Agravio comparativo

Uno de los mayores errores al realizar un análisis o, peor, un juicio, es aislar los hechos y conservarlos en metacrilato. Para hablar con propiedad, hay que contextualizar los hechos, ponerlos en relación con otros, y hacer juicios moderados, pero precisos. Lo demás es charla de panadería, con los debidos respetos a los panaderos y sus clientes.



Hace unos días, cuatro descerebrados emitieron cánticos favorables a la violencia de género en el Gol Sur del estadio Benito Villamarín. Fue un cántico compartido por tan pocas personas, que ni muchos que estaban en el estadio se percataron de tan vergonzoso comportamiento.

De hecho, como indica el comunicado emitido por la directiva del Real Betis Balompié el pasado día 25 de febrero: “[…] tampoco algunos celosos opinadores a más de 542 kilómetros de distancia ni otras partes muy interesadas comunicaron nada relativo a estos cánticos con anterioridad a la publicación del vídeo citado, ni denunciaron ante otras instancias ni trasladaron al Real Betis Balompié nada relativo a estos cánticos”.

Una persona sube a Youtube un vídeo que refleja dichos cánticos (que por cierto, técnicamente plantea muchas dudas), y explota la bomba a nivel nacional. La directiva bética responde pronto, expresando su rechazo a los cánticos y su apoyo a la Justicia, y empieza a surgir la opinión de que hay que cerrar el estadio.

El pasado 25 de febrero, la Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, más conocida como la Comisión Antiviolencia, propone a la Federación Española de Fútbol el cierre parcial del estadio. Concretamente, el Gol Sur.

Hasta aquí, los hechos. Y si practicáramos ese fácil ejercicio de reducir los hechos a eso, acontecimientos aislados, el juicio es claro: aunque paguen justos por pecadores, poco es que se cierre sólo parte del estadio.

Sin embargo, la realidad es compleja. No hace falta remitirse a los clásicos de la Filosofía para hacer ver, si es que hace falta, que los hechos nunca están aislados, y que la memoria está, entre otras cosas, para emitir juicios más o menos correctos o adecuados. Y eso es lo que hace en estos momentos el aficionado bético. Hacer memoria de lo pasado, y expresar su hartura a través del hashtag #ElBetisSeRespeta, pues no tiene más medios para hacerlo.

Lo cierto es que, si se cumpliera la amenaza, no sería la primera vez que al Betis le cierran parcial o totalmente el estadio. Fueron destierros y sanciones más o menos justas, que el Betis acató. Pero mientras, han ocurrido otros hechos que los ignorantes, los desmemoriados o, directamente, los defensores de la injusticia, obvian. No vamos a hacer un listado de todo lo que ha ocurrido en los campos de fútbol de España, pero sí de algunos de los eventos más importantes. No son acusaciones, sino hechos probados y sabidos por todos.

¿Hay algo más precioso que la vida humana? Radicales del Atlético de Madrid han matado ya a dos personas: Aitor Zabaleta, seguidor de la Real Sociedad, y Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, un ultra del Deportivo de la Coruña. Entre cánticos, estos desalmados han llegado a cantar: "Aitor Zabaleta, era de la ETA".

Pero especialmente dolió a los sevillanos, independientemente de su color, el cántico “Ea, ea, Puerta se marea”. Antonio Puerta fue un jugador del Sevilla F.C. que cayó inconsciente defendiendo su camiseta en medio de un Sevilla-Getafe, y que murió al día siguiente para consternación de toda la capital andaluza.

Los ultras del Atlético de Madrid han llevado a cabo numerosas fechorías, y han llegado a demostrar actitudes violentas en el mismísimo campo de entrenamiento del Atlético de Madrid. A pesar de la repercusión social de tales actos, no se tocó el Calderón.

En estadios vascos se han emitido cánticos pro-etarras, y aficionados del Athletic de Bilbao y del F. C. Barcelona han pitado el Himno Nacional. En el Camp Nou se han tirado mecheros, e incluso una cabeza de cerdo. Sin sanciones. Aún se pueden oír gritos racistas e incluso los odiosos chillidos onomatopéyicos de los monos para insultar a jugadores de raza negra en diversos campos de fútbol. En Villarreal se ha llegado a tirar plátanos a estos jugadores, con sólo una sanción de 120.000 euros. Y un largo etcétera.



