El material que saco a colación en este artículo es ya viejo. No lo quise usar antes de las elecciones para que nadie me pudiera llamar “quintacolumnista”. Ahora sale como una leve denuncia y con un deseo implícito de rectificación. Esto último no está en nuestras manos, pero a lo mejor alguien con poder nos lee y suena la flauta…
Se me ocurre encabezar este artículo con una pregunta que a priori admito tiene mala baba. ¿El enchufismo que estaba sembrando las administraciones públicas andaluzas era un posible presagio que anunciaba bancarrota electoral? En Andalucía existían más de 7.800 empleos laborales que la Junta pretendía hacer funcionarios. El problema fue a los tribunales y estos ya han hablado.
La Justicia paralizó en su momento la integración. Cito: “Los empleados públicos de la Junta han conseguido parar judicialmente, de forma provisional, la integración de todos los trabajadores laborales en las nuevas agencias creadas al amparo de la polémica ley de reordenación del sector público andaluz, conocida como ley del enchufismo o decretazo”.
La jueza que ha dictado sentencia se ha cargado todo el tinglado que habían montado en las diversas agencias-empresas públicas de Andalucía. Argumenta que “la integración de los 'enchufados' pudiera violar derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 y 23.2 de la Constitución Española, pues podría producirse que trabajadores que prestan servicios en una empresa pública, se integren como empleados públicos sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
Démosle un vistazo a la otra cara de la moneda. Es lógico que los que han obtenido un trabajo en cualquiera de las empresas públicas se resistan a perder su puesto. Es justo pretender trabajar para mantener a la familia, máxime cuando la situación de crisis está muy enconada.
Pero el intrusismo no es el camino y el enchufismo tampoco. Claro que en este país estamos muy acostumbrados a este tipo de prácticas. Os pregunto ¿en qué se diferencia esta situación de la mantenida por cualquier cacique contra el que siempre hemos protestado? ¡Ande yo caliente y ríase la gente!
El problema de España no son los funcionarios de carrera, sino la cantidad de personal “enchufado” a dedo en las diversas Administraciones para-lelas y para-lelos (agencias, fundaciones, consorcios), como vía de colocación de militantes y simpatizantes de los partidos. Los funcionarios de carrera han aprobado un examen; los otros han entrado por obra y gracia del “dedazo”.
Podemos alegar que los funcionarios están muy bien pagados, cuestión esta que sin duda es muy opinable. Para muestra un botón: cuando había bonanza laboral ellos no la disfrutaron y ahora que hay crisis se les rebaja el sueldo. ¡Eso, eso, que paguen la crisis! Sí que podríamos argumentar, según mi humilde parecer, que de momento gozan de un puesto de trabajo seguro. De lo que no hay duda es que la vereda que encamina hacia la función pública está abierta a opositar en cuanto convoquen plazas. ¡Ánimo y al toro!
Sí que es cierto que los funcionarios gozan de muy mala fama en nuestro país. Se dice que merecida. Solo se me ocurre alegar que hay funcionarios válidos y sobradamente eficaces. Pero claro está: ¡cría fama y échate a dormir, críala mala y échate a morir! Señores, un poco de seriedad, ¡ni tanto ni tan calvo!
Ser funcionario ya no es un chollo en cuanto al sueldo, supongo que admitirán parte de los lectores. Tampoco lo es en la tanda de recortes aplicados por las Administraciones como consecuencia de la situación de crisis. Las rebajas de sueldo mensual convierten a muchos de ellos en mileuristas. ¡Menos da una piedra! Suprimir una paga extraordinaria es algo duro y de paso tienen pérdida de diversas ayudas sociales. Hagan lo comentarios que les parezca oportuno. ¡Opinar es libre!
A las citadas rebajas habrá que añadir la subida del IRPF, del IBI, el incremento del precio del combustible o el de la factura del agua y la luz. Incrementos estos que por desgracia pagaremos también todo el resto de mortales. Y lo que esté por venir… En resumen: el poder adquisitivo de dicho colectivo descenderá en buena medida. La pérdida anual será para muchos de ellos de un 26,24 por ciento. "¡Pero tienen trabajo!", volveréis a contestarme. Claro, visto así… no tengo nada que añadir.
