La concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla y parlamentaria andaluza, Rosa Rodríguez, denunció ayer durante una rueda de prensa la "falta de información" sobre el estudio de viabilidad para cambiar el modelo de gestión del servicio de ayuda a domicilio y reclamó al alcalde de la localidad, Rafael Llamas, que "aclare públicamente" si el equipo de gobierno trabaja en su municipalización.
Rodríguez explicó que, desde el año 2021, IU “viene insistiendo en la necesidad de estudiar la viabilidad del cambio de gestión, de gestión indirecta a gestión directa, a través de una encomienda de gestión a la empresa municipal Atrium Ulia, para que ese servicio se preste desde lo público, ya que siempre hemos defendido y entendemos que esto supondría una mejora en la propia prestación del servicio, tanto para las personas trabajadoras como para las personas usuarias”.
En ese sentido, la representante de IU rechazó las críticas recibidas cada vez que su grupo plantea esta posibilidad. Según afirmó, “siempre se nos trata como si fuésemos un grupo municipal irresponsable, como si quisiéramos hacer esto de una manera rápida”, pero Rodríguez insistió en que su formación nunca ha pretendido adoptar una decisión sin analizar previamente sus consecuencias ni comprometer la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Montilla.
Además, la edil señaló que “somos tan pacientes que llevamos cinco años intentando que se haga ese estudio de viabilidad sin tener hasta el día de hoy ningún resultado, ninguna evidencia de que ese estudio se esté llevando a cabo”. A su juicio, “el grupo que, en todo caso, está siendo irresponsable en este asunto es el equipo de gobierno, porque no ha hecho nada en este sentido”.
Rodríguez manifestó que IU ha solicitado en numerosas ocasiones acceso a la información relacionada con ese estudio de viabilidad, pero aseguró que nunca la ha recibido. La concejala explicó que esa falta de documentación admite, desde la perspectiva de su grupo, dos posibilidades: “O bien que ese estudio no se está haciendo, que es lo que pensamos más probable, o bien que se está haciendo, pero que se nos está impidiendo acceder a esa información. En cualquiera de los dos casos consideramos que es una circunstancia de extrema gravedad”.
Por otro lado, la edil montillana recordó que su formación comenzó a trabajar en esta demanda durante el mandato anterior y repasó los pasos dados por su grupo entre 2021 y 2024 para que el propio Ayuntamiento de Montilla elaborase el estudio.
En ese sentido, ante la ausencia de avances, Izquierda Unida introdujo una condición en la negociación de las cuentas municipales. “A finales del año 2024, en la negociación de los presupuestos del año 2025, pusimos como condición indispensable para aprobar esos presupuestos que se hiciera el estudio de viabilidad”, apuntó ayer la edil.
A partir de ese momento, detalló la también parlamentaria andaluza, se pidió que el informe fuese elaborado desde la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Córdobesa, con el propósito de conocer las posibilidades de municipalizar el servicio de ayuda a domicilio. Rodríguez aseguró que “ese informe tardó una vida en encargarse de manera formal y, una vez que llegó al Ayuntamiento, pasó desapercibido por el equipo de gobierno”.
Según sostiene ese informe, “en un escenario de gestión directa, si se partiera de la misma estructura de personal y se mantuvieran las condiciones laborales actuales, el coste del servicio no debería experimentar variaciones significativas respecto al modelo indirecto: la estructura salarial seguiría regulada por el mismo convenio colectivo y el número de empleos sería equivalente”.
El párrafo citado ayer por Rosa Rodríguez añadía que “la principal diferencia vendría dada por la eliminación del margen empresarial incorporado a la tarifa actual, lo que permitiría tres cosas: reorientar ese margen hacia mejoras laborales, tanto en jornadas como en pluses como en formación; reforzar la estructura técnica interna; y aumentar la capacidad de supervisión pública del servicio”.