Si en estos campos no ha ocurrido nada, ¿cómo puede tomarse el aficionado bético que se le cierre parcialmente el Villamarín? Algún iluminado puede decir que "por alguno hay que empezar". Pero ese argumento, de nuevo, se desmorona ante los hechos. El Betis ha sido desterrado tres veces de su estadio en veinte años, si es que no se nos olvida alguno, por no hablar de distintas multas y sanciones menos gravosas.

En 1996, precisamente tras un Real Betis Balompié-Atlético de Madrid, fue desterrado de su estadio por el Comité Antiviolencia, por hechos violentos ocurridos durante este partido de Copa del Rey. En 2002, en el Colombino, el Betis alcanzó una gran victoria contra el Fútbol Club Barcelona, en lo que fueron tiempos mejores.

En 2007, el todavía Ruiz de Lopera fue clausurado tras un partido de Copa con el eterno rival. Todo esto, si no se deja nada en el tintero, y teniendo en cuenta el daño que le supuso al club tanto a nivel de imagen como a nivel económico.

Por tanto, esto de cerrar campos de fútbol no es nada nuevo. No se empieza con nadie. Se empezó hace mucho. El aficionado bético siente un agravio comparativo, que se suma a otros hechos acontecidos en los últimos años y que han demostrado que el Real Betis –y los equipos andaluces en general– es un cero a la izquierda en Madrid.

¿Por qué ejemplarizar con el Real Betis Balompié? Sencillo. El Real Betis Balompié es un equipo grande que pasa por malos momentos desde hace tiempo. A pesar de estar en Segunda División y de vivir en una ciudad dividida, la pasada semana rebasó los 37.000 socios, y atesora en su sala de trofeos una liga y dos copas del Rey, entre otros muchos premios.

Paradójicamente, su peso como institución sólo es comparable con su absoluta falta poder de acción en la Real Federación Española de Fútbol. Un equipo al que, si molestas repetidamente, no te hace daño, pero que te garantiza una repercusión mediática. ¿Alguien se imagina cerrado el Calderón, el Camp Nou o el Bernabéu? Y de ahí viene hablar de respeto.

El aficionado bético está conforme con que se atrape a aquellos que han llevado a cabo los cánticos, y si en España hubiera justicia deportiva, no vería mal el cierre parcial de su estadio, si finalmente se ejecutara. Lo que no puede hacer es quedarse impasible ante su papel de cabeza de turco, mientras que los responsables siguen yendo al estadio y en otros campos se hacen auténticas barbaridades. El aficionado no puede permitirlo, ni la directiva.

Dicho esto, sólo queda hacer una afirmación a cocineros sin gracia, a ignorantes y a feministas que no ven más allá de un libro de Simone de Beauvoir (con mis respetos a esta gran mujer, que sí sabía de lo que hablaba, a diferencia de las tres cuartas partes de las feministas que la evocan): la libertad de expresión no es excusa para decir lo que a uno le dé la gana, sino la oportunidad de que todos hablen con propiedad para construir un país mejor. Úsese sin moderación alguna, mientras se hable con argumentos y con conocimiento de causa, dejando de lado el juicio fácil y la demagogia, por muy de moda que esté.

RAFAEL SOTO

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La imagen de Venezuela en España

Hablar de Venezuela está de moda por ser un argumento más contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Sin embargo, ¿qué imagen tiene Venezuela en España? Venezuela es un país desconocido para el español medio. Los ciudadanos saben que existe, que tiene un gobierno peculiar y poco más. Campo abonado para la manipulación mediática y las versiones extremistas.



La investigadora Marianela Urdaneta García, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, publicó en 2011 un artículo en la Revista Mediterránea de Comunicación en la que analizaba el tratamiento que hacía la prensa española (su corpus eran artículos en versión electrónica de El Mundo, ABC, La Vanguardia y El País) de Hugo Chávez y la realidad venezolana.

