Los acuerdos con la Iglesia

La polémica desatada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), más conocida como "Ley Wert", ha vuelto a enfrentar a la sociedad española en un debate antiguo pero polémico: las relaciones Iglesia-Estado. Unas relaciones no carentes de mitos, confusiones y malentendidos, que llevan a plantear el modelo confesional del estado español.



Una de las críticas clásicas a las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica es que se pone a la confesión católica por encima del resto. Aunque cierta, esta afirmación es algo inexacta. Ciertamente, la religión católica tiene unos privilegios que las demás religiones difícilmente pueden llegar a tener. Pero no es la confesión católica la que cuenta con esos privilegios –ya que sería inconstitucional- sino el Estado de la Ciudad del Vaticano.

Por tanto, para entender las relaciones entre la Iglesia y el Estado es esencial comprender que no es la relación entre una religión y un Estado, sino entre dos estados soberanos reconocidos a nivel internacional. La Nunciatura Apostólica vendría a ser la "embajada" de este Estado. La Conferencia Episcopal es el máximo órgano de gobierno del clero en España y, por tanto, un importante grupo de presión, pero no es la encargada de mediar en las relaciones entre España y la Santa Sede.

La pregunta es la causa por la que existe una relación especial con el Estado de la Ciudad del Vaticano. La respuesta que dieron las autoridades en su momento se encuentra en el primero de los acuerdos con la Santa Sede: “Dado que el Estado español recogió en sus leyes la libertad religiosa, fundado en la dignidad de la persona humana (Ley de 1 de julio de 1967), y reconoció en su mismo ordenamiento que debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica, juzga necesario regular mediante Acuerdos específicos las materias de interés común que en las nuevas circunstancias surgidas después de la firma del Concordato de 27 de agosto de 1953 requieren una nueva reglamentación”. Una justificación que en la época pareció suficiente al gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez.

Dicho lo anterior, conviene comprender el contexto en el que se tomaron dichos acuerdos. La ruptura no era ni buscada ni deseada en un momento en el que España bailaba entre una democracia o un complejo retorno desde la "dictablanda" a la dictadura más reaccionaria. Una situación difícilmente salvable sin un mínimo apoyo de la Iglesia Católica. Todo ello en un país definido por Menéndez Pelayo como “Luz de Trento, martillo de herejes, espada de Roma”. Una definición ya no aplicable a 1976, pero que sí lo había sido poco tiempo atrás.

Durante el régimen nacionalcatólico de Francisco Franco prevaleció en España el mencionado Concordato de 1953, que regulaba las relaciones entre ambas instituciones, partiendo de la base de que la religión católica era la confesión oficial del Estado.

Tras el fallecimiento del dictador, se hizo necesario el replanteamiento de estas relaciones “a la vista del profundo proceso de transformación que la sociedad española ha experimentado en estos últimos años aun en lo que concierne a las relaciones entre la comunidad política y las confesiones religiosas y entre la Iglesia Católica y el Estado”.

La regulación de estas relaciones no podía esperar a la aprobación de la Carta Magna de 1978, por lo que Marcelino Oreja Aguirre, ministro de Asuntos Exteriores, empezó las negociaciones con el cardenal Jean-Marie Villot en 1976. Así, en julio de este año se llega al primero de los cinco acuerdos que regulan las relaciones Iglesia-Estado en la actualidad.

El primer acuerdo sienta las bases de las futuras relaciones y las justifica. En cuanto a su contenido, que se dispone en dos artículos, se centra en la no intervención del Estado en los asuntos de la Iglesia española, reservándose para sí el derecho a nombrar cargos eclesiásticos, si bien acepta que el Estado tenga conocimiento previo de estas designaciones. Más poder se le deja al Estado para escoger al vicario general castrense, que ha de salir de una terna de nombres elaborada en conjunto por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Santa Sede, si bien la última palabra es de la Iglesia.

El resto de acuerdos se toman en 1979, aunque cuentan con los mismos protagonistas. El segundo es un acuerdo sobre asuntos jurídicos y trata de toda una serie de concesiones que el Estado realiza en favor de la Iglesia Católica, entre las cuales destacan el reconocimiento de la Conferencia Episcopal; la inviolabilidad por parte del Estado de los archivos y documentos eclesiásticos; el reconocimiento de los días festivos; la cooperación para actos de beneficencia o asistencia; la facultad para que las bodas religiosas puedan constar en el registro civil y otras disposiciones básicas.

El tercer acuerdo viene a tratar del papel de la Iglesia en el sector educativo y cultural. Así, la asignatura de religión se mantiene en las escuelas a través del artículo II de este pacto:”Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla”.

En cambio, a diferencia de otros países, donde el Estado impone los contenidos: “A la Jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica, así como proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación”. Ahora bien, el Ministerio de Educación se reserva el derecho a adecuar estos privilegios a un marco normativo.

El cuarto acuerdo viene a referirse a la relación de la Iglesia con las Fuerzas Armadas. En este caso, en un momento en el que el Servicio Militar era obligatorio, se hace una excepción, manteniéndose ese antiguo privilegio: “A fin de asegurar la debida atención pastoral del pueblo, se exceptúan del cumplimiento de las obligaciones militares, en toda circunstancia, los obispos y asimilados en derecho”.

Finalmente, el quinto acuerdo viene a referirse a una de las cuestiones más espinosas: el tema económico. Así, el Estado deja claro que no puede darle las cuantías que daba en el pasado, pero reconoce la necesidad de llegar a un acuerdo: “Por una parte, el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado. Por otra parte, dado el espíritu que informa las relaciones entre Iglesia y Estado, en España resulta necesario dar nuevo sentido tanto a los títulos de la aportación económica como al sistema según el cual dicha aportación se lleve a cabo”.

Así, en su artículo II, apartado 1, la Iglesia consigue el apoyo económico que reclamaba: “El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa”.

Estos son algunos de los principales puntos de los cinco acuerdos que derogaron en la práctica al Concordato de 1953. Unos acuerdos manifiestamente favorables para la Iglesia, pero bastante restrictivas si se tiene en cuenta los antecedentes de este país.

Su posible modificación o derogación ha sido objeto de debate desde entonces, aunque hay que comprender que no sería, por tanto, la modificación de unas concesiones, sino de un acuerdo internacional, con sus lógicas implicaciones en la política exterior de nuestro país.

RAFAEL SOTO

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El fracaso de las políticas de integración

Los actos vandálicos que han sacudido a Suecia durante la última semana crea la necesidad de preguntarse si, tal vez, hay que replantearse las políticas migratorias y, sobre todo, de integración tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Tradicionalmente se aceptan tres modelos de integración: el modelo multicultural, el modelo universalista y, finalmente, el modelo de separación. Rara vez se da uno en estado puro, principalmente por la dinámica inherente al hecho migratorio. Sin embargo, sí suele apreciarse en las sociedades y en las políticas el predominio de uno u otro.



Suecia y Holanda son países donde, hasta hace poco, predominaba un modelo multicultural o plural, que supone el respeto y la garantía de la diversidad cultural. Los inmigrantes cuentan con casi los mismos derechos y deberes que los nacionales, pero se les pide a cambio su plena participación en el Estado de Derecho.

Francia es el ejemplo paradigmático del modelo de asimilación, republicano o universalista. El individuo ha de renunciar a su identidad étnica y cultural a cambio de adoptar los valores mayoritarios, los valores del “ciudadano”.

Finalmente, está el modelo de separación o exclusión. Alemania, Austria y Bélgica (el más claro ejemplo es la zona de Flandes) se han caracterizado durante mucho tiempo por un marco jurídico rígido y restrictivo de inmigración, que busca ante todo salvaguardar la cultura de la sociedad de destino y la cohesión social. En este último caso, se aprecia la inmigración como un hecho temporal y motivado principalmente por motivos económicos.

Todos los modelos cuentan con sus pros y sus contras. Sin embargo, todos ellos fueron barajados por los distintos países de origen entre los años noventa y 2007. Con el inicio de los problemas económicos se ha podido apreciar variaciones en la aplicación de los modelos y, sobre todo, una tendencia al modelo excluyente en mayor o menos medida.

Sin embargo, ¿cuál ha sido el origen de los recientes altercados de Suecia? ¿Y los de Londres en 2011? Más allá, ¿qué fue lo que provocó los disturbios en Francia en 2005? Evidentemente, dos son las principales causas: los conflictos de los inmigrantes con un sector de la sociedad de origen, xenófoba y abusiva, y sobre todo, las malas condiciones de vida que tienen que soportar.

Una buena política de integración puede conseguir que el inmigrante asuma unos valores, pero si no van acompañados de unas condiciones económicas, es muy complicado conseguir la integración plena. Este hecho se suma a actos xenófobos que llevan a las comunidades, cuando no a guetos, sí a rebelarse contra sus opresores. Esta xenofobia se manifiesta en muchas ocasiones a través de las actuaciones policiales, que no siempre son ejemplares, como se puede comprobar a continuación.

El desencadenante de los disturbios en Suecia fue la muerte de un señor de 69 años a manos de la policía. De acuerdo con la policía sueca, era un inmigrante con problemas psicológicos. Pero lo cierto es que la dureza de la actuación de los agentes ha llevado a un buen número de inmigrantes concentrados en los suburbios a manifestarse.

