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9 de diciembre de 2021

  • 9.12.21
Tres de los cuatro concejales del Grupo Municipal del Partido Popular sobre los que el pasado mes de septiembre se inició un expediente sancionador –Cristina Alguacil, Francisco Delgado y Ana Belén Feria– dan por concluido el proceso una vez que, superado el plazo de dos meses recogido en los estatutos del partido, el Comité de Derechos y Garantías del PP Andaluz no se ha pronunciado sobre una posible sanción. Una lectura que no es compartida por la dirección del PP en Montilla, ni en Córdoba, donde señalan que el proceso sigue "abierto".


A través de un comunicado –del que se ha desvinculado la cuarta concejal expedientada, Celia Sánchez–, los ediles aseguran que la presidenta del PP en Montilla, Auxiliadora Moreno, ha actuado "malintencionadamente" con la apertura del expediente sancionador, iniciado a raíz de la solicitud de cambio en la portavocía del grupo, una responsabilidad que, entonces, ostentaba el edil Francisco Javier Alférez, a favor de Francisco Delgado.

"Nos limitamos a cumplir las directrices marcadas desde el propio partido tras la salida el pasado mes de noviembre de 2020 de Inmaculada Luque, cuando renunció a su acta de concejal, y fuese la Dirección Provincial la que, en ese momento, impusiera el nombrar Javier Alférez como portavoz del grupo con carácter accidental y provisional", aseguran los tres concejales, a la vez que sostienen que se acordó mantener dicha situación "hasta que estuviese el grupo al completo y se decidiese entre todos los componentes la designación del nuevo portavoz".

En este sentido, los ediles señalan que dicho acuerdo era conocido por la dirección y la junta local del PP en Montilla, si bien recuerdan que hasta la fecha, el cambio en la portavocía se ha venido realizando por parte del Grupo Municipal, por lo que "nunca la Junta Local de Montilla ha sido la encargada de designar portavoz".

Por todo ello, los tres concejales acusan a la presidenta del PP de Montilla de "actuar malintencionadamente" al comunicar directamente a la prensa la solicitud del expediente sancionador sin comunicación previa a los afectados con el objetivo de "para dañar y forzar la salida a toda costa de estos cuatro concejales que conformamos el grupo municipal, saltándose el principio del Artículo 50 de los Estatutos del Partido Popular donde determina que se instruyan y resuelvan los procedimientos disciplinarios en el orden interno". 

"Se nos acusó de una manifiesta deslealtad, aún siendo conocedores tanto la presidenta local como la dirección provincial, que el cambio de portavoz, se realizó de la misma forma que en anteriores ocasiones", aseguran. 

Por otro lado, los ediles expedientados explican que, "obligados" por la situación, han querido dar a conocer que la única razón por la que se decidió el cese de Javier Alférez como portavoz del Grupo Municipal Popular no atiende a otra razón que el interés general del partido por "la imagen de poco trabajo como oposición, motivado por la dejadez de funciones, desde su nombramiento como portavoz".

"La situación del Partido Popular de Montilla ha ido a la deriva en los últimos meses en los que más que trabajar por Montilla y los montillanos, la nueva presidenta local ha puesto todo su esfuerzo en quererse cobrar una revancha del pasado y convertir el Partido Popular de Montilla en un campo de batalla", sostienen los ediles en su comunicado, a la vez que aseguran que en seis meses "no tiene ni un solo argumento para el descrédito y falta de respeto que ha cometido hacia estas cuatro personas".

Finalmente, Cristina Alguacil, Francisco Delgado y Ana Belén Feria han trasladado su "tremenda decepción y rechazo hacia los responsables que han permitido que la marca PP en Montilla se vea envuelta públicamente en conflictos y diferencias, hecho que consintió la Dirección Provincial", a la vez que reiteran su voluntad de "seguir trabajando por Montilla y los montillanos, conforme al compromiso que adquirimos las pasadas elecciones municipales".

Proceso abierto

Por su parte, fuentes de la Dirección Provincial del PP aseguran que el proceso sobre el expediente sancionador continúa abierto, si bien deberá hacer pública una resolución antes del próximo 22 de diciembre, fecha en la que, sostienen, finaliza el plazo según el reglamento del partido.

Asimismo, las mismas fuentes han señalado que el próximo sábado 11 de diciembre tendrá lugar una junta directiva a nivel andaluz en la que, entre otros asuntos, se designará a los nuevos componentes del Comité de Derechos y Garantías del PP Andaluz, con algunos de sus miembros pendientes de renovar. "Esta situación no cambia ni suspende la instrucción abierta y en breve se conocerá la resolución", sostienen.
 
I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

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