Quieren que hablemos de número de diputados. Pues vamos a hacerlo. La semana pasada se dejaba caer el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñan, con la propuesta de crear el escaño 110 en el Parlamento andaluz para entregárselo al pueblo, a fin de que defienda desde él las iniciativas populares que se admitan a trámite.
Me preguntaba yo que cuando lo propone es porque piensa que los 109 escaños restantes, los actualmente ocupados por las tres fuerzas políticas que nos representan, no son propiedad del pueblo ni transmiten la voluntad de los andaluces a la Cámara autonómica.
Y es que, al margen de la demagogia que encierra la propuesta de Griñán, lo que realmente piensa el presidente es que esos 109 escaños son patrimonio de los partidos y no está de más ofrecer uno al pueblo, aunque sólo sea a efectos de imagen, que no de capacidad de decisión, como resulta evidente.
Unas semanas antes era Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía la que se dejaba caer con la iniciativa de incrementar el número de parlamentarios andaluces -creo que en veintitantos más-, decían ellos que para facilitar la entrada de grupos minoritarios en la Cámara cuando, en realidad, lo que se pretendía era aumentar la propia representación de IU, hoy escuálida, poseer más cargos institucionales que repartir y, en último término, engordar a una clase política que tira de presupuestos para su manutención y hoy está inflada tanto en su número como en su contenido institucional.
Y es ahí donde pretendo incidir. Si realmente se quiere hacer una reforma estructuralmente útil de nuestro Parlamento andaluz, funcionalmente operativa y económicamente adaptada a los tiempos que corren, que no son sino de crisis, vayamos a una disminución racional del número de diputados, pasando de los 109 ahora existentes a un número de 59 que sería más que suficiente no sólo para expresar la pluralidad política en cada provincia, sino el desarrollo normal de las actividades que en pleno y comisiones se hayan de desarrollar en el Palacio de las Cinco Llagas.
Sí, señores mandatarios de los partidos políticos, 59 parlamentarios distribuidos de la siguiente manera en función de la población de cada provincia: 12 en Sevilla, 9 en Málaga, 8 en Cádiz, 7 en Granada y Córdoba, 6 en Jaén y 5 en Almería y Huelva.
Suficientes, todos ellos, para representar a “grandes y chicos” en base a una Ley Electoral que, aparte de considerar las listas abiertas, sea equitativa en el reparto de escaños. Y suficientes para cubrir, de forma eficaz –siempre la eficacia irá en función de quienes la practiquen- las actividades parlamentarias.
Claro, ya no serían necesarios los dos vicepresidentes y los dos secretarios de Mesa del Parlamento y Comisiones, que reciben sus prebendas por ello, por lo que se quedarían en uno en cada cargo, y, eso sí, sus señorías deberían a la Cámara una dedicación mayor a la actual sin que por ello hayan de cumplir ni siquiera con las 35 horas semanales de cualquier trabajador.
Y para justificar esta medida sólo tenemos que recurrir a mirar con cierto detalle la declaración de actividades de nuestros representantes andaluces y descubrir que bastantes de ellos compatibilizan a la vez cargos como alcalde o concejal, diputado provincial y diputado autonómico, junto a un cargo orgánico en el partido.
Se trata de la demostración de que sus ocupaciones en cada una de las instituciones a las que representan no les demandan una especial dedicación, cuando las simultanean, por lo que, en el caso del Parlamento andaluz, estamos dilapidando fondos públicos en pagar al doble de diputados requeridos para cumplir una misión que podrían realizar sólo 59 si se entregasen en exclusividad y con especial dedicación a ello, quedándoles incluso tiempo para recorrerse sus respectivas provincias y recoger y trasladar las demandas del diputado popular que ocuparía ese escaño 110 del que habla Griñán.
El ahorro económico sería muy importante para las arcas públicas, pero también lo sería el cambio de imagen de nuestros representantes, la actitud de estos y la operatividad del resto de instituciones en las que hasta ahora han venido ocupando asientos.
No tendrá narices ninguno de los mandatarios andaluces de llevar esta propuesta en el programa electoral de las próximas autonómicas. Y no tendrán narices porque, como realmente piensa Grinán, los escaños siguen siendo de los partidos y sin ese poder patrimonial dejarían de tener el poder absoluto que hoy ejercen en nuestro sistema democrático. Verán como en eso sí que están de acuerdo.
