La Fundación Social Universal (FSU), una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo, propiciará alimentación saludable en una docena de escuelas rurales de Bolivia, gracias al respaldo económico del Ayuntamiento de Córdoba.
De este modo, el alumnado de 13 escuelas rurales del distrito boliviano de Sopachuy accederán a una alimentación escolar adecuada en entornos saludables con la implicación de las entidades públicas y de la sociedad civil, comprometidas con el derecho a una alimentación sana.
El proyecto, iniciado el pasado mes de junio, estará en marcha durante los dos próximos años con un presupuesto total que supera los 123.000 euros,de los que más de 65.000 euros han sido aportados por el Ayuntamiento de Córdoba a través de una subvención. "En Bolivia, la alimentación escolar es responsabilidad de los gobiernos municipales y se desarrolla en diversas formas en función de la voluntad política y de las posibilidades económicas, y en muchos casos, del apoyo técnico y económico recibido de las oenegés y organismos de cooperación", explicó el cooordinador de la FSU, Juan Manuel Márquez.
Los estudios realizados sobre la implementación de la Alimentación Complementaria Escolar (ACE) han desvelado diversos problemas como la deficiente cobertura efectiva de desayuno –que no se daba todos los días de la semana o durante toda la gestión escolar, o solo se atendía al nivel primario–, la escasa sostenibilidad del programa debido a la falta de recursos económicos y la insuficiente asignación de los mismos, la falta de higiene en la preparación de los alimentos, la poca variedad de los menús o la baja calidad nutritiva de los alimentos.
A la par, también se identificaron importantes aportes del programa como su contribución a la asistencia regular a la escuela y a la disminución de la deserción escolar, la mejora del estado nutricional de niños y niñas y la reducción de las anemias en la población escolar y, en consecuencia, el mejor aprovechamiento escolar.
A su vez, los estudios defendieron la necesidad de propiciar el fortalecimiento organizativo de la comunidad en torno a la alimentación escolar, la implementación de iniciativas de salud escolar y la inclusión de temas sobre nutrición e higiene en el currículo escolar, así como la promoción y desarrollo de iniciativas y emprendimientos productivos locales dirigidos a la dotación de raciones alimentarias para el desayuno escolar.
"Con la presencia de la pandemia, se han producido algunos inconvenientes a nivel de la organización e implementación de la alimentación escolar en el territorio, como la discontinuidad en la dotación de la alimentación escolar a niñas y niños en el municipio", reconoció Juan Manuel Márquez, quien también apuntó a "la escasa claridad de las autoridades responsables de la ACE para su implementación" y a la "poca o nula participación de las organizaciones sociales durante la gestión de la ACE".
"A nivel familiar, la presencia del covid-19 ha provocado mayor vulnerabilidad y aumento de la inseguridad alimentaria, incremento de la migración de los hombres adultos a las ciudades en busca de trabajo e ingresos y la consecuente disgregación de los hogares, entre otros", destacó el coordinador de la FSU.
En base a las recomendaciones y aprendizajes en torno a aspectos económicos, sociales, culturales, tecnológicos y políticos de la gestión de la ACE derivadas de la pasada intervención realizada en el vecino municipio de Tomina, la FSU intervendrá ahora en 13 escuelas rurales del municipio de Sopachuy, que se encuentra a 190 kilómetros de la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia.
Según el diagnóstico realizado por la oenegé Promotores Agropecuarios, la alimentación de la población del área rural de este municipio se basa principalmente en carbohidratos derivados del consumo de papa, maíz y trigo, producidos en predios familiares, "lo que provoca que la población sufra de problemas intestinales, disponga de bajas defensas, muchas dificultades de aprendizaje, cansancio, fatiga o problemas de crecimiento".
"La problemática que se pretende resolver con el proyecto está referida a la alta permeabilidad y riesgo de los derechos de niños y jóvenes indígenas para el acceso permanente a una adecuada alimentación complementaria y a la salud, lo que contribuye a los altos niveles de desnutrición e inseguridad alimentaria de la población estudiantil, incrementada por la presencia del covid-19", explicó Juan Manuel Márquez.
La población beneficiaria directa del proyecto la conforman 885 personas, 560 estudiantes de primaria y secundaria de 13 escuelas rurales, 286 hombres y mujeres, padres y madres de familias de estudiantes y 39 representantes de los consejos educativos de las escuelas rurales.
De este modo, el alumnado de 13 escuelas rurales del distrito boliviano de Sopachuy accederán a una alimentación escolar adecuada en entornos saludables con la implicación de las entidades públicas y de la sociedad civil, comprometidas con el derecho a una alimentación sana.