Sus conclusiones no fueron sorprendentes, si bien le dieron una base científica a algo que ya se podía comprobar a simple vista en los medios españoles consolidados. Afirmó que, en España, los textos sobre Venezuela son “tendientes a mostrar a un país estancado en problemas eléctricos, escasez de agua, víctima de la delincuencia, en recesión económica. Con un Gobierno que persigue a todos aquellos que tienen a pensar de forma diferente al sistema bolivariano y que limita la libertad de expresión de los ciudadanos”. Sorprendentemente, El Mundo fue el medio que mayor publicación positiva realizó, con un 4 por ciento de publicaciones positivas. Sólo considera neutras al 15,5 por ciento.

En el momento de su estudio, en España había un colectivo inmigrante proveniente de Venezuela de 60.399 personas, según datos del INE de 2010. Si bien es cierto que era y sigue siendo un colectivo minoritario comparado con el chino, el rumano o el marroquí, sí se puede afirmar que era y sigue siendo un grupo social llamativo. Por tanto, sorprende la falta de profundidad de los medios españoles a la hora de abordar los asuntos de su país.

Más allá de posibles reflexiones sobre el hecho de que la prensa española no contase con este colectivo, sí llama la atención que el 58,7 por ciento de las informaciones sobre Venezuela se materializaran en noticias, mientras que sólo un 15,6 fueron artículos de opinión.

Por tanto, sólo 25,7 por ciento de las informaciones se presentaron en forma de géneros que abordan la realidad de forma más profunda, como reportajes o crónicas. Y por supuesto, confiando en que esos textos profundizaran realmente en los temas.

Y es que hay una importante ausencia de contraste de fuentes, tal y como afirmó la autora hace tres años: “los trabajos publicados demuestran poca profundidad y abordaje periodístico, pues en un 33,5% de las publicaciones no se emplearon fuentes. Además existe un 22,5% que sólo tenían una fuente para sustentar los datos que publicaron. Es decir, un 56% tienen entre cero y una fuente”.

Un año después, en este espacio se denunciaron algunas de estas situaciones en los artículos titulados ¿Quién es Hugo? y No interesa, donde también se vinculó la manipulación mediática con intereses económicos más complejos. En aquel momento, ya se podían entrever tres circunstancias que casi siempre se cumplían en cualquier medio.

En primer lugar, que lejos de demonizar a Hugo Chávez, la prensa española se dedicaba a dar una imagen ridícula del Comandante (salvo un brevísimo período en el que amenazó intereses del Banco Santander) o a ensalzarlo.

En segundo lugar, que existían en la esfera pública española unas opiniones muy extremistas, por un lado o por otro, sobre Chávez y la Revolución Bolivariana. Finalmente, que ambas posiciones, pero especialmente la antichavista, rechazaban por lo general el uso de argumentos muy contundentes por tal de no ofrecer una visión compleja de la situación del país caribeño o, directamente, por simple ignorancia.

A pesar de que la situación política de Venezuela es infinitamente más compleja que antaño, nada ha cambiado. Incluso llama la atención que, teniendo los medios antibolivarianos españoles más argumentos que nunca para atacar al Régimen, no se usen, sino que se sigue con la misma cantinela de siempre. De nuevo, el principio de la ignorancia o la distorsión de la simplicidad.

Hay que insistir, los problemáticos están en todos lados, no sólo en los antibolivarianos. Volviendo a Pablo Iglesias, este hombre es un buen ejemplo de la veneración extrema del régimen. En su ya famosa entrevista en Venezolana Televisión, Iglesias alaba la creación de Chávez, sin tener en cuenta muchos de sus aspectos negativos.

Sin embargo, también conviene apuntar una serie de circunstancias atenuantes que, si bien cambian más bien poco la concepción que se puede tener de él y su ideología, sí desmonta algunos reproches injustos sustentados en la ignorancia.

Por un lado, la entrevista se desarrolló en vísperas de las elecciones del 14 de abril de 2013. Un momento muy especial. Maduro acababa de ser elevado a presidente temporalmente de forma algo irregular tras la muerte el Comandante, pero las elecciones eran inminentes. Chávez no es Maduro, como pueden atestiguar los propios bolivarianos, ni tampoco sus formas y políticas.

