La Corporación municipal del Ayuntamiento de Montilla aprobó anoche, durante el transcurso de una sesión extraordinaria, las ordenanzas fiscales que regirán durante el próximo año 2026, en un pleno marcado por el consenso político y celebrado como antesala al debate de presupuestos.
Ninguno de los grupos municipales presentes —PSOE, Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU)— votó en contra de unas medidas que introducen cambios en varios servicios municipales, actualizan tasas clave y amplían bonificaciones "con el objetivo de equilibrar las cuentas sin renunciar a la calidad de los servicios públicos".
La teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez, fue la encargada de exponer los principales ajustes, que afectan a cinco ordenanzas fiscales. Entre las novedades, destacó la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de carácter especial que pagan las plantas fotovoltaicas, que pasará de un gravamen del 0,60 al 1,30.
También se modifica el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que, después de varios años sin cambios, se adapta al banco de precios de la Junta de Andalucía. Además, amplía la bonificación para nuevas actividades empresariales que generen tres contrataciones indefinidas —en lugar de cinco, como hasta ahora—, con la intención de incentivar la creación de empleo estable en el municipio.
Otro de los puntos relevantes se centró en la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos, que aumentará un 4 por ciento para ajustarse al coste real del servicio, en cumplimiento de la Ley 7/2022. En la práctica, esto supone que una vivienda tipo pasará a abonar 84 euros anuales, frente a los 81 actuales.
Ramírez explicó que esta actualización se produce en un contexto de reducción de ingresos procedentes de Ecoembes, cifrada en más de 32.000 euros este año, debido a una menor tasa de reciclaje en la ciudad. En paralelo, se incorpora una nueva bonificación de hasta el 10 por ciento destinada a familias y empresas que acrediten en 2026 una gestión responsable de sus residuos, evaluada mediante el uso del punto limpio y del servicio gratuito de recogida de enseres a domicilio.
En la ordenanza relativa a la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, se incluye un nuevo supuesto para kioscos y puestos, con la posibilidad de establecer tasas por día para actividades temporales que hasta ahora no contaban con encaje normativo. También se ajusta la tarifa del servicio municipal de ayuda a domicilio, que quedará fijada en 16,63 euros por hora, conforme al nuevo precio de referencia establecido por la Junta de Andalucía.
El debate avanzó con la revisión del sistema tarifario del agua, que experimentará un incremento medio del 3,45 por ciento en la cuota variable —la que afecta a la mayoría de los contratos domésticos—. Se mantiene el esquema no lineal que premia el consumo responsable, de modo que los hogares con un gasto más elevado asumirán una subida superior.
Esta medida responde, según explicó la responsable municipal, a un incremento previsto del 17 por ciento en el precio del agua en alta —la que el municipio adquiere de fuentes externas—, así como a mayores costes de alcantarillado y de mejora de las infraestructuras.
Por último, dentro del bloque de precios públicos, el Pleno aprobó una actualización moderada en el Área de Deportes, centrada principalmente en las piscinas municipales de verano, con variaciones de entre 1 y 2 euros en las tarifas habituales y ajustes en los bonos de temporada.
De este modo, el bono individual subirá ligeramente, mientras que el bono familiar para cuatro personas lo hará en 4 euros, una medida orientada a mantener el equilibrio entre la sostenibilidad económica del servicio y la accesibilidad para las familias usuarias.
El debate de los tres puntos del orden del día concluyó con el respaldo generalizado de los grupos políticos. Solo el PP optó por abstenerse en el bloque inicial de ordenanzas. Desde el equipo de gobierno, Antonia Ramírez señaló que las ordenanzas “mantienen la contención fiscal, actualizan lo imprescindible para sostener servicios de calidad y adecuarse a la normativa en el tratamiento de basuras e incentivan el empleo estable y la gestión responsable de los residuos”.
Ramírez agradeció además “las aportaciones del resto de grupos políticos y el trabajo de consenso sobre los borradores tratados en la Comisión de Cuentas y el Consejo Económico y Social”, subrayando que el ajuste del precio del agua es “razonable” y gradual.
La responsable municipal de Hacienda recordó, en este sentido, que Aguas de Montilla dispone de planes de fraccionamiento del pago y de una bolsa social para familias con especiales dificultades, “con el objetivo de que ningún hogar quede sin un servicio básico como el suministro de agua”.
Desde la oposición, la portavoz del Partido Popular, María José Tejada, valoró como “acertadas” la bonificación ambiental en residuos, la actualización del ICIO y la tasa diaria en dominio público. No obstante, lamentó que no se atendieran sus propuestas de alivio fiscal y recordó “la subida del IBI en 2023 y la revisión catastral que habría supuesto unos 112.000 euros adicionales de ingresos”.
María José Tejada reclamó también al equipo de gobierno acercar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) a la media provincial y pidió “rebajar aún más los requisitos de empleo en las bonificaciones para nuevas actividades”.
Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida, María Luisa Rodas, defendió “la progresividad de las ordenanzas locales” y valoró especialmente “la subida del IBI especial a las plantas fotovoltaicas”. El grupo propuso investigar los inmuebles de confesiones religiosas exentos de IBI “que no encajen en los supuestos legales o generen beneficio económico”, con el objetivo de que contribuyan “como el resto”.
Asimismo, Rodas planteó introducir bonificaciones en el IVTM a vehículos con distintivo Cero o ECO, y reconoció la solución del equipo de gobierno ante su propuesta inicial de aplicar bonificaciones en viñedos afectados por el mildiu “al ponderar costes administrativos”.