Sí que es cierto que la plantilla de personal, dedicado a trabajar para el Estado y las autonomías, sobre todo para estas últimas, se ha engrosado escandalosamente. En Valencia fueron contratados a dedo 4.000 personas para las diversas empresas públicas, que generan un gasto anual de 462 millones de euros. "Compromiso", "amigo de un amigo", "el cuñado de" y "el sobrino de…". Esto es un hecho real y residual en nuestro país. Pero no confundamos velocidad y tocino. De este problema no tiene la culpa el funcionario que ha conseguido su puesto de trabajo después de una costosa oposición.
Esas 4.000 personas, en el caso valenciano, han accedido al puesto de trabajo en las 43 empresas públicas o fundaciones que mantenía la Generalitat, a través de una entrevista personal, sin que se hayan demandado los principios de mérito, capacidad, igualdad de oportunidades y publicidad, según fuentes políticas y sindicales. Vamos, dedazo total.
Los funcionarios reclaman, creo que con toda justicia, una administración “profesional y no política y clientelar”. En la Junta, parece ser que han buscado favorecer a toda una “administración paralela” al intentar regularizar a estos trabajadores antes de las temidas elecciones.
La llamada Ley del Enchufismo (Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público Andaluz) pretendía colocar definitivamente a todos los contratados a dedo. Si valen o no valen nadie lo ha podido ratificar, puesto que fueron contratados de forma totalmente arbitraria.
Las elecciones han pasado. La derecha, pese a ganarlas, ha perdido. Gobernará sin lugar a dudas la izquierda que tiene mayoría. Me parece razonable. Pero ¿cambiarán algunas de las circunstancias irregulares que se venían dando últimamente? ¿Cumplirá el nuevo Gobierno el dictamen judicial que da la razón a los funcionarios y que ordena paralizar la integración del personal laboral de las distintas agencias?
Supongo que no me desmadro si opino que “eso espero” por el bien de todo un pueblo, aunque soy terco y no lo creo. ¿Tal vez el arbolito está muy torcido para que se pueda enderezar a estas alturas?
Se me ocurre encabezar este artículo con una pregunta que a priori admito tiene mala baba. ¿El enchufismo que estaba sembrando las administraciones públicas andaluzas era un posible presagio que anunciaba bancarrota electoral? En Andalucía existían más de 7.800 empleos laborales que la Junta pretendía hacer funcionarios. El problema fue a los tribunales y estos ya han hablado.
La Justicia paralizó en su momento la integración. Cito: “Los empleados públicos de la Junta han conseguido parar judicialmente, de forma provisional, la integración de todos los trabajadores laborales en las nuevas agencias creadas al amparo de la polémica ley de reordenación del sector público andaluz, conocida como ley del enchufismo o decretazo”.
La jueza que ha dictado sentencia se ha cargado todo el tinglado que habían montado en las diversas agencias-empresas públicas de Andalucía. Argumenta que “la integración de los 'enchufados' pudiera violar derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 y 23.2 de la Constitución Española, pues podría producirse que trabajadores que prestan servicios en una empresa pública, se integren como empleados públicos sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
Démosle un vistazo a la otra cara de la moneda. Es lógico que los que han obtenido un trabajo en cualquiera de las empresas públicas se resistan a perder su puesto. Es justo pretender trabajar para mantener a la familia, máxime cuando la situación de crisis está muy enconada.
Pero el intrusismo no es el camino y el enchufismo tampoco. Claro que en este país estamos muy acostumbrados a este tipo de prácticas. Os pregunto ¿en qué se diferencia esta situación de la mantenida por cualquier cacique contra el que siempre hemos protestado? ¡Ande yo caliente y ríase la gente!
El problema de España no son los funcionarios de carrera, sino la cantidad de personal “enchufado” a dedo en las diversas Administraciones para-lelas y para-lelos (agencias, fundaciones, consorcios), como vía de colocación de militantes y simpatizantes de los partidos. Los funcionarios de carrera han aprobado un examen; los otros han entrado por obra y gracia del “dedazo”.
