El Pleno del Ayuntamiento de Montilla aprobó anoche, en una sesión extraordinaria, las ordenanzas fiscales para el año 2027 con los votos favorables del PSOE e Izquierda Unida (IU) y el voto en contra del Partido Popular (PP). La propuesta del equipo de gobierno mantiene congelados los impuestos municipales y las bonificaciones vigentes, mientras que la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos subirá un 8 por ciento para cubrir el coste del servicio.
La teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez, explicó que las ordenanzas constituyen un paso previo a la elaboración de los presupuestos municipales de 2027. Durante su intervención, defendió que "la propuesta busca equilibrar la contención de la carga económica de las familias con la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento".
La congelación afectará al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), al impuesto de vehículos, al impuesto de actividad económica (IAE) y al impuesto de construcción e instalaciones (ICIO). Además, se conservarán las bonificaciones aprobadas en años anteriores. Ramírez señaló que el Consistorio "asumirá el impacto de la inflación sin trasladarlo a estos impuestos", cuyos ingresos "permiten financiar gastos corrientes, servicios e inversiones".
La responsable de Hacienda aludió al encarecimiento de las materias primas, los suministros, los servicios y los salarios, así como a la subida del salario mínimo interprofesional. En ese contexto, situó el Índice de Precios al Consumo (IPC) en el 4,9 por ciento y sostuvo que "mantener los impuestos exigirá un esfuerzo presupuestario" a la Administración local.
Ramírez aprovechó su intervención para reclamar más financiación a las administraciones superiores ante las necesidades de los municipios y el incremento de sus costes. La edil de Hacienda defendió la cercanía de los ayuntamientos a la ciudadanía y la necesidad de disponer de más recursos para atender los servicios.
La modificación de la tasa de residuos centró buena parte de su explicación. La teniente de alcalde justificó el incremento del 8 por ciento por el déficit del servicio y afirmó que “este servicio no puede serlo”. Según el ejemplo que expuso para una vivienda tipo de Montilla, el recibo anual pasará de 85,13 a 91,90 euros. Se mantendrán, además, las bonificaciones incorporadas para compensar la anterior subida del 4 por ciento.
La responsable municipal de Hacienda vinculó la evolución de esta tasa con la gestión de los residuos y con los ingresos que obtiene el Ayuntamiento por su correcta separación. Explicó que el depósito adecuado de cartón, vidrio, electrodomésticos y aparatos eléctricos permite recibir ingresos, a los que pueden sumarse cantidades adicionales cuando no se mezclan los materiales.
En ese sentido, Ramírez afirmó que “este año no hemos tenido los pluses por buen reciclaje, con lo cual se ha incrementado el coste del servicio y por eso es deficitario”. Por ello, la edil hizo un llamamiento a la ciudadanía para mejorar la separación y el depósito de los residuos, una práctica que, según defendió, puede contribuir a reducir la tasa o, al menos, a evitar nuevos incrementos.
La teniente de alcalde de Hacienda destacó el trabajo desarrollado por las áreas municipales desde 2024 y aseguró que, mientras otros municipios habían registrado subidas de entre el 40 y el 50 por ciento desde entonces, Montilla había aplicado un incremento del 4 por ciento el año pasado, al que se añade ahora el 8 por ciento aprobado para 2027.
Para comparar el recibo montillano con el de otras localidades, Ramírez citó una tasa de 146 euros en Cabra, de 110 euros en Palma del Río y de 144 euros en Priego de Córdoba y Puente Genil. La edil montillana sostuvo que, pese al ajuste aprobado, el importe de Montilla continúa por debajo de los que expuso durante la sesión.
Las ordenanzas fiscales aprobadas anoche incluyen también cambios en la regulación de las licencias urbanísticas y las declaraciones responsables. La modificación de la ordenanza número 9 incorpora un nuevo supuesto relacionado con las licencias de parcelaciones urbanísticas y las declaraciones conocidas como AFO, para atender situaciones en las que los expedientes caducan mientras se completan otros trámites.
