entonces.

El frente abierto en el partido en Madrid tras la expulsión manu militari de Tomás Gómez y la negativa de la Ejecutiva Federal del PSOE para convocar un proceso de primarias para designar a la persona que encabezará la lista del PSM a la Comunidad de Madrid suponen otro borrón para la credibilidad de Pedro Sánchez.

El decálogo de medidas que pondría en marcha el aspirante Pedro Sánchez nada más tomar la batuta del PSOE deja a las claras una máxima: "del dicho al hecho hay mucho trecho". Atiendan a esta propuesta porque parece ser un problema para el ahora secretario general: "Asambleas abiertas de la Ejecutiva ante los militantes y consultarles en temas trascendentales”.

Con el objetivo de presentarse como un hombre de Estado, Pedro Sánchez no tuvo inconveniente en pactar con el Gobierno de Mariano Rajoy el pacto antiyihadista donde, aunque con una pirueta, los socialistas toleraban por primera vez la cadena perpetua para terroristas.

Este pacto estuvo lejos de ser consultado a la militancia socialista. Es posible que Pedro Sánchez no se percatara de que, en efecto, la cadena perpetua es un tema trascendental para el modelo de sociedad que pretende articular. Sin embargo, el líder legó al PSOE una estampa muy significativa en un acto de máxima solemnidad junto al PP, sellando su acuerdo junto al presidente del Gobierno.

Las distancias que marcaron el resto de fuerzas políticas del hemiciclo al pacto antiyihadista pusieron de manifiesto la soledad de Pedro Sánchez, cuestionado ya ante los suyos, y ha sido interpretado como un preludio de la cacareada "gran coalición" que abiertamente defienden en los últimos meses destacados dirigentes tanto del PSOE como del PP.

En el programa de Jordi Évole, Salvados, Pedro Sánchez se comprometió a actuar con contundencia ante la corrupción en el seno de su partido. Sobre la mesa, el caso de los ERE en Andalucía y la instrucción que la juez Mercedes Alaya elevó al Tribunal Supremo en lo referido a las personas que tienen en estos momentos la condición de aforados.

Si los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves fueran imputados ¿Serían expulsados del PSOE? "Les pediré que renuncien a su acta de senador y diputado" aseguró Pedro Sánchez ante las cámaras de Salvados, en medio de una acalorada conversación en la que una familia en Cataluña sacaba los colores al líder socialista.

¿Qué ha pasado? El PSOE de Pedro Sánchez volvía a desdecirse y solo unos meses después de comprometerse en un programa de televisión, la citación del Tribunal Supremo a los expresidentes de la Junta en calidad de imputados le deja evidencia. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, salía al paso para matizar la contundencia de la que alardeaba en la televisión su secretario general: una cosa es la telegenia y otra la determinación o la coherencia en la acción política.

La negación del equipo de Pedro Sánchez a sus propias palabras se ha traducido en dos versiones dispares en sólo 45 minutos. El momento en el que habría que tomar medidas con Chaves y Griñán sería la apertura de juicio oral, algo que, por otra parte, descartan absolutamente que se vaya a producir.

Antonio Hernando remitió entonces al Código Ético del PSOE, para minutos después ofrecer otra versión y sostener que los expresidentes de Andalucía imputados deberían dejar sus actas en el Senado y en el Congreso si, tras declarar ante el Tribunal Supremo, se les acusase de la comisión de algún delito.

Las negaciones de Pedro Sánchez han llevado a su propia militancia a la paradoja de tener que buscar argumentos para defender cuestiones que no comparten o, en ocasiones, que abiertamente les avergüenzan. Cuestiones que preocupan en el seno de los socialistas, como en los últimos meses no han tenido problema en expresar abiertamente desde diferentes sectores del PSOE.

JUAN C. ROMERO

25 de septiembre de 2014

  • 25.9.14
La política es todo posicionamiento. Las personas somos seres sociales, y ser social es también ser político, porque implica tomar decisiones en una u otra dirección. En este marco, para tomar decisiones y tener la posibilidad de aportar a un proyecto común y de convivir de manera organizada en el seno de una comunidad, se deben abrir cauces de participación donde se puedan razonar y argumentar los posicionamientos, y debatir sobre las cuestiones de relieve con la disposición de llegar a consensos que legitimen y refuercen los sistemas de organización (en continua evolución, flexibles, sujetos a cambios) que nos damos.

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Tras el referéndum en Escocia, algunas reacciones se mantienen escoradas en la anécdota del "Sí" o del "No", obviando el mensaje de fondo de la consulta escocesa, una máxima del sistema democrático: el derecho de la ciudadanía a participar, a decidir.

El Gobierno de Mariano Rajoy abogó por el discurso del miedo. “Han elegido entre la segregación y la integración, entre el aislamiento y la apertura, entre la estabilidad y la incertidumbre, entre la seguridad y el riesgo cierto. Y han elegido la opción más favorable para todos: para ellos, para el resto de ciudadanos británicos y para el conjunto de Europa”, citó el presidente español, valorando el resultado en clave política y haciéndolo además en favor de una de las partes: quienes, en esta consulta, defendían la permanencia de Escocia en Reino Unido, frente a su segregación.

La base de su argumentación se articula desde un verbo que resulta clave en este contexto: “han elegido”. Las demandas que la ciudadanía hace al Gobierno español en las movilizaciones de los últimos años en Cataluña no defienden la secesión, aunque de manera interesada el discurso de quienes están en contra de una consulta catalana pretenden estigmatizárles bajo esta falsa premisa, y hablan de un hipotético “día después”. Lo que la sociedad en España está demandando es participación. Es voz. Es el derecho a tomar partido, a implicarse, a la elección.

Haciendo un guiño a la política que el Partido Popular viene practicando para referirse a las nacionalidades históricas del Estado español, Rajoy refería “las grandes consecuencias económicas, sociales, institucionales y políticas que habría supuesto su separación del Reino Unido y de Europa”. Un razonamiento simplista con el que pretende advertir a Cataluña de las consecuencias de una elección en un debate que, de partida, se les niega.

El presidente deja entrever la escasa voluntad política para resolver desde el diálogo, y con los instrumentos que pone a nuestra disposición el sistema democrático, las crisis políticas, económicas, institucionales o territoriales.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ponía el acento en el “sí a un futuro juntos y el no al inmovilismo y la ruptura” por parte de Escocia. Reconocía la responsabilidad que en última instancia tienen las dos partes implicadas directamente en este proceso democrático: Escocia y Gran Bretaña, para reformular su relación y ofrecer soluciones tras la consulta.