Podemos alegar que los funcionarios están muy bien pagados, cuestión esta que sin duda es muy opinable. Para muestra un botón: cuando había bonanza laboral ellos no la disfrutaron y ahora que hay crisis se les rebaja el sueldo. ¡Eso, eso, que paguen la crisis! Sí que podríamos argumentar, según mi humilde parecer, que de momento gozan de un puesto de trabajo seguro. De lo que no hay duda es que la vereda que encamina hacia la función pública está abierta a opositar en cuanto convoquen plazas. ¡Ánimo y al toro!
Sí que es cierto que los funcionarios gozan de muy mala fama en nuestro país. Se dice que merecida. Solo se me ocurre alegar que hay funcionarios válidos y sobradamente eficaces. Pero claro está: ¡cría fama y échate a dormir, críala mala y échate a morir! Señores, un poco de seriedad, ¡ni tanto ni tan calvo!
Ser funcionario ya no es un chollo en cuanto al sueldo, supongo que admitirán parte de los lectores. Tampoco lo es en la tanda de recortes aplicados por las Administraciones como consecuencia de la situación de crisis. Las rebajas de sueldo mensual convierten a muchos de ellos en mileuristas. ¡Menos da una piedra! Suprimir una paga extraordinaria es algo duro y de paso tienen pérdida de diversas ayudas sociales. Hagan lo comentarios que les parezca oportuno. ¡Opinar es libre!
A las citadas rebajas habrá que añadir la subida del IRPF, del IBI, el incremento del precio del combustible o el de la factura del agua y la luz. Incrementos estos que por desgracia pagaremos también todo el resto de mortales. Y lo que esté por venir… En resumen: el poder adquisitivo de dicho colectivo descenderá en buena medida. La pérdida anual será para muchos de ellos de un 26,24 por ciento. "¡Pero tienen trabajo!", volveréis a contestarme. Claro, visto así… no tengo nada que añadir.
Sí que es cierto que la plantilla de personal, dedicado a trabajar para el Estado y las autonomías, sobre todo para estas últimas, se ha engrosado escandalosamente. En Valencia fueron contratados a dedo 4.000 personas para las diversas empresas públicas, que generan un gasto anual de 462 millones de euros. "Compromiso", "amigo de un amigo", "el cuñado de" y "el sobrino de…". Esto es un hecho real y residual en nuestro país. Pero no confundamos velocidad y tocino. De este problema no tiene la culpa el funcionario que ha conseguido su puesto de trabajo después de una costosa oposición.
Esas 4.000 personas, en el caso valenciano, han accedido al puesto de trabajo en las 43 empresas públicas o fundaciones que mantenía la Generalitat, a través de una entrevista personal, sin que se hayan demandado los principios de mérito, capacidad, igualdad de oportunidades y publicidad, según fuentes políticas y sindicales. Vamos, dedazo total.
Los funcionarios reclaman, creo que con toda justicia, una administración “profesional y no política y clientelar”. En la Junta, parece ser que han buscado favorecer a toda una “administración paralela” al intentar regularizar a estos trabajadores antes de las temidas elecciones.
La llamada Ley del Enchufismo (Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público Andaluz) pretendía colocar definitivamente a todos los contratados a dedo. Si valen o no valen nadie lo ha podido ratificar, puesto que fueron contratados de forma totalmente arbitraria.
Las elecciones han pasado. La derecha, pese a ganarlas, ha perdido. Gobernará sin lugar a dudas la izquierda que tiene mayoría. Me parece razonable. Pero ¿cambiarán algunas de las circunstancias irregulares que se venían dando últimamente? ¿Cumplirá el nuevo Gobierno el dictamen judicial que da la razón a los funcionarios y que ordena paralizar la integración del personal laboral de las distintas agencias?
Supongo que no me desmadro si opino que “eso espero” por el bien de todo un pueblo, aunque soy terco y no lo creo. ¿Tal vez el arbolito está muy torcido para que se pueda enderezar a estas alturas?
PEPE CANTILLO