El caso londinense fue similar. La policía abatió en Tottenham a un hombre de 29 años y de raza negra. Los disturbios contra la Policía acabaron convirtiéndose en una reivindicación de los sectores más deprimidos de la sociedad y dieron lugar a un giro en la política migratoria británica.

Más lejos quedan ya los altercados de 2005 en Francia, provocados por la muerte de dos adolescentes musulmanes de origen africano que murieron mientras huían de la policía, electrocutados tras caer en una subestación eléctrica. De nuevo, las manifestaciones fueron una reivindicación contra las malas condiciones de vida de estos colectivos y de la represión policial.

Sin embargo, la represión policial no es el único ejemplo de la xenofobia en los países de destino. Otro caso paradigmático es el de Anders Behring Breivik, el “monstruo noruego”, que asesinó en julio de 2011 a 77 personas para denunciar la “islamización” de Europa y la necesidad de recuperar la esencia de la nación noruega.

Posiblemente, Breivik es la manifestación más visible de un sector de la sociedad que, sin llegar a su extremismo, sí considera necesario salvaguardar su propia cultura e intereses. Francia expulsó en 2011 a más de treinta mil personas de sus fronteras, un número con pocos antecedentes en la Europa contemporánea.

Muchos ejemplos que demuestran que la sociedad europea ha fracasado en sus políticas de integración. La integración exige igualdad frente a los nacionales, y esa igualdad no sólo puede manifestarse en valores, sino que también ha de manifestarse a nivel económico. Problema: los gobiernos hoy en día no pueden garantizar ni la igualdad económica (si es que alguna vez se ha podido) entre sus ciudadanos, ¿cómo hacerlo con los inmigrantes?

Conviene concluir con una última reflexión: ¿Las políticas de integración qué deben buscar? ¿Que el inmigrante se adapte al lugar de destino? ¿Que la sociedad receptora sea capaz de aceptar al otro? ¿O las dos, en mayor o menor medida? Muchas variables, pero siempre el mismo resultado.

RAFAEL SOTO

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Chequia en la encrucijada

Hoy se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la República Checa. Es la primera vez que los checos escogen presidente por sufragio directo (antes lo elegía el Parlamento). Sin embargo, también es un examen al pasado checo y a sus relaciones con el nazismo.



Los principales candidatos a las elecciones son Milos Zeman, ex primer ministro que está siendo apoyado por el actual Jefe del Estado, el euroescéptico Vaclav Klaus, y Karel Schwarzenberg, un aristócrata que actualmente ocupa el puesto de ministro de Asuntos Exteriores. En la primera vuelta, Zeman obtuvo un 24,4 por ciento de los votos, frente al 22,8 del liberal-conservador Schwarzenberg.

En total se presentaron nueve candidatos, entre los que destacaron Jan Fisher, otro ex primer ministro de la República, Jiri Dienstbier, senador socialdemócrata y Vladimir Franz, un profesor universitario, pintor y compositor que tiene un noventa por ciento de su cuerpo tatuado.

El presidente de la República Checa no tiene reconocida en su Constitución funciones ejecutivas importantes, pero a nadie escapa su vital relevancia a la hora de influir en las relaciones exteriores como Jefe de Estado. Aparte, ejerce el papel simbólico de padre de la Nación, lo que incrementa la importancia del debate sobre lo que se expone a continuación.

Ahora, la ajustada pelea entre Zeman y Schwarzenberg en la segunda vuelta está llevando a un endurecimiento del discurso político, que está sacando a la luz temas tabú en la política checa. Este es el caso de los “Decretos de Benes”.

Los “Decretos de Benes” fueron adoptados tras la Segunda Guerra Mundial, con el fin de expulsar y confiscar sus propiedades a la población checoslovaca de habla alemana que hubiera colaborado con el Tercer Reich, especialmente en el área de los Sudetes. Se trató de un castigo colectivo que afectó tanto a colaboracionistas como a inocentes.

Actualmente, son muchos los juristas que dudan de la legalidad de estos decretos, hasta el punto de que fue una de las cuestiones más polémicas a la hora de ratificar el Tratado de Lisboa. Tanto es así que, junto a Polonia y Reino Unido, fue uno de los países que quedaron exentos de firmar la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Karel Schwarzenberg y su familia fueron víctimas de estos decretos, a pesar de insistir en su inocencia. Cuando ascendió el comunismo en Checoslovaquia, la familia tuvo que huir del país. A esto se le suma que Therese Schwarzenberg, la esposa del candidato, es una austríaca que no habla checo y cuyo padre fue simpatizante del nazismo, como muchos alemanes y austríacos durante el régimen.

Estos hechos han sido utilizados por Zeman y Klaus para desprestigiar al candidato liberal-conservador, a través de una campaña nacionalista que ha llevado incluso a que miles de checos se hayan adherido a una carta de disculpa al matrimonio Schwarzenberg: "Consideramos totalmente inaceptable los ataques nacionales chovinistas contra la familia de Karel Schwarzenberg y contra su persona", reza la misiva, firmada por personalidades del mundo de la cultura y la sociedad checa.

Europa también está en el punto de mira. El aún presidente de la República fue un reconocido euroescéptico y Zeman sigue su misma línea. En cambio, el actual ministro de Asuntos Exteriores es europeísta y favorable a tender puentes a América. Como se puede apreciar, toda una lucha por el poder que no se sabe cómo acabará, pero que parece estar dejando huella en la República Checa.

RAFAEL SOTO

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El enfermo Capriles

Mientras que el chavismo se recrea en las manifestaciones de apoyo a Hugo Chávez, presidente reelecto de Venezuela, el opositor Henrique Capriles presencia una fuerte caída de su popularidad. Este abogado de 40 años, abogado y militante del Partido Primero Justicia, puede presumir de haber sido una de las pocas personas a las que ha llegado a temer Chávez desde que está en la Presidencia de la República.



En las presidenciales de 2012, Capriles logró disputarle los votos al mandatario bolivariano, hasta tal punto que consultoras como Predicmática o Consultores21 llegaron a dar como ganador al líder de la oposición, si bien de forma más o menos ajustada.

En los resultados finales de esas presidenciales, Chávez consiguió la victoria con alrededor de once puntos de ventaja, lo que es un dato ajustado si se tiene en cuenta que hubo una participación del 80,48 por ciento de la población.

A pesar de los resultados, parece que la popularidad de Henrique Capriles está cayendo en beneficio de Chávez en muy poco tiempo. La polémica de la toma de posesión ha sido una de las que más lo han deteriorado.

Se trata de un complejo problema jurídico que se resume en que el Ejecutivo de Chávez perdería su legitimidad si este no juraba su cargo, a pesar de que fuese por enfermedad. La posición de Capriles fue pedir que la Asamblea Nacional tomara el control del Gobierno, frente a la posición oficialista, que minimizaron la importancia del acto.

Finalmente, el Tribunal Supremo usó una laguna jurídica en la Constitución para permitir que el presidente pudiera jurar su cargo ante el alto tribunal sin fecha concreta, dándole mientras el poder al anterior Ejecutivo.

Aunque Capriles se apoyó en la Constitución y la jurisprudencia, el chavismo está usando sus argumentos contrarios al continuismo chavista para desacreditarlo y dar la sensación a la población de que está “atacando a un enfermo”.

El líder opositor siempre fue visto por la propaganda chavista como un representante de la burguesía explotadora y contraria a los derechos de los indígenas contra la que el “Comandante” venezolano tanto ha luchado. Sin embargo, para la oposición a Chávez era la gran esperanza para devolver el orden, la seguridad de la propiedad y el raciocinio al Estado.

A pesar de la derrota electoral, la oposición esperaba que el ejercicio del poder erosionara a Chávez y diera una victoria a su principal candidato, cuya imagen iba mejorando de cara a los indecisos.

Sin embargo, la enfermedad de Chávez ha mejorado su popularidad, mientras que Capriles va perdiendo apoyos entre los indecisos. Según la consultora IVAD, si se repitieran las elecciones venezolanas, Chávez conseguiría un 55,5 por ciento de los votos, mientras que el líder de la oposición conseguiría alrededor de un 31,8 por ciento.

Más allá de los números, lo cierto es que la popularidad de Capriles se está viendo afectada por la enfermedad de Chávez. Será muy complicado que el opositor remonte, y más si Hugo Chávez muere. Es difícil combatir la popularidad de un mito.

RAFAEL SOTO

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Nueva seguridad en México

El nuevo presidente de la República Federal de México, Enrique Peña Nieto, anunció en la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública del pasado 17 de diciembre una nueva política de seguridad para el país. Según el dirigente mexicano, estas nuevas líneas de actuación tienen como fin reducir la violencia y rebajar las tasas de homicidio, secuestro y extorsión.



México es uno de los países más violentos de Latinoamérica. El narcotráfico es la principal causa de la violencia, concentrándose en los estados fronterizos con EEUU, como el septentrional Estado de Chihuahua.

Los datos oficiales ofrecidos por el secretario de Gobernación en la reunión del Consejo de Seguridad, Miguel Ángel Osorio Chong, no sólo fueron ofrecidos para criticar la política de seguridad del anterior Gobierno de Felipe Calderón, sino que también trataron de demostrar la necesidad de una política de seguridad contundente.

