Me comentan que hay seria preocupación entre los gerentes de los hospitales públicos de Andalucía ante la aplicación de los recortes anunciados por el Gobierno socialista/comunista de la Junta. Resulta que, de aplicarse tal como se tiene previsto, incrementando, además, la jornada laboral en dos horas y media semanales más, los facultativos hospitalarios deberán –deberemos- soportar un recorte salarial en torno al 14 por ciento que, en el caso de los interinos, llegaría a más del 20 por ciento.
Ello, ya lo digo, podría “incendiar” nuestros hospitales, en una reacción tan drástica como justa a unas medidas que, de solidarias, pasan a ser profundamente discriminatorias hacia un estamento muy concreto.
Y es que rebajas salariales de este tipo, añadidas a las que ya se han producido con anterioridad y a la subida de impuestos, ponen a muchos profesionales en una situación económica muy complicada que mucho me temo que, de producirse, vaya a tener consecuencias muy negativas en el desempeño de la tarea asistencial, incluso sin necesidad de adoptar acciones de huelga.
No dudo de que vendrán los demagogos de siempre argumentando, como ya lo están haciendo, que los recortes propuestos consiguen mantener los puestos de trabajo de interinos y eventuales y que no haya despidos.
Habrá quienes vayan más allá y aludan a la tan manida y bolchevique comparación entre los sueldos de médicos y otros niveles dela Administración, en un ejercicio tan mísero como injusto.
Se equivocan quienes así actúan. Y lo hacen porque, en primer lugar, la responsabilidad del mantenimiento de los puestos de trabajo no recae, en modo alguno, en quienes ocupan –ocupamos- plaza en propiedad en el sistema, sino en aquellos otros que gestionan el mismo y, o bien lo han sobredimensionado, o bien han provocado que se vuelva insostenible.
Recae en la clase política gobernante la exclusiva responsabilidad de que se produzcan o no despidos y, de ningún modo, pueden sustentar los ya mermados salarios de unos aquellos que otros hayan de percibir. Mucho menos cuando se mantienen empresas públicas de dudosa necesidad y empleos, también públicos, que ni siquiera han pasado por el tamiz de un control en la contratación.
Y, en segundo lugar, porque las diferencias salariales no son sino el resultado de los distintos niveles de formación y responsabilidad que en la Administración, como en el resto del tejido productivo español e internacional, se establecen. Cubanizar nuestro país, con la que está cayendo, sería como pretender apagar un fuego con más gasolina.
Entiendo que preocupados estén los gerentes, como dicen que lo está la consejera porque, y lo he dicho en alguna ocasión, ese mejor activo con el que cuentan –así siempre se les ha llenado la boca a la hora de denominar a los trabajadores del SAS- puede llegar a convertirse en pasivo, de llevarse a efecto las agresiones anunciadas, generándoles quebraderos de cabeza de difícil solución. Hay mucho que recortar, no lo dudo, pero si realmente queremos obtener un traje a medida, más vale que se tenga mucho tino a la hora de meter la tijera.
Ello, ya lo digo, podría “incendiar” nuestros hospitales, en una reacción tan drástica como justa a unas medidas que, de solidarias, pasan a ser profundamente discriminatorias hacia un estamento muy concreto.
Y es que rebajas salariales de este tipo, añadidas a las que ya se han producido con anterioridad y a la subida de impuestos, ponen a muchos profesionales en una situación económica muy complicada que mucho me temo que, de producirse, vaya a tener consecuencias muy negativas en el desempeño de la tarea asistencial, incluso sin necesidad de adoptar acciones de huelga.
No dudo de que vendrán los demagogos de siempre argumentando, como ya lo están haciendo, que los recortes propuestos consiguen mantener los puestos de trabajo de interinos y eventuales y que no haya despidos.
Habrá quienes vayan más allá y aludan a la tan manida y bolchevique comparación entre los sueldos de médicos y otros niveles dela Administración, en un ejercicio tan mísero como injusto.
Se equivocan quienes así actúan. Y lo hacen porque, en primer lugar, la responsabilidad del mantenimiento de los puestos de trabajo no recae, en modo alguno, en quienes ocupan –ocupamos- plaza en propiedad en el sistema, sino en aquellos otros que gestionan el mismo y, o bien lo han sobredimensionado, o bien han provocado que se vuelva insostenible.
Recae en la clase política gobernante la exclusiva responsabilidad de que se produzcan o no despidos y, de ningún modo, pueden sustentar los ya mermados salarios de unos aquellos que otros hayan de percibir. Mucho menos cuando se mantienen empresas públicas de dudosa necesidad y empleos, también públicos, que ni siquiera han pasado por el tamiz de un control en la contratación.
Y, en segundo lugar, porque las diferencias salariales no son sino el resultado de los distintos niveles de formación y responsabilidad que en la Administración, como en el resto del tejido productivo español e internacional, se establecen. Cubanizar nuestro país, con la que está cayendo, sería como pretender apagar un fuego con más gasolina.
Entiendo que preocupados estén los gerentes, como dicen que lo está la consejera porque, y lo he dicho en alguna ocasión, ese mejor activo con el que cuentan –así siempre se les ha llenado la boca a la hora de denominar a los trabajadores del SAS- puede llegar a convertirse en pasivo, de llevarse a efecto las agresiones anunciadas, generándoles quebraderos de cabeza de difícil solución. Hay mucho que recortar, no lo dudo, pero si realmente queremos obtener un traje a medida, más vale que se tenga mucho tino a la hora de meter la tijera.
ENRIQUE BELLIDO
