Por fin el Parlamento andaluz ha aprobado la incompatibilidad entre el cargo de alcalde, presidente de Diputación o de Mancomunidad y el de parlamentario andaluz. Según la información que leo, los socialistas ya mantenían esa incompatibilidad desde 1996, por prohibirlo sus estatutos y, curiosamente, el Partido Popular (PP) presentó en 1995 una proposición de Ley por la que solicitaba dicho régimen de incompatibilidades.
Por tanto, y conociendo que en Galicia, gobernada por el PP, resulta también incompatible el ejercicio de ambos desempeños institucionales, me parece una desacertada decisión que los populares anuncien recurrir al Tribunal Constitucional esta medida, como también me parece -y lo volveré a repetir una y mil veces- un desprecio a la militancia que no ocupa los máximos cargos en las instituciones municipales, al infravalorarla con respecto al papel que podrían llevar a cabo en la Cámara andaluza.
En momentos de crisis como los que vivimos, y sin necesidad de que éstos se den, la duplicidad de funciones representa una aberración social cuando tan importante es que cada cuál desempeñe a plenitud de tiempo y dedicación sus funciones, estableciéndose una distribución racional y operativa de las mismas.
Me parece un error, un profundo error, que desde el PP-A se empecinen en que un número importante de alcaldes sean parlamentarios andaluces cuando, en primer lugar, ya tienen bastante con gestionar adecuadamente sus ayuntamientos.
Y, en segundo lugar, la “Andalucía profunda” -qué poco me gusta el término- a la que se refería Javier Arenas hace pocos días, necesita de los mayores efectivos institucionales posibles para obtener de ella el voto del interior que todavía se le niega al PP, algo esto que no se va a conseguir con parlamentarios que deben atender a la vez una alcaldía y quién sabe si, también, una ocupación orgánica dentro del partido.
Pero es que, además, da la impresión de que lo que se pretende es, con el cargo de parlamentario, retribuir con mayor salario a quien ocupa una alcaldía, hoy sabemos que con limitados emolumentos, cuando el acceso a un cargo debiera representar una opción libre que, efectivamente, necesita de un salario digno, pero el cual no debe ajustarse a las espectativas de quien opta a aquél sino a la realidad económica de la institución en la que se enclava.
Estoy convencido de que ese anunciado recurso -si al final se presenta, que lo dudo- no llevará a nada y la incompatibilidad que se exige en la Administración y, de hecho, se impone en la empresa privada, llegará también al Parlamento andaluz, ofreciendo, por otra parte, savia nueva a los escaños, infectados de endogamias de poder.
Por tanto, y conociendo que en Galicia, gobernada por el PP, resulta también incompatible el ejercicio de ambos desempeños institucionales, me parece una desacertada decisión que los populares anuncien recurrir al Tribunal Constitucional esta medida, como también me parece -y lo volveré a repetir una y mil veces- un desprecio a la militancia que no ocupa los máximos cargos en las instituciones municipales, al infravalorarla con respecto al papel que podrían llevar a cabo en la Cámara andaluza.
En momentos de crisis como los que vivimos, y sin necesidad de que éstos se den, la duplicidad de funciones representa una aberración social cuando tan importante es que cada cuál desempeñe a plenitud de tiempo y dedicación sus funciones, estableciéndose una distribución racional y operativa de las mismas.
Me parece un error, un profundo error, que desde el PP-A se empecinen en que un número importante de alcaldes sean parlamentarios andaluces cuando, en primer lugar, ya tienen bastante con gestionar adecuadamente sus ayuntamientos.
Y, en segundo lugar, la “Andalucía profunda” -qué poco me gusta el término- a la que se refería Javier Arenas hace pocos días, necesita de los mayores efectivos institucionales posibles para obtener de ella el voto del interior que todavía se le niega al PP, algo esto que no se va a conseguir con parlamentarios que deben atender a la vez una alcaldía y quién sabe si, también, una ocupación orgánica dentro del partido.
Pero es que, además, da la impresión de que lo que se pretende es, con el cargo de parlamentario, retribuir con mayor salario a quien ocupa una alcaldía, hoy sabemos que con limitados emolumentos, cuando el acceso a un cargo debiera representar una opción libre que, efectivamente, necesita de un salario digno, pero el cual no debe ajustarse a las espectativas de quien opta a aquél sino a la realidad económica de la institución en la que se enclava.
Estoy convencido de que ese anunciado recurso -si al final se presenta, que lo dudo- no llevará a nada y la incompatibilidad que se exige en la Administración y, de hecho, se impone en la empresa privada, llegará también al Parlamento andaluz, ofreciendo, por otra parte, savia nueva a los escaños, infectados de endogamias de poder.
ENRIQUE BELLIDO