Ramírez explicó que la tramitación de una licencia para un Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) tiene un coste de 330 euros y que algunos procedimientos se prolongan por gestiones de notaría, registro o banco, especialmente cuando intervienen varias familias. Ante estos casos, el Consistorio establece una tasa de 17 euros para retomar el expediente cuando mantenga las mismas condiciones y no haya sufrido modificaciones.
La responsable de Hacienda defendió que esta medida evita que quienes ya tenían concedida su licencia deban abonar de nuevo la misma cantidad por una caducidad vinculada a trámites ajenos a su responsabilidad. Según indicó Ramírez, el importe reducido responde al coste de reanudar un procedimiento para el que los servicios municipales ya disponen de la información y de buena parte del trabajo realizado.
Otra de las modificaciones afecta a la ordenanza reguladora de la gestión, inspección y recaudación de los ingresos de derecho público del Ayuntamiento. El cambio adapta de 6 a 12 euros la cuantía mínima para los cargos en periodo ejecutivo, conforme a la regulación aprobada por la Diputación de Córdoba.
En materia de bienestar animal, el Ayuntamiento de Montilla elimina de la ordenanza sobre retirada de perros de la vía pública y estancia en la perrera municipal o en lugares habilitados una referencia al sacrificio del animal al cuarto día. Ramírez explicó que esa previsión no se aplica y que su supresión responde a la adaptación de la regulación municipal a la normativa vigente.
La ordenanza número 17, relativa a las tasas por utilización de bienes e instalaciones del mercado municipal de abastos, se modifica para precisar que las cuotas mensuales por ocupación de puestos se exigirán por meses completos. La edil señaló que las tasas ya estaban reguladas, pero que la redacción podía dar lugar a confusión.
Aunque el recibo se abona trimestralmente, la liquidación atenderá a los meses de ocupación. Como ejemplo, Antonia Ramírez explicó que una persona que se incorpore a un puesto en mayo pagará mayo y junio, sin tener que abonar abril.
Por su parte, la propuesta de precios públicos para el año 2027 que presentó anoche el equipo de gobierno contó con los votos favorables de PSOE, Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU). Las modificaciones afectan a las actividades e instalaciones deportivas municipales, a la programación cultural y a la venta de publicaciones y material turístico y cultural.
La teniente de alcalde de Hacienda explicó los cambios propuestos por las áreas municipales correspondientes, que se concentran en tres ordenanzas. En el ámbito deportivo, vinculó la actualización de los precios a los costes de personal y de las materias primas necesarias para mantener las instalaciones en condiciones de uso.
La modificación de la ordenanza número 30, que regula los precios públicos por la prestación de servicios, programas y actividades deportivas y por la utilización de las instalaciones deportivas municipales, contempla incrementos de un euro en algunas actividades. Entre los ejemplos mencionados durante su intervención, la responsable de Hacienda se refirió a la natación de invierno.
Ramírez señaló que “en realidad es normalmente un euro lo que se ha ido subiendo en cada actividad”. Además de la revisión de los importes para asumir los costes de los servicios, la teniente de alcalde indicó que los cambios en materia deportiva incluyen una actualización legislativa.
En el caso de la piscina de verano, la subida será de dos euros por persona y temporada. De este modo, el incremento del bono de una persona será de dos euros para toda la temporada, mientras que el correspondiente a dos personas aumentará cuatro euros. La responsable municipal explicó que este criterio se aplicará sucesivamente según el número de personas incluidas en el bono, hasta el máximo de cinco contemplado.
El acuerdo también modifica la ordenanza número 34, que regula los precios públicos por la utilización de instalaciones, la prestación de servicios y la realización de actividades culturales, turísticas y de ocupación del tiempo libre. En este apartado se incorpora una representación lírica de ópera con un precio de 20 euros, propuesto por el área municipal correspondiente.
La tercera modificación afecta a la ordenanza número 26, relativa al precio por la venta de material turístico y cultural. "Su revisión tiene como objeto establecer precios públicos para las nuevas publicaciones municipales", precisó la edil montillana.
Durante su explicación, Ramírez recordó que el Ayuntamiento cuenta con un servicio municipal de publicaciones gestionado por el área de Cultura, desde el que se realizan las tareas de selección, edición, impresión y distribución de publicaciones de interés local.