De acuerdo con esos datos oficiales, entre 2006 y 2011 se cometieron 10,6 millones de delitos. De ellos, sólo se castigaron uno de cada cien. Los secuestros aumentaron en este período un 83 por ciento, el robo con violencia un 65 por ciento y la extorsión un 40. La mayoría de las víctimas no denuncian.

Ante este panorama, el presidente Peña Nieto propone un plan de seguridad basados en seis ejes fundamentales. En primer lugar, propone la clave de la planificación, que se fundamenta en la necesidad de repartir responsabilidades y establecer fechas precisas para el cumplimiento de las distintas líneas de actuación.

El segundo eje es el de la prevención. Es uno de los puntos más criticados. De acuerdo con Peña Nieto, se basa en la necesidad de combatir el origen de los delitos, y no sólo sus efectos. Para ello, pretende realizar políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las escuelas de tiempo completo y promover proyectos productivos. El Gobierno de México destinará a este plan de prevención alrededor de 115.000 millones de pesos en 2013. Sin embargo, ¿cuáles son las causas de la violencia? Más allá de eso, ¿cuál es el origen del narcotráfico? ¿Se puede combatir las causas del narcotráfico con estas medidas?

El tercer eje de actuación sería el respeto a los Derechos Humanos. Se basa en la unificación de los protocolos de actuación para las Fuerzas de Seguridad y el impulso de una legislación en materia de atención a víctimas y reparación de daños.

Se creará un Plan de Derechos Humanos y se retirarán las reservas a los tratados internacionales en este ámbito. También se depurará el Instituto Nacional de Migración, acusado en varias ocasiones de corrupción.

En cuarto lugar, Peña Nieto llama a la coordinación entre las instituciones federales, estatales y municipales. Divide al país en cinco espacios de actuación y afirma que “los Gobiernos deben cumplir, no competir”.

A pesar de las buenas intenciones, existe una tensión entre los tres grados de actuación en México (local, estatal y federal), que es difícil de salvar por los fuertes intereses políticos y económicos de las instituciones (otro problema de México es la corrupción política). Los gobernadores estatales han apoyado en bloque a Peña Nieto, aunque habrá que comprobar en la práctica si esta situación se mantiene.

La transformación institucional también es una de las claves para Peña Nieto. Para ello, el mandatario subrayó que se debe lograr la transformación institucional en dos ámbitos: el policial y el de procuración de justicia.

Puede que una de las medidas más llamativas sea la creación de la Gendarmería Nacional, que contará en una primera fase con diez mil unidades que se concentrarán en los municipios más vulnerables.

Las Fuerzas Armadas seguirán en labores de seguridad. Se reorganizará la Policía Federal asegurando su control interno y se crearán 15 unidades dentro esta institución para combatir el secuestro y la extorsión.

Por otro lado, a nivel jurídico, entre otras reformas se pretende acabar con la figura jurídica del "arraigo", que permite la detención de un sospechoso sin que se le presenten cargos durante 40 días renovables. Finalmente, Peña Nieto habla de la evaluación de las líneas de actuación. Se refiere a la medición de la eficiencia de las medidas para retroalimentar y, en su caso, ajustarlas.

Las medidas han suscitado muchas críticas y cuestionamientos. No queda clara la delimitación de competencias entre instituciones e, incluso, aumenta la descentralización en un ámbito ya de por sí bastante descentralizado. No hay un aumento de la cooperación internacional, especialmente con EEUU. Tampoco se promueven medidas para acabar con la corrupción política y empresarial, que es la auténtica lacra que perpetúa y da poder a estas mafias.

Por otro lado, un sector crítico de la sociedad mexicana no sólo denuncia la violencia proveniente del narcotráfico, sino que también la gubernamental. Han sido varias las ocasiones en las que una protesta contra el Gobierno ha dado lugar a una tragedia traducida en víctimas mortales.

Las medidas de Peña Nieto han logrado dar una imagen de lucha contra la violencia, pero está por ver su eficacia y su eficiencia en el futuro.

RAFAEL SOTO

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Los presupuestos de la desunión

Los Veintisiete se reúnen para decidir cuál será el presupuesto de la Unión Europea (UE) entre 2014 y 2020. Sin embargo, esta reunión está marcada por una fuerte división entre los socios europeos. Una de las principales reivindicaciones que los europeístas hacían a los distintos gobiernos de la UE era, y sigue siendo, que dotaran de un mayor presupuesto a la Unión, que rondaba el 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) europeo. Ahora no sólo no se va a aumentar el presupuesto sino que, además, va a recortarse unas décimas.



Ese presupuesto va dirigido a las instituciones comunitarias y, también, a las políticas comunes, como las agrícolas o las de integración. De hecho, las partidas que van destinadas al apoyo de la agricultura, la cohesión y a las regiones son las más afectadas.

Hay tres claves para comprender la oposición. En primer lugar, la cuestión del recorte, porque hay países e instituciones que defienden una mayor integración e instituciones más potentes, lo que requiere financiación. Un ejemplo es el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, que ya ha calificado de "inaceptables" estos presupuestos. De hecho, en la reciente Cumbre Iberoamericana celebrada en Cádiz, defendió una mayor integración con una mayor financiación.

En segundo lugar, quién paga y quién deja de cobrar. Países vulnerables como España tienen que ver cómo se les reduce las ayudas e, incluso, tienen que pagar más. Los recortes del presupuesto presentado por Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, suponen casi 20 millones menos para nuestro país.

Finalmente, juega un papel clave la diferencia entre el Eurogrupo (17 miembros que tienen como moneda el Euro) y la Unión Europea (27 miembros, dentro de los que están los miembros del Eurogrupo).

Los países que están fuera de la Unión Monetaria no quieren pagar facturas –aunque sea de forma indirecta- a los que se encuentran en problemas por el Euro. Reino Unido es el principal defensor de esta postura, pidiendo incluso un recorte mayor, bajo la amenaza de vetar las Cuentas. Por otro lado, hay ciertos países del Eurogrupo que tampoco quieren pagar la factura, como es el caso de Alemania o Finlandia.

El debate sobre los presupuestos no sólo es una cuestión de quién da más, sino que es un barómetro del nivel de implicación y de fe en la Europa Unida por parte de los distintos países. Los más débiles se juegan mucho y el futuro de la Unión a medio plazo depende de estos presupuestos. Estamos hablando de un presupuesto para los seis años centrales de la crisis.

Si los líderes europeos piden mayor integración, como están haciendo, esa unión tiene un coste. Una integración supone mejores instituciones y más políticas comunes, y eso requiere dinero. No es una opinión, es un hecho lógico y racional. Habrá que ver la posición de Reino Unido tras la reunión, pero todo parece apuntar a que habrá que esperar a febrero para llegar a un acuerdo.

RAFAEL SOTO

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El voto hispano

Los resultados de las dos últimas elecciones presidenciales estadounidenses han demostrado el peso del voto hispano. Es una de las grandes minorías de Estados Unidos (EEUU) pero, sin duda, es de las menos representadas. Los resultados sobre minorías del censo realizado en 2010 reflejan que el número de latinos ascendía a 50,5 millones de personas, lo que supone prácticamente el 16 por ciento de la población de EEUU. Es la minoría más numerosa del país.



Otra circunstancia demográfica fundamental es su juventud. Uno de cada cuatro jóvenes estadounidenses es de origen latino. Sin embargo, se han detectado dos circunstancias contradictorias pero esenciales para comprender el comportamiento de su voto.

En primer lugar, parte de esta minoría busca la integración en su nuevo país de residencia. Ya en 2004 representaban el 14 por ciento de la población de EEUU. De esos catorce, el 8 por ciento había nacido en el país. Este ánimo de integración los lleva a la participación en el acto más sagrado de la sacrosanta democracia estadounidense: el voto.

De forma paradójica, hay un segundo hecho a tener en cuenta: los hispanos no se sienten representados. Debido a que es una de las "nuevas grandes minorías", a diferencia de los italianos, los afroamericanos o los irlandeses, todavía las instituciones no reflejan de forma suficiente a la realidad hispana.

Si se suma el hecho de que una parte de este colectivo piensa en volver algún día a su tierra y que reciben constantemente mensajes recordándoles "su sitio", resulta que muchos latinos se abstienen de acudir a las urnas porque sienten que las elecciones no son asunto suyo.

Estas claves permiten comprender algo mejor las campañas del demócrata Barack Obama y el republicano Mitt Romney. El voto hispano ha sido decisivo para la victoria de Obama en dos ocasiones.

De acuerdo con la Oficina del censo, en las elecciones de 2008 había un total de 30,8 millones de hispanos mayores de 18 años, de los cuales sólo tenían derecho a votar 11,9 millones. El 84 por ciento votó, y dentro de esa cantidad, los sondeos a pie de urna reflejaron que el 67 por ciento votó a Obama.

En 2012, Obama volvió a animar a la participación. En cambio, Romney y sus colaboradores invitaron a la abstención de los hispanos, recordando situaciones como la provocada tras la aprobación de la Ley migratoria de Arizona.

La ley migratoria de Arizona endurecía las acciones contra la inmigración ilegal, si bien tampoco favorecía a la legal. De acuerdo con una encuesta realizada por la agencia Angus Reid Public Opinion, 7 de cada 10 estadounidenses la aprobaban, aunque no tuvo tanto éxito entre los hispanos.