Extrayendo la enseñanza para el caso de España y Cataluña, Pedro Sánchez considera que hay que abrir “un tiempo de renovación” para “redefinir un nuevo marco de convivencia territorial”.

El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, fue al meollo de la cuestión para rescatar –sin entrar en la anécdota de los dos posicionamientos que se votaban– una enseñanza: “la democracia cohesiona infinitamente más que divide”.

Lara defendió la convocatoria de una consulta catalana donde IU no se posicionaría en favor de la independencia, sino de una España federal. Carolina Bescansa, de Podemos, optó igualmente por destacar la consulta escocesa como un ejemplo de normalidad política y democrática.

En la antípoda de esta clave: la participación ciudadana, el derecho de las personas a decidir en su comunidad, se escoraban otros partidos. De vencedores y vencidos hablaba el número dos de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, al asegurar que de la consulta escocesa sobresalía “una derrota del nacionalismo” que servirá para “pegar un frenazo a todo el mundo secesionista”.

Quizá el debate debamos abordarlo desde ahora entre quienes ven necesario abrir cauces de participación y quienes pretenden negarlos con verdades eternas. El “frenazo” al secesionismo, que cita UPyD al hablar de vencedores y vencidos, conecta con otra clave de valor: es fruto de la voluntad colectiva por medio del referéndum y, a toro pasado, abre desde este instante infinitas posibilidades de crear un proyecto común, entre escoceses y británicos, entre españoles y catalanes, y andaluces, y vascos, y murcianos…

Desde el compromiso político y la participación ciudadana en el sistema democrático que construyen y del que forman parte. “No hay mejor prueba del progreso de la civilización que el progreso del poder de cooperación“, que decía John Stuart Mill.

JUAN C. ROMERO

3 de junio de 2014

  • 3.6.14
A la par que coherencia, en la fuerza que algunas personas desconocían hasta las elecciones del 25 de mayo demandan ética en el ejercicio de la política. Proponen convergencia con otras fuerzas políticas –esto es: diálogo, negociación, consenso, Política- y, al igual que su misma irrupción, supone un motor de cambio para la forma de hacer política y para los aparatos que progresivamente hurtaron la capacidad de decidir de la ciudadanía y fueron restando legitimidad popular a los liderazgos y a sus proyectos políticos para subordinar el interés común en intereses propios.

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Está forzando una renovación en conjunto. Atañe al sistema y al principio de representación de la ciudadanía en las administraciones públicas. Asume la máxima manifestada en sucesivas protestas ciudadanas donde se demandaba la democratización de nuestras instituciones y mayores cotas de participación en la toma de decisiones, tras la eclosión de los movimientos sociales en los últimos años.

El éxito de Podemos, más allá de lograr la confianza de 1,2 millones de personas en unas elecciones, reside en la promesa de cambio. El temor de otros partidos está en el potencial de esta promesa.

Es un mensaje que cala en una ciudadanía que observa cómo la impunidad reina en las élites de poder: sea en el seno de la Corona española hundida en su ilegitimidad; en el partido que sostiene la acción del Gobierno de Mariano Rajoy cuestionado por los sobresueldos y las cuentas de sus patriotas autoridades en paraísos fiscales mientras se recortan derechos, libertades y servicios; en el caso del PSOE con sucesivos escándalos y posicionamientos que lo alejan de postulados que llevan en sus siglas y de ser una alternativa de Gobierno.

Pero también en el caso de la patronal con el expresidente de los empresarios, Gerardo Díaz Ferrán, encarcelado por sus abusos; de instituciones hondamente antidemocráticas como el Fondo Monetario Internacional, o hasta de las fuerzas sindicales, con el escándalo que ensombrece la acción y la imagen de UGT, también en Andalucía, lo que denota que la acción desde los más diversos ámbitos del ejercicio de la política (la toma de decisiones en instituciones, gobierno, oposición, empresariado, sindicatos) no estuvo regida por el interés de servir al bien común.

Si estas acciones no estuvieron encaminadas a servir a la ciudadanía ¿A qué intereses se subordinaron? Los partidos políticos, la banca acreedora, el gran capital y los intereses de los medios de comunicación tradicionales han jugado un papel determinante. Lo siguen jugando.

En este marco, el profesor universitario Pablo Iglesias anunció que la campaña de Podemos no subordinaría su discurso al interés de bancos o amigotes que puedan condicionar luego la acción de esta fuerza en las administraciones públicas, sustituyendo el gobierno por el bien común en un gobierno por el sostén de privilegios y la devolución de favores.

Esto le da legitimidad popular a sus decisiones, y les permite marcar distancia ante las presiones de los lobbies que dan forma a las políticas que nos han traído hasta esta crisis: amnistías fiscales, subidas de impuestos, recortes en los derechos laborales y en los salarios, o pactos entre PP y PSOE para garantizarse la vara de mando ante sus superiores (la banca y el gran capital) que han sustituido a las bases y a la militancia en la toma de decisiones.

Del análisis de referentes de nuestra vida política, como el expresidente Felipe González, subyace una paradoja. El viejo líder socialista que dio forma al Estado Social en España, a instancias de la ciudadanía que lo elevó a la Presidencia, es hoy a Podemos lo que los grises fueron al joven que se hacía llamar Isidoro en los años previos a la Transición en este país.

Esto nos lleva a una reflexión. ¿Por qué la ciudadanía precisa de apuestas como la que hacen visibles hoy Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o Jesús Jurado, y un sinfín de anónimos que con su labor han dado forma a una opción de cambio factible?

Desde el bipartidismo que ha edificado nuestro sistema democrático se tilda de "extremismo" o de "bolivariano" (de la caricatura que desean vendernos de Hispanoamérica y su bagaje en las salidas ante la crisis) las demandas de respeto a las bases de nuestro propio ordenamiento, que propone Podemos.

Perciben como una amenaza que se apueste por la igualdad de las personas ante la ley para terminar con la impunidad, por la redistribución de la riqueza y ese principio de solidaridad que se traduce en una progresión fiscal para que la construcción de nuestra sociedad sea equilibrada y no a costa de dejar a otros colectivos en las cunetas, o que se haga una defensa de los derechos a los que la ciudadanía debe tener acceso: la Educación –no para dogmatizar a las personas, sino para hacerlas libres- y la Sanidad –porque la salud no puede ser un negocio y no puede estar sujeta a intereses de rentabilidad que no sea la rentabilidad social- u otros como la Vivienda, que es un derecho y no un negocio.

