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8 de noviembre de 2020

  • 8.11.20
Ha transcurrido más de un año y aún suenan los ecos de la muerte de María José Carrasco. Fue el 3 de abril de 2019 cuando su marido, ante la petición constante de María José, le dio a beber pentotal sódico para finalizar una vida de treinta años marcados por el dolor generado por la esclerosis múltiple. Ambos sabían que la tan ansiada ley que regulara la eutanasia tardaría en llegar, por lo que decidieron acabar con este insoportable sufrimiento.


Sería un hito que siguió al famoso caso de Ramón Sampedro, cuya vida fue llevada al cine en la película Mar adentro, dirigida por Alejandro Amenábar. Exactamente, al igual que María José, soportó otros treinta años inmovilizado en una cama. Tras una interminable lucha por conseguir el derecho a una muerte digna, llevando su demanda jurídica hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y viendo que no llegaba a prosperar, en enero de 1998, en secreto y asistido por una mano amiga, decidió poner fin a esa vida que no deseaba.

Fueron casos que conmovieron a nuestro país y supusieron un profundo debate sobre el derecho a morir cuando ya la vida no ofrece más alternativa que el deterioro físico implacable y el sufrimiento. 

En nuestro país, el apoyo social a la aprobación de una ley que regule el derecho de las personas a morir evitando sufrimientos innecesarios es muy alto. La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) lo sitúa en el 87 por ciento de la población, ya que se considera que un enfermo incurable debe tener la posibilidad de solicitar que los médicos le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor. Dentro de ese porcentaje, se encuentra el 59 por ciento que se considera católico. 

Dado que la propuesta de ley sobre la regulación de la eutanasia sigue adelante, después de que el 10 de septiembre en el Congreso se rechazaran las enmiendas a la totalidad presentadas por partidos de la oposición (Partido Popular y Vox), me ha parecido oportuno entrevistar a Gabriel Sánchez Bellón, profesor jubilado de Geografía e Historia, miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente, un veterano de muchas luchas sociales.

Con Gabriel quedé citado en una cafetería céntrica de Córdoba, bastante tranquila, para que pudiera darnos una visión sobre la situación en la que se encuentra el proyecto que regularía la eutanasia en nuestro país. Una vez finalizada la entrevista, regreso a casa con el fin de transcribir los aspectos esenciales de la charla, y que a continuación expongo.


—Antes de que nos expliques los aspectos sociales y legales sobre la eutanasia, me parece oportuno que nos cuentes las razones personales que te hicieron defender esta causa y te impulsaron a la incorporación en la asociación DMD como miembro activo.

—En mi caso, te puedo decir que la toma de conciencia del derecho a la eutanasia se debe a la experiencia que tengo relacionada con una persona muy cercana y conocer directamente los terribles efectos resultados de una enfermedad neurodegenerativa. Esta situación, lógicamente, te induce a reflexionar y a ser consciente de que, en última instancia, la vida nos pertenece a cada uno, por lo que debemos tener regulado el derecho a ponerle fin cuando consideremos que el sufrimiento ya no nos parece acorde con nuestro concepto de dignidad humana.

Con respecto a mi incorporación a DMD, te indicaría que se produjo a principios de este nuevo siglo. Posteriormente, en el año 2011, firmé mi testamento vital, hecho al que concedo gran importancia y que aconsejaría a la gente que lo realizara con tiempo. Posteriormente, hace unos cuatro años, pasé a ser miembro activo a raíz de la visita del doctor Luis Montes a Córdoba para dar una conferencia. A partir de ese acto, conocí a otras personas del grupo local de DMD, lo que me animó a involucrarme en las actividades de la asociación.

—Algo que me llama mucho la atención es que, incluso, en medio de la pandemia en la que vivimos, a la gente le cuesta hablar con cierta tranquilidad sobre la muerte, como si la finalización de la vida fuera cosa de los demás. Me gustaría saber, Gabriel, la opinión que tienes sobre este tema crucial del que habitualmente se evita hablar.

—Cierto que la gente no desea hablar de esta cuestión; sin embargo, cuando lo tratas con seriedad y respeto se suele prestar atención, por lo que se acaba reflexionando sobre el hecho de morir y sobre las condiciones a las que se llega en el final de la vida. Como ejemplo personal, te puedo indicar que ha sido muy positivo el trabajo que he realizado con estudiantes de institutos que, en teoría, estarían más alejados del tema y, sin embargo, acaban entendiendo en gran medida este problema.

