El pasado martes se dio a conocer la gran noticia: Gobierno, sindicatos y patronal por fin alcanzaron un acuerdo para firmar el tan perseguido “Pacto social”. Un acuerdo cuyo único objetivo palpable es mantener la estabilidad y la tranquilidad de los trabajadores en unos tiempos –los que estamos viviendo- muy revueltos y con mucha mala leche contenida. Noticia, además, que fue eclipsada con la verdaderamente importante de la semana: cientotreintayunmil desempleados más en enero.
Leyendo sobre el asunto, y a la espera de conocer con más exactitud el contenido concreto del Pacto, entiendo que éste se ha centrado en tres cuestiones fundamentalmente: pensiones, negociación colectiva y políticas activas de empleo. Sobre las pensiones no comentaré hoy nada –estoy preparando un artículo específico sobre este tema que, Dios mediante, verá la luz en pocas semanas-. Repasemos los otros dos.
Para quien no lo sepa, cuando se habla de "negociación colectiva" nos estamos refiriendo al acuerdo en el que trabajadores y empresarios fijan las condiciones laborales de un sector o actividad en concreto para un período normalmente bianual. Los Convenios Colectivos, o sea.
Esto es, unos señores que dicen tener la representación de todos los trabajadores se reúnen con otros señores que dicen ostentar la representación de todos los empresarios y se ponen a discutir sobre cuánto ganará cada categoría este año y el que viene; cuántos días de vacaciones y de permisos les corresponden; y si debe haber jabón en las duchas de trabajadores (y trabajadoras, por supuesto).
Esto está muy bien, es un gran invento –está claro- porque así cualquier trabajador y cualquier empresario pueden saber a qué atenerse cuando hay diferencias entre ambos. Y me imagino que, conociéndome, ya se estarán ustedes preguntando dónde está el truco.
Sencillamente, ocurre que ni empresarios ni trabajadores cumplen lo que se aprobado en los Convenios. Esto sucede por dos motivos, principalmente: primero, porque los ambos quieren siempre más de lo que pone en el Convenio, y entonces hay que negociar afuera aparte del mismo. Segundo, porque lo que se negocia en Madrid, por más que se empeñen UGT y CCOO, no vale para Córdoba, Montilla ni Algodonales.
Si un administrativo de una empresa que facture tres o cuatro millones de euros trabaja en Madrid, su sueldo estará en torno a los 1.300 euros. Si, por el contrario, trabaja en Montilla, Cabra, Puerto Real o Brenes, ese salario llegará a duras penas a los 800 euros. Es normal: vivir en Madrid es mucho más caro que vivir en Montilla.
En definitiva, la negociación colectiva introduce un cierto intervencionismo en el mercado laboral que, como es natural, lo hace más rígido de lo que debiera ser. ¿Por qué no se deja libertad para que empresario y trabajador negocien particularmente sus condiciones? Porque el empresario tirará para abajo y siempre –especialmente en épocas de crisis- encontrará trabajadores dispuestos a aceptar condiciones inferiores.
Juzguen ustedes mismos qué es lo mejor, pues: un mercado donde las condiciones son rígidas y, por tanto, hay menor oferta de puestos de trabajo, o el mismo mercado pero con la posibilidad para el trabajador de decidir si acepta o no las condiciones, y mejorarlas demostrando su capacidad.
Respecto de las políticas activas de empleo se me ocurre que el acuerdo se logra principalmente por la oferta del Gobierno de aumentar los fondos destinados a la formación.
De todos es sabido que tanto colectivos sindicales como empresariales reciben cuantiosas sumas en concepto de subvenciones destinadas a programas formativos –por mi propia experiencia he de decir que son mucho mejor gestionados los programas de CEOE y Cámaras de Comercio que los de centrales sindicales; de hecho, tengo alguna deuda pendiente por ahí de cursos que impartí para una de esas centrales hace diez años y que Dios –o el secretario provincial de turno- sabrá dónde ha ido a parar-. Claro, todo lo que signifique pasta gratis facilita mucho cualquier tipo de acuerdo.
Además, tengo que decirles que me ha llamado mucho la atención que se incluya la ayuda a los parados de larga duración como política activa de empleo. Se supone que el término activas hace referencia a medidas que persiguen la integración real del desempleado en el mercado laboral –formación, mejora del perfil profesional, mejora de la empleabilidad y cosas por el estilo-. No hay nada que desincentive más la búsqueda activa de empleo como un subsidio.
Sí, ya sé que hay muchas personas que cambiarían sin pensarlo los 426 euritos por un puesto de trabajo. Pero también hay muchas que prefieren estar en casa tranquilamente esperando a que les llamen, mientras complementan el subsidio con algunas chapucillas sin importancia.