De las plazas del 15-M en 2011 se hicieron muchas lecturas. Una corriente minoritaria en la opinión pública, apostó en aquel contexto, por ejemplo, por paralizar los desahucios. Mientras los medios ("los brazos ejecutores del sistema", según el teórico Helbert Schiller) criminalizaban estas acciones, las personas que las protagonizaban advertían que el desahucio era un drama social, además de un abuso, y señalaban a los responsables de estas ejecuciones hipotecarias.

Esta corriente minoritaria logró hacerse mayoritaria en la opinión pública, y dio lugar a un posicionamiento de la Unión Europea en la que advertía a España de la ilegalidad de nuestra Ley Hipotecaria.

Podemos es ciudadanía: consecuencia de un tiempo donde la conciencia social cobra importancia. De ahí que los viejos eslóganes y los líderes de sonrisas y selfies causen hoy rubor ante amplias capas de nuestra sociedad que los miran con pasmo, preguntándose cómo los viejos partidos se muestran incapaces de ofrecer una respuesta a un sistema que ya se ha derrumbado, al menos en la manera en que venía reproduciéndose hasta 2011.

Podemos es una buena noticia, con independencia de que se comparta la ideología de esta fuerza que irrumpe en nuestro sistema para cambiarlo, porque ha logrado situar una alternativa donde decían que era imposible que emergiese, y porque su acción cuestiona al sistema y necesariamente fuerza al avance de todas y cada una de las fichas del tablero.

En lo que a partir de ahora pueda traducirse la opción Podemos, una vez que han logrado hacerse visibles y acceder a las administraciones, tomarán partido infinidad de variables y la honestidad de las personas que se acerquen a hacer y a servir a la ciudadanía.

JUAN C. ROMERO

16 de enero de 2014

  • 16.1.14
Lo único nuevo en el viejo sindicato UGT-Andalucía y de sus prácticas –cuestionadas en estos meses y que cierran explosivamente con la era de la concertación social- es su secretaria general, Carmen Castilla. Y ni es nueva, ni tiene los 100 días de rigor para demostrar el cambio.

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El Gobierno de la Junta de Andalucía de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán, algún responsable del Ejecutivo de Susana Díaz, la patronal andaluza y hasta los sindicatos –los pilares que sostuvieron la concertación social- han saltado por los aires con las instrucciones judiciales que hacen, aunque a años vista, una labor fiscalizadora que en su momento, por hache o por be, tampoco tuvo la capacidad de hacer la oposición en nuestra tierra. La paz social de discursos pasados suena ahora a la compra de las voluntades de personas y de organizaciones a golpe de pesetas o de euros –muchas y muchos-.

Entre auto judicial y exclusiva periodística, salta al ruedo otra cara nueva, la de Carmen Castilla. Recibe de sus últimos compañeros cuestionados en el estamento superior del sindicato el mando de la organización UGT. Su nombramiento no ha estado exento de polémica en el seno de la propia institución sindical: muchos no entienden que en medio del escándalo sea una persona de la misma Ejecutiva bajo sospecha la que siga, a la desesperada, capoteando el chaparrón ante la opinión pública.

Los críticos, y buena parte de la base, llamaban a conformar una gestora para erradicar las malas prácticas de su élite, y erradicar cualquier atisbo de connivencia con las personas deshonestas que hubieran podido manchar en algún momento al sindicato con sus erradas decisiones.

Las comparaciones de Carmen Castilla con la secretaria general del PSOE y presidenta de la Junta, Susana Díaz, no se han hecho esperar. Y es que ambas vienen del mismo poder interno cuestionado en sus organizaciones. Ambas, también, han subido al estrado presentadas como una novedad, con la sorna ambiciosa de "un nuevo tiempo", al tiempo que se muestran "implacables" ante una corrupción que nos avergüenza. Y a ellas, dicen, también.

Pero en el sindicato, como en el seno del renovado PSOE o del Gobierno de PSOE y de IU, no están para paños calientes, y la flamante responsable Castilla tendrá complicado un respiro o querer gozar de los 100 días de rigor para demostrar cuánto de implacable va a ser ante las situaciones de abuso que hayan podido derivarse de años de presunto descontrol del dinero público recibido para formación.

Si desde la Junta se demandaba con la apertura de un procedimiento administrativo formal la devolución de 1,8 millones de euros que recibió UGT y que no quedaron justificados, desde la Secretaría General de UGT-Andalucía empiezan a matizar.

"Subsanar presuntos errores de documentación", cita Carmen Castilla, con la esperanza de abrir un periodo de alegaciones en el que tengan opción de aportar la documentación necesaria para justificar lo hasta ahora injustificado.

En todas partes cuecen habas, y hasta desde el PP andaluz se han hecho fuertes con la organización sindical y demandan una ejemplaridad poco vista hasta ahora en las filas conservadoras.

Con una pata en la instrucción judicial y otra en los medios de comunicación –donde se airea la etapa dorada del estamento superior de UGT-, los trabajadores asisten confusos al cambio y al nuevo tiempo que no marca el sindicato sino la "extremadamente agresiva" –en palabras del ministro Luis de Guindos- reforma laboral española, que liquida derechos laborales mientras otros ministerios elevan dogmas al ordenamiento jurídico o pretenden, a golpe de decretazo y publicación en el BOE, castellanizar a ciudadanos o amordazar y limpiar las calles de una indignada mayoría social en proceso severo de empobrecimiento.

El ritmo vertiginoso de los cambios resta honores a Carmen Castilla y a la capacidad de movilización de su sindicato, y la sitúa ante un desafío sin igual para ganarse el favor y la confianza no de las mismas organizaciones cuestionadas, sino de la ciudadanía que espera defensas también desde los sindicatos de clase para sumar fuerzas y librar la batalla que cada viernes se escribe en el BOE.

Castilla debe despojar la estructura sindical de lo accesorio, depurar responsabilidades sin concesiones, y bajar UGT de los despachos de abogados a las calles de Andalucía, de donde no debieron distanciarse en ningún caso.

