¿Recuerdan a Luis Roldán Ibáñez? Efectivamente, se trata del que fuera director general de la Guardia Civil, detenido en 1995 en el aeropuerto de Bangkok, procesado tres años después, condenado a 31 años de cárcel y, desde 2005, en libertad -primero, condicionada y, desde el pasado año, total-. De Roldán se demostró que se llevó 435 millones de las antiguas pesetas de los fondos reservados y que, aparte, se hizo con otros 1.800 millones en comisiones por las obras realizadas en los cuarteles y adquisiciones varias de material.
¿Cuánto se recuperó de aquello? En torno a 250 millones de pesetas se recaudaron por el procedimiento de embargo de sus cuentas bancarias o la subasta de sus bienes, pero alrededor de 10 millones de euros, 1.700 millones de pesetas, permanecen en paradero desconocido o, lo que es lo mismo, a buen recaudo de quien se hizo con ellos.
Roldán representó la culminación de todo un periodo de degradación del socialismo español gobernante, que se entregó sin escrúpulos a beneficiarse de los recursos públicos para, a través del cargo, conseguir el enriquecimiento personal.
Algo así estamos viviendo en estos días con el socialismo andaluz, entregado, a través de algunos de sus cargos, a la nada edificante tarea de hacer fortuna malversando los fondos públicos.
En este caso no se trata de los 13 millones de euros de los años 90, sino que la cantidad ha ido subiendo hasta ser unos 700 millones los que están siendo investigados por la Justicia. Una cantidad -117.000 millones de las rubias de entonces- que, en muchos casos, en lugar de ir destinada a cubrir los expedientes de regulación de empleo (ERE) de los trabajadores de muchas empresas en crisis, se ha destinado a propiciar jubilaciones millonarias para cargos públicos y personas cercanas al PSOE-A que ni pertenecían a las empresas afectadas o, incluso, ni tenían vida laboral acreditada.
El caso más llamativo, el del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, imputado por la jueza Mercedes Alaya, el cual figura como prejubilado de la empresa González Byass en 1981, pero con el dato curioso de que su antigüedad en la citada empresa era la de la fecha de su nacimiento.
A partir de él, el ex director general de Trabajo de la Junta, cargos sindicales de la UGT, exalcaldes, parientes y amigos, todos ellos en una larga lista de presuntos sinvergüenzas –no sólo una cuadrilla de cuatro, como defendía el portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez- que, como ya sucediese en la última etapa del socialismo felipista, han entendido que ésta era su última oportunidad para enriquecerse ya que a lo largo de los treinta últimos años de régimen en Andalucía, tal vez por su torpeza, no lo habían logrado.
Lo cierto es que el procedimiento judicial está sacando a la luz pública una realidad que tal vez represente el hilo suelto de toda una madeja que se haya ido tejiendo a lo largo de esos tres decenios y que suele tomar forma cuando las mayorías absolutas se transforman en dominios absolutos y hasta absolutistas de lo público sin permitir –como así ha venido ocurriendo- el control parlamentario por parte de la oposición.
¿Que Chaves y Griñan son responsables de ello? No me cabe la menor duda. Es cierto que no se ha demostrado que ambos o sus ascendientes se encuentren en el listado de beneficiarios de esos fondos, pero también lo es que el exconsejero ha mantenido su actividad política bajo la tutela directa de ambos, como presidentes del Gobierno de la Junta, lo que los convierte en responsables políticos del fraude.
Cierto que este tipo de responsabilidades no suelen dirimirse en los juzgados, pero son muchos los países democráticos que las solventan, al menos, con la dimisión del cargo que ha de asumirlas.
No es el caso de nuestro país, aunque sí recuerdo un antecedente, precisamente relacionado con Roldán, en el que el entonces ministro del Interior, Antonio Asunción, hoy defenestrado socialista, dimitió al conocerse la fuga del antiguo responsable de la Guardia Civil.
Chaves se quitó de en medio hace ya meses, refugiándose en Madrid, y Griñán dudo que a poco menos de un año de las elecciones reconozca su responsabilidad, como ya ha demostrado lanzando al harakiri a su consejera de Economía, Martínez Aguayo.
