Lo que teóricamente era nuestro fuerte y por el que se sacaba tanto pecho, ha resultado tener los pies de barro. De ladrillo, vamos. El sistema financiero está podrido por dentro o, al menos, tiene una ristra de manzanas agusanadas que amenazan al cesto entero. Que nos amenazan como país, incluso, que ahí está la prima de riesgo enfebrecida alcanzando niveles críticos de calentura.
No todo, desde luego, pues los bancos en su conjunto parecen estar en razonables niveles de salud y capaces de superar, en su mayoría, el constipado o, si quieren, la pulmonía. Pero las politizadas cajas, con excepciones notables (la Caixa, Ibercaja, las vascas...) tienen el mal tan arraigado que ya se está viendo que solo cabe la intervención quirúrgica y la cirugía extrema: una operación a vida o muerte, que se dice.
Y es lo que se está haciendo. Porque no cabe otra. El Gobierno debe afrontarlo y, quizás, lo está haciendo económicamente de manera correcta. Otro escenario sería una catástrofe que afectaría a millones de ahorradores. A casi todos.
Habrá que afrontar el colosal agujero, sí. Pero el asunto también reclama otras medidas. Exige una acción que la ciudadanía demanda y que, si no se cumple, puede acabar con cualquier átomo de confianza que quedara en su dirigentes y en el conjunto de la clase política.
Hay que depurar responsabilidades y responsables. No pueden irse de rositas y con el riñón forrado quienes han estado al frente de estos inmensos fiascos. Por la más elemental justicia, pero aún más cuando la población entera sufre en sus carnes los recortes de servicios, de derechos y de calidad de vida.
Nadie va a comprender que mientras la inmensa mayoría vive en la preocupación, el agobio y hasta la angustia, esos administradores y esos consejos de reparto político que han usado las cajas como correa de trasmisión de los delirios y desafueros de los poderes autonómicos y provinciales salgan de mal paso limpios de polvo y paja, pero con los bolsillos llenos de trigo. El trigo que tanto escasea y nos falta.
Urge esa decisión y esa acción, que ha de ser fiscal y judicial. Tienen que responder. Y tienen que hacerlo todos. Por que son todos y de todos. Desde aquellos que quebraron la primera, la de Castilla-La Mancha, encabezada por Juan Pedro Hernández Moltó, pasando por Narcís Serra y su corte catalana; por los gallegos; por aquella señora de la CAM que quería una indemnización inaudita y una pensión de 360.000 euros al año...
Y, por supuesto, por Bankia y, en especial, las matrices de Caja Madrid y Bancaja, donde es posible que el menos responsable fue el último en llegar, Rodrigo Rato, pero donde Blesa y donde el ex presidente popular valenciano, José María Olivas, tienen mucho que declarar y que explicar, amén de su recua de consejeros, tanto del PP como del PSOE o de IU –el mejor pagado-. Y, por supuesto y en todos los casos, los sindicalistas profesionales allí instalados entre los que se encuentra el gran vocinglero ugetista Martinez, que por tantos agravios clama.
La Fiscalía del Estado tiene tajo. Un trabajo imprescindible y necesario que ofrezca alguna luz y alguna esperanza en la justicia al común de las gentes españolas. Lo que no puede ser tolerado ni va a serlo es que, después de lo sucedido y de lo que nos cuesta y va a costarnos, se vaya al “aquí como si no hubiera pasado nada”.
Ha pasado un tsunami y alguien habrá de explicar cómo se cavó el agujero, a quién se dieron los créditos y por qué se les dieron. Quiénes han dejado el terrible socavón, quiénes no pagan y quiénes lo permitieron.
El Gobierno puede decir que hacer lo que está haciendo es porque no le queda otro remedio. Vale, de acuerdo. Pero tampoco le queda otra que poner ante su responsabilidad, es decir, sentar en el banquillo, a quienes han sido los autores del monumental desaguisado. Aunque sean de los “suyos”. Con más motivo si son de los “suyos”. Que todos tienen ahí de los “suyos”, porque ha sido entre todos quienes, durante lustros, han manejado ese cotarro.
Un juicio, pues, casi a ellos mismos y, por tanto, el más doloroso, pero también el más imprescindible. Con todas las presunciones de inocencia, con todas las defensas y con todas las garantías. Pero ha de celebrarse, ha de comenzar y, de inmediato, ponerse en marcha.