JUAN C. ROMERO

14 de diciembre de 2013

  • 14.12.13
En un mundo donde el dogma capitalista invita a desregular cualquier actividad, Uruguay ha dado un paso en la dirección contraria. Es el primer país en regularizar la producción y autoconsumo de cannabis. ¿Es una decisión acertada?

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La iniciativa se saldaba hace unos días con el apoyo mayoritario del Senado –antes lo obtuvo de la cámara de representantes- de la república oriental del Uruguay: se regula la producción y consumo de cannabis.

El Estado de este pequeño país del Río de la Plata, donde no viven más de tres millones de personas, ha dado por perdida la batalla contra el narcotráfico –que, en las últimas décadas, ha segado la vida de miles de personas y ha llenado las cárceles de ciudadanos- y ha apostado por regular en un campo donde hasta ahora sólo se imponía la ley del más fuerte: la del lucro de organizaciones mafiosas, la del delito y, en algunos casos, la del crimen.

La falta de control sobre la producción de marihuana ha hecho fuertes a las mafias al tiempo que el problema de salud pública en nuestras sociedades no ha hecho sino agravarse, con la percepción de que las políticas han errado.

La regulación aprobada por el Senado de Uruguay es una primera base, arriesgada como las demás alternativas, para avanzar en la solución de un problema, una vez que la administración oriental ha tomado conciencia de que las viejas soluciones no venían a dar respuestas a las cuestiones actuales heredadas de décadas anteriores.

Esta propuesta para regular contó con el respaldo de representantes de la oposición, de colorados y blancos, al no existir disciplina de voto en el país oriental, y lejos de ser fruto de una improvisación del Gobierno del exguerrillero José Mujica, con el apoyo del Frente Amplio que avala las políticas de su Ejecutivo, es consecuencia de un debate que desde el año 2010 ha estado presente en el seno de la sociedad uruguaya.

Con el objetivo de obtener el monopolio de la producción de cannabis en el país, y dispensar de manera controlada y segura en las farmacias la marihuana, Uruguay invierte la lógica de las mafias, y asume como responsabilidad del Estado este problema de salud pública para proteger a la ciudadanía y anular las situaciones de fuerza que hasta ahora quedaban en manos de las mafias.

Lo acertado o errado de esta nueva política habrá de valorarse conforme se ponga en marcha, si bien cabría preguntarse si la desregulación en otras áreas ha sido beneficiosa para la ciudadanía o por contra ha alimentado situaciones de abuso sobre el Estado y sobre el conjunto de la sociedad.

¿Ha sido acertada la desregulación del sector bancario que ha llevado a países como España a una de las crisis más importantes económica, institucional y social? ¿Ha sido acertada la desregulación de los medios de comunicación que ha propiciado la concentración de los medios en unos pocos de gigantes multinacionales que controlan la mayoría de cadenas de televisión y cabeceras tradicionales?

Hacer juicios de valor sobre esta política aún por implementar es prematuro. Por contra, sí es posible analizar en nuestras sociedades lo que décadas de desregulación han promovido. Y es esa una buena base desde las que aportar nuevos marcos de acción política.

JUAN C. ROMERO

23 de agosto de 2013

  • 23.8.13
Tras una primera etapa de éxito en Andalucía, el desembarco de Toñi Moreno con el programa más solidario en la cadena pública estatal es la apuesta de RTVE para las primeras sobremesas sin telenovelas en varias décadas.

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El programa llegará con novedades la próxima semana, la primera: el español neutro de Moreno. La presentadora parece haber dejado el acento de su habla andaluza en Despeñaperros, en una decisión que pone de relieve cómo todavía hoy el andaluz no está bien visto, aún siendo la cadena de todos.

En RTVE todo está a punto para el estreno del programa Entre todos. Es la adaptación del formato Tiene arreglo que ha liderado las mañanas en Canal Sur Televisión con una fórmula y un equipo bien engrasado para encontrar a cada problema una solución.

Cuenta con la cómplice y solidaria participación de otras personas, que hacen posible que los casos de las personas con dificultades que pasan por plató vayan resolviéndose en directo.

Entre las claves del formato, en la televisión andaluza, destacó la proximidad de su presentadora, Toñi Moreno, una todoterreno versátil, curtida en formatos como Andalucía Directo, capaz de empatizar y meterse en el bolsillo a propios y a extraños. Su marcado acento andaluz, de Sanlúcar de Barrameda, fue parte de la identidad del programa en la autonómica, y consciente de ello, se hizo gala de esta particularidad en Andalucía para prestigiar el andaluz.

Pero las promociones de Entre todos que hasta ahora se han acercado a las pantallas de la cadena estatal han llamado la atención de los andaluces, y no por los significativos cambios que pueda tener el formato, que mantiene la esencia de su antecesor, sino por el tratamiento al habla andaluza. En La 1 de RTVE, la presentadora Toñi Moreno camina por una ciudad hablando un español neutro: su andaluz se ha esfumado en antena.

Lo que pudiera parecer un tema baladí, el acento de un comunicador, no lo es si tomamos en consideración la valoración que se tiene del andaluz como un “español mal hablado”. Este estigma a las hablas andaluzas se estudia en las universidades, y redunda en el tópico andaluz y en la percepción que a nivel estatal se tiene de Andalucía, o en la que los propios andaluces tienen de sí mismos y de su manera de hablar.

¿Hablan "mejor" o "peor" que en Madrid? Es una pregunta recurrente, que no debiera ser todavía en 2013 un motivo para ridiculizar a las personas que habitan en determinado territorio, que presentan los rasgos propios de esa región a la hora de comunicarse con otras personas en la oralidad.

El bloqueo a la diversidad de lenguas, dialectos y hablas en RTVE, en este caso al andaluz de Moreno, pasaría desapercibido, de no ser porque el desembarco del equipo de Tiene Arreglo coincide con el anuncio del posible retorno de Los Morancos a la primera cadena de TVE. ¿Con qué acento creen que harían reír a nivel estatal los hermanos Cadaval con su show en el prime time?

Como lo hiciera la mítica Juani en Médico de Familia, Jorge y César hablarán andaluz en su programa. Un programa de humor. Y los humoristas llamarán a Josua desde la ventana de su plató con unas voces que nos resultarán familiares de Despeñaperros para abajo. Y veremos a la madre de Antonia en ese mismo sketch corrigiéndola por "hablar mal", y tratándole de enseñar a hablar como habla esta renovada Toñi Moreno que promociona RTVE para hacer solidarias las tardes desde los estudios de la tele de Madrid.

