Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido al juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, vincula a dos empresarios de Montilla con la investigación del caso Koldo, en cuyo marco fueron detenidos la semana pasada y se practicaron registros en, al menos, una sede empresarial ubicada en la avenida de Andalucía.
El contenido del informe, publicado por diversos medios de comunicación, aporta nuevos detalles sobre las pesquisas relacionadas con la procedencia del dinero utilizado por la entonces pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos para adquirir dos inmuebles en Madrid.
Los dos empresarios montillanos se encuentran entre las seis personas detenidas en el operativo, desarrollado por la UCO con la Fiscalía Anticorrupción por orden judicial. Entre los investigados figura también Cristian Corvillo, vinculado familiarmente a Montilla.
Los agentes atribuyen a Corvillo un posible papel de intermediación en la obtención y canalización de fondos destinados al entorno de Ábalos, en un contexto de presuntas contraprestaciones económicas relacionadas con empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos.
Según la hipótesis recogida en el informe policial, Ábalos «habría recurrido» a Corvillo para conseguir financiación con la que afrontar una operación inmobiliaria de su entonces pareja, Andrea de la Torre. Los investigadores sitúan los primeros movimientos a finales de 2023, cuando el exministro, que había manifestado tener problemas de liquidez, realizó gestiones ante una entidad financiera para obtener una hipoteca de 130.000 euros a nombre de De la Torre. La operación hipotecaria no llegó a formalizarse.
El 30 de noviembre de 2023, Ábalos viajó a Córdoba y mantuvo un encuentro con Corvillo, de acuerdo con las comunicaciones analizadas por la Guardia Civil. A partir de esa fecha, los agentes identifican intercambios de mensajes entre Corvillo y el empresario Víctor de Aldama que, según sus conclusiones, permiten reconstruir el origen de parte de los fondos recibidos posteriormente por De la Torre. Para la UCO, la proximidad de estos contactos con las gestiones de financiación constituye uno de los indicios de la posible intervención de Corvillo.
El 12 de febrero de 2024, Andrea de la Torre recibió una transferencia de 65.000 euros en una cuenta del Banco Santander, identificada como un «préstamo». El dinero procedía de una cuenta en Portugal a nombre de Esperança Colossal, una sociedad vinculada a uno de los empresarios montillanos detenidos en el operativo desarrollado la pasada semana en Málaga. Según la información de inteligencia financiera incorporada a la investigación, esa transferencia estaría relacionada con los recursos empleados en la posterior adquisición inmobiliaria.
La compraventa se formalizó el 19 de abril de 2024 por un importe de 125.000 euros y comprendió un local de uso industrial y una plaza de aparcamiento situados en un mismo edificio del distrito madrileño de Vallecas. El informe denomina al conjunto «Casa de Cerro del Murmullo». La adquisición se realizó sin hipoteca y la mayor parte del precio se abonó mediante dos cheques bancarios y una transferencia. La UCO vincula esos pagos con la financiación obtenida en los meses anteriores.
Los investigadores destacan la coincidencia temporal entre las necesidades económicas expresadas por Ábalos, la búsqueda de financiación y las comunicaciones posteriores, así como la similitud entre el importe que se pretendía conseguir y el precio de la compra. También aprecian indicios de una posible capacidad de influencia de Corvillo sobre la persona que facilitó el dinero. Estas apreciaciones forman parte de la tesis policial y no constituyen hechos acreditados judicialmente.
La UCO sostiene, además, que Cristian Corvillo habría recurrido a terceras personas para evitar figurar directamente en determinadas sociedades. En conversaciones con Víctor de Aldama aparecen referencias a su hermano, Rubén Corvillo, y a Santiago Barrera, cuyas relaciones mercantiles han sido examinadas por los agentes.
El informe atribuye a Corvillo cierta ascendencia sobre la empresa que concedió el préstamo y describe una relación propia con Ábalos y Koldo García, diferenciada de sus contactos con Aldama. También recoge comunicaciones de 2023 que, según los investigadores, apuntan a su posible función de enlace para facilitar entregas de dinero en efectivo.
En la vertiente empresarial de las pesquisas, uno de los dos detenidos de Montilla aparece como administrador de la sociedad portuguesa relacionada con el préstamo. Fue arrestado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los agentes registraron sedes de sus empresas en Sevilla y Montilla, donde localizaron documentación relativa a otra mercantil portuguesa. El informe también menciona vínculos personales y societarios del otro empresario montillano con la firma Deplan Works.