Queda por ver si, agravándose aún más la situación con nuevas imputaciones de la jueza que instruye el caso, el rumor que circula sobre la posibilidad de que sea Rosa Aguilar quien encabece la candidatura socialista al Gobierno andaluz se hace realidad.
¿Cuánto se recuperó de aquello? En torno a 250 millones de pesetas se recaudaron por el procedimiento de embargo de sus cuentas bancarias o la subasta de sus bienes, pero alrededor de 10 millones de euros, 1.700 millones de pesetas, permanecen en paradero desconocido o, lo que es lo mismo, a buen recaudo de quien se hizo con ellos.
Roldán representó la culminación de todo un periodo de degradación del socialismo español gobernante, que se entregó sin escrúpulos a beneficiarse de los recursos públicos para, a través del cargo, conseguir el enriquecimiento personal.
Algo así estamos viviendo en estos días con el socialismo andaluz, entregado, a través de algunos de sus cargos, a la nada edificante tarea de hacer fortuna malversando los fondos públicos.
En este caso no se trata de los 13 millones de euros de los años 90, sino que la cantidad ha ido subiendo hasta ser unos 700 millones los que están siendo investigados por la Justicia. Una cantidad -117.000 millones de las rubias de entonces- que, en muchos casos, en lugar de ir destinada a cubrir los expedientes de regulación de empleo (ERE) de los trabajadores de muchas empresas en crisis, se ha destinado a propiciar jubilaciones millonarias para cargos públicos y personas cercanas al PSOE-A que ni pertenecían a las empresas afectadas o, incluso, ni tenían vida laboral acreditada.
El caso más llamativo, el del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, imputado por la jueza Mercedes Alaya, el cual figura como prejubilado de la empresa González Byass en 1981, pero con el dato curioso de que su antigüedad en la citada empresa era la de la fecha de su nacimiento.
A partir de él, el ex director general de Trabajo de la Junta, cargos sindicales de la UGT, exalcaldes, parientes y amigos, todos ellos en una larga lista de presuntos sinvergüenzas –no sólo una cuadrilla de cuatro, como defendía el portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez- que, como ya sucediese en la última etapa del socialismo felipista, han entendido que ésta era su última oportunidad para enriquecerse ya que a lo largo de los treinta últimos años de régimen en Andalucía, tal vez por su torpeza, no lo habían logrado.
Lo cierto es que el procedimiento judicial está sacando a la luz pública una realidad que tal vez represente el hilo suelto de toda una madeja que se haya ido tejiendo a lo largo de esos tres decenios y que suele tomar forma cuando las mayorías absolutas se transforman en dominios absolutos y hasta absolutistas de lo público sin permitir –como así ha venido ocurriendo- el control parlamentario por parte de la oposición.
¿Que Chaves y Griñan son responsables de ello? No me cabe la menor duda. Es cierto que no se ha demostrado que ambos o sus ascendientes se encuentren en el listado de beneficiarios de esos fondos, pero también lo es que el exconsejero ha mantenido su actividad política bajo la tutela directa de ambos, como presidentes del Gobierno de la Junta, lo que los convierte en responsables políticos del fraude.
Cierto que este tipo de responsabilidades no suelen dirimirse en los juzgados, pero son muchos los países democráticos que las solventan, al menos, con la dimisión del cargo que ha de asumirlas.
No es el caso de nuestro país, aunque sí recuerdo un antecedente, precisamente relacionado con Roldán, en el que el entonces ministro del Interior, Antonio Asunción, hoy defenestrado socialista, dimitió al conocerse la fuga del antiguo responsable de la Guardia Civil.
Chaves se quitó de en medio hace ya meses, refugiándose en Madrid, y Griñán dudo que a poco menos de un año de las elecciones reconozca su responsabilidad, como ya ha demostrado lanzando al harakiri a su consejera de Economía, Martínez Aguayo.
Queda por ver si, agravándose aún más la situación con nuevas imputaciones de la jueza que instruye el caso, el rumor que circula sobre la posibilidad de que sea Rosa Aguilar quien encabece la candidatura socialista al Gobierno andaluz se hace realidad.
ENRIQUE BELLIDO