El español neutro de Moreno pasaría desapercibido de no ser por el agravio para los andaluces, en el que ahondan luego las autoridades políticas a lo largo y ancho del Estado.

Artur Mas propinó un bofetón a los andaluces cuando espetó que los niños andaluces no saben hablar. O en la misma línea desde las filas populares, con la diputada Montserrat Nebrera, cuando dijo que el acento andaluz “parece un chiste, un chiste malo”, en alusión a las particularidades del habla de la entonces ministra Magdalena Álvarez.

En definitiva, sobre el andaluz pesa todavía hoy la losa de los clichés y de los estereotipos. Del centralismo exacerbado, y de la bota que durante siglos pesó sobre la sien de los trabajadores y de las trabajadoras del campo. Mujeres y hombres analfabetos trabajando de sol a sol por su subsistencia, con el azote de su irrelevancia tatuado en su piel, de los que hablase y teorizase Blas Infante, el padre de la Patria Andaluza.

JUAN C. ROMERO
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7 de agosto de 2013

  • 7.8.13
No sé si es moderna o antigua. Si camino por una calle o me voy por los tejados de la ciudad. Si hay vida en las derruidas construcciones, o si en su decadencia se abraza el olvido a la melancolía. Viseu se dibuja sobre un promontorio, coronado por dos edificios singulares: la iglesia de la Misericordia y la Catedral.

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En torno a ellos, tan pronto parece que estamos en una zona urbana como en la profundidad del campo, como sugieren las bolsas de suelo y corralones, constantes en el centro como en la zona residencial.

En la parte baja, el legendario Viriato, líder de las tropas lusitanas y celtíberas que resistió a la dominación romana, observa desde la monumental escultura erigida en su honor, el devenir de los actuales íberos (portugueses, españoles, gallegos, catalanes, vascos…) que enfrentan el desempleo, la emigración que vacía su territorio, los recortes para saldar deudas, y la dominación del capital en la voz despectiva y el dictado de la Troika.

Por el empinado viario del casco histórico los adoquines de granito confinan la historia con lo coetáneo, y los restos de la muralla se integran con la arquitectura de coloridos edificios de impronta moderna, haciendo un guiño al que lo ve y desmontando a su paso los prejuicios de quienes desconfían de la compatibilidad en el casco antiguo del pasado con el futuro, en la acción permanente de nuestro presente.

Los parques y espacios públicos derrochan frescor con árboles y plantas, y se prodigan por toda la ciudad con impecable mantenimiento, dando cuenta del civismo y de la exquisita relación del entorno con sus gentes.

Las fuentes, de diversos tipos son frecuentes en el callejero, alivian una temperatura que, para ser verano, rara vez supera los treinta grados, haciendo agradable el encuentro en alguno de los bancos que invitan a echarse a la calle para conversar, para leer, o simplemente para cuestionar un modelo de ciudad, rico en matices, diseñado para las personas.

Las vías peatonales y las áreas de esparcimiento dan buena cuenta de esta clave, que no está reñida con los intereses de los vehículos privados o de los comercios. Muchos de estos comercios son despachos, viejas tiendas de proximidad que se resisten a abandonar su histórico emplazamiento o a cederlo a las franquicias globales que homogenizan los centros de las ciudades.

Los gatos se regodean en las esquinas sombrías de las calles estrechas que bajan desde el cerro donde se levanta Viseu, con pasajes en los que uno camina con temor de sorprender a otros viandantes de imprevisto, o de elevar más de lo justo la voz haciendo que vuelva a pasar el tiempo en un lugar que parece condenado a entenderse con las estampas de tonos sepias, donde las agujas dan a entender que también se han ido ya del reloj.

Las telarañas, el óxido de rejas o de candados cerrados hace décadas, los jardines desatados, y la madera descarnada de alguna ventana o puerta a lugares deshabitados, acompañan a los vecinos en un quehacer diario que no parece estar regido por el extrés o las prisas. El funicular es un medio de transporte de renovado brío en Viseu, con unas cabinas nuevas que acarician como en otro tiempo la cuesta, y ayuda a los viseenses a hacer llevadera la subida.

Un anciano duerme la siesta tardía a las seis y media de la tarde sobre un gran sillón venido –como casi todo aquí- a menos. Al fresco, al relente, como un actor sobre un decorado en el escenario de su ciudad. Su gorra de visera lo protege de un sol que hace horas dejó de ser una molestia, pero hace apacible su descanso.

Entre los balcones y los ventanales de las casas juegan los geranios de colores, dando un toque pintoresco y alegre al vivir de los fríos bloques de piedra esconchados de las fachadas. Otras, por contra, lucen engalanadas con nobles cerámicas de estampados que parecen tejidos. Son la piel y el ángel de un caserío a veces desangelado que burla las líneas rectas, y la seguridad del viandante.

En algunas plazas, cafés y restaurantes sacan sus veladores al viario, y como los edificios públicos, convidan a la ciudadanía a compartir su experiencia desde la capital del distrito de Viseu con el resto del mundo, gracias a unas redes de wi-fi abiertas. Los templos siguen un mismo patrón arquitectónico de estilo neobarroco dieciochesco, conocido como estilo Juan V, con fachada labrada coronada por un escudo de armas, con una o dos torres para el campanario, generosas ventanas y paredes de color blanco.

En una ida y vuelta caprichoso del destino, el aire colonial no llega de América, sino de África. La población afrodescendiente es una minoría notable en Viseu. Recuerda a la capital oriental del Río de la Plata, Montevideo, y a su popular Barrio Sur. Al son de los tambores del candombe, y a la rebeldía del Sur. Sones de protesta, de queja, de falta, de nostalgia y también de melancolía, como el fado. Parábola, hoy, de la rebeldía de unos pueblos que se resisten a ser esclavos de los nuevos poderosos.

JUAN C. ROMERO
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19 de abril de 2013

  • 19.4.13
Estados Unidos ha resuelto el caso de las explosiones de Boston siguiendo la doctrina de la Justicia Infinita que justificó la invasión de Afganistán e Irak. Primero disparamos, luego contrastamos si en efecto guardas o no relación con las explosiones que esta semana empaparon de sangre la meta de la maratón de Boston.