Además de los dos empresarios montillanos, fueron detenidos Cristian Corvillo, su hermano Rubén, Andrea de la Torre y Santiago Barrera. A Cristian Corvillo se le atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, y quedó en libertad horas después de su arresto. En su domicilio de Córdoba se intervinieron siete teléfonos móviles, un ordenador, una tableta, discos duros y documentación. A su hermano, investigado por blanqueo y pertenencia a organización criminal, se le incautaron dos teléfonos.
Andrea de la Torre fue detenida por presunto blanqueo de capitales en una vivienda de Ábalos en Valencia. Allí los agentes intervinieron cinco teléfonos móviles, dos tabletas y cuatro ordenadores. Su domicilio de Madrid no fue registrado porque se encontraba alquilado a personas ajenas a la investigación.
Por su parte, Santiago Barrera fue detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil lo relaciona con la administración de dos empresas vinculadas a Aldama y al hermano de Corvillo, mediante las que el primero habría evitado aparecer directamente en determinadas operaciones.
El informe también examina posibles irregularidades en adjudicaciones de obra pública vinculadas a organismos dependientes del antiguo Ministerio de Transportes, especialmente Adif y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).
Entre los procedimientos analizados figuran contrataciones relacionadas con una unión temporal de empresas formada por Construcciones Sevill Nevado y Limpiezas Castilla de Salamanca, así como con la UTE Aquaterra Servicios e Infraestructuras. La UCO practicó requerimientos de documentación en sedes de ambos organismos y de empresas relacionadas con los contratos investigados.
En otra parte de las pesquisas, la Guardia Civil señala una posible contraprestación en especie a favor de Cristian Corvillo, consistente en la puesta a su disposición de una vivienda utilizada como domicilio familiar. Según el informe, la sociedad portuguesa Atmosferaudaz Unipessoal LDA, vinculada a Aldama, habría abonado al menos 220.498 euros entre el 28 de diciembre de 2022 y el 15 de diciembre de 2023 en concepto de alquiler con opción de compra. Los investigadores también recuerdan la aparición anterior del nombre de Corvillo en gestiones relacionadas con la denominada Casa de La Alcaidesa.
Las actuaciones se enmarcan en una pieza de la investigación que permanece bajo secreto. El informe policial expone indicios y conclusiones que corresponde valorar al juez instructor. La causa continúa en fase de instrucción y las personas investigadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
El contenido del informe, publicado por diversos medios de comunicación, aporta nuevos detalles sobre las pesquisas relacionadas con la procedencia del dinero utilizado por la entonces pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos para adquirir dos inmuebles en Madrid.
Los dos empresarios montillanos se encuentran entre las seis personas detenidas en el operativo, desarrollado por la UCO con la Fiscalía Anticorrupción por orden judicial. Entre los investigados figura también Cristian Corvillo, vinculado familiarmente a Montilla.
Los agentes atribuyen a Corvillo un posible papel de intermediación en la obtención y canalización de fondos destinados al entorno de Ábalos, en un contexto de presuntas contraprestaciones económicas relacionadas con empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos.
Según la hipótesis recogida en el informe policial, Ábalos «habría recurrido» a Corvillo para conseguir financiación con la que afrontar una operación inmobiliaria de su entonces pareja, Andrea de la Torre. Los investigadores sitúan los primeros movimientos a finales de 2023, cuando el exministro, que había manifestado tener problemas de liquidez, realizó gestiones ante una entidad financiera para obtener una hipoteca de 130.000 euros a nombre de De la Torre. La operación hipotecaria no llegó a formalizarse.
El 30 de noviembre de 2023, Ábalos viajó a Córdoba y mantuvo un encuentro con Corvillo, de acuerdo con las comunicaciones analizadas por la Guardia Civil. A partir de esa fecha, los agentes identifican intercambios de mensajes entre Corvillo y el empresario Víctor de Aldama que, según sus conclusiones, permiten reconstruir el origen de parte de los fondos recibidos posteriormente por De la Torre. Para la UCO, la proximidad de estos contactos con las gestiones de financiación constituye uno de los indicios de la posible intervención de Corvillo.
El 12 de febrero de 2024, Andrea de la Torre recibió una transferencia de 65.000 euros en una cuenta del Banco Santander, identificada como un «préstamo». El dinero procedía de una cuenta en Portugal a nombre de Esperança Colossal, una sociedad vinculada a uno de los empresarios montillanos detenidos en el operativo desarrollado la pasada semana en Málaga. Según la información de inteligencia financiera incorporada a la investigación, esa transferencia estaría relacionada con los recursos empleados en la posterior adquisición inmobiliaria.