A pesar de su oposición a la ley, Obama no pudo hacer nada contra ella, decepcionando a buena parte de su electorado. A pesar del varapalo, compensó a sus votantes latinos con medidas como la relajación de las deportaciones, especialmente a los denominados dreamers, jóvenes inmigrantes que han estudiado en el país y que se encuentran allí de forma irregular.

El gran objetivo de Obama era que la población hispana participara en la nueva cita electoral: de los 23,6 millones con derecho a voto, 12,2 millones acudieron a su llamada. De acuerdo con los primeros datos a pie de urna ofrecidos por el blog de la organización Latino Decisions, el 75 por ciento votó al candidato demócrata.

Después de toda esta maraña de datos, se evidencia la gran potencialidad del voto hispano, decisivo en dos elecciones. A partir de ahora, la evolución del voto hispano tendrá en el futuro dos variables.

En primer lugar, la capacidad de Obama para corresponder a la confianza depositada en él. Las cámaras legislativas siguen divididas. El Senado permanece en manos demócratas y el Congreso en manos republicanas. Con esta composición de las Cortes difícilmente pueden salir adelante leyes controvertidas. Los republicanos pueden bloquear las iniciativas de Obama.

Por otro lado, otra variable es la posición de los republicanos con respecto a esta minoría. Ya les ha hecho perder dos elecciones. Si les tienden la mano puede que logren arañar algo más de ese voto. Los hispanos ya han movido pieza. Es el turno de Obama. A partir de ahí, se verá la evolución del voto de esta minoría tan numerosa en EEUU.

RAFAEL SOTO

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La fractura de Europa

Mientras que el Norte y el Sur de Europa quedan cada vez más divididos por la imposición de la austeridad, Hollande empieza a romper el Eje francoalemán para servir de valedor de los países sureños y de la socialdemocracia europea. Pero para comprender la ruptura del Eje, es necesario entender que hay tres puntos esenciales.



En primer lugar, la necesidad de Hollande de dar una respuesta "francesa" a la austeridad alemana, que ha llegado incluso a los presupuestos galos. Por otro lado, hay que tener muy en cuenta el deseo de Hollande de servir de cabeza visible de la socialdemocracia europea, que está actualmente en sus horas más bajas.

Finalmente, y como consecuencia de los dos puntos anteriores, la necesidad de contar con apoyos en Europa para oponerse a Merkel. ¿Y qué mejores aliados que las economías rescatadas o en riesgo de estarlo?

Para combatir en las elecciones a Sarkozy, Hollande tuvo que mostrar a los franceses una opción diferente a la de la austeridad. El actual mandatario galo necesitaba dar a Europa una respuesta "francesa" a Europa, diferente a la de Merkel que, en los últimos tiempos, se había impuesto claramente a Sarkozy cuando perjudicaba los intereses franceses.

Si bien Hollande nunca ha renunciado públicamente a la austeridad, se ha diferenciado de los conservadores en apuntar la creciente necesidad de acompañar el control del gasto con políticas de crecimiento. ¿Qué políticas? Ahí puede haber un debate en el que no se va a entrar, pero que es necesario señalar.

El discurso mantenido por Hollande de que la austeridad sin políticas de crecimiento da lugar a más pobreza le dio las llaves del Eliseo, pero ahora tocaba vérselas con Merkel. Necesitaba apoyos para hacerle frente. Pero apenas le quedaban –ni le quedan- apoyos naturales.

La socialdemocracia europea está en crisis: Gordon Brown había caído en Reino Unido; Rubalcaba no sólo no logró cambiar las previsiones, sino que las empeoró en España; la tecnocracia italiana no entendía en teoría de colores ni había muchos más apoyos a la vista y, ni mucho menos, apoyos con peso.

Por tanto, sólo le quedó mostrarse como representante de los socialistas europeos y buscar apoyos circunstanciales: los afectados por la austeridad alemana. Se comprobó cuando hace unos meses, durante una cumbre, Monti invitó a Rajoy a ausentarse de ella y Hollande defendió ante los demás países los argumentos de España e Italia.

Pero hay una consecuencia inevitable: la ruptura del Eje francoalemán en un momento en el que la unidad es más necesaria que nunca. El discurso oscila entre la unión de las dos principales economías de la Eurozona para acabar con la crisis y la necesidad de ofrecer a los países rescatados, o en vías de estarlo, algo más que la austeridad.

Serán claves las elecciones alemanas de 2013, en las que Merkel tratará de mantener la cancillería. Mientras, serán cada vez más evidentes las diferencias entre el Norte y el Sur de Europa, y los conflictos tanto en las cumbres como en la calle.

Lo que sí es claro y evidente es una cosa: sin un mínimo de unión entre París y Berlín, Europa nunca ha podido avanzar, y no parece que este momento histórico vaya a ser una excepción.

RAFAEL SOTO

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No interesa

El resultado de las elecciones venezolanas supone un nuevo varapalo para los intereses de las grandes empresas españolas. Durante la campaña electoral, y especialmente el día anterior a los comicios, los grandes grupos de comunicación españoles –con singular énfasis los medios de Prisa- usaron todos los argumentos posibles para apoyar al candidato de la oposición, Henrique Capriles. De hecho, dos de los principales argumentos contra Hugo Chávez fueron el narcotráfico y la violencia que sufren algunas partes del país, que podían verse claramente en la portada de El País en su versión digital.



Y no es de extrañar este rechazo al líder venezolano, pues Chávez es uno de los grandes obstáculos que tienen las grandes empresas, especialmente Repsol, para hacer negocios más rentables en Venezuela.

Existe una relación entre Prisa y Repsol. Dos de sus principales directivos están directa o indirectamente relacionados con la gran empresa petrolera, por no hablar de los grandes anunciantes (grandes empresas perjudicadas por Chávez) que invierten publicidad en sus medios.

Uno de estos directivos, Alain Minc, es también directivo de CaixaBank, con intereses en Repsol. Lo mismo ocurre con Matías Cortés, si bien, en vez de ser directivo del banco, lo es de la empresa Sacyr, también con intereses en Repsol. Por tanto, no es de extrañar la posición de Prisa y de los demás medios de comunicación. Lon intereses de los grandes anunciantes son los intereses de los medios.

Automáticamente, tras conocerse el resultado de las elecciones venezolanas, se sostuvo en muchos medios que la ignorancia de la población es lo que ha permitido a Chávez ganar las elecciones. Sea cierto o no, éste ha sido el discurso dominante, obviándose otros argumentos, positivos o negativos.

Pocos hablaron de las bondades del Gobierno de Hugo Chávez, del mismo modo que en pocos medios denunciaron otras posibles causas en negativo de la victoria del dirigente bolivariano. Otros, como el caso de El País en su edición digital, han aportado datos sin interpretarlos de forma exhaustiva.

Se puede comprobar en la información de Luis Prados titulada Venezuela decide en las urnas sobre dos modelos de sociedad, del pasado 7 de octubre, día en que tuvieron lugar los comicios. En la misma, se aporta una tabla de datos sin interpretación.

Algunos de los argumentos en positivo obviados o mal tratados, como es el caso de la información referida, son que el PIB de Venezuela ha pasado de 91.339 millones de dólares a 315.000 millones en casi trece años. También se ha obviado que ha aumentado la renta per cápita en el país. En 1998 estaba fijada en 8.500 dólares, mientras que en 2011 estuvo en 12.700.

Han aumentado significativamente las prestaciones sociales, las tasas de alfabetización y el número de universitarios. En 1998 contaba con un paro del 16,6 por ciento. En 2011 llegó al 7,9.

Finalmente, si bien no es el último argumento esgrimible, Venezuela ha aumentado su importancia a nivel internacional. De hecho, recientemente ha entrado en el Mercosur, algo a lo que ya nos referimos en este mismo espacio.

Del mismo modo que se han obviado argumentos a favor en algunos medios, también se han obviado o no se ha dado importancia suficiente a muchos argumentos en contra. En primer lugar, la maquinaria electoral, que pudo haber llegado a usar recursos ilícitos provenientes del Estado.

En segundo lugar, un amedrentamiento que consistía en sugerir que muchos beneficiarios de servicios sociales dejarían de serlo con Capriles. Por otro lado, un supuesto apoyo del Consejo Nacional Electoral, si bien Capriles aceptó después la limpieza del recuento y observadores europeos alabaron la limpieza del proceso. A todo ello hay que sumar la violencia o el narcotráfico.

Muchos argumentos a favor y muchos en contra, pero todos reducidos en los medios a unos pocos. ¿Desinteresadamente? Si bien todo es posible, lo que sí es cierto es que la reelección de Chávez no ha gustado a los grandes conglomerados de comunicación. Está por ver cómo se comportarán los medios españoles en adelante en relación a la información sobre Venezuela, aunque es previsible.

RAFAEL SOTO

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El pulso de Mas

Muchos han sido los analistas que, durante días, han intentado encontrarle el sentido a las acciones de Artur Mas en Cataluña. Políticos y periodistas llegaron a afirmar que el presidente catalán había perdido el contacto con la realidad, y que sus sueños independistas no eran más que una utopía. Sin embargo, tal vez ahora esté más clara la estrategia del presidente de la Generalitat.



Conviene advertir a los lectores que aquí hay una interpretación que están manejando varios analistas, aparte del que escribe estas líneas. Sin embargo, nadie está en la mente de Mas y, por tanto, cualquier cosa es posible.

