Que las compañías privadas paguen a sus ejecutivos sueldos millonarios, siempre que haya libre competencia en el mercado y esos sueldos no graven el precio que los ciudadanos deban abonar a dichas compañías por sus servicios, me parece normal. Lo estamos viendo en el fútbol y nadie parece escandalizarse. Al contrario, son muchos los forofos que posiblemente carezcan de un puesto de trabajo y, sin embargo, aplauden a rabiar a esos ídolos con fichas astronómicas: es la ley de la oferta y la demanda que entre todos impulsamos.
Ya me parece peor que a quienes han tenido responsabilidades públicas y, en su día, debieron adoptar decisiones políticas que en algún sentido afectaron a las citadas empresas privadas, se les contrate con importantes salarios anuales en estas mismas empresas.
Lo que en absoluto me parece de recibo es que mientras en la Administración pública existe un severo régimen de incompatibilidades que afecta a todo tipo de trabajadores -con salarios, muchos de ellos, casi de subsistencia-, dos ex presidentes del Gobierno, Felipe González y José María Aznar, mantengan un sueldo anual del Estado de unos 70.000 euros -más otras prebendas-, mientras que por un solo concepto -el de asesorar a Gas Natural y a Endesa- van a percibir 126.000 euros anuales y 300.000, respectivamente.
¿Qué quieren que les diga? Pues que con la que está cayendo, me parece una auténtica sinvergonzonería a la que hay que dar respuesta parlamentaria inmediata, modificándose el régimen de incompatibilidades en estos casos, como proponía la diputada Rosa Díez.
Me recuerda un buen amigo que, además, "pretenden que la reforma de las pensiones no les alcance a ellos en ningún aspecto: ni en lo referente al tiempo de cotización ni al periodo de cálculo de la misma, manteniendo por supuesto la máxima pensión con ocho años en el Parlamento".
No puede aceptarse bajo ningún concepto este trato discriminatorio de la Administración hacia los ex presidentes de Gobierno mientras no solo el país tirita de frío por los salarios de los trabajadores -que, en el caso de los funcionarios, sufrieron en 2010 una bajada del 5 por ciento- sino que los propios funcionarios, en muchos casos, están impedidos por ley para obtener otro tipo de recursos salariales.
No sé, como decía Esteban González Pons, si los 300.000 euros de Aznar serán escasos en comparación a lo que perciben los consejeros de Endesa -los médicos al servicio de la Administración debemos emplear en torno a cinco años, con dedicación exclusiva, guardias y complementos, para sumar esa cifra-, o los 126.000 que pagará Gas Natural satisfarán las expectativas de Felipe González.
Pero, reitero, me parece de una total y rotunda falta de ética, por mucho que la ley les asista, que ambos personajes acepten esa situación. Y también creo que es de ruborizante entreguismo el hecho de que los partidos políticos en los que asientan sus reales pretendan incluso justificarlos. ¿Y quieren que no esté desprestigiada la clase política? Demasiada basura es lo que tenemos entre ella.
Ya me parece peor que a quienes han tenido responsabilidades públicas y, en su día, debieron adoptar decisiones políticas que en algún sentido afectaron a las citadas empresas privadas, se les contrate con importantes salarios anuales en estas mismas empresas.
Lo que en absoluto me parece de recibo es que mientras en la Administración pública existe un severo régimen de incompatibilidades que afecta a todo tipo de trabajadores -con salarios, muchos de ellos, casi de subsistencia-, dos ex presidentes del Gobierno, Felipe González y José María Aznar, mantengan un sueldo anual del Estado de unos 70.000 euros -más otras prebendas-, mientras que por un solo concepto -el de asesorar a Gas Natural y a Endesa- van a percibir 126.000 euros anuales y 300.000, respectivamente.
¿Qué quieren que les diga? Pues que con la que está cayendo, me parece una auténtica sinvergonzonería a la que hay que dar respuesta parlamentaria inmediata, modificándose el régimen de incompatibilidades en estos casos, como proponía la diputada Rosa Díez.
Me recuerda un buen amigo que, además, "pretenden que la reforma de las pensiones no les alcance a ellos en ningún aspecto: ni en lo referente al tiempo de cotización ni al periodo de cálculo de la misma, manteniendo por supuesto la máxima pensión con ocho años en el Parlamento".
No puede aceptarse bajo ningún concepto este trato discriminatorio de la Administración hacia los ex presidentes de Gobierno mientras no solo el país tirita de frío por los salarios de los trabajadores -que, en el caso de los funcionarios, sufrieron en 2010 una bajada del 5 por ciento- sino que los propios funcionarios, en muchos casos, están impedidos por ley para obtener otro tipo de recursos salariales.
No sé, como decía Esteban González Pons, si los 300.000 euros de Aznar serán escasos en comparación a lo que perciben los consejeros de Endesa -los médicos al servicio de la Administración debemos emplear en torno a cinco años, con dedicación exclusiva, guardias y complementos, para sumar esa cifra-, o los 126.000 que pagará Gas Natural satisfarán las expectativas de Felipe González.
Pero, reitero, me parece de una total y rotunda falta de ética, por mucho que la ley les asista, que ambos personajes acepten esa situación. Y también creo que es de ruborizante entreguismo el hecho de que los partidos políticos en los que asientan sus reales pretendan incluso justificarlos. ¿Y quieren que no esté desprestigiada la clase política? Demasiada basura es lo que tenemos entre ella.
ENRIQUE BELLIDO