Me preguntaba yo que cuando lo propone es porque piensa que los 109 escaños restantes, los actualmente ocupados por las tres fuerzas políticas que nos representan, no son propiedad del pueblo ni transmiten la voluntad de los andaluces a la Cámara autonómica.
Y es que, al margen de la demagogia que encierra la propuesta de Griñán, lo que realmente piensa el presidente es que esos 109 escaños son patrimonio de los partidos y no está de más ofrecer uno al pueblo, aunque sólo sea a efectos de imagen, que no de capacidad de decisión, como resulta evidente.
Unas semanas antes era Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía la que se dejaba caer con la iniciativa de incrementar el número de parlamentarios andaluces -creo que en veintitantos más-, decían ellos que para facilitar la entrada de grupos minoritarios en la Cámara cuando, en realidad, lo que se pretendía era aumentar la propia representación de IU, hoy escuálida, poseer más cargos institucionales que repartir y, en último término, engordar a una clase política que tira de presupuestos para su manutención y hoy está inflada tanto en su número como en su contenido institucional.
Y es ahí donde pretendo incidir. Si realmente se quiere hacer una reforma estructuralmente útil de nuestro Parlamento andaluz, funcionalmente operativa y económicamente adaptada a los tiempos que corren, que no son sino de crisis, vayamos a una disminución racional del número de diputados, pasando de los 109 ahora existentes a un número de 59 que sería más que suficiente no sólo para expresar la pluralidad política en cada provincia, sino el desarrollo normal de las actividades que en pleno y comisiones se hayan de desarrollar en el Palacio de las Cinco Llagas.
Sí, señores mandatarios de los partidos políticos, 59 parlamentarios distribuidos de la siguiente manera en función de la población de cada provincia: 12 en Sevilla, 9 en Málaga, 8 en Cádiz, 7 en Granada y Córdoba, 6 en Jaén y 5 en Almería y Huelva.
Suficientes, todos ellos, para representar a “grandes y chicos” en base a una Ley Electoral que, aparte de considerar las listas abiertas, sea equitativa en el reparto de escaños. Y suficientes para cubrir, de forma eficaz –siempre la eficacia irá en función de quienes la practiquen- las actividades parlamentarias.
Claro, ya no serían necesarios los dos vicepresidentes y los dos secretarios de Mesa del Parlamento y Comisiones, que reciben sus prebendas por ello, por lo que se quedarían en uno en cada cargo, y, eso sí, sus señorías deberían a la Cámara una dedicación mayor a la actual sin que por ello hayan de cumplir ni siquiera con las 35 horas semanales de cualquier trabajador.
Y para justificar esta medida sólo tenemos que recurrir a mirar con cierto detalle la declaración de actividades de nuestros representantes andaluces y descubrir que bastantes de ellos compatibilizan a la vez cargos como alcalde o concejal, diputado provincial y diputado autonómico, junto a un cargo orgánico en el partido.
Se trata de la demostración de que sus ocupaciones en cada una de las instituciones a las que representan no les demandan una especial dedicación, cuando las simultanean, por lo que, en el caso del Parlamento andaluz, estamos dilapidando fondos públicos en pagar al doble de diputados requeridos para cumplir una misión que podrían realizar sólo 59 si se entregasen en exclusividad y con especial dedicación a ello, quedándoles incluso tiempo para recorrerse sus respectivas provincias y recoger y trasladar las demandas del diputado popular que ocuparía ese escaño 110 del que habla Griñán.
El ahorro económico sería muy importante para las arcas públicas, pero también lo sería el cambio de imagen de nuestros representantes, la actitud de estos y la operatividad del resto de instituciones en las que hasta ahora han venido ocupando asientos.
No tendrá narices ninguno de los mandatarios andaluces de llevar esta propuesta en el programa electoral de las próximas autonómicas. Y no tendrán narices porque, como realmente piensa Grinán, los escaños siguen siendo de los partidos y sin ese poder patrimonial dejarían de tener el poder absoluto que hoy ejercen en nuestro sistema democrático. Verán como en eso sí que están de acuerdo.
ENRIQUE BELLIDO