CiU tiene un grave problema ante sí. Con una deuda de casi el 22 por ciento del PIB, Cataluña tiene que afrontar antes de que acabe el año el vencimiento de 5.755 millones de euros. El rescate resultó inevitable, pero toda intervención tiene sus consecuencias.

Mientras anunciaba el rescate, el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, llegó a afirmar que no esperaba "condiciones" por parte del Estado. Cristóbal Montoro, titular de Hacienda y Administraciones Públicas, no tardó en corregir sus palabras, asegurando que no se podía acudir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) si no era a cambio de una serie de compromisos. Las consecuencias para Mas son evidentes: más recortes impopulares, una sangría que no podía llevar a cabo así como así. A partir de ahí, elaboró un plan: el pacto fiscal.

El pacto fiscal tenía como fin recaudar y gestionar todos los tributos de Cataluña mediante una Agencia Tributaria propia. Para ello, pretendía establecer una serie de mecanismos para traspasar a la Generalitat muchas de las competencias que actualmente están en manos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En resumidas cuentas, más "autodeterminación" y una financiación desigual entre autonomías.

Como era previsible, Rajoy rechazó frontalmente el pacto. Y he aquí donde podría estar la clave de la estrategia de Mas: imponer el pacto por las malas. A la vez que ha pedido un rescate al Estado de 5.023 millones de euros, ha adelantado las elecciones con la promesa de buscar la autodeterminación.

España es débil. Está en una situación crítica. Cualquier contratiempo le provoca graves daños de cara a los mercados. No se puede permitir problemas en el interior. Es posible que Mas sólo trate de chantajear al Estado con su ya anunciada consulta sobre la independencia catalana. Su finalidad sería la de alcanzar o bien el pacto fiscal o bien algún otro tipo de beneficio económico para Cataluña, como una mejor financiación o una reducción en la cuantía de los recortes.

Y ,por si eso fuera poco, Mas también ha jugado otra baza: las elecciones. No se pueden aprobar presupuestos durante el período electoral y es muy difícil que diera tiempo para después. Por tanto, como se suele hacer en estos casos, sería necesaria una prórroga de los presupuestos de este año.

Para poder cumplir el objetivo de déficit impuesto por el Gobierno, es necesario hacer unos reajustes que no vienen contemplados en los presupuestos de este año. Por tanto, ante lo desesperado de la situación, Montoro se vería obligado a intervenir las cuentas catalanas.

En poca palabras, Mas se ahorraría hacer los recortes más duros y urgentes, dejándoselos al Estado. A la vez, esta intervención aumentaría la indignación de la población catalana frente al Gobierno central, mejorando la posición de Mas en su pulso con Rajoy.

Una estrategia peligrosa para el Estado y para Cataluña, pero que puede servir a los intereses electorales de CiU. Cataluña difícilmente puede obtener la independencia, y si la consiguiera, económicamente estaría peor que como está ahora, pues no estaría bajo la protección ni del Estado español ni de la Unión Europea. ¿De dónde obtendría el dinero para financiarse? ¿Cómo pagar las deudas que ya tiene?

Está por ver las reacciones de Rajoy, especialmente de cara a la consulta independentista y la presión exterior. ¿Cederá ante Mas? ¿Hasta dónde llegará por tal de alcanzar sus objetivos? Todo está abierto.

RAFAEL SOTO

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El escándalo de las ‘mensalão’

Llama la atención la poca cobertura mediática que está recibiendo el caso de las mensalão en Brasil. Se trata de un proceso histórico para el país que puede influir notablemente en su futuro político. El caso tiene su origen en 2005, si bien ya había rumores un año antes. Algunas publicaciones brasileñas empezaron a acusar a ciertos miembros del Partido de los Trabajadores (PT), que gobernaba Brasil bajo la dirección de Lula da Silva, de pagar lo que ha venido a denominarse mensalão a aforados de partidos de la oposición para sacar adelante sus políticas.



Estas acusaciones serían confirmadas por el acusado Roberto Jefferson, del Partido Laborista Brasileño, lo que obligó al Gobierno a llevar a cabo una comisión de investigación en la que incluso hay bancos implicados, como Banco Rural o BMG.

El expresidente Lula da Silva no está implicado directamente en el caso, pero puso en juego su prestigio al defender la inocencia de los acusados. Y eso es decir mucho, porque da Silva es el presidente más popular de la historia de Brasil. Tanto es así, que su sucesora Dilma Rousseff aún bebe de su influencia.

Aparte, también va en su contra el hecho de que se considere como cerebro de la trama al mismísimo José Dirceu, que llegó a tener a su cargo la Casa Civil brasileña (cargo equivalente al de jefe de Gabinete, ministro de la Presidencia o similar).

La gravedad del asunto a nivel político es enorme. Sin duda alguna, uno de los mayores problemas de Brasil es la corrupción, contra la que Rousseff ha llevado a cabo una auténtica cruzada. De hecho, hay analistas que apuntan la posibilidad de que esta lucha "sin cuartel" sea consecuencia de este proceso de las mensalão, en un intento de distanciarse del caso.

Sea como sea, las primeras consecuencias políticas del escándalo se pueden apreciar en el Partido de los Trabajadores. Rui Falcão, presidente del PT y representante de su línea más dura, ha llegado a desafiar al Tribunal Supremo en el caso de que su sentencia sea contraria a los intereses del partido.

Sin embargo, Tarso Genro, exministro de Educación de da Silva y actual gobernador de Rio Grande do Sul, pide respeto a la Justicia y defiende la necesidad de depurar responsabilidades. Este último personaje mantiene buenas relaciones con todas las facciones y es uno de los políticos más populares y respetados en el país carioca.

En la división interna del partido también contribuye la posición de Lula da Silva, que denuncia que se trata de una conspiración de las elites y de los medios reaccionarios para socavar su popularidad y, con ella, los logros alcanzados por este país en los últimos años. Hay que insistir, no está directamente implicado, pero moralmente está en entredicho.

La gravedad del asunto para Rousseff es evidente. Una sentencia contraria deslegitimaría la labor de su partido durante años, aparte de que restaría credibilidad a su cruzada contra la corrupción.

Los analistas no esperan consecuencias electorales para el partido por la debilidad y mala fama de la oposición, pero la popularidad de Rousseff emana en buena medida de Lula da Silva. Si él es condenado, aunque sea moralmente, ella quedará parcialmente estigmatizada.

La estrategia de la presidenta para evitar un efecto contagio ha sido endurecer la lucha contra la corrupción, desmarcarse de los supuestos corruptos e, incluso, apoyar la investigación. Estas tácticas, unidas a la acción mediática, deberían de bastar por el momento.

Un gesto muy significativo ha sido el nombrar para el Tribunal Supremo a Toeri Zavascki, en sustitución de Cezas Peluso, que acaba de cumplir 70 años, el límite de edad para seguir en el ejercicio del cargo. Se trata de un magistrado "técnico", y no cercano al partido. Un gesto político en medio del juicio.

Todos los indicios parecen presagiar una sentencia poco favorable al PT y a miembros de los demás partidos implicados. Dilma Rousseff ha mostrado su posición y está por ver la reacción de una pieza clave en el proceso a nivel político y moral: Lula da Silva. ¿Cómo reaccionará? ¿Cómo influirá ese revés en la propia Rousseff? Las incógnitas se resolverán en las próximas semanas.

RAFAEL SOTO

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Rescate a Andalucía

El rescate de Cataluña y el fracaso del último intento de colocación de deuda han abierto la posibilidad de que la comunidad autónoma reclame la intervención del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). A nivel económico, Andalucía es una de las comunidades más endeudadas. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, Andalucía debe responder de una deuda de casi 1.493 millones de euros en el segundo semestre de 2012. Esta cifra no parece nada extraordinaria si se tiene en cuenta que Cataluña debe pagar 5.755 millones, pero pasa a ser alarmante si se compara con los 69 millones de Cantabria o los 73 de Navarra.



Este endeudamiento lleva a que la comunidad necesite de liquidez urgentemente. Hasta ahora, la situación ha podido salvarse gracias a su capacidad de endeudamiento. Sin embargo, los bancos ya no acuden igual que antes a la compra de bonos en los habituales mercados de deuda, sino que están derivando al Fondo de Liquidez Autonómico. Quedan pocas salidas para el Ejecutivo de Griñán.

Desde el punto de vista económico, acudir al Estado para obtener liquidez no es mal negocio. La cuestión se encuentra en las condiciones políticas que implicaría un rescate. A pesar de los intentos de Cataluña, ya se ha avisado desde el Gobierno que las comunidades rescatadas van a perder capacidad de acción. Como mínimo, todas tendrán que intentar llegar al deseado endeudamiento del 1,5 por ciento del PIB a finales del 2012, con todos los recortes que eso supone.

Aún hay detalles que no se conocen del futuro rescate a Cataluña, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha apuntado la posibilidad de un mayor control del Estado sobre la comunidad si no se cumplen los objetivos de déficit.

¿Qué pasaría si Andalucía pidiera el rescate? Es la única comunidad, sin contar Euskadi, en la que todavía gobierna el PSOE. El rescate sería un fracaso para el propio partido. Habría que recortar aún más en políticas sociales, el arma de doble filo que los socialistas llevan usando contra los populares desde que comenzó la crisis. Todo por llegar al 1,5 por ciento.

