La Fundación Social Universal (FSU) ha decidido impulsar una nueva intervención frente a la violencia de género en los distritos peruanos de Cusco, Santiago y Poroy, con financiación de la Diputación de Córdoba y de los ayuntamientos de Montilla, Montemayor, Moriles, Santaella, Nueva Carteya y La Rambla.
La situación que afronta la región de Cusco es tan dura como persistente. Según los datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables correspondientes a 2023, más del 80 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Una cifra que "estremece y que golpea con especial fuerza a las adolescentes", ya que el 72 por ciento de las víctimas pertenece a este grupo de edad.
"Muchas de ellas arrastran historias de violencia sexual, embarazos forzados, abandono escolar y ausencia de atención psicológica", explica Juan Manuel Márquez, coordinador de la FSU. Y es que, pese a los esfuerzos del Estado, las brechas siguen abiertas: un 34 por ciento de adolescentes víctimas de violencia sexual no recibe ningún tipo de atención y casi la mitad no accede a apoyo emocional, según datos del informe Joining Forces Perú de 2024.
Frente a esta realidad, la Fundación Social Universal y el Centro Guaman Poma de Ayala han decidido unir fuerzas para poner en marcha un proyecto que quiere ir más allá de la atención puntual y apostar por un cambio profundo y sostenido.
La intervención se desarrollará en los distritos de Cusco y Santiago, mientras que Poroy contará con una actuación paralela financiada por el Ayuntamiento de Montilla. Se trata, además, de un nuevo capítulo dentro de una alianza de casi tres décadas entre ambas organizaciones, marcada por el trabajo continuado con municipalidades, centros educativos y comunidades, y por su defensa constante de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.
El proyecto nace con una vocación claramente integral. La propuesta busca reforzar, al mismo tiempo, la respuesta institucional, el papel de la escuela y la implicación directa de la comunidad. La protección de las adolescentes deja de ser una declaración de intenciones para convertirse en un objetivo concreto, con herramientas, formación y compromiso local.
En ese sentido, se contempla el fortalecimiento de la gestión municipal mediante asistencia técnica para ejecutar planes operativos y diseñar de forma participativa un protocolo local de atención integral a adolescentes víctimas de violencia, con un enfoque centrado en la víctima y en el respeto a los derechos humanos.
De igual modo, se impulsará la capacitación de los funcionarios públicos en el uso del presupuesto destinado a la prevención de la violencia, con el objetivo de lograr una gestión más eficiente e inclusiva. El trabajo llegará también de forma directa a los centros educativos, donde se crearán espacios de escucha activa para detectar, prevenir y actuar ante situaciones de violencia que muchas veces permanecen ocultas.
En paralelo, se formará a comunicadores escolares que liderarán campañas de sensibilización en redes sociales, medios comunitarios y dentro de sus propios colegios, convirtiéndose en altavoces de entornos más seguros e igualitarios.
El proyecto pone el foco igualmente en el empoderamiento de mujeres lideresas, reforzando su autonomía social y económica y fortaleciendo su papel como defensoras de derechos dentro de sus comunidades. Junto a ello, se prevé el codiseño de un expediente técnico de inversión pública que permita a las municipalidades incorporar de manera sostenible acciones de prevención de la violencia, asegurando que el trabajo no se diluya con el tiempo. Todo ello irá acompañado de campañas de comunicación centradas en la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y el respeto, como bases indispensables para erradicar cualquier forma de violencia.
Uno de los pilares más destacados de esta iniciativa es el papel protagonista que se concede a las adolescentes. No son tratadas únicamente como beneficiarias, sino como agentes activas del cambio social, capaces de generar conciencia, liderar campañas y abrir caminos hacia relaciones más sanas y seguras. A su lado, las mujeres organizadas ejercerán un rol esencial en la vigilancia, la prevención y la respuesta frente a la violencia en sus territorios, tejiendo redes de apoyo que sostienen cuando todo parece romperse.
La propuesta se distingue, además, por su claro enfoque de derechos y por su apuesta por la sostenibilidad. Institucionalizar un modelo centrado en la víctima, promover la restitución de derechos y reforzar las capacidades locales permitirá que las acciones no se queden en una intervención puntual, sino que se integren como una prioridad real dentro de las agendas municipales y educativas.
Detrás de este proyecto se encuentra la Fundación Social Universal, una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por la cooperación internacional y por el compromiso constante con los colectivos más vulnerables, especialmente mujeres, niñas y adolescentes.
Hoy, más de tres décadas después de su nacimiento, la entidad vuelve a tender puentes entre continentes para afrontar una de las heridas más profundas y persistentes de la sociedad: la violencia de género. Una herida que exige respuestas firmes, cooperación sincera y, sobre todo, la implicación real de quienes habitan los territorios donde esa violencia se produce cada día.