El proyecto, iniciado el pasado mes de junio, estará en marcha durante los dos próximos años con un presupuesto total que supera los 123.000 euros,de los que más de 65.000 euros han sido aportados por el Ayuntamiento de Córdoba a través de una subvención. "En Bolivia, la alimentación escolar es responsabilidad de los gobiernos municipales y se desarrolla en diversas formas en función de la voluntad política y de las posibilidades económicas, y en muchos casos, del apoyo técnico y económico recibido de las oenegés y organismos de cooperación", explicó el cooordinador de la FSU, Juan Manuel Márquez.
Los estudios realizados sobre la implementación de la Alimentación Complementaria Escolar (ACE) han desvelado diversos problemas como la deficiente cobertura efectiva de desayuno –que no se daba todos los días de la semana o durante toda la gestión escolar, o solo se atendía al nivel primario–, la escasa sostenibilidad del programa debido a la falta de recursos económicos y la insuficiente asignación de los mismos, la falta de higiene en la preparación de los alimentos, la poca variedad de los menús o la baja calidad nutritiva de los alimentos.
A la par, también se identificaron importantes aportes del programa como su contribución a la asistencia regular a la escuela y a la disminución de la deserción escolar, la mejora del estado nutricional de niños y niñas y la reducción de las anemias en la población escolar y, en consecuencia, el mejor aprovechamiento escolar.
A su vez, los estudios defendieron la necesidad de propiciar el fortalecimiento organizativo de la comunidad en torno a la alimentación escolar, la implementación de iniciativas de salud escolar y la inclusión de temas sobre nutrición e higiene en el currículo escolar, así como la promoción y desarrollo de iniciativas y emprendimientos productivos locales dirigidos a la dotación de raciones alimentarias para el desayuno escolar.
"Con la presencia de la pandemia, se han producido algunos inconvenientes a nivel de la organización e implementación de la alimentación escolar en el territorio, como la discontinuidad en la dotación de la alimentación escolar a niñas y niños en el municipio", reconoció Juan Manuel Márquez, quien también apuntó a "la escasa claridad de las autoridades responsables de la ACE para su implementación" y a la "poca o nula participación de las organizaciones sociales durante la gestión de la ACE".
"A nivel familiar, la presencia del covid-19 ha provocado mayor vulnerabilidad y aumento de la inseguridad alimentaria, incremento de la migración de los hombres adultos a las ciudades en busca de trabajo e ingresos y la consecuente disgregación de los hogares, entre otros", destacó el coordinador de la FSU.
En base a las recomendaciones y aprendizajes en torno a aspectos económicos, sociales, culturales, tecnológicos y políticos de la gestión de la ACE derivadas de la pasada intervención realizada en el vecino municipio de Tomina, la FSU intervendrá ahora en 13 escuelas rurales del municipio de Sopachuy, que se encuentra a 190 kilómetros de la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia.
Según el diagnóstico realizado por la oenegé Promotores Agropecuarios, la alimentación de la población del área rural de este municipio se basa principalmente en carbohidratos derivados del consumo de papa, maíz y trigo, producidos en predios familiares, "lo que provoca que la población sufra de problemas intestinales, disponga de bajas defensas, muchas dificultades de aprendizaje, cansancio, fatiga o problemas de crecimiento".
"La problemática que se pretende resolver con el proyecto está referida a la alta permeabilidad y riesgo de los derechos de niños y jóvenes indígenas para el acceso permanente a una adecuada alimentación complementaria y a la salud, lo que contribuye a los altos niveles de desnutrición e inseguridad alimentaria de la población estudiantil, incrementada por la presencia del covid-19", explicó Juan Manuel Márquez.
Más de medio millar de beneficiarios directos
El proyecto pretende lograr que 560 niñas, niños y jóvenes indígenas estudiantes ejerzan su derecho a una adecuada alimentación y salud en entornos saludables en tiempos de pandemia y pospandemia. Las principales entidades implicadas en la ejecución de las actividades serán Promotores Agropecuarios, el Gobierno municipal, el sistema educativo, el servicio de salud, los concejos educativos de padres y madres de familia, el estudiantado y la Fundación Social Universal, además de una instancia público-privada denominada "Comité de la ACE".
La población beneficiaria directa del proyecto la conforman 885 personas, 560 estudiantes de primaria y secundaria de 13 escuelas rurales, 286 hombres y mujeres, padres y madres de familias de estudiantes y 39 representantes de los consejos educativos de las escuelas rurales.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