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Sin una investigación que pueda esclarecer las circunstancias de lo ocurrido en la ciudad próxima a Nueva York, los medios de comunicación se han abrazado al dogma. Reproducen que las explosiones son parte de un atentado terrorista. No señalan, por ahora, si bien las "tertulias plurales" agitan cuanto pueden y alimentan, como parte de una orquesta deleznable, la amenaza del mundo musulmán, con el brazo armado de Al Qaeda.

En las últimas horas hemos conocido que la Policía abatió a un ciudadano al que responsabiliza de la autoría del supuesto atentado de Boston. Los medios siguen fieles al discurso oficial y hablan de que se ha abatido a una persona que atentó en la maratón de Boston.

¿Cuál ha sido el juicio a esa persona abatida para hablar con rigor de responsabilidad en unos atentados terroristas? Obvian la garantía procesal que debe ser la norma en un estado de derecho, también en América. Una América acostumbrada a censurar la falta de democracia y libertades de otros estados, de manera especial si median intereses estratégicos como yacimientos petrolíferos: véase Libia o Irak.

Asesinatos desde la oficialidad, y a prueba de bombas. El abatido es probablemente una víctima más del déficit democrático de los Estados Unidos de América donde el gatillo fácil y los ataques preventivos están a la orden del día.

George Bush hablaba de "justicia infinita" y esta declaración de un presidente estadounidense que sería motivo de caricatura de haberse dado en Iberoamérica, en Corea del Norte o en Oriente Próxmo, es la que ha seguido con acomodo el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, que ha dado buenas muestras del vigor de esta doctrina que permitió el asesinato de Sadam Husseim en Irak o el de Gadafi en Libia.

El propio Obama se mostró contrariado unos días después de las explosiones de Boston por la decisión del Senado estadounidense que dará continuidad al libre albedrío de armas. El presidente pretendía poner coto al gatillo fácil con el que algunos ciudadanos suplen el déficit de seguridad, o se cobran las cuentas pendientes. El proyecto de ley que tumbó el Senado pretendía echar un vistazo a los antecedentes penales de quienes pretenden hacerse con fusiles o pistolas.

Ni las 26 personas que murieron en la escuela Sandy Hook de Newtown a mediados de diciembre como consecuencia de un tiroteo pesaron ante sus señorías. No prosperó. Silencio y complicidad ante el crimen. Voz y voto del negocio armamentístico.

JUAN C. ROMERO
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12 de marzo de 2013

  • 12.3.13
Son la jet set del capillismo. Les vemos siguiendo ensayos de hermandades, pendientes de la presentación del magno cartel de la Semana Santa de la Tertulia de Amigos Cofrades "Los del cirio verde" o del horario de traslado de una parihuela desde la nave donde se guarda el resto del año al templo desde donde sale.

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Son muy cofrades. Aprovechan cada minuto para reafirmar su condición de cofrade. Sea cerveza en mano, o con la fina cuestión del vino fino entre manos. Las ironías y las bromas hablan de cuán cofrades son; basta dar un paseo por el tuiterío para encontrar gracias cofrades al mejor postor, compartidas y arengadas por la vieja guardia que celebra el músculo de las hermandades.

Conservadores de discurso, desmandados de práctica, hay quien no alcanza a saber por qué se celebra la Semana Santa. Pero hagamos de su capa un sayo, y tiremos adelante, si lo importante es andar, es lo que vienen a decir desde la jerarquía eclesiástica, restando importancia al carácter meramente anecdótico en el que se basan no pocas de las hermandades y procesiones, para sostener ese flujo de personas en su milenaria y sacra institución.

Si se habla de Jesús no es por el carácter revolucionario de sus acciones hace 2.000 años sino por el conservador de una Iglesia romana que llevó a Vaticano la sede de su hegemonía entre las iglesias que nacen de Cristo. Que censura la diversidad, sostiene las desigualdades por cuestiones de género o identidad sexual y vive en estos momentos una pugna interna para dar con el dedo en el que lucirá el Anillo del Pescador.

Jesús debió ser la antítesis de la Iglesia que pretende aprisionar su mensaje. De hecho, el de Nazaret fue un revolucionario de su tiempo por enfrentar a los poderes fáticos: a los sumos sacerdotes, al imperio, a la feligresía de los fariseos con su golpe de pecho, y a los mercaderes que habían hecho de la casa de Dios un negocio.

Cristo debió ser un herético. Basta leer dos versículos seguidos de la Biblia para tomar conciencia de esta particularidad tan obviada en los días en los que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de este hombre.

El de Nazaret –como ahora el de Caracas- enfrentó a los poderes establecidos y sumón tantos seguidores como detractores. Las dos revoluciones viven tiempos de incertidumbres, en una pugna por reconducir a sus próximos –en algunos casos en las antípodas de lo que fueron- al mensaje que propugnaron sus líderes.

La muerte de Hugo Chávez nos lleva a pensar, salvando todas las distancias, que el nazareno sumaba tantos seguidores como detractores por enfrentar al poder establecido. Son dos heréticos: ambos incómodos al sistema que ante ellos reacciona expulsándolos del mismo, señalándolos como el enemigo, caricaturizándolos, negándolos... o incorporándolos a su propio sistema para legitimarlos.

El de Caracas permitió –con un mandato que, como todos los mandatos, están abiertos a discusión- que millones de personas sin recursos ni condición de ciudadanos pudieran en algún momento ser, al sacarlas de la pobreza.

Promovió desde el Estado el acceso a una serie de derechos fundamentales que no podían concebirse como sinónimos de lucro, y ha liderado un proceso de integración de los pueblos de Iberoamérica que ha dado voz (500 años después de los procesos revolucionarios que condujeron a su independencia de la metrópoli) a una región acostumbrada a construir su identidad basándose en lo que otros han dicho de ella: "repúblicas bananeras", "populistas", "caudillos", "panchitos", "corruptos"...

Al sistema hegemónico y sus medios de comunicación, cualquier proceso tímidamente revolucionario le resultaría una amenaza ¿Iba a querer el poder establecido en Francia la toma de la Bastilla? ¿Desearían en el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que hubiese alternativas consolidadas que discutan abiertamente una manera de hacer las cosas que resulta beneficiosa a una élite privilegiada con capacidad de imponerse a la soberanía de los pueblos y dictar sus políticas sin margen de negociación?