La entrevista se dio justo después del milagro económico venezolano de 2012, con un crecimiento del PIB del 5,6 por ciento según el Banco Mundial. Un momento de euforia ante lo que parecía una revolución que, además, contaba con un amplio apoyo popular tras una serie de elecciones que numerosos observadores internacionales habían calificado como ‘ejemplares’. Tanto fue así que, a la larga, el propio Henrique Capriles tuvo que bajar la cabeza y reconocerlo en las elecciones presidenciales de 2013.

Por otro lado, aún con sus graves defectos y déficits, Chávez logró hacer sus reformas dentro de la legalidad vigente, aunque para ello tuviera que cambiar las leyes con la reincidente legitimidad de las urnas. Una situación radicalmente distinta a la de Nicolás Maduro, cuyas actuaciones desde febrero de 2014 han podido seguir desde esta sección.

Una diferencia, ciertamente, que parece obviar el conjunto de los medios españoles. Uno de los últimos ejemplos de esta ceguera se encuentra en el último artículo de Lidia Falcón en Público. Hay que leerlo, porque no le faltan algunos argumentos originales y, hay que reconocerlo, algo más sofisticados que los habituales. Sin embargo, no se puede obviar la realidad. Es el límite.

¿Se puede decir tan alegremente a 14 de julio de 2014 que “la ‘dictadura bolivariana’ que tantos publicistas de la derecha aborrecen respeta la libertad de expresión de los medios de comunicación privados que son mayoría en el país”? Parece que esta señora, al parecer, no ha leído informes del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa de Venezuela o de la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras muchas instituciones. ¿Habrá rectificación?

Tal vez lo más grave del artículo sea, ya no la defensa del régimen, que puede ser comprensible si se argumenta bien, sino la falta de una búsqueda del término medio y la demonización de quien no comparte sus creencias. Un nuevo ejemplo de comunicador español que ignora lo que ocurre en el país caribeño.

Se puede afirmar, sin tapujos, que en España hay una importante distorsión de la realidad venezolana, que no permite ver ni lo bueno ni lo malo de un régimen con brillantes luces e inquietantes sombras.

RAFAEL SOTO

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La antirrevolución

La situación política de Venezuela ha dado un importante vuelco en pocas semanas. Ya se sabía que Nicolás Maduro, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Nación, estaba perdiendo apoyos en algunos sectores del chavismo. Sin embargo, se está llegando a un momento límite a pocas semanas del III Congreso del PSUV.



La primera llamada de atención realmente importante se dio hace unas pocas semanas, cuando algunos colectivos empezaron a criticar tanto la distribución del poder dentro del partido como la actuación del Gobierno.

No obstante, las críticas al Gobierno desde dentro del movimiento bolivariano se han vuelto aún más duras desde que Jorge Giordano, compañero y uno de los mentores del Comandante, tras ser destituido como ministro del Poder Popular para la Planificación en junio de este año, publicara una carta titulada Testimonio y responsabilidad ante la historia.

Significativamente, la carta fue publicada en Aporrea, un sitio Web que lejos de ser opositor, afirma sentirse “identificado con el proceso de transformación revolucionaria y democrática de nuestro país, Venezuela, con una visión que se extrapola al resto de la humanidad, en la perspectiva de la liquidación del sometimiento capitalista-imperialista y la construcción de sociedades libres”.

En este medio que, se insiste, no puede ser considerado como opositor, Giordani afirma que ya advirtió a Chávez, en un momento en el que Venezuela aumentó su Producto Interior Bruto en un 5,63 por ciento (según el Fondo Monetario Internacional), que había problemas estructurales que debían resolverse para evitar una situación como la actual. Tras la muerte del líder bolivariano, volvería a mandar informes similares, que fueron automáticamente rechazados por Maduro.

Después de recibir críticas de parte de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y del propio Nicolás Maduro, otro exministro apoyaría a Giordani. Se trataría de Héctor Navarro, que ostentó el cargo de ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y que fue destituido en 2013. En otra carta, titulada Contra la manipulación informativa en torno a la carta de Jorge Giordani, da fe del contenido de las cartas de Giordani, y recrimina a Maduro su actitud.