Aparte, se esperaría tormenta en el Parlamento. Griñán cuenta con el apoyo del PSOE, pero sólo cuenta con media Izquierda Unida. ¿Hasta qué punto apoyaría IU los recortes del PSOE? La radicalización de un sector del partido puede llevar a que Valderas tenga problemas de disciplina entre sus parlamentarios, y no solo con Sánchez Gordillo.

También le supondría problemas al Estado. Si Andalucía pide la intervención –y no sería la única comunidad, hay que tener eso muy presente-, es más que probable que sea necesaria una ampliación del Fondo, que ahora cuenta con casi 18.000 millones. Cataluña requiere de 5.023 millones; Valencia ya ha anunciado que su petición superará los 4.500 millones; y Murcia, alrededor de 300 millones de euros.

Si bien son datos aproximados, la cantidad global superaría los 9.832 millones de euros. Si piden el rescate otras autonomías y Andalucía debe afrontar en el segundo semestre de este año una deuda de 1.493 millones, se puede apreciar que el Fondo puede llegar a tener problemas para afrontar las distintas intervenciones.

Es complicada la ampliación del Fondo. España no puede endeudarse más, por lo que otra consecuencia puede ser la necesidad de que el propio Estado pida el rescate a Europa. Todo se verá cuando Andalucía pida la intervención, si es que la pide. Pero se espera movida tanto en el Parlamento como en Moncloa y en Bruselas.

RAFAEL SOTO

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La crisis del fútbol

Se acerca el inicio de la Liga de Fútbol y el circo mediático ya está calentando en el campo. La afición se prepara y los clubes ultiman sus últimos fichajes del verano con el hándicap de una deuda millonaria. Los clubes deben a Hacienda 752 millones de euros, una cantidad bastante cuantiosa.



Si la deuda fuera a otros clubes no supondría gran cosa, pues lo que los clubes manejen entre ellos queda entre ellos. Más conflictivo resulta que se hayan librado de las obligaciones tributarias mientras que el resto de los españoles sufren una época de necesidad.

Gaspar Llamazares, entonces coordinador general de Izquierda Unida, ya preguntó por la deuda del fútbol en la pasada Legislatura. La respuesta del Ejecutivo el 30 de abril de 2008 fue que los clubes debían 607.357.484,01 euros. En febrero de 2012, la deuda rondaba los 752.297.358,58 euros, alrededor de 145 millones de diferencia en solo cuatro años.

De esos 752 millones, solo 184 pertenecían a la Segunda División. Los clubes más endeudados son los de Primera. No es extraño si se tiene en cuenta la gran necesidad de los clubes de invertir en fichajes, proyectos que no han salido como se esperaba, impagos...

Muchos de estos equipos están consiguiendo grandes logros en Europa, pero a diferencia de otros equipos más cumplidores, estos tienen la ventaja de no ser penalizados con rigidez por la Justicia española. La mayoría de los equipos endeudados han pactado un calendario de pagos en base a derechos televisivos, venta de jugadores e, incluso, venta de abonos para próximas temporadas, sin contar con el apoyo de instituciones como ayuntamientos o diputaciones.

Incluso se están desarrollando planes que permitan a los clubes acabar con su deuda para la temporada 2020/2021, pero eso no quita la mala situación de una competición que, por su propia dinámica, requiere crecer.

La carrera de fichajes entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona no está haciendo más que imprimir un mayor ritmo de crecimiento en la calidad de los equipos para poder estar a la altura o, al menos, hacer competición. A este paso, es probable que se acabe con un modelo de Liga similar a la escocesa. El reparto de los derechos televisivos influye mucho en ello.

En estos momentos está habiendo negociaciones sobre los derechos de televisión y su reparto. Un gran conflicto en el que, cada vez, los dos grandes tienen menos aliados. Algunos equipos medianos han apoyado durante mucho tiempo este reparto. Sin embargo, la crisis está acabando con "lo habitual". Ya no hay amigos. El presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido, hablaba ya en el mes de julio de trece equipos contrarios al actual estado de cosas, aunque está por ver qué ocurre al final.

No vamos a entrar ahora en la Guerra del Fútbol, pues de por sí merecería otro análisis. Lo cierto es que los clubes españoles tienen una deuda millonaria, una deuda que no se permite ni se puede permitir ni a particulares ni a pymes. En el fútbol no todo es negocio, también hay sentimientos, pero no suele ser recomendable que las emociones cieguen a los ciudadanos de la realidad: los clubes son empresas que tienen que pagar. Como todas.

RAFAEL SOTO

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Venezuela se abre al mundo

Venezuela ha entrado a formar parte oficialmente del Mercado Común del Sur, más conocido como Mercosur. Sin embargo, su ingreso no ha estado exento de polémica tanto dentro como fuera de Latinoamérica, cuyo bloque regional queda económicamente robustecido con este nuevo aliado directo.



El Mercosur nació en 1991 con el fin de crear una organización capaz de velar por los intereses de los países latinoamericanos, a imagen y semejanza de la primitiva Comunidad Económica Europea. Actualmente, está formado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y, ahora, Venezuela. También tiene como países asociados a Bolivia, Perú, Chile, Colombia y Ecuador.

Venezuela firmó un protocolo de adhesión en 2006, aunque ha sido ahora cuando ha logrado la aceptación de sus socios. La polémica viene dada por el papel de Paraguay en la votación.

Tras la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, Latinoamérica se dividió entre los que consideraban este acto un golpe de estado y los que defendían que era un procedimiento legal, a pesar de que se le negara al acusado el derecho de defensa propia.

Mercosur tomó una posición clara, a pesar de que los diplomáticos brasileños evitaron en su mayoría usar el término "golpe de estado". Se suspendió a Paraguay y se le relegó en la organización, incluyendo la votación de la adhesión definitiva, que debía ser unánime.

Y aquí viene la polémica. Según los detractores de la entrada de Venezuela en la organización, la Convención de Viena de 1969 aclara que cuando en un tratado se suspende a una de las partes, lo que efectivamente se suspende es el cumplimiento de los derechos y obligaciones que tienen que ver con las relaciones mutuas, no otros, como las relaciones con terceros.

Sobre la ilegalidad de la entrada de Venezuela también han dudado personajes tan importantes como los respetados embajadores brasileños Luis Felipe Lampreia y Rubens Barboza; el vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori; y el internacionalista oriental Heber Arbuet, entre muchos otros. Sin embargo, el presidente uruguayo, José Mujica, reconoció que "lo político supera ampliamente a lo jurídico" en este asunto.

La posición de Mujica no es sorprendente si se tiene en cuenta que Uruguay importa un gran volumen de productos relacionados con el petróleo de Venezuela. De hecho, es uno de los principales países de los que importa productos.

Por tanto, no es de extrañar que Mujica quiera mejorar sus relaciones con el país caribeño y llegar a acuerdos comerciales beneficiosos para su país. Por su parte, Argentina y Brasil consiguen aumentar su volumen de exportaciones al país bolivariano.

En cuanto a Venezuela, se convierte en la tercera potencia del Mercosur (supondrá casi un 10 por ciento del PIB del bloque), aumenta su influencia tanto a nivel internacional como regional y Chávez consigue una victoria política ante sus votantes.

La entrada de Venezuela a Mercosur es un punto de inflexión en la historia de esta organización. A nivel económico, supone la apertura tanto al mundo como a la región de un importante país exportador de petróleo. A nivel político, supone la aceptación o, al menos, la tolerancia de las tesis bolivarianas, y que puede favorecer nuevos ingresos, como podría ser el caso de Bolivia, otro país cercano a las tesis bolivarianas y que creció un 5 por ciento en 2011, según datos del FMI.

Mercosur se postula como una de las grandes potencias mundiales, con todos sus países creciendo económicamente y volviendo a adueñarse de sus propios recursos, en un momento en que Occidente está en clara decadencia. Hay que seguir observando a la joven Latinoamérica.

RAFAEL SOTO

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Más allá de los números

Los partidos radicales de ultraizquierda y, sobre todo, de ultraderecha, están aumentando su influencia por buena parte de Europa. Un buen número de analistas consideran que la causa principal es la crisis económica, que ha radicalizado las posturas de una población en graves apuros. Sin embargo, si bien es cierto, hay que buscar otras causas adicionales.



La crisis de valores y la falta de un rumbo, de una idea de Europa que sea compartida por una mayoría, son también posibles causas de la creciente importancia de los partidos extremistas.

Las nuevas generaciones que no vivieron las consecuencias del radicalismo en la propia Europa ven como pasado los males que provocaron estas ideologías. Al revés, en muchos casos son la alternativa a unos partidos políticos desprestigiados y agotados por tantos años de alternancia en el poder.

En este contexto de desgaste de los partidos democráticos, también hay que tener en cuenta que los ciudadanos no se sienten partícipes de un proyecto colectivo, por lo que no hay una mayoría que dirija sus esfuerzos a un objetivo común.

Al igual que ocurre con las personas, cuando un país o un proyecto común como es el europeo tiene como único fin la supervivencia, corre el peligro de corromperse. En muchas ocasiones es necesario una meta, un objetivo hacia el que dirigir los esfuerzos.

