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23 de abril de 2014

  • 23.4.14
A principios del mes de abril, la periodista del canal de informativos venezolano Globovisión, Vanessa Ugueto, fue despedida tras solidarizarse con otros compañeros que presentaron su dimisión tras denunciar casos de autocensura en el canal. La jefa de Corresponsalías de la misma cadena, Nairobi Pinto, fue liberada el pasado día 14 tras pasar ocho días secuestrada. Nada se sabe de sus captores.

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Dos días después, el periodista Marcos Morín Aguirre fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SBIN). Tras quitarle su teléfono móvil, fue llevado a golpes al Helicoide (sede del SBIN en Caracas), de donde fue liberado al poco tiempo. Se le imputan cuatro delitos cibernéticos.

Todos estos son casos particulares y notorios de una situación que ya existía antes de las protestas, pero que se ha agudizado en los últimos dos meses. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció el pasado 12 de abril que ha registrado 187 agresiones a 137 comunicadores desde que empezaran las protestas. Unos datos que reflejan la tragedia del periodismo en Venezuela.

No hay buenos, no hay malos. De acuerdo al SNTP, el 60 por ciento de las agresiones fue llevado a cabo por funcionarios del Estado, lo que quiere decir que el cuarenta por ciento restante se reparte entre manifestantes chavistas y opositores.

Sin embargo, el SNTP no es más que una de las muchas organizaciones que han denunciado la situación de los comunicadores en Venezuela. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su informe de Medio Año de 2014, afirma: “105 periodistas fueron detenidos o amenazados, golpeados o heridos. A algunos se les decomisaron sus equipos o les borraron sus fotos, sobre todo por parte de funcionarios policiales, militares o por los llamados “colectivos populares” (grupos civiles armados) al servicio del gobierno”.

Por otro lado, la SIP denuncia: “En Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro aumentó las restricciones a los medios y las redes sociales con censura directa mientras sigue aplicando censura indirecta a los periódicos, con restricciones administrativas, no permitiéndoles importar papel y otros insumos”.

Efectivamente, el problema de la censura es grave, especialmente en el ámbito escrito. Bajo el hashtag #sinpapelnohayperiodico se denuncia en Twitter una de sus manifestaciones más graves: el control sobre el papel de periódico.

La falta de este material, las dificultades para importarla y su distribución interesada han hecho que multitud de diarios hayan modificado sus publicaciones para ahorrar papel. Frente a esta situación, los medios impresos fieles al Gobierno cuentan con instituciones gubernamentales que se encargan de la compra masiva de papel y de todo lo necesario para su funcionamiento.

La situación llega hasta tal punto que la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andarios) distribuyó recientemente 52 toneladas de papel entre algunos de los principales diarios venezolanos. De ellos, 18 rollos fueron a parar a El Impulso, diario difundido en el Estado de Lara al noroeste del país y que es considerado el más antiguo de Venezuela; por su parte, 39 rollos fueron enviados a El Nacional y 18 a El Nuevo País, ubicados ambos en Caracas.

Estos tres diarios no son los únicos con problemas. Decenas de diarios se ven afectados, como es el caso de El Universal, que ha reducido su número de páginas drásticamente a pesar de ser uno de los principales del país. Algunos de los grandes diarios han anunciado que sólo les queda papel para dos semanas. Otros diarios han cerrado temporal o definitivamente, como es el caso de Versión Final, La Hora o Caribe.

Los medios audiovisuales tienen cada vez más restricciones a la hora de informar sobre los disturbios. El Estado busca la hegemonía comunicativa tanto en radio como en televisión, expulsando o controlando tanto a medios nacionales como extranjeros. La oposición cada vez recibe menos atención mediática y la autocensura es un hecho.

Con respecto a los foráneos, hay ejemplos tan sonados como el de CNN y NTN24. Al principio de las protestas, la corresponsal de CNN en el país, Patricia Janiot, salió del país tras afirmar que fue víctima de "hostigamiento" por parte de militares venezolanos. En su despedida, declaró: “Yo no sé cómo interpretar el hecho de que no podemos seguir trabajando como periodistas en Venezuela cuando fuimos a eso. No sé cómo entender ese mensaje”.

Recientemente, la colombiana NTN24 ha acusado al presidente Nicolás Maduro de censurar la cadena. Esta acusación se produce después de que la cadena fuera sacada del listado de canales que ofrece DirectTV en el país el pasado 13 de febrero, tras las primeras manifestaciones violentas. Su directora, Claudia Gurisatti, afirmó que se trataba de una "censura a la prensa libre, un atropello al derecho que tienen los ciudadanos de informarse y un atentado a la libertad de expresión".

En cuanto a los medios nacionales, un buen ejemplo de la situación es Globovisión. A pesar de ser un medio relativamente crítico con el régimen, en los últimos tiempos se ha moderado considerablemente. Desde que empezaron las protestas, ha sido acusado en varias ocasiones por sus propios trabajadores de ejercer una importante autocensura.

Ejemplos de una página negra de la historia de la prensa venezolana. William Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), ha negado en rotundo la existencia de una censura, y asegura que "nadie" puede obligar a un medio a autocensurarse. A su juicio, "aquí hay absoluta libertad de expresión y de información y se ha informado con absoluta libertad, a mi criterio incluso con libertinaje".

Por otro lado, destacó que en Venezuela no puede hablarse de censura o autocensura, ya que el 70 por ciento de las radios del país son privadas y promueven las guarimbas (barricadas). En este sentido, Castillo ha denunciado de forma reiterada una estrategia de manipulación mediática para desestabilizar el país.

Toda esta situación hace complicada la labor periodística en una región donde el ejercicio del periodismo ya es habitualmente complicado. Las redes sociales son importantes herramientas sustitutivas, pero también ha habido iniciativas contra ellas.

En marzo, la coordinadora general de Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), Luisa Torrealba, afirmaba que “las redes sociales se prestan para publicar informaciones que son inciertas, pero ese es el argumento para establecer medidas que buscan censurar y criminalizar el uso de las redes, entonces se estaría impidiendo que se difunda información”.

Para evitar la censura, hace unos días se ha creado en Internet Venezuela Decoded, que está disponible tanto en inglés como en español, y que se apoya notablemente en Twitter. En la pestaña de "Quiénes somos" se puede leer lo siguiente:

“Somos un grupo de periodistas, diseñadores y programadores asociados al programa de periodismo del John S. Knight Fellowship de la Universidad de Stanford. Tres venezolanos, dos bolivianos y un estadounidense. Creemos en la tecnología como una herramienta fundamental para la búsqueda de la verdad”.

Desafortunadamente, es pronto para medir su impacto por lo reciente de su creación y por la poca información propia que contiene, pero su sola existencia demuestra la dificultad que algunos venezolanos encuentran a la hora de acceder a información crítica.

Actualmente, el proceso de diálogo abierto entre chavistas y opositores, principalmente de la vertiente moderada, está centrado en cuestiones políticas, pero más allá de las consignas, la libertad de expresión y la libertad de prensa son temas que están en la agenda.

RAFAEL SOTO



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