La situación que afronta la región de Cusco es tan dura como persistente. Según los datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables correspondientes a 2023, más del 80 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Una cifra que "estremece y que golpea con especial fuerza a las adolescentes", ya que el 72 por ciento de las víctimas pertenece a este grupo de edad.
"Muchas de ellas arrastran historias de violencia sexual, embarazos forzados, abandono escolar y ausencia de atención psicológica", explica Juan Manuel Márquez, coordinador de la FSU. Y es que, pese a los esfuerzos del Estado, las brechas siguen abiertas: un 34 por ciento de adolescentes víctimas de violencia sexual no recibe ningún tipo de atención y casi la mitad no accede a apoyo emocional, según datos del informe Joining Forces Perú de 2024.
Frente a esta realidad, la Fundación Social Universal y el Centro Guaman Poma de Ayala han decidido unir fuerzas para poner en marcha un proyecto que quiere ir más allá de la atención puntual y apostar por un cambio profundo y sostenido.
La intervención se desarrollará en los distritos de Cusco y Santiago, mientras que Poroy contará con una actuación paralela financiada por el Ayuntamiento de Montilla. Se trata, además, de un nuevo capítulo dentro de una alianza de casi tres décadas entre ambas organizaciones, marcada por el trabajo continuado con municipalidades, centros educativos y comunidades, y por su defensa constante de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.
El proyecto nace con una vocación claramente integral. La propuesta busca reforzar, al mismo tiempo, la respuesta institucional, el papel de la escuela y la implicación directa de la comunidad. La protección de las adolescentes deja de ser una declaración de intenciones para convertirse en un objetivo concreto, con herramientas, formación y compromiso local.
En ese sentido, se contempla el fortalecimiento de la gestión municipal mediante asistencia técnica para ejecutar planes operativos y diseñar de forma participativa un protocolo local de atención integral a adolescentes víctimas de violencia, con un enfoque centrado en la víctima y en el respeto a los derechos humanos.
De igual modo, se impulsará la capacitación de los funcionarios públicos en el uso del presupuesto destinado a la prevención de la violencia, con el objetivo de lograr una gestión más eficiente e inclusiva. El trabajo llegará también de forma directa a los centros educativos, donde se crearán espacios de escucha activa para detectar, prevenir y actuar ante situaciones de violencia que muchas veces permanecen ocultas.
En paralelo, se formará a comunicadores escolares que liderarán campañas de sensibilización en redes sociales, medios comunitarios y dentro de sus propios colegios, convirtiéndose en altavoces de entornos más seguros e igualitarios.
El proyecto pone el foco igualmente en el empoderamiento de mujeres lideresas, reforzando su autonomía social y económica y fortaleciendo su papel como defensoras de derechos dentro de sus comunidades. Junto a ello, se prevé el codiseño de un expediente técnico de inversión pública que permita a las municipalidades incorporar de manera sostenible acciones de prevención de la violencia, asegurando que el trabajo no se diluya con el tiempo. Todo ello irá acompañado de campañas de comunicación centradas en la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y el respeto, como bases indispensables para erradicar cualquier forma de violencia.
Uno de los pilares más destacados de esta iniciativa es el papel protagonista que se concede a las adolescentes. No son tratadas únicamente como beneficiarias, sino como agentes activas del cambio social, capaces de generar conciencia, liderar campañas y abrir caminos hacia relaciones más sanas y seguras. A su lado, las mujeres organizadas ejercerán un rol esencial en la vigilancia, la prevención y la respuesta frente a la violencia en sus territorios, tejiendo redes de apoyo que sostienen cuando todo parece romperse.
La propuesta se distingue, además, por su claro enfoque de derechos y por su apuesta por la sostenibilidad. Institucionalizar un modelo centrado en la víctima, promover la restitución de derechos y reforzar las capacidades locales permitirá que las acciones no se queden en una intervención puntual, sino que se integren como una prioridad real dentro de las agendas municipales y educativas.
Detrás de este proyecto se encuentra la Fundación Social Universal, una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por la cooperación internacional y por el compromiso constante con los colectivos más vulnerables, especialmente mujeres, niñas y adolescentes.
Hoy, más de tres décadas después de su nacimiento, la entidad vuelve a tender puentes entre continentes para afrontar una de las heridas más profundas y persistentes de la sociedad: la violencia de género. Una herida que exige respuestas firmes, cooperación sincera y, sobre todo, la implicación real de quienes habitan los territorios donde esa violencia se produce cada día.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL
FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL
