El Ayuntamiento de Montilla ha expresado su respaldo a los trabajadores de la empresa egabrense Transportes Sanitarios Sur de Córdoba (TSC), que aseguran llevar cinco meses sin cobrar sus nóminas. Gracias a una moción presentada por Izquierda Unida (IU), que recibió el apoyo unánime del resto de grupos políticos, la Corporación ha querido solidarizarse con los empleados de esta empresa a la que le fue adjudicado el servicio de transporte sanitario en el sur de la provincia de Córdoba.
"El artículo 43 de nuestra Constitución, reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que es obligación de los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios sanitarios", explicó Rosa Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal de IU.
La edil montillana recordó que "dentro de la cartera de servicios y prestaciones sanitarias de Andalucía, está el transporte sanitario, que comprende el transporte especial de personas enfermas o accidentadas en caso de una situación de urgencia que implique riesgo vital o daño irreparable para la salud y así lo ordene o determine el facultativo correspondiente".
A su vez, este servicio entra en funcionamiento cuando existe una imposibilidad física u otras causas médicas que, a juicio del facultativo, impidan o incapaciten al usuario para la utilización de un medio ordinario de transporte para desplazarse a un centro sanitario o a su domicilio, tras recibir la atención sanitaria correspondiente.
"El transporte sanitario es un pilar básico y fundamental para un sistema sanitario que cubra todas las necesidades de la población", destacó Rosa Rodríguez, quien hizo hincapié en que las autoridades deben "velar para que se preste una cobertura adecuada a las personas que lo necesiten".
La portavoz de IU explicó que, a excepción del Hospital Comarcal de Montilla y del Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) de Puente Genil, todos los traslados de pacientes, tanto de urgencia como programados, son realizados por el Grupo Servicios Socio Sanitarios Generales (SSG).
"Pero en los hospitales de Montilla y Puente Genil la situación es más complicada", aseveró la edil de IU, quien detalló que, en ambos centros, el servicio de ambulancia es llevado a cabo por dos empresas: SSG –que se encarga de los traslados urgentes– y TSC –que se encarga de los servicios programados–.
Tal y como denunció Rosa Rodríguez, "desde hace año y medio aproximadamente, la empresa Transportes Sanitarios Sur de Córdoba empezó a incumplir su obligación de pago con los trabajadores, empezando, en principio, a retrasarse en el día de pago y, luego, a ir disminuyendo las cantidades debidas, generando así atrasos" que, según los trabajadores, equivalen a cinco mensualidades íntegras.
En los últimos días, los trabajadores de la empresa –que a las 12.00 del mediodía de hoy celebrarán una concentración a las puertas del centro sanitario de La Retamosa– han convocado una huelga indefinida hasta que esta situación se resuelva y han denunciado, además del impago de sus salarios, otras "irregularidades" que, a su juicio, "impiden el correcto desempeño de su trabajo" y, en consecuencia, "redundan negativamente en la prestación del servicio", lo cual, aseguran, "incide directamente en las personas usuarias".
Además del pago de las cantidades adeudadas, los trabajadores de TSC reclaman la aplicación, con carácter inmediato, de las subidas salariales desde el año 2023 y el adecentamiento de los lugares habilitados para el descanso del personal.
Al respecto, los empleados vienen denunciando desde hace meses el incumplimiento en la proporción de ropa de trabajo, la insuficiencia de material con el que deben trabajar e, incluso, la presencia de extintores caducados en los vehículos.
Por otro lado, tal y como desveló Rosa Rodríguez durante el pleno de la Corporación municipal, los trabajadores aseguran que se están utilizando las ambulancias adscritas a los hospitales de Montilla y Puente Genil para llevar a cabo servicios privados que la empresa adjudicataria tiene con otras entidades.
"Todas estas situaciones deberían ser investigadas y, en su caso, sancionadas por la Junta de Andalucía, como entidad responsable de la gestión sanitaria en nuestra tierra", demandó la portavoz de IU, cuya moción –que fue ratificada por el equipo de gobierno del PSOE y por el Partido Popular (PP)– insta al Gobierno andaluz a poner en marcha una comisión de investigación para "aclarar la certeza de las situaciones denunciadas" por la plantilla de TSC.
De igual modo, el Consistorio montillano defiende la necesidad de "garantizar que existan las medios materiales y humanos pertinentes para una correcta prestación del servicio de transportes sanitarios por carretera en todas sus modalidades", con el objetivo de "no poner en riesgo innecesario la salud de las personas". Además de exigir a las empresas adjudicatarias del servicio el cumplimiento de la normativa de seguridad y de Prevención de Riesgos Laborales, la moción de IU insta a la Junta de Andalucía a "asegurarse de que los vehículos cumplen con la normativa vigente" y de que "son objeto de las pertinentes revisiones técnicas".
Rosa Rodríguez insistió en la necesidad de que el Ejecutivo autonómico "haga cumplir a las empresas con sus obligaciones para con los trabajadores" y que "se asegure de que estas empresas velan y respetan los derechos de las personas trabajadoras".