En Andalucía, la pasión, muerte y resurrección se vive diariamente en las personas que pasan hambre. Sean nativos o inmigrantes. En las que no tienen una fuente de ingresos ni la expectativa de un trabajo: de manera especial, los jóvenes de menos de 25 años, con más de un 70 por ciento de desempleo, en las familias que están por perder o han perdido su hogar y se encuentran desamparadas. O en las personas que para costear con su triste pensión el encarecimiento del coste de la vida sacrifican su salud aunque el frío cale en sus huesos o el gusanillo del hambre no rompa la barrera de su vergüenza para pedir auxilio.

Y, entretanto, el capillita es posible que llore al ver al costalero en el retranqueo, o lo hizo hace un mes en la igualá. Ajeno al pesar, y quizá también al mensaje de la Iglesia que pretenden ser. Centrado en la anécdota, en definitiva. Que Dios nos coja confesados.

Ratzinger ha dejado la Silla de Pedro con el desafío más importante por delante ¿Será capaz el nuevo Papa de la Iglesia Católica de retomar el carácter revolucionario que impulsó el Hijo de María y José desde su nacimiento en el pesebre de Belén?

JUAN C. ROMERO
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29 de enero de 2013

  • 29.1.13
Las últimas dos semanas han dejado un panorama ensordecedor para la ciudadanía. Los dos partidos que han gobernado España se han visto inmersos en vergonzantes casos de corrupción, de desigual envergadura. De fondo, la responsabilidad de la autoridad de cumplir y hacer cumplir la ley. También dentro de las burocracias que controlan los partidos.

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Inmersos en un proceso de desarticulación de bases como el Estado Social y el Estado de Derecho, según alertan con sus movilizaciones amplias capas de la ciudadanía a lo largo y ancho del país, la aparición de una cuenta en Suiza del extesorero del Partido Popular (PP) –y cargo de confianza de Rajoy-, Luis Bárcenas, con 22 millones de euros, ha sido un sablazo en toda regla a la denominada Marca España.

Si, en un ejercicio de imaginación, convirtiéramos los 22 millones de euros de la cuenta de Suiza en carritos de la compra, se pondría de manifiesto el guante blanco con el que el Gobierno de Mariano Rajoy está gestionando una crisis que apunta de lleno a una financiación irregular en su partido. Los sobresueldos que habrían venido cobrando durante años algunos dignatarios, de manos del propio extesorero, son un revés en toda regla al partido que sostiene al Gobierno español.

Los paños calientes de la acción gubernamental en este caso contrastan con diligencia del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando ordenó la detención de Juan Manuel Sánchez Gordillo tras la anecdótica acción del parlamentario andaluz con Diego Cañamero y los trabajadores del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en el supermercado.

La sustracción de varios carros de la compra que marcó el verano pasado se produjo a la luz de las cámaras; se produjo a la vista de todos, y dejó en el ambiente la reflexión y la denuncia. Desde la radicalidad, trasladaron a la opinión pública la extrema necesidad que padecen ya muchas familias en este Sur, Andalucía, con las tasas de paro diez puntos por encima de la media estatal.

Estos bandoleros andaluces, los jornaleros del SAT, señalaron a la "irresponsabilidad de los responsables"; a gestores magnos como Rodrigo Rato, premiado meses después con un puesto de confianza en Telefónica tras el rescate con dinero público del agujero negro de Bankia.

La aparición de tanto euro patrio en un paraíso fiscal, y a nombre de una persona de confianza con despacho en Génova, hace saltar por los aires el discurso de la austeridad: unos privilegiados se benefician de sobresueldos y para otros no cesan los sobreesfuerzos.

Desde la bancada de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba no ha tenido margen para alzar demasiado la voz contra cualquier atisbo de corrupción. No están libres de fantasmas: haberlos haylos hasta bajo las alfombras reales.

Las ideas socialistas se esfumaron cuando Amy Martin levantó su pluma poniendo un conmovedor punto y final a sus versos. El caso de la periodista fantasma que entregaba sus honorarios de 3.000 euros por columna al presidente de la Fundación Ideas del PSOE, Carlos Mulas, quedaría en una anécdota. De no ser por la complicidad y necesaria connivencia de otros cargos del partido.

El gerente del PSOE se reunió Amy Martin y le dio el visto bueno, revela el diario El Mundo. Tanto periodista en el desempleo y el socialismo apuesta por contratar a un fantasma. Así, Rubalcaba pecaría de incoherente si sostiene sus acusaciones a Rajoy por no estar al tanto de los populares sobres de Bárcenas cuando no tiene constancia de las irregularidades en su círculo más próximo.

El estupor de estos casos no ha dado lugar a un cambio legal que desde la transparencia impida, en adelante, una financiación opaca –o susceptible de caer en prebendas e irregularidades- de los partidos que deben defender el sistema democrático y legislar para todos.

Aquejada de corruptelas y manzanas podridas que no se dejan sanar por las manzanas sanas de su cesta, la Marca España sigue siendo la de unos dirigentes aparentemente indolentes con escaso margen para apostar por la transparencia sin que les tiemble el pulso, o aparezcan fantasmas que maticen y den un nuevo significado a sus voces.

JUAN C. ROMERO

9 de enero de 2013

  • 9.1.13
El periodismo está indefenso en muchos pueblos de Andalucía. Numerosos profesionales que llevan a cabo su labor en pequeños y medianos municipios de esta región padecen cada día la desidia de unas autoridades políticas hábiles en el escamoteo de la información e impúdicas a la hora de vetar a aquellos medios de comunicación que no les bailan el agua. Ejemplos de este tipo de políticas lesivas los encontramos, por desgracia, a lo largo y ancho de la geografía andaluza. Algunos más cerca, incluso, de lo que imaginan –si es que necesitan imaginar-.

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Pero, sin duda, uno de los casos más sangrantes de los últimos meses lo protagoniza el Ayuntamiento de Espartinas, en la provincia de Sevilla. El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado por mayoría absoluta un reglamento que constata el carácter antidemocrático que han tomado muchas de nuestras instituciones. Capaces, incluso, de prohibir el acceso de la ciudadanía al máximo órgano de representación de la Administración local: el Pleno de la Corporación.

Sesiones que debieran convocarse con semanas de antelación e informar a la ciudadanía a través de todos los medios para propiciar debates de los ámbitos que les son comunes en el seno de la opinión pública, son convocadas en las tinieblas de la Junta de Gobierno, sin antelación ni información pública.