La actualización incorpora también un anexo con el material disponible para la venta y sus precios revisados. Este listado permitirá unificar y actualizar los importes de las publicaciones municipales, que sustituirán a los anteriores y los dejarán sin efecto.
La teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez, explicó que las ordenanzas constituyen un paso previo a la elaboración de los presupuestos municipales de 2027. Durante su intervención, defendió que "la propuesta busca equilibrar la contención de la carga económica de las familias con la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento".
La congelación afectará al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), al impuesto de vehículos, al impuesto de actividad económica (IAE) y al impuesto de construcción e instalaciones (ICIO). Además, se conservarán las bonificaciones aprobadas en años anteriores. Ramírez señaló que el Consistorio "asumirá el impacto de la inflación sin trasladarlo a estos impuestos", cuyos ingresos "permiten financiar gastos corrientes, servicios e inversiones".
La responsable de Hacienda aludió al encarecimiento de las materias primas, los suministros, los servicios y los salarios, así como a la subida del salario mínimo interprofesional. En ese contexto, situó el Índice de Precios al Consumo (IPC) en el 4,9 por ciento y sostuvo que "mantener los impuestos exigirá un esfuerzo presupuestario" a la Administración local.
Ramírez aprovechó su intervención para reclamar más financiación a las administraciones superiores ante las necesidades de los municipios y el incremento de sus costes. La edil de Hacienda defendió la cercanía de los ayuntamientos a la ciudadanía y la necesidad de disponer de más recursos para atender los servicios.
La modificación de la tasa de residuos centró buena parte de su explicación. La teniente de alcalde justificó el incremento del 8 por ciento por el déficit del servicio y afirmó que “este servicio no puede serlo”. Según el ejemplo que expuso para una vivienda tipo de Montilla, el recibo anual pasará de 85,13 a 91,90 euros. Se mantendrán, además, las bonificaciones incorporadas para compensar la anterior subida del 4 por ciento.
La responsable municipal de Hacienda vinculó la evolución de esta tasa con la gestión de los residuos y con los ingresos que obtiene el Ayuntamiento por su correcta separación. Explicó que el depósito adecuado de cartón, vidrio, electrodomésticos y aparatos eléctricos permite recibir ingresos, a los que pueden sumarse cantidades adicionales cuando no se mezclan los materiales.
En ese sentido, Ramírez afirmó que “este año no hemos tenido los pluses por buen reciclaje, con lo cual se ha incrementado el coste del servicio y por eso es deficitario”. Por ello, la edil hizo un llamamiento a la ciudadanía para mejorar la separación y el depósito de los residuos, una práctica que, según defendió, puede contribuir a reducir la tasa o, al menos, a evitar nuevos incrementos.
La teniente de alcalde de Hacienda destacó el trabajo desarrollado por las áreas municipales desde 2024 y aseguró que, mientras otros municipios habían registrado subidas de entre el 40 y el 50 por ciento desde entonces, Montilla había aplicado un incremento del 4 por ciento el año pasado, al que se añade ahora el 8 por ciento aprobado para 2027.
Para comparar el recibo montillano con el de otras localidades, Ramírez citó una tasa de 146 euros en Cabra, de 110 euros en Palma del Río y de 144 euros en Priego de Córdoba y Puente Genil. La edil montillana sostuvo que, pese al ajuste aprobado, el importe de Montilla continúa por debajo de los que expuso durante la sesión.
Las ordenanzas fiscales aprobadas anoche incluyen también cambios en la regulación de las licencias urbanísticas y las declaraciones responsables. La modificación de la ordenanza número 9 incorpora un nuevo supuesto relacionado con las licencias de parcelaciones urbanísticas y las declaraciones conocidas como AFO, para atender situaciones en las que los expedientes caducan mientras se completan otros trámites.
Ramírez explicó que la tramitación de una licencia para un Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) tiene un coste de 330 euros y que algunos procedimientos se prolongan por gestiones de notaría, registro o banco, especialmente cuando intervienen varias familias. Ante estos casos, el Consistorio establece una tasa de 17 euros para retomar el expediente cuando mantenga las mismas condiciones y no haya sufrido modificaciones.
