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COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA

13 de marzo de 2013

  • 13.3.13
Creo que ha sido Agustín Conde Bajén, quien fuera en su día el alcalde más joven de una capital de provincia –Toledo- y, posteriormente, parlamentario castellano manchego, senador y ahora diputado nacional, el que más acertadamente ha dado respuesta al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en sus declaraciones sobre los matrimonios homosexuales.

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Ciertamente, nadie que conozca a Fernández Díaz desconoce sus claras convicciones religiosas y su especial conocimiento y dedicación a la figura de la Virgen, de la que es un experto estudioso en sus distintas advocaciones.

Recuerdo un café que compartimos en el Café de Oriente, junto a tres o cuatro senadores más, en su etapa como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en el que nos demostró sus conocimientos sobre la Virgen de Guadalupe y sus apariciones, no recuerdo a colación de qué.

Pues bien, Conde Bajén contestó al ministro que si bien biológicamente el matrimonio gay no garantiza la pervivencia de la especie humana, como este argumentó en su conferencia-coloquio que sobre Religión y Espacio Público se celebró la pasada semana en la Embajada de España en Roma, tampoco la garantiza el celibato, hoy defendido por la Iglesia Católica para sacerdotes y religiosos y con una importante proyección en el seno del Opus Dei, al que pertenece Fernández Díaz.

Y es que el argumento utilizado por el ministro del Interior entra en clara confrontación con los principios que rigen en su militancia religiosa, sin que con anterioridad le hayamos escuchado cuestionar la posición del célibe católico en nuestra sociedad.

Que la pervivencia de la especie humana se fundamenta en la existencia de dos sexos distintos y claramente diferenciados es algo que biológicamente nadie puede poner en cuestión, bien sea a través de la relación heterosexual o mediante métodos mecánicos, como es la inseminación artificial.

Pero ello no es óbice para que en el ser humano, junto a las tendencias heterosexuales, se den también las homosexuales, sin que ello deba representar motivo de discriminación, no ya social, sino tampoco legal, como establece la legislación española.

Otra cosa bien distinta es que la Iglesia Católica, como otros movimientos religiosos, considere a las relaciones homosexuales fuera del marco de lo moralmente permitido, aunque tenga ejemplos más que significativos en su jerarquía de la existencia de las mismas.

Pero en el caso que nos ocupa, Jorge Fernández Díaz debiera haber antepuesto su posición de ministro de un Gobierno a la de católico, a no ser que su catolicismo le mueva, por coherencia, a abandonar un cargo desde el que, primordialmente, debe hacer pública defensa de la legalidad vigente.

ENRIQUE BELLIDO
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