En localidades como Castilblanco de los Arroyos, en la Sierra Norte de Sevilla, es norma habitual convocar estas sesiones a primera hora de la mañana para, de esta forma, dificultar la posibilidad de asistir a estas sesiones plenarias a amplios colectivos sociales como empresarios, trabajadores o estudiantes.

El derecho de la información, en la base de nuestro sistema democrático, está en el centro de una diana donde van a parar los dardos de las autoridades que debieran tutelar, salvaguardar o garantizar un bien público y universal para la ciudadanía.

El artículo 20 de la Constitución española reconoce el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”.

La realidad en el ámbito local dista mucho de asemejarse a lo establecido en la norma básica de nuestro ordenamiento jurídico. Los dardos restrictivos a los derechos fundamentales en muchos ayuntamientos andaluces impactan desde las siglas más diversas. Y es que PP, PSOE, IU y UPyD aprobaron en Espartinas la primera normativa que limitaba el derecho a informar de los plenos.

Con tan buena base, la mayoría popular que regenta el Consistorio de esta localidad de algo más de 14.000 habitantes no tuvo oposición para asestar el golpe definitivo dos plenos más tarde y dejar la grabación audiovisual en exclusividad para los operarios municipales y a discreción de los intereses políticos del partido de gobierno en cuanto a su edición y difusión.

Esta práctica no es ni mucho menos aislada, más bien por el contrario la padecen los profesionales del periodismo en su labor diaria. El Ayuntamiento de Castilblanco, con mayoría absoluta de PSOE, mantiene las emisiones de una televisión municipal ajena a la legalidad desde la que ofrece visiones muy particulares de la realidad local.

El canal, costeado con recursos públicos desde 2007, carece de permisos para operar en la TDT y ha sido objeto de denuncias por censurar a asociaciones, partidos políticos y entidades locales. El Consejo Audiovisual Andaluz emitió un informe constatando que “el 82,95 por ciento del tiempo de voz de los actores que aparecieron en los informativos de la cadena en las fechas de análisis correspondió a miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento”.

El sesgo y la falta de pluralismo político de la emisora municipal puso de manifiesto “la inexistencia de debate democrático en los informativos y la ausencia de libertad de expresión de opiniones en dicho espacio, en detrimento del derecho de información de los ciudadanos”, según el informe del Consejo remitido al Pleno de la Corporación en junio de 2011. Pero la situación no ha variado año y medio después, pese a las advertencias. La emisión irregular continúa y no ha habido sanción o apercibimiento al Ayuntamiento desde los órganos competentes.

Sin periodismo no hay Democracia: debemos denunciar cada derecho fundamental que irresponsablemente pretenden negar a la ciudadanía o modular a su gusto. Las asociaciones de la prensa y los colectivos de periodistas deberían hacer una radiografía de las administraciones locales que coartan a la ciudadanía el derecho a la información. Y romper de una vez por todas este silencio tolerante en un escenario de retroceso y de desigualdad ante quienes administran el poder, en defensa de la libertad de información y del ejercicio del periodismo.

JUAN C. ROMERO

28 de diciembre de 2012

  • 28.12.12
El líder de la Iglesia encargado de transmitir la Palabra de Dios ha abierto este año en su mensaje navideño la caja de los truenos y ha llamado a la feligresía a "luchar" contra la igualdad de las personas en una nueva cruzada, ésta de carácter homófobo.

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“Los homosexuales manipulan la identidad de Dios para adaptarla a sus preferencias, con lo que destruyen la esencia misma de la criatura humana”, afirmó el Sumo Pontífice en la tradicional audiencia navideña celebrada en el Vaticano. Unas palabras que pasaron desapercibidas para buena parte de los medios de comunicación tradicionales en el relato de la actualidad.

A sus 85 años, Benedicto XVI parece avanzar con inusitada decisión por una vía de autodestrucción de la Iglesia Católica quizá con escasos precedentes en este credo milenario. España es un país aconfesional. La libertad de credo la reconoce el artículo 16. de la Constitución, que establece que ninguna religión tendrá carácter estatal. La religión queda, por tanto, circunscrita a un ámbito inherente a la libertad y a la voluntad de cada persona.

Si hace sólo unas semanas el Papa sobresaltaba al mundo con la "revelación", a dos mil años vista, de que no había estrella fugaz, ni mulas o bueyes junto al Nazareno, la llamada a la feligresía a combatir la igualdad de derechos y la discriminación en función de la identidad sexual puede –no sin motivos- interpretarse como una metedura de pata que la edad de quien la pronuncia no debería servir para justificar.

Sin duda, se trata de un envite a la autonomía de la persona y, también, de una incoherencia con respecto al discurso de las Sagradas Escrituras y a la Palabra de Dios que la Iglesia pretende transmitir desde los púlpitos del universo.

El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra y sobre cuantos animales se muevan sobre ella”, dice el primer libro de cuantas escrituras conforman la Biblia. Se trata del Génesis, y la cita es textual del capítulo 1, versículo 26.

Desde esta base, cabe interpretar que las palabras del Papa son producto de una animadversión personal hacia determinados colectivos sociales. Y esta animadversión ha llevado a la curia a manifestarse "en defensa de la familia".

La jerarquía eclesiástica que clama en defensa de un status quo con colectivos estigmatizados e invita a una nueva cruzada para preservar a la "criatura humana" en detrimento de una sociedad de iguales, parece no haber calculado aún el bien que haría a una desequilibrada institución emprender una cruzada contra los abusos cometidos desde el altar. Si, en efecto, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, algún cardenal debiera aconsejar mejor al dignatario que ostenta el trono de San Pedro.

“A dos centímetros de su meta, la hormiga se detuvo, de nuevo alertada. Entonces, de lo alto apareció un pulgar, un ancho dedo humano y concienzudamente aplastó carga y hormiga”, escribió Mario Benedetti en A imagen y semejanza.

Paradójicamente, el cuento de este escritor uruguayo parece explicar el empeño que muestra Ratzinger con su dedo inquisidor que, concienzudamente, se dedicar a “aplastar carga y hormiga” en lugar de iluminar la senda de su feligresía conforme al mandamiento que proclamaba aquello del “amarás a Dios sobre todas las cosas… y al prójimo como a ti mismo”.

JUAN C. ROMERO

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