La detención hace unos días del teniente de la Guardia Civil, responsable del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga en Málaga, así como de varios agentes y ex agentes del Cuerpo, en una operación contra el narcotráfico, nos invita a dos valoraciones bien distintas. La primera de ellas, la eficacia del propio Instituto Armado a la hora de llevar a cabo acciones de autodepuración como ésta, que consiguen poner ante la Justicia a sus miembros corruptos.
La segunda es menos rotunda. Estos hechos, unidos a algunos otros que se han desarrollado en el seno de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, nos plantean la duda sobre la cualidad ética y humana de un número, no sé si significativo o no, de estos funcionarios, defensores de la ley y el orden, que cuentan entre sus atribuciones con la del ejercicio de la autoridad, con lo que el mismo representa en un Estado democrático y de derecho.
¿Qué sucede para que se esté produciendo este comportamiento? Un lector de uno de los medios de comunicación que daban la noticia comentaba que la escasez de los sueldos de los agentes de la autoridad y su imposibilidad para el desempeño de otra actividad complementaria lleva finalmente a que algunos de ellos escojan el camino del enriquecimiento al margen de la ley con prácticas delictivas como la ahora descubierta.
No creo que sea esa la causa porque no es generalizado este tipo de comportamientos entre los miembros de los cuerpos de Policía y Guardia Civil. La causa hay que buscarla, como en otros sectores sociales, en la calidad humana de quienes desempeñan esos cargos, en su capacitación para los mismos y, cosa muy importante, en el proceso de selección y seguimiento que desde instancias superiores se haga de todos y cada uno de aquellos que aspiran a ingresar en cualquiera de dichos cuerpos nacionales, autonómicos o locales.
Poner un arma en la cintura y entregar a alguien la potestad para el ejercicio de la autoridad no debe ser, en ningún caso, un ejercicio meramente laboral por el que se cubren una serie de plazas con las que intentar hacer frente a los problemas de seguridad que la sociedad nos crea.
Exige, de los poderes públicos, una cuidadosa selección que ha de ir más allá de las pruebas técnicas que se realicen, para adentrarse en un profundo análisis de la personalidad y las circunstancias de cada uno de los aspirantes.
La integridad de todos ellos, su capacidad para saber adaptarse a las distintas circunstancias que pueden incidir sobre su personalidad y el escrupuloso respeto a lo legalmente establecido, han de representar la mejor garantía para el buen ejercicio profesional de su actividad.
Si la valoración de tales parámetros obliga, además, a que la sociedad deba realizar un mayor esfuerzo económico, en forma de incrementos salariales, no nos quepa duda alguna que habremos invertido de forma rentable socialmente nuestros recursos comunes.
Lo que no es de recibo es que quienes han de velar, como en el caso que nos ocupa, por impedir la delincuencia organizada y el tráfico de droga, se sirvan precisamente de los instrumentos que la sociedad pone a su servicio para, desde las propias instituciones policiales, alimentar las redes delictivas, generando un daño inconmensurable a la sociedad que no solo puede medirse en los 1.400 kilogramos de hachis aprehendidos, sino en muchas otras partidas que hayan podido eludir del control y, sobre todo, en términos de credibilidad hacia quienes dicen ser defensores de la ley y el orden.
No creo, como comentaba otro de los lectores, que España se esté "mejicanizando" en la lucha contra la droga, pero sí que hemos de exigir del Ministerio de Interior y del Ministerio de Justicia que hechos como los ahora descubiertos no vuelvan a producirse, no porque se oculten a los ciudadanos, sino porque se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para impedir que el delito se lleve a efecto.
No puede volver a suceder que quien en una provincia como Málaga está al frente de la lucha contra la delincuencia organizada y la droga sea precisamente un presunto delincuente y un traficante de droga.
La segunda es menos rotunda. Estos hechos, unidos a algunos otros que se han desarrollado en el seno de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, nos plantean la duda sobre la cualidad ética y humana de un número, no sé si significativo o no, de estos funcionarios, defensores de la ley y el orden, que cuentan entre sus atribuciones con la del ejercicio de la autoridad, con lo que el mismo representa en un Estado democrático y de derecho.
¿Qué sucede para que se esté produciendo este comportamiento? Un lector de uno de los medios de comunicación que daban la noticia comentaba que la escasez de los sueldos de los agentes de la autoridad y su imposibilidad para el desempeño de otra actividad complementaria lleva finalmente a que algunos de ellos escojan el camino del enriquecimiento al margen de la ley con prácticas delictivas como la ahora descubierta.
No creo que sea esa la causa porque no es generalizado este tipo de comportamientos entre los miembros de los cuerpos de Policía y Guardia Civil. La causa hay que buscarla, como en otros sectores sociales, en la calidad humana de quienes desempeñan esos cargos, en su capacitación para los mismos y, cosa muy importante, en el proceso de selección y seguimiento que desde instancias superiores se haga de todos y cada uno de aquellos que aspiran a ingresar en cualquiera de dichos cuerpos nacionales, autonómicos o locales.
Poner un arma en la cintura y entregar a alguien la potestad para el ejercicio de la autoridad no debe ser, en ningún caso, un ejercicio meramente laboral por el que se cubren una serie de plazas con las que intentar hacer frente a los problemas de seguridad que la sociedad nos crea.
Exige, de los poderes públicos, una cuidadosa selección que ha de ir más allá de las pruebas técnicas que se realicen, para adentrarse en un profundo análisis de la personalidad y las circunstancias de cada uno de los aspirantes.
La integridad de todos ellos, su capacidad para saber adaptarse a las distintas circunstancias que pueden incidir sobre su personalidad y el escrupuloso respeto a lo legalmente establecido, han de representar la mejor garantía para el buen ejercicio profesional de su actividad.
Si la valoración de tales parámetros obliga, además, a que la sociedad deba realizar un mayor esfuerzo económico, en forma de incrementos salariales, no nos quepa duda alguna que habremos invertido de forma rentable socialmente nuestros recursos comunes.
Lo que no es de recibo es que quienes han de velar, como en el caso que nos ocupa, por impedir la delincuencia organizada y el tráfico de droga, se sirvan precisamente de los instrumentos que la sociedad pone a su servicio para, desde las propias instituciones policiales, alimentar las redes delictivas, generando un daño inconmensurable a la sociedad que no solo puede medirse en los 1.400 kilogramos de hachis aprehendidos, sino en muchas otras partidas que hayan podido eludir del control y, sobre todo, en términos de credibilidad hacia quienes dicen ser defensores de la ley y el orden.
No creo, como comentaba otro de los lectores, que España se esté "mejicanizando" en la lucha contra la droga, pero sí que hemos de exigir del Ministerio de Interior y del Ministerio de Justicia que hechos como los ahora descubiertos no vuelvan a producirse, no porque se oculten a los ciudadanos, sino porque se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para impedir que el delito se lleve a efecto.
No puede volver a suceder que quien en una provincia como Málaga está al frente de la lucha contra la delincuencia organizada y la droga sea precisamente un presunto delincuente y un traficante de droga.
ENRIQUE BELLIDO