Para terminar, comentar muy brevemente la otra tontería de la semana: comparar este pacto con los históricos Pactos de la Moncloa huele, una vez más, a propaganda rancia del aparato del partido. Ni tienen nada que ver, ni la situación es la misma, ni por supuesto la talla política de Suárez tiene posibilidad de comparación con la vacuidad inerte del señor Zapatero.
Leyendo sobre el asunto, y a la espera de conocer con más exactitud el contenido concreto del Pacto, entiendo que éste se ha centrado en tres cuestiones fundamentalmente: pensiones, negociación colectiva y políticas activas de empleo. Sobre las pensiones no comentaré hoy nada –estoy preparando un artículo específico sobre este tema que, Dios mediante, verá la luz en pocas semanas-. Repasemos los otros dos.
Para quien no lo sepa, cuando se habla de "negociación colectiva" nos estamos refiriendo al acuerdo en el que trabajadores y empresarios fijan las condiciones laborales de un sector o actividad en concreto para un período normalmente bianual. Los Convenios Colectivos, o sea.
Esto es, unos señores que dicen tener la representación de todos los trabajadores se reúnen con otros señores que dicen ostentar la representación de todos los empresarios y se ponen a discutir sobre cuánto ganará cada categoría este año y el que viene; cuántos días de vacaciones y de permisos les corresponden; y si debe haber jabón en las duchas de trabajadores (y trabajadoras, por supuesto).
Esto está muy bien, es un gran invento –está claro- porque así cualquier trabajador y cualquier empresario pueden saber a qué atenerse cuando hay diferencias entre ambos. Y me imagino que, conociéndome, ya se estarán ustedes preguntando dónde está el truco.
Sencillamente, ocurre que ni empresarios ni trabajadores cumplen lo que se aprobado en los Convenios. Esto sucede por dos motivos, principalmente: primero, porque los ambos quieren siempre más de lo que pone en el Convenio, y entonces hay que negociar afuera aparte del mismo. Segundo, porque lo que se negocia en Madrid, por más que se empeñen UGT y CCOO, no vale para Córdoba, Montilla ni Algodonales.
Si un administrativo de una empresa que facture tres o cuatro millones de euros trabaja en Madrid, su sueldo estará en torno a los 1.300 euros. Si, por el contrario, trabaja en Montilla, Cabra, Puerto Real o Brenes, ese salario llegará a duras penas a los 800 euros. Es normal: vivir en Madrid es mucho más caro que vivir en Montilla.
En definitiva, la negociación colectiva introduce un cierto intervencionismo en el mercado laboral que, como es natural, lo hace más rígido de lo que debiera ser. ¿Por qué no se deja libertad para que empresario y trabajador negocien particularmente sus condiciones? Porque el empresario tirará para abajo y siempre –especialmente en épocas de crisis- encontrará trabajadores dispuestos a aceptar condiciones inferiores.
Juzguen ustedes mismos qué es lo mejor, pues: un mercado donde las condiciones son rígidas y, por tanto, hay menor oferta de puestos de trabajo, o el mismo mercado pero con la posibilidad para el trabajador de decidir si acepta o no las condiciones, y mejorarlas demostrando su capacidad.
Respecto de las políticas activas de empleo se me ocurre que el acuerdo se logra principalmente por la oferta del Gobierno de aumentar los fondos destinados a la formación.
De todos es sabido que tanto colectivos sindicales como empresariales reciben cuantiosas sumas en concepto de subvenciones destinadas a programas formativos –por mi propia experiencia he de decir que son mucho mejor gestionados los programas de CEOE y Cámaras de Comercio que los de centrales sindicales; de hecho, tengo alguna deuda pendiente por ahí de cursos que impartí para una de esas centrales hace diez años y que Dios –o el secretario provincial de turno- sabrá dónde ha ido a parar-. Claro, todo lo que signifique pasta gratis facilita mucho cualquier tipo de acuerdo.
Además, tengo que decirles que me ha llamado mucho la atención que se incluya la ayuda a los parados de larga duración como política activa de empleo. Se supone que el término activas hace referencia a medidas que persiguen la integración real del desempleado en el mercado laboral –formación, mejora del perfil profesional, mejora de la empleabilidad y cosas por el estilo-. No hay nada que desincentive más la búsqueda activa de empleo como un subsidio.
Sí, ya sé que hay muchas personas que cambiarían sin pensarlo los 426 euritos por un puesto de trabajo. Pero también hay muchas que prefieren estar en casa tranquilamente esperando a que les llamen, mientras complementan el subsidio con algunas chapucillas sin importancia.
Para terminar, comentar muy brevemente la otra tontería de la semana: comparar este pacto con los históricos Pactos de la Moncloa huele, una vez más, a propaganda rancia del aparato del partido. Ni tienen nada que ver, ni la situación es la misma, ni por supuesto la talla política de Suárez tiene posibilidad de comparación con la vacuidad inerte del señor Zapatero.
MARIO J. HURTADO
