Recuerdo que en los últimos meses de 1996 inició sus trabajos una Comisión Especial en el Senado, que me correspondió presidir, sobre la Ordenación del Servicio Farmacéutico, cuyos trabajos concluyeron un año después, luego de la comparecencia de más de 40 expertos tanto de nuestro país como europeos. Como anécdota, me asistía como letrado, que lo era entonces de la Cámara, Diego López Garrido, que fuese portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y hoy ocupa la Secretaría de Estado para la Unión Europea.
El Senado se adelantaba, en alguna manera, a la problemática existente en este sector, que precisamente ahora está surgiendo con mayor virulencia, en este caso como efecto colateral de la crisis que a todos nos ocupa y tanto preocupa a la sociedad.
Leía hace unos días las declaraciones del presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Práxedes Cruz, denunciando la grave situación por la que atraviesan un diez por ciento de las farmacias de la provincia y las dificultades económicas en las que se encuentran muchas otras ante un fenómeno que, si en este caso no es el del impago por parte del SAS de las cantidades que mensualmente les adeuda a cada una de ellas, sí tiene mucho que ver con la política restrictiva en cuanto al gasto farmacéutico y a la implantación de genéricos, lo que ha provocado una guerra de precios que, evidentemente, repercute de forma directa en los beneficios del propio farmacéutico.
El problema de estos profesionales no es muy distinto al del resto de profesionales liberales, relacionados o no con la Sanidad. En su caso, se da la circunstancia de que su principal cliente proviene del sector público por lo que, siendo realmente empresarios privados, los vaivenes que en la Administración puedan producirse les afectan muy directamente.
Existe un elemento más que debemos considerar y no es otro que el hecho de existir una regulación en cuanto a la apertura de nuevas oficinas de farmacia -siempre defendida por un importante sector de la profesión farmacéutica, lógicamente el que regenta una de ellas-, lo que ha otorgado un valor patrimonial a las mismas que hoy en día, dado el descenso de ventas, ha perdido muchos enteros.
En todo caso, y si bien es verdad que el precio de los medicamentos ha descendido considerablemente con la entrada de genéricos y las nuevas normativas relativas a la prescripción y dispensación de fármacos, no lo ha hecho el número de usuarios que se acercan a las farmacias, lo que las obliga a mantener un determinado nivel de servicio si no quieren disminuir la calidad de la atención que brindan y el nivel de competitividad existente con el resto de oficinas.
Si a ello añadimos que en poblaciones de menos de mil habitantes los beneficios no llegan a cubrir las más modestas expectativas de estos profesionales superiores, habremos de estar de acuerdo en que la situación por la que atraviesa el sector es difícil y me temo que de difícil solución.
¿Cómo afrontar esta coyuntura? Está claro que la solución no discurre por el camino de incrementar la factura farmacéutica a fin de aumentar los beneficios comerciales. Mientras los laboratorios mantengan su política de bajada de precios de sus productos sin afectar la misma a la calidad de estos, el beneficiado es el usuario que directamente ha de comprar el producto, o bien todos, de forma indirecta, al ser menos lo que la Administración sanitaria paga por cada receta.
Resulta evidente que en aquellos lugares en los que la densidad de población hace inviable la permanencia de una oficina de farmacia, o bien desaparece esta, estableciéndose vías alternativas para la llegada de medicamentos a la población, o bien se incrementan los porcentajes a percibir por parte del farmacéutico, como ya ha establecido el Gobierno.
En todo caso, habrá, por una parte, que ser sumamente respetuoso, desde la Administración, en el puntual abono de los pagos a las oficinas de farmacia y, por otra, las propias oficinas tendrán que reconducir su política comercial y de personal a fin de adaptar ingresos y gastos a la nueva situación existente.
No olvidemos que mientras en España se dispensan en torno a un 30 por ciento de medicamentos genéricos, en Europa ese porcentaje supera el 40 por ciento y en EE.UU. llega a más del 60 por ciento, lo que habla de los ajustes que se seguirán generando. Se va a producir, sin lugar a dudas, una reconversión del sector, sujeta a oferta y demanda y al nuevo marco comercial que se ha establecido, que todos notaremos.
Las farmacias, afortunadamente para sus titulares, han vivido momentos de gran apogeo comercial y ahora, como el resto de sectores económicos y productivos, sufren las consecuencias de un proceso de retracción que afecta a toda la sociedad.