La responsable de Hacienda defendió que esta medida evita que quienes ya tenían concedida su licencia deban abonar de nuevo la misma cantidad por una caducidad vinculada a trámites ajenos a su responsabilidad. Según indicó Ramírez, el importe reducido responde al coste de reanudar un procedimiento para el que los servicios municipales ya disponen de la información y de buena parte del trabajo realizado.
Otra de las modificaciones afecta a la ordenanza reguladora de la gestión, inspección y recaudación de los ingresos de derecho público del Ayuntamiento. El cambio adapta de 6 a 12 euros la cuantía mínima para los cargos en periodo ejecutivo, conforme a la regulación aprobada por la Diputación de Córdoba.
En materia de bienestar animal, el Ayuntamiento de Montilla elimina de la ordenanza sobre retirada de perros de la vía pública y estancia en la perrera municipal o en lugares habilitados una referencia al sacrificio del animal al cuarto día. Ramírez explicó que esa previsión no se aplica y que su supresión responde a la adaptación de la regulación municipal a la normativa vigente.
La ordenanza número 17, relativa a las tasas por utilización de bienes e instalaciones del mercado municipal de abastos, se modifica para precisar que las cuotas mensuales por ocupación de puestos se exigirán por meses completos. La edil señaló que las tasas ya estaban reguladas, pero que la redacción podía dar lugar a confusión.
Aunque el recibo se abona trimestralmente, la liquidación atenderá a los meses de ocupación. Como ejemplo, Antonia Ramírez explicó que una persona que se incorpore a un puesto en mayo pagará mayo y junio, sin tener que abonar abril.
Precios públicos
Por su parte, la propuesta de precios públicos para el año 2027 que presentó anoche el equipo de gobierno contó con los votos favorables de PSOE, Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU). Las modificaciones afectan a las actividades e instalaciones deportivas municipales, a la programación cultural y a la venta de publicaciones y material turístico y cultural.
La teniente de alcalde de Hacienda explicó los cambios propuestos por las áreas municipales correspondientes, que se concentran en tres ordenanzas. En el ámbito deportivo, vinculó la actualización de los precios a los costes de personal y de las materias primas necesarias para mantener las instalaciones en condiciones de uso.
La modificación de la ordenanza número 30, que regula los precios públicos por la prestación de servicios, programas y actividades deportivas y por la utilización de las instalaciones deportivas municipales, contempla incrementos de un euro en algunas actividades. Entre los ejemplos mencionados durante su intervención, la responsable de Hacienda se refirió a la natación de invierno.
Ramírez señaló que “en realidad es normalmente un euro lo que se ha ido subiendo en cada actividad”. Además de la revisión de los importes para asumir los costes de los servicios, la teniente de alcalde indicó que los cambios en materia deportiva incluyen una actualización legislativa.
En el caso de la piscina de verano, la subida será de dos euros por persona y temporada. De este modo, el incremento del bono de una persona será de dos euros para toda la temporada, mientras que el correspondiente a dos personas aumentará cuatro euros. La responsable municipal explicó que este criterio se aplicará sucesivamente según el número de personas incluidas en el bono, hasta el máximo de cinco contemplado.
El acuerdo también modifica la ordenanza número 34, que regula los precios públicos por la utilización de instalaciones, la prestación de servicios y la realización de actividades culturales, turísticas y de ocupación del tiempo libre. En este apartado se incorpora una representación lírica de ópera con un precio de 20 euros, propuesto por el área municipal correspondiente.
La tercera modificación afecta a la ordenanza número 26, relativa al precio por la venta de material turístico y cultural. "Su revisión tiene como objeto establecer precios públicos para las nuevas publicaciones municipales", precisó la edil montillana.
Durante su explicación, Ramírez recordó que el Ayuntamiento cuenta con un servicio municipal de publicaciones gestionado por el área de Cultura, desde el que se realizan las tareas de selección, edición, impresión y distribución de publicaciones de interés local.
La actualización incorpora también un anexo con el material disponible para la venta y sus precios revisados. Este listado permitirá unificar y actualizar los importes de las publicaciones municipales, que sustituirán a los anteriores y los dejarán sin efecto.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
