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2 de febrero de 2020

  • 2.2.20
Durante los próximos meses, la oenegé montillana Fundación Social Universal (FSU) contará con la financiación del Ayuntamiento de Córdoba para ejecutar un proyecto de cooperación al desarrollo dirigido a luchar contra la violencia infantil en los distritos de San Sebastián y Santiago de la región peruana de Cusco.



Con este proyecto se dará una respuesta a la creciente violencia contra menores y adolescentes registrada en la región. Así, por ejemplo, entre el año 2013 al 2018 del total de víctimas de violación en el Perú, el 93,1 por ciento fueron mujeres, de este total el 28 por ciento niñas entre 0 a 12 años.

Por su parte, en Cusco las denuncias recibidas y atendidas de violencia entre el 2015 al 2018 fueron de 4.628; el 90 por ciento fueron denuncias de mujeres y el 10 por ciento de las denuncias de hombres. De este total de denuncias atendidas, el 21.4 por ciento corresponde a violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes.

"A pesar de constituirse en una prioridad del Estado peruano y del esfuerzo desplegado por los servicios municipales para detectar situaciones generadoras de violencia, los titulares de obligaciones aún no cuentan con capacidad ni implementan estrategias para la prevención, detección y cuidado integral en las instituciones educativas", señala la FSU.

De esta forma, el proyecto planteado por la oenegé montillana busca que este segmento de población ejerza sus derechos a la protección y buen trato. Para ello, esta intervención beneficiará a 3.382 personas entre titulares de derechos, de obligaciones y responsabilidades de los distritos de Santiago y San Sebastián en Cusco.

En concreto, el objetivo es que los titulares de derechos de las instituciones educativas fortalezcan sus capacidades para el acceso a servicios de protección con calidad. Por otra, se mejorarán los servicios públicos para la promoción y atención de derechos de protección y buen trato hacia la infancia y familia. Y, finalmente, se desarrollarán actuaciones articuladas entre los titulares de obligación y de responsabilidad para la promoción e implementación de políticas locales para el acceso y ejercicio de estos derechos.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL


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