Confiemos que la inmensa mayoría de ellas logren soportar la presión ahora existente, porque además ello beneficia a la población, y de cara al futuro establezcan un nuevo orden comercial y profesional que les brinde la estabilidad que ahora parece estar en peligro.
El Senado se adelantaba, en alguna manera, a la problemática existente en este sector, que precisamente ahora está surgiendo con mayor virulencia, en este caso como efecto colateral de la crisis que a todos nos ocupa y tanto preocupa a la sociedad.
Leía hace unos días las declaraciones del presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Práxedes Cruz, denunciando la grave situación por la que atraviesan un diez por ciento de las farmacias de la provincia y las dificultades económicas en las que se encuentran muchas otras ante un fenómeno que, si en este caso no es el del impago por parte del SAS de las cantidades que mensualmente les adeuda a cada una de ellas, sí tiene mucho que ver con la política restrictiva en cuanto al gasto farmacéutico y a la implantación de genéricos, lo que ha provocado una guerra de precios que, evidentemente, repercute de forma directa en los beneficios del propio farmacéutico.
El problema de estos profesionales no es muy distinto al del resto de profesionales liberales, relacionados o no con la Sanidad. En su caso, se da la circunstancia de que su principal cliente proviene del sector público por lo que, siendo realmente empresarios privados, los vaivenes que en la Administración puedan producirse les afectan muy directamente.
Existe un elemento más que debemos considerar y no es otro que el hecho de existir una regulación en cuanto a la apertura de nuevas oficinas de farmacia -siempre defendida por un importante sector de la profesión farmacéutica, lógicamente el que regenta una de ellas-, lo que ha otorgado un valor patrimonial a las mismas que hoy en día, dado el descenso de ventas, ha perdido muchos enteros.
En todo caso, y si bien es verdad que el precio de los medicamentos ha descendido considerablemente con la entrada de genéricos y las nuevas normativas relativas a la prescripción y dispensación de fármacos, no lo ha hecho el número de usuarios que se acercan a las farmacias, lo que las obliga a mantener un determinado nivel de servicio si no quieren disminuir la calidad de la atención que brindan y el nivel de competitividad existente con el resto de oficinas.
Si a ello añadimos que en poblaciones de menos de mil habitantes los beneficios no llegan a cubrir las más modestas expectativas de estos profesionales superiores, habremos de estar de acuerdo en que la situación por la que atraviesa el sector es difícil y me temo que de difícil solución.
¿Cómo afrontar esta coyuntura? Está claro que la solución no discurre por el camino de incrementar la factura farmacéutica a fin de aumentar los beneficios comerciales. Mientras los laboratorios mantengan su política de bajada de precios de sus productos sin afectar la misma a la calidad de estos, el beneficiado es el usuario que directamente ha de comprar el producto, o bien todos, de forma indirecta, al ser menos lo que la Administración sanitaria paga por cada receta.
Resulta evidente que en aquellos lugares en los que la densidad de población hace inviable la permanencia de una oficina de farmacia, o bien desaparece esta, estableciéndose vías alternativas para la llegada de medicamentos a la población, o bien se incrementan los porcentajes a percibir por parte del farmacéutico, como ya ha establecido el Gobierno.
En todo caso, habrá, por una parte, que ser sumamente respetuoso, desde la Administración, en el puntual abono de los pagos a las oficinas de farmacia y, por otra, las propias oficinas tendrán que reconducir su política comercial y de personal a fin de adaptar ingresos y gastos a la nueva situación existente.
No olvidemos que mientras en España se dispensan en torno a un 30 por ciento de medicamentos genéricos, en Europa ese porcentaje supera el 40 por ciento y en EE.UU. llega a más del 60 por ciento, lo que habla de los ajustes que se seguirán generando. Se va a producir, sin lugar a dudas, una reconversión del sector, sujeta a oferta y demanda y al nuevo marco comercial que se ha establecido, que todos notaremos.
Las farmacias, afortunadamente para sus titulares, han vivido momentos de gran apogeo comercial y ahora, como el resto de sectores económicos y productivos, sufren las consecuencias de un proceso de retracción que afecta a toda la sociedad.
Confiemos que la inmensa mayoría de ellas logren soportar la presión ahora existente, porque además ello beneficia a la población, y de cara al futuro establezcan un nuevo orden comercial y profesional que les brinde la estabilidad que ahora parece estar en peligro.
ENRIQUE BELLIDO