Rafael Isea, bolivariano que actualmente es gobernador de Aragua (al norte, cerca de Caracas), ha afirmado que: “Etiquetar al profesor [Jorge Giordani] de traidor por hacer una crítica argumentada, constituye un gravísimo error no solo porque es falso, habría que comparar su trayectoria a la de algunos arribistas de los que hoy abundan en el gobierno, sino porque además se constituye en un precedente que puede tener como resultado la persecución y supresión de la crítica a lo interno del gobierno y del PSUV”. Aprovechando la situación, el colectivo 23 de Enero, ubicado en Caracas, también apoyó públicamente a Giordani, a pesar de apostillar que fue escrita a “destiempo”.

Críticas desde dentro del chavismo que no han acabado ahí. Florencio Porras, exgobernador de Mérida (zona occidental de Venezuela) y excompañero de Chávez, no contento con calificar como “fascista” al régimen de Maduro, ha afirmado: "en mi opinión, como revolucionario que soy, como bolivariano y como militar, estamos viviendo la antirrevolución. Esto es la negación de todo lo previsto en los ideales de la revolución". Estas palabras fueron proferidas por Porras tras conocerse el reciente dictamen del Tribunal Supremo, que permite a los integrantes de las Fuerzas Armadas participar en actos políticos.

Parte de las Fuerzas Armadas se distancia progresivamente del Gobierno. De forma anónima, un militar declaró a un periodista de El Nuevo Herald de Venezuela, que “lo que anda buscando Nicolás [Maduro] es que nosotros quedemos como los copartícipes del desastre con él, desde el punto de vista de propaganda, y ninguno de nosotros está dispuesto a asumir ese costo, ni lo vamos a asumir”.

Los bolivarianos cada vez comparan con más agresividad a Maduro con Hugo Chávez, constatando que no está a su altura, y estos elementos desestabilizadores pueden ser determinantes a la hora de decidir el final del largo conflicto que mantienen los opositores contra el Gobierno. Sin embargo, tampoco hay que engañarse: sigue siendo improbable una unión seria y estable entre ambas posturas en el corto plazo.

RAFAEL SOTO

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La musa opositora

Toda Venezuela ha estado pendiente en estos días de la declaración ante la Fiscalía 20º Nacional de la exdiputada de la Asamblea Nacional María Corina Machado Parisca. Musa de la Oposición anti Maduro, tan amada por los suyos como odiada por los hijos del Comandante, está próxima a entrar en la cárcel por cargos de intento de magnicidio y conspiración contra el Estado.



A lo largo de su carrera, Machado ha sufrido numerosos reveses. Uno de los más sonados fue una agresión física en 2013, llevada a cabo por políticos oficialistas en la propia Asamblea Nacional. La agresión no pudo ser reparada por el aforamiento de los agresores.

Nunca aceptó la legitimidad de Maduro, acusándolo de falsear los resultados de las Elecciones Presidenciales de 2013. En marzo de 2014, su apoyo a las protestas de la oposición le costó cara. Diosdado Cabello, presidente oficialista de la Asamblea Nacional, aprovechó su aceptación del cargo de embajadora alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para expulsarla de la Asamblea. Aunque como se puede comprobar más adelante, es cierto que existe un fundamento jurídico, la motivación política es tan evidente como oportunista.

El artículo 149 de la Constitución de 1999 establece claramente que “los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional”.

Efectivamente, no se contó con la aprobación de la Asamblea, si bien el artículo 191 dejaba la puerta abierta a la participación en otras actividades: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva”.

Finalmente, el artículo 197 establece, entre otras cosas, que “los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva”.

Por tanto, es cierto que existía una base jurídica para despojarla de su acta de diputada y, por tanto, de su inmunidad. Rápidamente, en pocas semanas, el Tribunal Superior de Justicia corroboró la decisión de Cabello. En la siguiente sesión, cuando Machado fue a la Asamblea acompañada de una gran multitud, se le negó la entrada en el edificio.

Sin embargo, mucha menos base jurídica tienen las acusaciones que hacen que esté declarando ante las autoridades. Tal y como se explicó en La Fiesta Mexicana, Machado fue acusada de participar en una conspiración para derrocar, primero, a Hugo Chávez y, después, a su sucesor, Nicolás Maduro.