La Fiscalía debe iniciar su trabajo, aunque en esto quizas ya se haya puesto manos a la obra Torres Dulce. De lo contrario, la sociedad española hará una declaración total de culpabilidad –y con toda la razón y todas sus razones- aplicable a toda la clase política sin excepciones.
No todo, desde luego, pues los bancos en su conjunto parecen estar en razonables niveles de salud y capaces de superar, en su mayoría, el constipado o, si quieren, la pulmonía. Pero las politizadas cajas, con excepciones notables (la Caixa, Ibercaja, las vascas...) tienen el mal tan arraigado que ya se está viendo que solo cabe la intervención quirúrgica y la cirugía extrema: una operación a vida o muerte, que se dice.
Y es lo que se está haciendo. Porque no cabe otra. El Gobierno debe afrontarlo y, quizás, lo está haciendo económicamente de manera correcta. Otro escenario sería una catástrofe que afectaría a millones de ahorradores. A casi todos.
Habrá que afrontar el colosal agujero, sí. Pero el asunto también reclama otras medidas. Exige una acción que la ciudadanía demanda y que, si no se cumple, puede acabar con cualquier átomo de confianza que quedara en su dirigentes y en el conjunto de la clase política.
Hay que depurar responsabilidades y responsables. No pueden irse de rositas y con el riñón forrado quienes han estado al frente de estos inmensos fiascos. Por la más elemental justicia, pero aún más cuando la población entera sufre en sus carnes los recortes de servicios, de derechos y de calidad de vida.
Nadie va a comprender que mientras la inmensa mayoría vive en la preocupación, el agobio y hasta la angustia, esos administradores y esos consejos de reparto político que han usado las cajas como correa de trasmisión de los delirios y desafueros de los poderes autonómicos y provinciales salgan de mal paso limpios de polvo y paja, pero con los bolsillos llenos de trigo. El trigo que tanto escasea y nos falta.
Urge esa decisión y esa acción, que ha de ser fiscal y judicial. Tienen que responder. Y tienen que hacerlo todos. Por que son todos y de todos. Desde aquellos que quebraron la primera, la de Castilla-La Mancha, encabezada por Juan Pedro Hernández Moltó, pasando por Narcís Serra y su corte catalana; por los gallegos; por aquella señora de la CAM que quería una indemnización inaudita y una pensión de 360.000 euros al año...
Y, por supuesto, por Bankia y, en especial, las matrices de Caja Madrid y Bancaja, donde es posible que el menos responsable fue el último en llegar, Rodrigo Rato, pero donde Blesa y donde el ex presidente popular valenciano, José María Olivas, tienen mucho que declarar y que explicar, amén de su recua de consejeros, tanto del PP como del PSOE o de IU –el mejor pagado-. Y, por supuesto y en todos los casos, los sindicalistas profesionales allí instalados entre los que se encuentra el gran vocinglero ugetista Martinez, que por tantos agravios clama.
La Fiscalía del Estado tiene tajo. Un trabajo imprescindible y necesario que ofrezca alguna luz y alguna esperanza en la justicia al común de las gentes españolas. Lo que no puede ser tolerado ni va a serlo es que, después de lo sucedido y de lo que nos cuesta y va a costarnos, se vaya al “aquí como si no hubiera pasado nada”.
Ha pasado un tsunami y alguien habrá de explicar cómo se cavó el agujero, a quién se dieron los créditos y por qué se les dieron. Quiénes han dejado el terrible socavón, quiénes no pagan y quiénes lo permitieron.
El Gobierno puede decir que hacer lo que está haciendo es porque no le queda otro remedio. Vale, de acuerdo. Pero tampoco le queda otra que poner ante su responsabilidad, es decir, sentar en el banquillo, a quienes han sido los autores del monumental desaguisado. Aunque sean de los “suyos”. Con más motivo si son de los “suyos”. Que todos tienen ahí de los “suyos”, porque ha sido entre todos quienes, durante lustros, han manejado ese cotarro.
Un juicio, pues, casi a ellos mismos y, por tanto, el más doloroso, pero también el más imprescindible. Con todas las presunciones de inocencia, con todas las defensas y con todas las garantías. Pero ha de celebrarse, ha de comenzar y, de inmediato, ponerse en marcha.
La Fiscalía debe iniciar su trabajo, aunque en esto quizas ya se haya puesto manos a la obra Torres Dulce. De lo contrario, la sociedad española hará una declaración total de culpabilidad –y con toda la razón y todas sus razones- aplicable a toda la clase política sin excepciones.
ANTONIO PÉREZ HENARES
