El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha animado a Izquierda Unida (IU) a retomar una Proposición de Ley por la que la formación de izquierdas propone una modificación electoral en nuestra Comunidad según la cual pasaríamos de tener 109 diputados a contar con 135. La propuesta, a pocos meses de las elecciones autonómicas, no deja de ser descabellada por distintos motivos.
El primero de ellos porque, a todas luces, se pretende modificar el marco parlamentario tras conocerse los resultados del 22 de mayo pasado y observarse un avance del Partido Popular (PP) que, con el actual reparto de fuerzas, podría auparse con la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. Supondría, por tanto, cambiar las reglas del juego una vez visto que las actuales no favorecen ya a quienes siempre venían ganando la partida.
Pero unido a ello, que ya de por sí representa una fraude electoral encubierto, contar con 26 parlamentarios más supondría que de las arcas públicas de Andalucía habría que disponer de más de un millón de euros, entre sueldos y complementos, precisamente en unos momentos en los que los responsables políticos más cuerdos recomiendan y propugnan la austeridad presupuestaria y el control del gasto público.
Conocedor de ello y de las críticas que iba a recibir, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, apuntaba la posibilidad de reducir en un 20 por ciento el sueldo de los parlamentarios para así dar entrada, sin sobrecoste, a los llegados de la ampliación.
Esta teoría del líder regional de IU coinciden con las propugnadas tradicionalmente por las doctrinas comunistas en el sentido de repartir la miseria entre muchos, porque díganme ustedes a quiénes puede interesar convertirse en parlamentarios andaluces con el sueldo que se derive del recorte propuesto por Valderas. Evidentemente, no a las mentes más formadas del panorama andaluz, que debieran ser las que abordasen la gestión de lo público en momentos tan difíciles como los actuales.
La pretensión, según dicen los interesados, es que en el Parlamento se sienten también los grupos minoritarios, ofreciendo mayor pluralidad al mismo. Sin embargo, el objetivo real es que con el reparto de escaños que se haga en las distintas provincias, tanto IU como PSOE tengan opción de acceder a un mayor número de diputados con los que intentar conformar mayorías de izquierdas y, a través de los cuales, obtener mayor cantidad de subvenciones a sus grupos parlamentarios, a fin de financiarse sus partidos internamente.
Si los grupos minoritarios han de estar en el Parlamento es al pueblo al que le corresponde determinarlo, sean 109 o 135 los parlamentarios que se elijan. Y lo cierto es que, hasta el momento actual, esos partidos minoritarios no han contado con el suficiente apoyo como para ocupar escaño en la Cámara.
Se habla de que el Parlamento de Madrid se ha incrementado, desde su constitución, en 33 diputados, para justificar el incremento en Andalucía. Pero ni por ello se ha modificado sustancialmente el espectro de representatividad en la Comunidad de Madrid, ni Andalucía se ha encontrado nunca en la situación de bonanza económica que vive aquella región.
Los problemas que preocupan a los andaluces son bien distintos a cuántos parlamentarios los representan, a tenor, sobre todo, de la valoración que en Andalucía se hace de sus políticos.
En lugar de incrementar el número de diputados, IU y el presidente de la Junta debieran preocuparse realmente de mejorar la cualidad de los existentes, intentando modificar la Ley Electoral en el sentido de dar más voz al pueblo, promoviendo las listas abiertas. Claro, que eso le resta poder a los partidos y sus dirigentes...
El primero de ellos porque, a todas luces, se pretende modificar el marco parlamentario tras conocerse los resultados del 22 de mayo pasado y observarse un avance del Partido Popular (PP) que, con el actual reparto de fuerzas, podría auparse con la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. Supondría, por tanto, cambiar las reglas del juego una vez visto que las actuales no favorecen ya a quienes siempre venían ganando la partida.
Pero unido a ello, que ya de por sí representa una fraude electoral encubierto, contar con 26 parlamentarios más supondría que de las arcas públicas de Andalucía habría que disponer de más de un millón de euros, entre sueldos y complementos, precisamente en unos momentos en los que los responsables políticos más cuerdos recomiendan y propugnan la austeridad presupuestaria y el control del gasto público.
Conocedor de ello y de las críticas que iba a recibir, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, apuntaba la posibilidad de reducir en un 20 por ciento el sueldo de los parlamentarios para así dar entrada, sin sobrecoste, a los llegados de la ampliación.
Esta teoría del líder regional de IU coinciden con las propugnadas tradicionalmente por las doctrinas comunistas en el sentido de repartir la miseria entre muchos, porque díganme ustedes a quiénes puede interesar convertirse en parlamentarios andaluces con el sueldo que se derive del recorte propuesto por Valderas. Evidentemente, no a las mentes más formadas del panorama andaluz, que debieran ser las que abordasen la gestión de lo público en momentos tan difíciles como los actuales.
La pretensión, según dicen los interesados, es que en el Parlamento se sienten también los grupos minoritarios, ofreciendo mayor pluralidad al mismo. Sin embargo, el objetivo real es que con el reparto de escaños que se haga en las distintas provincias, tanto IU como PSOE tengan opción de acceder a un mayor número de diputados con los que intentar conformar mayorías de izquierdas y, a través de los cuales, obtener mayor cantidad de subvenciones a sus grupos parlamentarios, a fin de financiarse sus partidos internamente.
Si los grupos minoritarios han de estar en el Parlamento es al pueblo al que le corresponde determinarlo, sean 109 o 135 los parlamentarios que se elijan. Y lo cierto es que, hasta el momento actual, esos partidos minoritarios no han contado con el suficiente apoyo como para ocupar escaño en la Cámara.
Se habla de que el Parlamento de Madrid se ha incrementado, desde su constitución, en 33 diputados, para justificar el incremento en Andalucía. Pero ni por ello se ha modificado sustancialmente el espectro de representatividad en la Comunidad de Madrid, ni Andalucía se ha encontrado nunca en la situación de bonanza económica que vive aquella región.
Los problemas que preocupan a los andaluces son bien distintos a cuántos parlamentarios los representan, a tenor, sobre todo, de la valoración que en Andalucía se hace de sus políticos.
En lugar de incrementar el número de diputados, IU y el presidente de la Junta debieran preocuparse realmente de mejorar la cualidad de los existentes, intentando modificar la Ley Electoral en el sentido de dar más voz al pueblo, promoviendo las listas abiertas. Claro, que eso le resta poder a los partidos y sus dirigentes...
ENRIQUE BELLIDO