El salir de la crisis económica no puede ser entendido como un objetivo. El objetivo es salir de ella como algo. ¿En qué quiere convertirse Europa? ¿En un centro cultural? ¿Un centro económico? ¿La tierra del Estado del Bienestar? Esta es una reflexión que debe plantearse tanto a nivel individual como colectivo.

Esta falta de reflexión a nivel mayoritario –pues a nivel minoritario sí existe este debate- lleva a una crisis de valores, a una corrupción del sistema tanto en el sentido de corrupción política como a nivel moral: todo vale para sobrevivir.

El nacionalismo exacerbado, el odio a los inmigrantes –los otros- y el desgaste de los partidos políticos tradicionales pueden tener un origen principalmente económico. Sin embargo, es indudable que ha derivado hacia otras actitudes y formas de pensar que no hacen más que acentuar la crisis de valores ya existente.

En 1992, el partido de ultraderecha Liga Norte obtuvo 25 senadores y 55 diputados en el Parlamento italiano. En 1994 se alió con Berlusconi para llegar al poder. Es importante reconocer que estos fueron años difíciles para Italia y que el particular sistema electoral italiano favoreció la alianza. Sin embargo, nadie puede decir que Italia estuviese en una crisis como la actual.

Finlandia es un país relativamente próspero y que en 2011 creció alrededor de un 2,86 por ciento, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el partido ultraconservador Verdaderos Finlandeses consiguió 39 escaños en el Parlamento tras las últimas elecciones. ¿Es exclusivamente por cuestiones económicas, sin negar la existencia de este factor?

Grecia vive un momento duro por su situación económica. Nadie sabe si se mantendrá en el euro, si bien cada analista tiene su opinión. El partido Aurora Dorada consiguió un siete por ciento de los votos, lo que le supuso 21 escaños en el Parlamento.

Recientemente, Aurora Dorada ha protagonizado un escándalo televisivo, en el que un miembro de este partido agredió a dos candidatas de izquierda. ¿Puede esto explicarse exclusivamente por cuestiones económicas?

La economía es un motor social fundamental y que explica en buena medida el origen de los fenómenos sociales. Sin embargo, para comprender fenómenos como el del auge de los partidos radicales es necesario ver más allá de los números.

RAFAEL SOTO

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Las causas del movimiento estudiantil

Durante estas semanas, España entera ha vivido la movilización de los estudiantes en todos los niveles, especialmente los universitarios. La principal reivindicación era parar los recortes en Educación. Sea como sea, es importante conocer las causas concretas de las protestas para evitar bulos y debatir con propiedad.



Las manifestaciones estudiantiles no empezaron con la publicación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, sino que vienen de antes. Sin embargo, sí es cierto que, tras su publicación, la protesta empezó a aumentar en número de participantes y, por tanto, ganó en fuerza.

En la Enseñanza Obligatoria, de acuerdo con el artículo 2º del Real Decreto, la ratio de alumnos por aula puede llegar a aumentar un veinte por ciento. Si ya de por sí los profesores se quejaban de la masificación de las aulas, muchos denuncian que este aumento puede llegar a suponer un empeoramiento de la calidad de la enseñanza.

A los docentes universitarios les ha afectado gravemente. Los profesores titulares y los catedráticos han visto aumentado el número de créditos docentes que hay que impartir. Así, de acuerdo al artículo 4º, ahora un profesor deberá de impartir entre 16 y 32 créditos, según su situación.

Esto tiene dos consecuencias: en primer lugar, que no tendrá tiempo para investigar; en segundo lugar, que la mayor parte de sustitutos, ayudantes y asociados se van a la calle, ya que sus horas las darán los funcionarios, que son principalmente los titulares y catedráticos.

Una de las medidas que más atacan los estudiantes es la subida de tasas. De acuerdo con el artículo 5º, hay un aumento de la primera matrícula en el Grado de entre el quince y el veinte por ciento. En la segunda, de entre un treinta y un cuarenta. En tercera, de entre el 65 y el 75 por ciento. Finalmente, entre el 90 y el cien por cien en cuarta matrícula. También suben los de Máster.

A todo esto se le suma el aumento de la nota exigida para conseguir una beca general, tanto en Grado como en Máster, y la reducción del presupuesto dirigido a la investigación.

Si bien no son las únicas causas que han provocado las protestas, sí que son algunas de las más importantes. Tal vez, en otra situación, no hubiera habido tanta movilización. Sin embargo, los recortes generalizados a los servicios públicos, la situación de crisis general y el rescate de bancos como Bankia han indignado a buena parte del sector educativo.

Ahora se puede debatir sobre la legalidad, la legitimidad o la conveniencia de algunas de las medidas de protesta tomadas o sobre las protestas mismas. Pero, al menos, es preciso que todo el mundo sepa por qué se protesta exactamente.

RAFAEL SOTO

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Los frentes de Europa

La victoria de François Hollande en las elecciones presidenciales francesas sirve para iniciar un nuevo ciclo político y económico en Europa. Un nuevo período que puede estar marcado por el miedo de Merkel a perder su Cancillería, una rebelión de los países del Sur y la solución de la cuestión helena.



Tras el acuerdo sobre el pacto fiscal parecía que Europa estaba destinada a una espiral de austeridad que, a la larga, ha demostrado ser ineficaz para combatir la crisis. La austeridad sin crecimiento solo ha producido más pobreza.

Sin embargo, la ascensión de Hollande pone en duda el viejo modelo. Alemania se queda sola. Los países que más sufren estos recortes no dudan en aliarse a este nuevo clavo ardiendo.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ya dejó claro en una entrevista a Intereconomía que el Gobierno español no dudaría en ponerse de lado del nuevo presidente de la República francesa, saliera el que saliese; y que España cumpliría con lo que se acordara, pero que no le vendría mal un período mayor para cumplir sus compromisos… Y, de hecho, ya hay quien señala que el objetivo del tres por ciento podría dejarse para 2014. Nos encontramos en un momento en el que la economía no entiende de colores.

Ante esta situación, Merkel se enroca poniendo por delante el pacto fiscal ya pactado. Como de costumbre, la canciller se ve obligada a mantener bajo control dos fuegos: el de unos europeístas que le exigen más tanto dentro como fuera de su país y, sobre todo, el de unos nacionalistas alemanes que consideran que pone a Europa por encima de su propio país. Pero ahora hay algo más.

La democracia cristiana alemana ya ha perdido en varias elecciones importantes. ¿Podría pasar algo parecido a lo ocurrido en Francia? El país germano ya empieza a tener sus propios problemas económicos. Habrá que ver la estrategia de Merkel, que en Europa se queda sola con sus políticas de austeridad.

Lo que promete ser un culebrón es la elección del presidente heleno. Por lo pronto, los partidos mayoritarios han sido muy castigados y deben pactar para gobernar, ya sea con la extrema derecha o con la extrema izquierda. Grecia necesita formar gobierno para coger otro tramo del segundo rescate. De lo contrario, el país heleno sufriría la bancarrota en junio.

¿Permanecerá Grecia en el euro? Cada vez se hace más improbable pero, mientras que los países del Sur necesiten tiempo para poner sus cuentas en orden, será necesario mantener viva a Grecia. ¿Podría haber una bancarrota controlada? Decisiones que deberá tomar el nuevo eje franco-alemán.

Y finalmente, la amenaza del Este. Latente, silenciada, pero que está ahí. Las economías de estas jóvenes democracias son pequeñas y, por ello, por ahora no han dado demasiado de qué hablar. Pero en esta crisis europea ya han levantado polémica algunas decisiones y políticas desarrolladas en algunos de estos países, como es el caso de Hungría.

Un panorama problemático que no hace más que empeorar la imagen de la Unión Europea en el exterior, como se ha podido comprobar con las expropiaciones de YPF y de Red Eléctrica. Para el exterior, Europa es débil. Empieza, por tanto, un nuevo ciclo que determinará la evolución de la Unión Europea y, dicho sea de paso, de todo Occidente.

RAFAEL SOTO

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Problemas profundos

Cuando alguien de la calle trata de explicar cuáles son las principales cuestiones de las que tiene que ocuparse el nuevo Gobierno, cada cual dice algo distinto, coincidiendo la mayoría en la cuestión del desempleo. En primer lugar, sería conveniente dividir los problemas en dos categorías: estructurales y coyunturales. Por las primeras se entenderán aquí cuestiones que afectan a todos y que, por mucho que se intenten arreglar, no serán resueltos o solo lo serán temporalmente.



Entenderemos aquí por "coyunturales" las cuestiones que, a pesar de su mayor o menor gravedad, solo son temporales y cuyo arreglo, aunque ayuda, no soluciona del todo los problemas más fundamentales y esenciales.

¿Cuáles son los problemas coyunturales? Los que habitualmente trata la prensa: el paro, los mercados, la crisis financiera, la restructuración bancaria, la falta de crédito… Son grandes problemas, indudablemente, especialmente el del paro. Pero el paro puede subir o bajar, es una tragedia que tiene solución temporal. Deben resolverse otros inconvenientes para poder lograr solucionarlo.

Algunos dirán que es el propio sistema capitalista el problema estructural. Es posible, pero aquí se indican dos: una falta de visión de futuro y una profunda crisis de valores.