Te puedo indicar, por otro lado, que considero importante el hecho de que haya muchas personas estén de acuerdo con la eutanasia y el suicidio asistido; no obstante, creo que es más relevante aún el que se realice el testamento vital, ya que se suele aplazar indefinidamente por distintas razones. El firmarlo te garantiza unas condiciones de seguridad que más adelante es posible que no puedas tener.

De todos modos, y relacionado con lo que estamos comentando, creo que algo decisivo ante la posible Ley de Eutanasia es haber vivido la experiencia de una muerte lenta y dolorosa de un familiar, puesto que te hace cambiar la perspectiva que habitualmente se tiene sobre la muerte. Y esto se ve acentuado cuando no hay suficientes unidades de Cuidados Paliativos.

Por cierto, no debe contraponerse cuidados paliativos con eutanasia. Los primeros alivian el dolor, aunque eso pueda adelantar la muerte, pero no hay voluntad de provocarla, y están ya reconocidos legalmente. En cambio, en la eutanasia sí hay voluntad de dar la muerte a una persona que la ha pedido libremente; o bien prescribir un fármaco que esa persona toma por sí sola para morir (suicidio asistido).

—Sobre este tema ya escribí hace algunos meses indicando que ya son varios los países que han legalizado la eutanasia, caso de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Colombia, al tiempo que el suicidio médicamente asistido está reconocido en Suiza. Y esto se está extendiendo, con más o menos limitaciones: Alemania, Japón, Canadá y Estados Unidos (en los estados de Oregón, Colorado, Washington D. C., Montana, Vermont y California). Háblanos ahora un poco de la asociación Derecho a Morir Dignamente, así como de los principales objetivos que se marca.

—Nuestra asociación fue creada en 1984 por un grupo de personas que pretendían participar el debate público sobre el derecho de toda persona a disponer, libre y autónomamente, de todos los aspectos de su existencia, lo que incluye necesariamente su proceso final como es la muerte. Es una organización sin ánimo de lucro, que se financia por las cuotas de sus socios.

Para no extenderme en exceso, quiero indicar que los tres grandes objetivos que nos marcamos están relacionados con los siguientes derechos: 

a) El de cada persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir de manera libre y legal el momento y los medios para ponerle fin. 

b) Otros como pueden ser la información clínica; el poder rechazar un tratamiento y que se respete esa decisión; el evitar situaciones inhumanas o degradantes, recurriendo a la sedación paliativa (morir durmiendo) si esa es su voluntad.

c) El de la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido para enfermos avanzados que libremente deseen liberarse de un sufrimiento que viven como intolerable.

—Para cerrar este encuentro, me gustaría que me indicaras si en vuestra asociación estáis de acuerdo con el proyecto que se ha presentado en el Parlamento o mostráis discrepancias con él.

—Nuestra asociación apoya este proyecto, que es un gran paso adelante, pero ha elaborado varias enmiendas que, a nuestro parecer, deberían modificarlo, pues es mejorable. Estas serían: 

a) El proyecto introduce la autorización previa a la prestación de la ayuda a morir, cuestión que no existe en los países que tienen leyes de eutanasia, caso de Bélgica o Países Bajos, ya que allí basta la decisión de dos médicos, que son los que envían el informe posterior a la Comisión de Control. 

b) Hay una excesiva burocracia en la ley española. 

c) Los requisitos médicos son bastante restrictivos (se exige la dependencia, la cercanía de la muerte, etc. ; y quedan fuera las demencias, por ejemplo).

No obstante, PSOE y Unidas Podemos ya han presentado enmiendas, como la que elimina la reforma del artículo 143.4 del Código Penal, que penalizaba fuertemente la ayuda al suicidio, como en el caso de Ángel Hernández.

Desde Andalucía Digital solo me queda dar las gracias a Gabriel Sánchez por haberse prestado a esta charla clarificadora, al igual que a la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente por ese trabajo tenaz que lleva adelante para que, en el final de los días, las personas puedan decidir libremente por ellas mismas cuando el dolor se vuelve insoportable, viéndose protegidas por una ley, al igual que el personal médico que les asiste o los familiares que respetan su decisión.

AURELIANO SÁINZ


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