Que Felipe González, un “jarrón chino” sumamente delicado de la política española, en su dorada senectud, mantenga la firme convicción de que Jordi Pujol no ha cometido delito alguno, a pesar de su propia confesión, sino que presumiblemente esté encubriendo los problemas de sus hijos con la corrupción, es algo que hay que tomarlo como lo que es: el “chocheo” de alguien que ya confunde sus deseos con la realidad y termina expresando fantasías.
Choca tanta comprensión del expresidente socialista, aparte de resultar impropia de una persona de su experiencia, por cuanto careció de ella y se desprendió de su correligionario Alfonso Guerra, a la sazón vicepresidente del Gobierno, cuando el hermano de éste, Juan Guerra, hacía en las dependencias de la Delegación del Gobierno en Sevilla, sin ser siquiera funcionario, los mismos chanchullos de los que se acusa a los vástagos del honorable Pujol: tráfico de influencias, prevaricación, etc., es decir, aprovecharse del cargo y el amparo del familiar convertido en alta personalidad política.
No sólo dulcifica su memoria el inefable Felipe González al tratar con magnanimidad al líder histórico catalán, sino que sus lagunas mentales le hacen obviar que Jordi Pujol ya tuvo conflictos milagrosamente solventados con la Justicia cuando estaba al frente de Banca Catalana.
Parece, por tanto, que llueve sobre mojado con esas confesiones del expresidente de la Generalitat de Cataluña en las que reconoce haber estado décadas evadiendo dinero a paraísos fiscales. Eludía declarar sus ingresos en el país al que exigía que atendiera las necesidades políticas y también económicas de su comunidad autónoma, con reserva de privilegios presuntamente históricos que se negaban a otras.
Más que la bondad corporativa de Felipe con sus cuates de la política, en un país que se asemeja a la cueva de Alí Babá en el uso y dispendio de los caudales públicos, lo que abochorna al más humilde de los contribuyentes españoles es esa vulnerabilidad con la que algunas élites pueden hacer y deshacer a su antojo sin temer a la Justicia, sin reparar el daño, sin devolver ni un céntimo y sin padecer ninguna consecuencia por sus actos, salvo los quebrantos de verse rebajados en la consideración pública y ser por un tiempo foco de atención de los medios y las tertulias.
Si colaboradores directos del propio Felipe González, en los que depositaba su entera confianza para la delicada gestión de áreas sensibles de su Gobierno, acabaron entre rejas por el mal uso y el abuso de las partidas presupuestarias que debían administrar, alguna precaución debería guardar el emérito líder socialista ante hechos tan sospechosos y complejos como los que afectan al molt honorable Pujol en relación con el enriquecimiento “irregular” de su entorno familiar.
Ya se sabe que la mano no se pone en el fuego ni por un pariente, menos aún por un camarada político, aunque su labor al frente de cargos de gran responsabilidad haya sido muy eficaz, aparentemente. Si no, que se lo digan a Manuel Cháves y a José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía, que ahora están en la diana de la juez Alaya y pendientes del Tribunal Supremo.
Llegada cierta edad, séase político o simple jubilado anodino, lo mejor es contar batallitas, pasear a los nietos y sorprenderse de los adelantos de los tiempos y las costumbres, sin entrometerse en líos de los demás ni valorar las consecuencias de hechos que se arrastran de antiguo, no vaya ser que la mala memoria nos meta en un jardín endiablado de difícil escapatoria o, lo que sería peor, nos tire de la lengua para destapar lo que se mantiene oculto y a buen recaudo entre los trapos sucios de casa. Y es que ya lo dice el refrán: en boca cerrada no entran moscas… ni salen pujoles.
Choca tanta comprensión del expresidente socialista, aparte de resultar impropia de una persona de su experiencia, por cuanto careció de ella y se desprendió de su correligionario Alfonso Guerra, a la sazón vicepresidente del Gobierno, cuando el hermano de éste, Juan Guerra, hacía en las dependencias de la Delegación del Gobierno en Sevilla, sin ser siquiera funcionario, los mismos chanchullos de los que se acusa a los vástagos del honorable Pujol: tráfico de influencias, prevaricación, etc., es decir, aprovecharse del cargo y el amparo del familiar convertido en alta personalidad política.
No sólo dulcifica su memoria el inefable Felipe González al tratar con magnanimidad al líder histórico catalán, sino que sus lagunas mentales le hacen obviar que Jordi Pujol ya tuvo conflictos milagrosamente solventados con la Justicia cuando estaba al frente de Banca Catalana.
Parece, por tanto, que llueve sobre mojado con esas confesiones del expresidente de la Generalitat de Cataluña en las que reconoce haber estado décadas evadiendo dinero a paraísos fiscales. Eludía declarar sus ingresos en el país al que exigía que atendiera las necesidades políticas y también económicas de su comunidad autónoma, con reserva de privilegios presuntamente históricos que se negaban a otras.
Más que la bondad corporativa de Felipe con sus cuates de la política, en un país que se asemeja a la cueva de Alí Babá en el uso y dispendio de los caudales públicos, lo que abochorna al más humilde de los contribuyentes españoles es esa vulnerabilidad con la que algunas élites pueden hacer y deshacer a su antojo sin temer a la Justicia, sin reparar el daño, sin devolver ni un céntimo y sin padecer ninguna consecuencia por sus actos, salvo los quebrantos de verse rebajados en la consideración pública y ser por un tiempo foco de atención de los medios y las tertulias.
Si colaboradores directos del propio Felipe González, en los que depositaba su entera confianza para la delicada gestión de áreas sensibles de su Gobierno, acabaron entre rejas por el mal uso y el abuso de las partidas presupuestarias que debían administrar, alguna precaución debería guardar el emérito líder socialista ante hechos tan sospechosos y complejos como los que afectan al molt honorable Pujol en relación con el enriquecimiento “irregular” de su entorno familiar.
Ya se sabe que la mano no se pone en el fuego ni por un pariente, menos aún por un camarada político, aunque su labor al frente de cargos de gran responsabilidad haya sido muy eficaz, aparentemente. Si no, que se lo digan a Manuel Cháves y a José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía, que ahora están en la diana de la juez Alaya y pendientes del Tribunal Supremo.
Llegada cierta edad, séase político o simple jubilado anodino, lo mejor es contar batallitas, pasear a los nietos y sorprenderse de los adelantos de los tiempos y las costumbres, sin entrometerse en líos de los demás ni valorar las consecuencias de hechos que se arrastran de antiguo, no vaya ser que la mala memoria nos meta en un jardín endiablado de difícil escapatoria o, lo que sería peor, nos tire de la lengua para destapar lo que se mantiene oculto y a buen recaudo entre los trapos sucios de casa. Y es que ya lo dice el refrán: en boca cerrada no entran moscas… ni salen pujoles.
DANIEL GUERRERO