La compraventa se formalizó el 19 de abril de 2024 por un importe de 125.000 euros y comprendió un local de uso industrial y una plaza de aparcamiento situados en un mismo edificio del distrito madrileño de Vallecas. El informe denomina al conjunto «Casa de Cerro del Murmullo». La adquisición se realizó sin hipoteca y la mayor parte del precio se abonó mediante dos cheques bancarios y una transferencia. La UCO vincula esos pagos con la financiación obtenida en los meses anteriores.
Los investigadores destacan la coincidencia temporal entre las necesidades económicas expresadas por Ábalos, la búsqueda de financiación y las comunicaciones posteriores, así como la similitud entre el importe que se pretendía conseguir y el precio de la compra. También aprecian indicios de una posible capacidad de influencia de Corvillo sobre la persona que facilitó el dinero. Estas apreciaciones forman parte de la tesis policial y no constituyen hechos acreditados judicialmente.
La UCO sostiene, además, que Cristian Corvillo habría recurrido a terceras personas para evitar figurar directamente en determinadas sociedades. En conversaciones con Víctor de Aldama aparecen referencias a su hermano, Rubén Corvillo, y a Santiago Barrera, cuyas relaciones mercantiles han sido examinadas por los agentes.
El informe atribuye a Corvillo cierta ascendencia sobre la empresa que concedió el préstamo y describe una relación propia con Ábalos y Koldo García, diferenciada de sus contactos con Aldama. También recoge comunicaciones de 2023 que, según los investigadores, apuntan a su posible función de enlace para facilitar entregas de dinero en efectivo.
En la vertiente empresarial de las pesquisas, uno de los dos detenidos de Montilla aparece como administrador de la sociedad portuguesa relacionada con el préstamo. Fue arrestado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los agentes registraron sedes de sus empresas en Sevilla y Montilla, donde localizaron documentación relativa a otra mercantil portuguesa. El informe también menciona vínculos personales y societarios del otro empresario montillano con la firma Deplan Works.
Además de los dos empresarios montillanos, fueron detenidos Cristian Corvillo, su hermano Rubén, Andrea de la Torre y Santiago Barrera. A Cristian Corvillo se le atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, y quedó en libertad horas después de su arresto. En su domicilio de Córdoba se intervinieron siete teléfonos móviles, un ordenador, una tableta, discos duros y documentación. A su hermano, investigado por blanqueo y pertenencia a organización criminal, se le incautaron dos teléfonos.
Andrea de la Torre fue detenida por presunto blanqueo de capitales en una vivienda de Ábalos en Valencia. Allí los agentes intervinieron cinco teléfonos móviles, dos tabletas y cuatro ordenadores. Su domicilio de Madrid no fue registrado porque se encontraba alquilado a personas ajenas a la investigación.
Por su parte, Santiago Barrera fue detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil lo relaciona con la administración de dos empresas vinculadas a Aldama y al hermano de Corvillo, mediante las que el primero habría evitado aparecer directamente en determinadas operaciones.
El informe también examina posibles irregularidades en adjudicaciones de obra pública vinculadas a organismos dependientes del antiguo Ministerio de Transportes, especialmente Adif y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).
Entre los procedimientos analizados figuran contrataciones relacionadas con una unión temporal de empresas formada por Construcciones Sevill Nevado y Limpiezas Castilla de Salamanca, así como con la UTE Aquaterra Servicios e Infraestructuras. La UCO practicó requerimientos de documentación en sedes de ambos organismos y de empresas relacionadas con los contratos investigados.
En otra parte de las pesquisas, la Guardia Civil señala una posible contraprestación en especie a favor de Cristian Corvillo, consistente en la puesta a su disposición de una vivienda utilizada como domicilio familiar. Según el informe, la sociedad portuguesa Atmosferaudaz Unipessoal LDA, vinculada a Aldama, habría abonado al menos 220.498 euros entre el 28 de diciembre de 2022 y el 15 de diciembre de 2023 en concepto de alquiler con opción de compra. Los investigadores también recuerdan la aparición anterior del nombre de Corvillo en gestiones relacionadas con la denominada Casa de La Alcaidesa.
Las actuaciones se enmarcan en una pieza de la investigación que permanece bajo secreto. El informe policial expone indicios y conclusiones que corresponde valorar al juez instructor. La causa continúa en fase de instrucción y las personas investigadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL
FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL















