¿Por qué los mercados no confían en España? Por una razón muy sencilla. Este bendito país se ha tirado algo menos de una década basando su crecimiento en dos sectores tan abstractos como el inmobiliario y el turístico. De hecho, lo que hace tan diferente la crisis de España de la de otros países es la excesiva magnitud de este primer sector.

Ahora los mercados se preguntan: ¿Qué puede aportar España? ¿Qué sector o sectores tirarán de la economía? Porque turismo, en mayor o menor medida, seguirá habiendo; pero no se puede volver a la burbuja inmobiliaria.

Si se resuelve esta primera cuestión, la creación de empleo es solo una cuestión de tiempo. Pero si no se crean puestos de trabajo por falta de crédito y por falta de confianza en un sector pujante, ¿cómo se va a resolver este problema fundamental?

Por otro lado, está la crisis de valores. Antes, un niño sabía lo que tenía que hacer -otra cosa es que lo hiciera- para agradar a su familia y hacer lo que se consideraba correcto. Ya no.

Antes, el que compraba una casa para venderla por un precio mayor era un "crack". Ya no. No hay un respeto por la cosa pública y el paro está sacando lo mejor y lo peor de las personas. El individuo puede escoger en su libertad romper los esquemas sociales. Problema: que ya no hay reglas que romper.

En un momento en el que es decisivo el papel de la educación para formar a personas competitivas que levanten el país y favorezcan un futuro de crecimiento sostenible, no hay ningún ejemplo que seguir.

Hace cincuenta años el modelo era don Santiago Ramón y Cajal. Hoy, si hay un modelo, este es el de deportistas como Rafael Nadal. Y no es una crítica hacia su persona, que es un deportista muy loable, pero no ha hecho absolutamente nada en el ámbito del conocimiento ni en el ámbito social. Y no hablemos de los que admiran a la Princesa del pueblo…

Hay un abstracto culto al éxito, pero no al esfuerzo paciente -tal vez sí al esfuerzo de un instante, propio de los deportes-. No se valora lo suficiente el ahorro, el servicio al colectivo social ni ninguno de estos valores que hace años sí tenían importancia. ¿Habría que volver a ellos? Cada uno tendrá su opinión.

Lo cierto es que, como dice el refranero popular, siempre tan sabio, "a perro flaco todo se le hacen pulgas" y, por ello, la falta de valores de este país se está agravando. Ni la Casa Real, envuelta desde siempre en un hálito de misticismo y ejemplaridad, se ha librado de esta degradación. Jamás se ha visto a un rey pedir perdón con ojos llorosos.

Sin un modelo de crecimiento sostenible ni un modelo social o, si se prefiere, moral, es muy difícil abordar los problemas coyunturales. Cuando se resuelvan esas dos cuestiones, España tal vez pueda avanzar.

RAFAEL SOTO

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Sistema y legitimidad

Ciertamente, la cuestión de la legitimidad es uno de los debates que están más en boga. Sobre todo, desde que los integrantes del movimiento 15-M gritaran eso de “¡Que no, que no, que no nos representan!”. El actual sistema político, económico y social en el que nos encontramos –el sistema de libre mercado- teóricamente en su modalidad de Estado del Bienestar, se sustenta sobre un pilar básico: las elecciones.



De acuerdo con las teorías políticas clásicas, la soberanía de las naciones reside en su población. Esta población no puede llevar por sí mismo los asuntos de la res publica. Por tanto, se ve obligado a delegar. He ahí la cuestión.

Teóricamente, la población delega la función que en principio le pertenece a favor de una serie de personas a las que eligen. Tales políticos deben de estar al servicio de la población. Finalmente, esta cesión legitima al poder político para regular al resto de poderes y al resto de estructuras.

Incluso el liberalismo económico clásico –reticente a toda intervención estatal en la economía- reconoce el papel del Estado a la hora de formar el marco dentro del que se deben hacer los movimientos comerciales y financieros.

Primeramente, una parte importante de los ciudadanos se plantea si la ceremonia electoral es moralmente legítima –por supuesto que, jurídicamente, sí- con una abstención del 28,31 por ciento. En segundo lugar, si el sistema electoral es el adecuado. ¿Cuál es el problema? Un poder político no legítimo no legitima al resto de poderes y estructuras. Por tanto, la legitimidad del sistema entero se va al traste.

En tercer lugar, se cuestiona si realmente estos representantes están al servicio de los ciudadanos o al servicio de la economía. Los lazos entre la política y la economía son evidentes y necesarios.

Sin embargo, el movimiento 15-M se planteó seriamente si la soberanía sigue en manos de la ciudadanía o se encuentra en manos de los mercados. La importancia de este matiz es que todo el sistema cambia de fundamentos con ese cambio, y es la diferencia entre la "democracia moderna" y el ya denominado "totalitarismo financiero".

En cuarto lugar, está la lacra de la corrupción. ¿Puede gobernar alguien acusado de corrupción? En último lugar, en el caso español, hay quien se plantea si la Constitución de 1978, que sirve de marco y contrato social, es legítima en la actualidad. Al fin y al cabo, fue votada hace décadas. Jurídicamente será legítimo, ¿pero lo es moralmente? La sociedad ha cambiado y hay quien se plantea que, tal vez, sea necesario un nuevo referéndum.

Es necesario abrir un debate poco tocado en los medios por su connivencia con el poder político-económico. La crisis de valores en la que nos encontramos hace necesario poner las bases de qué es legítimo y qué no lo es para que los ideólogos y pensadores sean capaces de levantar nuevas ideologías y teorías que, a su vez, sirvan a la práctica. Si el sistema no es legítimo, entonces podríamos encontrarnos en un contexto de caos social o, peor, de ilusión social y manipulada.

Anarcoecologismo, neoliberalismo, nuevas interpretaciones del marxismo… Nuevas teorías que tratan de cambiar un sistema por otro, pero que no logran convencer a una mayoría o, al menos, una minoría importante. Otra opción más extendida: cambiar el sistema desde dentro a través de reformas. Sea como sea, lo más importante es que haya una conciencia del problema. Después vendrá la solución. ¡Que empiece el debate!

RAFAEL SOTO

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¿Oportunidad o torrijada?

Todavía está por ver si IU-LV-CA acepta pactar con el PSOE-A. Sin embargo, a pesar de los argumentos en contra del parlamentario andaluz y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, lo más seguro es que se le ignore y exista un acuerdo.



El lector crítico se quejará, con razón, de que en lo que queda de análisis, el autor se va a mover dentro del ámbito de la especulación. Así es. Sin embargo, prevenir lo que podría ocurrir si se da el pacto es necesario para poder comprender las implicaciones que este tendría, por muy infames que a algunas personas les puedan parecer, en la cosa pública, que es de interés de todos.

Hay que partir de dos realidades incuestionables. En primer lugar, que los supuestos casos de corrupción que han salpicado al Ejecutivo andaluz han puesto a la comunidad en el punto de mira de los medios de difusión nacionales. Una posición similar a la de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps.

Esta mala imagen no solo afecta a la visión que el resto del país tiene de la Junta de Andalucía, sino que también la que tienen los mercados de deuda y, sobre todo, la de los propios andaluces.

De esta realidad se deriva la segunda: es la primera vez en más de treinta años de socialismo que el Partido Popular gana las elecciones autonómicas, aunque sea por tres escaños. No hay que equivocarse: Andalucía ha demostrado, para lo bueno y para lo malo, que sigue apoyando a la izquierda política, pero el PSOE no tiene la fuerza que tuvo, y la derecha cobra fuerza.

Con estas dos realidades, al PSOE le sale al frente una opción: lavar la cara de la Junta. José Antonio Griñán heredó un Gobierno y una estructura que, a duras penas, pudo modificar. La reorganización y reparto de puestos entre los partidos es una oportunidad para retirar a todos aquellos relacionados con casos de corrupción. No borrará el pasado, pero puede dar la sensación de que hay futuro.

Para la izquierda, supondría además una ocasión para obligar a la Junta a hacer una política de izquierdas, que también agradaría al sector más izquierdista del socialismo.

Existe otra opción, temida por todos aquellos que recuerdan el caso de la Sevilla de Monteseirín y Torrijos. El PSOE sevillano pactó con la IU de Antonio Rodrigo Torrijos en 2007 para quitarle la opción de gobernar al Partido Popular, que ya dirigía por aquel entonces Juan Ignacio Zoido.

Las consecuencias de sus años de gobierno fueron una multiplicación de los supuestos casos de corrupción que ya afectaban al Ayuntamiento y una deuda municipal bastante grande. Consecuencia: mayoría absoluta del PP en 2011.

¿Podría darse lo que algunos ya denominan torrijada? Es posible. Si la hay, ya se sabe lo que ocurrirá: la situación de la Junta empeorará. Si no la hay, pero no hace tampoco el lavado de cara necesario, puede darse una situación de putrefacción o, si se prefiere, de degradación, tanto de la imagen de Andalucía como de la de la Junta.

Si se da el pacto de gobierno, existe una oportunidad para que Andalucía lave su mala imagen, una oportunidad para que la izquierda haga sus políticas, mejores o peores, y finalmente, para que Andalucía avance.

No es casualidad que la derecha gobierne el país, por lo que ha llegado el momento de que la izquierda demuestre, de una vez por todas, si sus políticas pueden aportar algo realmente.

RAFAEL SOTO

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