Ninguno de los grupos municipales presentes —PSOE, Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU)— votó en contra de unas medidas que introducen cambios en varios servicios municipales, actualizan tasas clave y amplían bonificaciones "con el objetivo de equilibrar las cuentas sin renunciar a la calidad de los servicios públicos".
La teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez, fue la encargada de exponer los principales ajustes, que afectan a cinco ordenanzas fiscales. Entre las novedades, destacó la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de carácter especial que pagan las plantas fotovoltaicas, que pasará de un gravamen del 0,60 al 1,30.
También se modifica el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que, después de varios años sin cambios, se adapta al banco de precios de la Junta de Andalucía. Además, amplía la bonificación para nuevas actividades empresariales que generen tres contrataciones indefinidas —en lugar de cinco, como hasta ahora—, con la intención de incentivar la creación de empleo estable en el municipio.
Otro de los puntos relevantes se centró en la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos, que aumentará un 4 por ciento para ajustarse al coste real del servicio, en cumplimiento de la Ley 7/2022. En la práctica, esto supone que una vivienda tipo pasará a abonar 84 euros anuales, frente a los 81 actuales.
Ramírez explicó que esta actualización se produce en un contexto de reducción de ingresos procedentes de Ecoembes, cifrada en más de 32.000 euros este año, debido a una menor tasa de reciclaje en la ciudad. En paralelo, se incorpora una nueva bonificación de hasta el 10 por ciento destinada a familias y empresas que acrediten en 2026 una gestión responsable de sus residuos, evaluada mediante el uso del punto limpio y del servicio gratuito de recogida de enseres a domicilio.
En la ordenanza relativa a la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, se incluye un nuevo supuesto para kioscos y puestos, con la posibilidad de establecer tasas por día para actividades temporales que hasta ahora no contaban con encaje normativo. También se ajusta la tarifa del servicio municipal de ayuda a domicilio, que quedará fijada en 16,63 euros por hora, conforme al nuevo precio de referencia establecido por la Junta de Andalucía.
El debate avanzó con la revisión del sistema tarifario del agua, que experimentará un incremento medio del 3,45 por ciento en la cuota variable —la que afecta a la mayoría de los contratos domésticos—. Se mantiene el esquema no lineal que premia el consumo responsable, de modo que los hogares con un gasto más elevado asumirán una subida superior.
Esta medida responde, según explicó la responsable municipal, a un incremento previsto del 17 por ciento en el precio del agua en alta —la que el municipio adquiere de fuentes externas—, así como a mayores costes de alcantarillado y de mejora de las infraestructuras.
Por último, dentro del bloque de precios públicos, el Pleno aprobó una actualización moderada en el Área de Deportes, centrada principalmente en las piscinas municipales de verano, con variaciones de entre 1 y 2 euros en las tarifas habituales y ajustes en los bonos de temporada.
De este modo, el bono individual subirá ligeramente, mientras que el bono familiar para cuatro personas lo hará en 4 euros, una medida orientada a mantener el equilibrio entre la sostenibilidad económica del servicio y la accesibilidad para las familias usuarias.
El debate de los tres puntos del orden del día concluyó con el respaldo generalizado de los grupos políticos. Solo el PP optó por abstenerse en el bloque inicial de ordenanzas. Desde el equipo de gobierno, Antonia Ramírez señaló que las ordenanzas “mantienen la contención fiscal, actualizan lo imprescindible para sostener servicios de calidad y adecuarse a la normativa en el tratamiento de basuras e incentivan el empleo estable y la gestión responsable de los residuos”.
Ramírez agradeció además “las aportaciones del resto de grupos políticos y el trabajo de consenso sobre los borradores tratados en la Comisión de Cuentas y el Consejo Económico y Social”, subrayando que el ajuste del precio del agua es “razonable” y gradual.
La responsable municipal de Hacienda recordó, en este sentido, que Aguas de Montilla dispone de planes de fraccionamiento del pago y de una bolsa social para familias con especiales dificultades, “con el objetivo de que ningún hogar quede sin un servicio básico como el suministro de agua”.
Desde la oposición, la portavoz del Partido Popular, María José Tejada, valoró como “acertadas” la bonificación ambiental en residuos, la actualización del ICIO y la tasa diaria en dominio público. No obstante, lamentó que no se atendieran sus propuestas de alivio fiscal y recordó “la subida del IBI en 2023 y la revisión catastral que habría supuesto unos 112.000 euros adicionales de ingresos”.
María José Tejada reclamó también al equipo de gobierno acercar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) a la media provincial y pidió “rebajar aún más los requisitos de empleo en las bonificaciones para nuevas actividades”.
Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida, María Luisa Rodas, defendió “la progresividad de las ordenanzas locales” y valoró especialmente “la subida del IBI especial a las plantas fotovoltaicas”. El grupo propuso investigar los inmuebles de confesiones religiosas exentos de IBI “que no encajen en los supuestos legales o generen beneficio económico”, con el objetivo de que contribuyan “como el resto”.
Asimismo, Rodas planteó introducir bonificaciones en el IVTM a vehículos con distintivo Cero o ECO, y reconoció la solución del equipo de gobierno ante su propuesta inicial de aplicar bonificaciones en viñedos afectados por el mildiu “al ponderar costes administrativos”.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
