Varias decenas de personas participaron ayer por la tarde en la manifestación convocada por la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) para exigir mejoras laborales para la plantilla del Servicio de Atención a Domicilio (SAD), actualmente gestionado por la empresa Monsecor. Desde el sindicato reclaman la aplicación del convenio marco estatal que, según señalan, se incumple en aspectos como la aplicación de la bolsa de horas, el cobro de pluses o el bloqueo del comité de Seguridad y Salud. Acusaciones que desde la dirección de la empresa rechazan.
"No queremos más abusos, queremos que Monsecor cumpla con lo que estipula la ley y aplique el séptimo convenio marco estatal, no vulnerando nuestros derechos como trabajadoras", destacó Gloria Ramírez, presidenta del comité por CTA, durante la lectura de un manifiesto en la Plaza de la Rosa al cierre de la movilización celebrada desde la plaza Dolores Ibárruri.
Asimismo, desde CTA reclamaron al alcalde de Montilla, Rafael Llamas, un "compromiso formal para estudiar la viabilidad de la municipalización del servicio". "La atención a domicilio es un servicio público que debe ser gestionado desde lo público, porque se trata de un servicio financiado con recursos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento", indicó Ramírez, quien apuntó a futuras movilizaciones "si siguen sin escucharnos".
Por su parte, desde la empresa Monsecor se ha rechazado desde el inicio de este conflicto –a finales de 2018– las acusaciones sobre su negativa para aplicar el convenio marco, y apuntan "que "hay sentencias judiciales que corroboran que se está cumpliendo con el convenio en su totalidad".
"Los juzgados han corroborado que se está aplicando correctamente el convenio, sobre todo en lo que respecta a la jornada laboral. Además, estamos siendo flexibles a las necesidades de las trabajadoras en lo que respecta a la bolsa de horas, dándoselo en tiempo de descanso, por lo que rechazamos las acusaciones de CTA en su totalidad", ha señalado Aurora Requena, gerente de Monsecor, a Montilla Digital, a la vez que ha indicado que el comité de Seguridad y Salud estaba previsto para esta mañana.
Monsecor obtuvo en 2018 la mejor puntuación en el proceso de adjudicación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, al que el Ayuntamiento de Montilla destina anualmente una partida de 1,8 millones de euros. Una adjudicación que se realizó por un plazo de dos años, si bien la empresa podría continuar con la prestación del mismo por un plazo máximo de cuatro, dado que se permite prorrogar la concesión por dos años más.
Una "mala imagen" del SAD
Las reivindicaciones planteadas por las representantes del CTA en el comité de empresa en los últimos años ha derivado en un ambiente de "malestar" entre las trabajadoras de SAD, según ha trasladado a Montilla Digital una de las representantes del grupo de empleadas no sindicadas, Eva Silas, quien ha señalado que la postura planteada por las compañeras de CTA "está dando una imagen de desunión de la plantilla que genera incertidumbre entre los propios usuarios del servicio sobre cómo puede afectarles".
"No es cierto que la empresa se niegue a sentarse para negociar, pues en todo momento se han recogido sus reivindicaciones, aplicándose de forma gradual, pero no hay intención por parte de CTA de llegar a ningún acuerdo porque su único objetivo es la municipalización del servicio", ha apuntado Silas, a la vez que lamenta que el conflicto "se está judicializando en nombre de todas las trabajadoras cuando realmente no se informa de qué acciones están llevando a cabo".
"No queremos más abusos, queremos que Monsecor cumpla con lo que estipula la ley y aplique el séptimo convenio marco estatal, no vulnerando nuestros derechos como trabajadoras", destacó Gloria Ramírez, presidenta del comité por CTA, durante la lectura de un manifiesto en la Plaza de la Rosa al cierre de la movilización celebrada desde la plaza Dolores Ibárruri.
Asimismo, desde CTA reclamaron al alcalde de Montilla, Rafael Llamas, un "compromiso formal para estudiar la viabilidad de la municipalización del servicio". "La atención a domicilio es un servicio público que debe ser gestionado desde lo público, porque se trata de un servicio financiado con recursos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento", indicó Ramírez, quien apuntó a futuras movilizaciones "si siguen sin escucharnos".
Por su parte, desde la empresa Monsecor se ha rechazado desde el inicio de este conflicto –a finales de 2018– las acusaciones sobre su negativa para aplicar el convenio marco, y apuntan "que "hay sentencias judiciales que corroboran que se está cumpliendo con el convenio en su totalidad".
"Los juzgados han corroborado que se está aplicando correctamente el convenio, sobre todo en lo que respecta a la jornada laboral. Además, estamos siendo flexibles a las necesidades de las trabajadoras en lo que respecta a la bolsa de horas, dándoselo en tiempo de descanso, por lo que rechazamos las acusaciones de CTA en su totalidad", ha señalado Aurora Requena, gerente de Monsecor, a Montilla Digital, a la vez que ha indicado que el comité de Seguridad y Salud estaba previsto para esta mañana.
Monsecor obtuvo en 2018 la mejor puntuación en el proceso de adjudicación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, al que el Ayuntamiento de Montilla destina anualmente una partida de 1,8 millones de euros. Una adjudicación que se realizó por un plazo de dos años, si bien la empresa podría continuar con la prestación del mismo por un plazo máximo de cuatro, dado que se permite prorrogar la concesión por dos años más.
Una "mala imagen" del SAD
Las reivindicaciones planteadas por las representantes del CTA en el comité de empresa en los últimos años ha derivado en un ambiente de "malestar" entre las trabajadoras de SAD, según ha trasladado a Montilla Digital una de las representantes del grupo de empleadas no sindicadas, Eva Silas, quien ha señalado que la postura planteada por las compañeras de CTA "está dando una imagen de desunión de la plantilla que genera incertidumbre entre los propios usuarios del servicio sobre cómo puede afectarles".
"No es cierto que la empresa se niegue a sentarse para negociar, pues en todo momento se han recogido sus reivindicaciones, aplicándose de forma gradual, pero no hay intención por parte de CTA de llegar a ningún acuerdo porque su único objetivo es la municipalización del servicio", ha apuntado Silas, a la vez que lamenta que el conflicto "se está judicializando en nombre de todas las trabajadoras cuando realmente no se informa de qué acciones están llevando a cabo".
I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