Asimismo, la concejala de IU desveló las consideraciones financieras recogidas en el documento, que sostiene que “la transición a un modelo de gestión directa puede considerarse viable, siempre que se garantice una organización técnica suficiente y un sistema presupuestario que permita absorber los costes estructurales y laborales. No se prevé una reducción de costes, pero sí una redistribución del gasto con posibilidad de reinvertir el beneficio empresarial en la mejora del empleo del servicio y del control público”.
Para Rodríguez, ese planteamiento coincide con la posición defendida por Izquierda Unida desde 2021. La edil subrayó, además, otro apartado del informe, que sostiene que “el verdadero reto se encuentra en la capacidad de organización interna y técnica, que deberá ser objeto de estudio específico en fases posteriores”.
Rosa Rodríguez aseguró ayer que las reiteradas preguntas de su grupo sobre la elaboración de este estudio específico no han obtenido por parte del equipo de gobierno una respuesta acompañada de documentación. La edil de IU resumió la respuesta del equipo de gobierno en un “estamos en ello”.
“Nunca se nos ha dado esa información más allá de generalidades y evasivas que, en la práctica, no demuestran en absoluto que se esté moviendo un dedo en este sentido”, apuntó la edil, quien recordó que “en octubre del año pasado, el entonces delegado de Servicios Sociales nos dijo que ese estudio iba a estar listo para finales del año pasado”.
Ante esta situación, Rodríguez explicó que Izquierda Unida se propuso preguntar por el estudio en todos los plenos y comisiones municipales. Y la novedad, según relató, se produjo en la última sesión plenaria, donde ocurrió algo que, desde el punto de vista de la formación, “supone una auténtica tomadura de pelo y una falta de respeto a nuestro trabajo en este Ayuntamiento”.
La concejala manifestó que su grupo volvió a preguntar directamente si el estudio se estaba elaborand y la respuesta consistió en mencionar la reforma de la Ley de Dependencia como argumento para no avanzar en el cambio de modelo. Al respecto, Rodríguez aseguró que su formación valora positivamente esa reforma y señaló que “garantiza que el Estado va a correr con el gasto del 50 por ciento de la financiación del servicio de ayuda a domicilio”, al tiempo que indicó que “al sistema de dependencia se le van a inyectar en torno a 6.200 millones de euros, de los cuales cerca de 1.000 millones van a venir para Andalucía”.
Además, sostuvo que la esencia de la reforma es el fortalecimiento de un sistema público de cuidados. Por ello, preguntó “cómo se puede usar como argumento una ley que pretende que el servicio de ayuda a domicilio, que el sistema público de cuidado sea público, para excusarse precisamente en no trabajar en la municipalización del servicio de ayuda a domicilio”.
La concejala también aludió al programa con el que el PSOE-A concurrió a las últimas elecciones autonómicas. Rodríguez leyó un apartado dedicado a reforzar el cuidado en casa, la ayuda a domicilio y la teleasistencia: “Son las trabajadoras las que sostienen el sistema. Haremos de la ayuda a domicilio un servicio público de gestión directa. Se acabó el negocio a costa de la espalda de las trabajadoras”, recogía el documento.
El programa continuaba señalando que “su esfuerzo dejará de engordar la cuenta de beneficio de una empresa privada, ni un euro público más perdido en beneficios empresariales. Con la gestión directa, todo el presupuesto irá a mejorar el servicio y condiciones laborales y salarios”. Sobre ello, Rodríguez recalcó ayer que “justo esto es lo que llevamos pidiendo desde el año 2021”.
Sobre la contestación del alcalde a este argumento, la edil relató que “lo que nos dijo fue, en resumidas palabras, que eso era para las elecciones autonómicas y que los andaluces no habían tomado como prioritaria la opción del PSOE, por lo que no podían llevar a cabo este programa”.