Pocos días después, fue acusada también de colaborar en un supuesto intento de magnicidio contra la figura de Maduro. Las principales pruebas en ambos casos, unos correos electrónicos. De estos cargos se defiende ahora ante la Fiscalía 20º Nacional, apoyada por numerosas personalidades de la oposición venezolana, entre las que destaca Lilian Tintori, esposa de otro opositor caído en desgracia, Leopoldo López.

Tal vez uno de los puntos más llamativos del caso de Machado haya sido la reacción internacional o, mejor dicho, la falta de ella. De nada le ha valido a la exdiputada su aparición en numerosos foros internacionales y el haber escrito varios artículos defendiendo su inocencia: apenas se han movido las organizaciones internacionales para ayudarla.

Recientemente, Machado ha solicitado la protección de la OEA ante lo que considera un claro caso de persecución política, aunque no se espera nada más allá de un simple apoyo verbal. Está sola. Pocas organizaciones internacionales se van a atrever a intervenir en un proceso penal de estas características.

Consciente de su situación, su estrategia política se sustenta en estos momentos en intentar dañar la imagen de las instituciones venezolanas, con la finalidad de elevar el coste político de una posible condena contra su persona.

Un capítulo más de la persecución política en Venezuela. Mientras, la oposición sigue en la calle, pero muy dividida. Las acusaciones de colaboracionismo a la Mesa de Unidad Nacional y la condena de estos de la violencia como forma de expresión política no han hecho más que ahondar en la desafección política de la ciudadanía.

Pero María Corina Machado sigue manteniendo el apoyo de ambas posiciones cainitas, inspirando la rebeldía de una oposición que parece olvidar lo que se está jugando.

RAFAEL SOTO

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Grietas en el PSUV

El Partido Socialista Obrero Español no es el único partido que se plantea la siempre espinosa cuestión de la democracia interna. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cuyos líderes conforman el gobierno de Venezuela, también. Nada grave si no fuera porque, indirectamente, se está cuestionando desde dentro la legitimidad de toda la estructura política venezolana actual.



Se trata de los "colectivos", grupos organizados y reconocidos que representan el ala más radical de la izquierda bolivariana. Son uno de los pilares de la estructura política chavista, que cada vez cobran más protagonismo por su creciente distanciamiento del Gobierno de Nicolás Maduro.

La última prueba de este distanciamiento con la cúpula del partido lo ha llevado a cabo el Frente Nacional de Colectivos Revolucionarios "Sergio Rodríguez". Compuesto por el colectivo La Piedrita y decenas de estos movimientos sociales, que están repartidos por todo el país, celebraron en abril su Primer Congreso Ideológico, cuyas conclusiones fueron trasladadas el pasado miércoles al diputado de la Asamblea Nacional Jesús Farías, miembro de la dirección del partido en Caracas.

En un momento en el que la legitimidad de Nicolás Maduro para dirigir el país y el partido están en entredicho, estos colectivos rechazan el dedazo como método para escoger a los líderes del PSUV, y solicitan una mayor democracia interna, que dé más voz a las bases del partido.

También critican el hecho de que un integrante de la dirección del partido pueda ocupar cargos en la Administración Pública, considerando que son dos ámbitos que deben ser dirigidos por personas distintas, aunque vayan por la misma dirección.

Alfredo González, portavoz de los colectivos, defiende esta democratización del partido, afirmando que serviría "para que la gente participe en estas estructuras que, a veces, han sido muy cerradas y secuestradas por ciertos sectores del mismo partido". Toda una crítica a la cúpula madurista desde el corazón del chavismo.

Los colectivos también reclaman cambios legislativos con el fin de afianzar su posición política. Concretamente, proponen una modificación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, con el fin de dar más poder a las comunas que controlan.

Estas reclamaciones no pueden ser interpretadas como una petición de más democracia interna en el partido, sino como una llamada de atención a la cúpula para que tengan más presentes al sector más radical del Movimiento Bolivariano. Tienen ambiciones políticas insatisfechas y, ya que están apoyando a un presidente al que no respetan, piden su porción de poder.

