Se acaba de producir en España una alternancia en ayuntamientos y comunidades cuya magnitud adelanta, salvo milagros inesperados, la que afectará al Gobierno de la Nación en las elecciones del próximo año. El partido conservador se ha hecho con el control mayoritario de la Administración local y regional tras décadas, en algunos casos, de dominio de signo progresista.
Y como en ocasiones pretéritas, ello ha generado polémica entre vencedores y perdedores, simpatizantes de una y otra opción que alaban o critican al bando contrario, según las preferencias de cada cual.
La ecuanimidad y la neutralidad suelen brillar por su ausencia en este tipo de valoraciones en las que una parte sólo resalta lo negativo del contrario, y la otra, las excelencias de sus propias propuestas. Así, evidentemente, no hay posibilidad de encontrar el término justo para descubrir lo acertado y lo erróneo de cada extremo, puesto que ninguno de ellos es absolutamente malo ni absolutamente bueno.
Pero si ninguno va a reconocer los méritos del contrario, difícilmente podrá seguirse un proyecto de futuro que obligue a compartir estrategias no supeditadas a situaciones coyunturales, es decir, planificar los criterios de una educación que no esté sometida a los vaivenes de leyes que cambian en cuanto lo hace el gobierno, por ejemplo, o procurar la estabilidad y sosiego de instituciones, como el Tribunal Constitucional, que debieran estar exentas de presiones políticas en el relevo de sus miembros, procedimiento en el que unos se emperran en imponer un candidato y otros en rechazarlo.
Sin embargo, esta polémica que acompaña a la alternancia no es nueva ni grave. Es natural que a unos les guste el cambio y a otros le desagrade. Afortunadamente, salvo palabras gruesas o acusaciones mayores y sin pruebas, la controversia se limita al intercambio de opiniones que buscan simplemente generar un estado de opinión e influir en la gente. Son usos democráticos de la dialéctica política que no tienen más limitación que las leyes y el respeto y educación de los concernientes.
Pero no siempre ha sido así. El actual período democrático que disfruta España es el más longevo que ha existido nunca en este país, siempre dispuesto, en épocas pasadas y no tan pasadas, a pasar de las palabras a las manos. Recordarlo sería positivo si nos enseña a valorar la importancia de nuestras instituciones y aceptar el funcionamiento de un Estado de carácter social basado en el Derecho y la Democracia, donde la alternancia forma parte del Sistema.
Conservadores y progresistas han confrontado a lo largo de la Historia distintas visiones de la realidad española, incluso en épocas de difícil convivencia. No hace falta remontarse muy lejos para contemplar a absolutistas o liberales pugnar por liquidar el Antiguo Régimen e implantar otro Nuevo.
La Ilustración que sirvió para impulsar reformas en lo social y cultural también acabó impregnando lo político, a pesar del “cordón sanitario” con que se cerró la entrada de toda idea que supusiera el cuestionamiento de la monarquía absolutista de España.
No se puede blindar un país de las corrientes de pensamiento que se van extendiendo en el entorno, aunque pueda retrasarse su penetración. Al final, con levantamientos, revueltas y enfrentamientos violentos fueron sucediéndose distintos gobiernos que terminaron por erradicar la sociedad feudal del absolutismo hasta sustituirla por otra donde la soberanía recayera en los ciudadanos.
Es verdad que las ideas de Locke y Rousseau chocaban con la impronta escolástica de una España que fue martillo de herejes. De ahí el carácter moderado de muchos de aquellos ilustrados y las divisiones que se producían en su seno.
Sin embargo, sus ideas acabaron enraizando entre nosotros hasta conducirnos a la alternancia pacífica que protagonizamos en nuestros días. Es el triunfo de la razón y de ese nefasto vicio de pensar. Congratulémonos de que, desde un punto de vista histórico, la alternancia representa, simplemente, que hemos aprendido a comportarnos civilizadamente, tanto si ganamos como cuando perdemos.
Y como en ocasiones pretéritas, ello ha generado polémica entre vencedores y perdedores, simpatizantes de una y otra opción que alaban o critican al bando contrario, según las preferencias de cada cual.
La ecuanimidad y la neutralidad suelen brillar por su ausencia en este tipo de valoraciones en las que una parte sólo resalta lo negativo del contrario, y la otra, las excelencias de sus propias propuestas. Así, evidentemente, no hay posibilidad de encontrar el término justo para descubrir lo acertado y lo erróneo de cada extremo, puesto que ninguno de ellos es absolutamente malo ni absolutamente bueno.
Pero si ninguno va a reconocer los méritos del contrario, difícilmente podrá seguirse un proyecto de futuro que obligue a compartir estrategias no supeditadas a situaciones coyunturales, es decir, planificar los criterios de una educación que no esté sometida a los vaivenes de leyes que cambian en cuanto lo hace el gobierno, por ejemplo, o procurar la estabilidad y sosiego de instituciones, como el Tribunal Constitucional, que debieran estar exentas de presiones políticas en el relevo de sus miembros, procedimiento en el que unos se emperran en imponer un candidato y otros en rechazarlo.
Sin embargo, esta polémica que acompaña a la alternancia no es nueva ni grave. Es natural que a unos les guste el cambio y a otros le desagrade. Afortunadamente, salvo palabras gruesas o acusaciones mayores y sin pruebas, la controversia se limita al intercambio de opiniones que buscan simplemente generar un estado de opinión e influir en la gente. Son usos democráticos de la dialéctica política que no tienen más limitación que las leyes y el respeto y educación de los concernientes.
Pero no siempre ha sido así. El actual período democrático que disfruta España es el más longevo que ha existido nunca en este país, siempre dispuesto, en épocas pasadas y no tan pasadas, a pasar de las palabras a las manos. Recordarlo sería positivo si nos enseña a valorar la importancia de nuestras instituciones y aceptar el funcionamiento de un Estado de carácter social basado en el Derecho y la Democracia, donde la alternancia forma parte del Sistema.
Conservadores y progresistas han confrontado a lo largo de la Historia distintas visiones de la realidad española, incluso en épocas de difícil convivencia. No hace falta remontarse muy lejos para contemplar a absolutistas o liberales pugnar por liquidar el Antiguo Régimen e implantar otro Nuevo.
La Ilustración que sirvió para impulsar reformas en lo social y cultural también acabó impregnando lo político, a pesar del “cordón sanitario” con que se cerró la entrada de toda idea que supusiera el cuestionamiento de la monarquía absolutista de España.
No se puede blindar un país de las corrientes de pensamiento que se van extendiendo en el entorno, aunque pueda retrasarse su penetración. Al final, con levantamientos, revueltas y enfrentamientos violentos fueron sucediéndose distintos gobiernos que terminaron por erradicar la sociedad feudal del absolutismo hasta sustituirla por otra donde la soberanía recayera en los ciudadanos.
Es verdad que las ideas de Locke y Rousseau chocaban con la impronta escolástica de una España que fue martillo de herejes. De ahí el carácter moderado de muchos de aquellos ilustrados y las divisiones que se producían en su seno.
Sin embargo, sus ideas acabaron enraizando entre nosotros hasta conducirnos a la alternancia pacífica que protagonizamos en nuestros días. Es el triunfo de la razón y de ese nefasto vicio de pensar. Congratulémonos de que, desde un punto de vista histórico, la alternancia representa, simplemente, que hemos aprendido a comportarnos civilizadamente, tanto si ganamos como cuando perdemos.
DANIEL GUERRERO