En ese contexto, Rodríguez planteó que “aunque es cierto que en la Junta de Andalucía no gobierna el PSOE y no puede llevar a cabo esta política, en Montilla sí que gobiernan”, por lo que preguntó que si “lo que vale para Andalucía no vale para Montilla”.
Rodríguez explicó que, desde el año 2021, IU “viene insistiendo en la necesidad de estudiar la viabilidad del cambio de gestión, de gestión indirecta a gestión directa, a través de una encomienda de gestión a la empresa municipal Atrium Ulia, para que ese servicio se preste desde lo público, ya que siempre hemos defendido y entendemos que esto supondría una mejora en la propia prestación del servicio, tanto para las personas trabajadoras como para las personas usuarias”.
En ese sentido, la representante de IU rechazó las críticas recibidas cada vez que su grupo plantea esta posibilidad. Según afirmó, “siempre se nos trata como si fuésemos un grupo municipal irresponsable, como si quisiéramos hacer esto de una manera rápida”, pero Rodríguez insistió en que su formación nunca ha pretendido adoptar una decisión sin analizar previamente sus consecuencias ni comprometer la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Montilla.
Además, la edil señaló que “somos tan pacientes que llevamos cinco años intentando que se haga ese estudio de viabilidad sin tener hasta el día de hoy ningún resultado, ninguna evidencia de que ese estudio se esté llevando a cabo”. A su juicio, “el grupo que, en todo caso, está siendo irresponsable en este asunto es el equipo de gobierno, porque no ha hecho nada en este sentido”.
Rodríguez manifestó que IU ha solicitado en numerosas ocasiones acceso a la información relacionada con ese estudio de viabilidad, pero aseguró que nunca la ha recibido. La concejala explicó que esa falta de documentación admite, desde la perspectiva de su grupo, dos posibilidades: “O bien que ese estudio no se está haciendo, que es lo que pensamos más probable, o bien que se está haciendo, pero que se nos está impidiendo acceder a esa información. En cualquiera de los dos casos consideramos que es una circunstancia de extrema gravedad”.
Por otro lado, la edil montillana recordó que su formación comenzó a trabajar en esta demanda durante el mandato anterior y repasó los pasos dados por su grupo entre 2021 y 2024 para que el propio Ayuntamiento de Montilla elaborase el estudio.
En ese sentido, ante la ausencia de avances, Izquierda Unida introdujo una condición en la negociación de las cuentas municipales. “A finales del año 2024, en la negociación de los presupuestos del año 2025, pusimos como condición indispensable para aprobar esos presupuestos que se hiciera el estudio de viabilidad”, apuntó ayer la edil.
A partir de ese momento, detalló la también parlamentaria andaluza, se pidió que el informe fuese elaborado desde la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Córdobesa, con el propósito de conocer las posibilidades de municipalizar el servicio de ayuda a domicilio. Rodríguez aseguró que “ese informe tardó una vida en encargarse de manera formal y, una vez que llegó al Ayuntamiento, pasó desapercibido por el equipo de gobierno”.
Según sostiene ese informe, “en un escenario de gestión directa, si se partiera de la misma estructura de personal y se mantuvieran las condiciones laborales actuales, el coste del servicio no debería experimentar variaciones significativas respecto al modelo indirecto: la estructura salarial seguiría regulada por el mismo convenio colectivo y el número de empleos sería equivalente”.
El párrafo citado ayer por Rosa Rodríguez añadía que “la principal diferencia vendría dada por la eliminación del margen empresarial incorporado a la tarifa actual, lo que permitiría tres cosas: reorientar ese margen hacia mejoras laborales, tanto en jornadas como en pluses como en formación; reforzar la estructura técnica interna; y aumentar la capacidad de supervisión pública del servicio”.
Asimismo, la concejala de IU desveló las consideraciones financieras recogidas en el documento, que sostiene que “la transición a un modelo de gestión directa puede considerarse viable, siempre que se garantice una organización técnica suficiente y un sistema presupuestario que permita absorber los costes estructurales y laborales. No se prevé una reducción de costes, pero sí una redistribución del gasto con posibilidad de reinvertir el beneficio empresarial en la mejora del empleo del servicio y del control público”.