Por último, la moción que ratificó el Pleno del Ayuntamiento de Montilla reclama a la Junta que active los "pertinentes sistemas sancionadores" contra la empresa "en caso de incumplimiento de sus obligaciones", para evitar que pueda volver a licitar en futuros procesos de adjudicación.
"El artículo 43 de nuestra Constitución, reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que es obligación de los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios sanitarios", explicó Rosa Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal de IU.
La edil montillana recordó que "dentro de la cartera de servicios y prestaciones sanitarias de Andalucía, está el transporte sanitario, que comprende el transporte especial de personas enfermas o accidentadas en caso de una situación de urgencia que implique riesgo vital o daño irreparable para la salud y así lo ordene o determine el facultativo correspondiente".
A su vez, este servicio entra en funcionamiento cuando existe una imposibilidad física u otras causas médicas que, a juicio del facultativo, impidan o incapaciten al usuario para la utilización de un medio ordinario de transporte para desplazarse a un centro sanitario o a su domicilio, tras recibir la atención sanitaria correspondiente.
"El transporte sanitario es un pilar básico y fundamental para un sistema sanitario que cubra todas las necesidades de la población", destacó Rosa Rodríguez, quien hizo hincapié en que las autoridades deben "velar para que se preste una cobertura adecuada a las personas que lo necesiten".
La portavoz de IU explicó que, a excepción del Hospital Comarcal de Montilla y del Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) de Puente Genil, todos los traslados de pacientes, tanto de urgencia como programados, son realizados por el Grupo Servicios Socio Sanitarios Generales (SSG).
"Pero en los hospitales de Montilla y Puente Genil la situación es más complicada", aseveró la edil de IU, quien detalló que, en ambos centros, el servicio de ambulancia es llevado a cabo por dos empresas: SSG –que se encarga de los traslados urgentes– y TSC –que se encarga de los servicios programados–.
Tal y como denunció Rosa Rodríguez, "desde hace año y medio aproximadamente, la empresa Transportes Sanitarios Sur de Córdoba empezó a incumplir su obligación de pago con los trabajadores, empezando, en principio, a retrasarse en el día de pago y, luego, a ir disminuyendo las cantidades debidas, generando así atrasos" que, según los trabajadores, equivalen a cinco mensualidades íntegras.
En los últimos días, los trabajadores de la empresa –que a las 12.00 del mediodía de hoy celebrarán una concentración a las puertas del centro sanitario de La Retamosa– han convocado una huelga indefinida hasta que esta situación se resuelva y han denunciado, además del impago de sus salarios, otras "irregularidades" que, a su juicio, "impiden el correcto desempeño de su trabajo" y, en consecuencia, "redundan negativamente en la prestación del servicio", lo cual, aseguran, "incide directamente en las personas usuarias".
Además del pago de las cantidades adeudadas, los trabajadores de TSC reclaman la aplicación, con carácter inmediato, de las subidas salariales desde el año 2023 y el adecentamiento de los lugares habilitados para el descanso del personal.
Al respecto, los empleados vienen denunciando desde hace meses el incumplimiento en la proporción de ropa de trabajo, la insuficiencia de material con el que deben trabajar e, incluso, la presencia de extintores caducados en los vehículos.
Por otro lado, tal y como desveló Rosa Rodríguez durante el pleno de la Corporación municipal, los trabajadores aseguran que se están utilizando las ambulancias adscritas a los hospitales de Montilla y Puente Genil para llevar a cabo servicios privados que la empresa adjudicataria tiene con otras entidades.
"Todas estas situaciones deberían ser investigadas y, en su caso, sancionadas por la Junta de Andalucía, como entidad responsable de la gestión sanitaria en nuestra tierra", demandó la portavoz de IU, cuya moción –que fue ratificada por el equipo de gobierno del PSOE y por el Partido Popular (PP)– insta al Gobierno andaluz a poner en marcha una comisión de investigación para "aclarar la certeza de las situaciones denunciadas" por la plantilla de TSC.
De igual modo, el Consistorio montillano defiende la necesidad de "garantizar que existan las medios materiales y humanos pertinentes para una correcta prestación del servicio de transportes sanitarios por carretera en todas sus modalidades", con el objetivo de "no poner en riesgo innecesario la salud de las personas". Además de exigir a las empresas adjudicatarias del servicio el cumplimiento de la normativa de seguridad y de Prevención de Riesgos Laborales, la moción de IU insta a la Junta de Andalucía a "asegurarse de que los vehículos cumplen con la normativa vigente" y de que "son objeto de las pertinentes revisiones técnicas".
Rosa Rodríguez insistió en la necesidad de que el Ejecutivo autonómico "haga cumplir a las empresas con sus obligaciones para con los trabajadores" y que "se asegure de que estas empresas velan y respetan los derechos de las personas trabajadoras".
Por último, la moción que ratificó el Pleno del Ayuntamiento de Montilla reclama a la Junta que active los "pertinentes sistemas sancionadores" contra la empresa "en caso de incumplimiento de sus obligaciones", para evitar que pueda volver a licitar en futuros procesos de adjudicación.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