Para Rodríguez, ese planteamiento coincide con la posición defendida por Izquierda Unida desde 2021. La edil subrayó, además, otro apartado del informe, que sostiene que “el verdadero reto se encuentra en la capacidad de organización interna y técnica, que deberá ser objeto de estudio específico en fases posteriores”.
Falta de respuesta
Rosa Rodríguez aseguró ayer que las reiteradas preguntas de su grupo sobre la elaboración de este estudio específico no han obtenido por parte del equipo de gobierno una respuesta acompañada de documentación. La edil de IU resumió la respuesta del equipo de gobierno en un “estamos en ello”.
“Nunca se nos ha dado esa información más allá de generalidades y evasivas que, en la práctica, no demuestran en absoluto que se esté moviendo un dedo en este sentido”, apuntó la edil, quien recordó que “en octubre del año pasado, el entonces delegado de Servicios Sociales nos dijo que ese estudio iba a estar listo para finales del año pasado”.
Ante esta situación, Rodríguez explicó que Izquierda Unida se propuso preguntar por el estudio en todos los plenos y comisiones municipales. Y la novedad, según relató, se produjo en la última sesión plenaria, donde ocurrió algo que, desde el punto de vista de la formación, “supone una auténtica tomadura de pelo y una falta de respeto a nuestro trabajo en este Ayuntamiento”.
La concejala manifestó que su grupo volvió a preguntar directamente si el estudio se estaba elaborand y la respuesta consistió en mencionar la reforma de la Ley de Dependencia como argumento para no avanzar en el cambio de modelo. Al respecto, Rodríguez aseguró que su formación valora positivamente esa reforma y señaló que “garantiza que el Estado va a correr con el gasto del 50 por ciento de la financiación del servicio de ayuda a domicilio”, al tiempo que indicó que “al sistema de dependencia se le van a inyectar en torno a 6.200 millones de euros, de los cuales cerca de 1.000 millones van a venir para Andalucía”.
Además, sostuvo que la esencia de la reforma es el fortalecimiento de un sistema público de cuidados. Por ello, preguntó “cómo se puede usar como argumento una ley que pretende que el servicio de ayuda a domicilio, que el sistema público de cuidado sea público, para excusarse precisamente en no trabajar en la municipalización del servicio de ayuda a domicilio”.
La concejala también aludió al programa con el que el PSOE-A concurrió a las últimas elecciones autonómicas. Rodríguez leyó un apartado dedicado a reforzar el cuidado en casa, la ayuda a domicilio y la teleasistencia: “Son las trabajadoras las que sostienen el sistema. Haremos de la ayuda a domicilio un servicio público de gestión directa. Se acabó el negocio a costa de la espalda de las trabajadoras”, recogía el documento.
El programa continuaba señalando que “su esfuerzo dejará de engordar la cuenta de beneficio de una empresa privada, ni un euro público más perdido en beneficios empresariales. Con la gestión directa, todo el presupuesto irá a mejorar el servicio y condiciones laborales y salarios”. Sobre ello, Rodríguez recalcó ayer que “justo esto es lo que llevamos pidiendo desde el año 2021”.
Sobre la contestación del alcalde a este argumento, la edil relató que “lo que nos dijo fue, en resumidas palabras, que eso era para las elecciones autonómicas y que los andaluces no habían tomado como prioritaria la opción del PSOE, por lo que no podían llevar a cabo este programa”.
En ese contexto, Rodríguez planteó que “aunque es cierto que en la Junta de Andalucía no gobierna el PSOE y no puede llevar a cabo esta política, en Montilla sí que gobiernan”, por lo que preguntó que si “lo que vale para Andalucía no vale para Montilla”.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