Pero no sólo quieren más visibilidad y capacidad de influencia, sino que también defienden la militarización de la revolución, solicitando “incrementar la formación y entrenamiento militar con conciencia ideológica revolucionaria”, con el fin de que “soporte la patria socialista”. Otras reivindicaciones son que el Estado controle la totalidad de la educación del país y más mano dura contra la oposición.

De paso, hacen una crítica de la gestión de la Sanidad, hasta el punto de "exigir al Ministerio de Salud que si no maximiza el rendimiento del servicio que presta por el bien de la nación y la revolución, sea entregado a los movimientos sociales para que con el pueblo ofrezcamos el servicio que se merece y necesita".

Numerosas reivindicaciones que han salido a la luz para su debate en el III Congreso del PSUV, que se desarrollará entre el 26 y 28 de julio de este año. ¿Cómo decir que no sin provocar una fractura irreversible?

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, presidente de la Asamblea Nacional y auténtico cerebro del gobierno madurista, afirmó en marzo de 2011, en el diario Ciudad Caracas, que "en una revolución madura, donde todos tengamos un nivel de conciencia justo, no debería haber elecciones internas porque estas son un método burgués que nos han inyectado. Lo que debería funcionar es la cooptación que consiste en que, dado un cargo con un perfil determinado, se postulan varios nombres, y un grupo, un comité, toma la decisión".

¿Mantendrá estas palabras en el congreso de julio? Maduro no ha tardado en pronunciarse, afirmando que es su deber como revolucionario escuchar al pueblo. Un nuevo problema para su régimen, que está asediado por todos los frentes.

RAFAEL SOTO

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Camino al caos

La palabra "descomposición" es, probablemente, la que mejor define lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace años pero, especialmente, desde febrero. Venezuela se ahoga en su propia sangre mientras que los políticos venezolanos comprometidos se dedican a pleitear al margen de la ciudadanía. Unos ciudadanos comprometidos que –no se puede olvidar- se juegan su integridad física en las calles, ya sea en manifestaciones pacíficas o violentas.



En lo político, la ideología bolivariana no sólo ha dividido al país entre patriotas y enemigos (superemos la clásica división izquierda-derecha), sino que también ha dividido inevitablemente a la oposición.

A principios del mes de febrero podía hablarse sin matices de un bloque opositor, con muchos cabecillas pero un solo líder: Henrique Capriles. Este caraqueño era la esperanza de una clase media que veía con miedo la radicalización del movimiento bolivariano y unas clases altas que deseaban recuperar su status, cada vez más desplazado por el de los nuevos señores bolivarianos.

La reaparición de Leopoldo López en febrero, esta vez como cabeza visible de los ciudadanos que estaban dispuestos a luchar en la calle contra el gobierno madurista, no sólo desplazó temporalmente la figura de Capriles, sino que obligó a una elección, urgida por la creciente represión gubernamental: ¿actuar dentro o fuera de la legalidad? Capriles lo tuvo claro, decidió distanciarse de los radicales y defender los intereses de una minoría, por muy influyente que esta sea.

Esta elección ha dividido aún más a la sociedad venezolana, donde no faltan ciudadanos que acusan a Capriles de traidor, celoso e, incluso, colaboracionista. Una opinión que ganó adeptos cuando la Mesa de Unidad Democrática (MUD), una coalición de partidos no chavistas que lidera el propio Capriles, comenzó el proceso fallido de diálogo con el Gobierno.

Y no es tanto por una cuestión de liderazgo. Al fin y al cabo, durante los últimos meses ha aumentado la desafección de la población por los que deberían estar representándolos. Todos los líderes llaman a la unidad, cada uno desde su esquina, y mientras discuten y se pasean por foros internacionales, los estudiantes y unos pocos ciudadanos comprometidos siguen sacrificando su integridad física –a veces más- ante un gobierno represivo y sin escrúpulos.

Cada vez están más solos, a pesar de su número, y a su causa no contribuyen algunos radicales exaltados que pervierten la causa democrática atentando indiscriminadamente contra cualquier objetivo.

Pero no sólo la oposición da muestras de descomposición. Frente a la figura mesiánica de Hugo Chávez, Nicolás Maduro ha demostrado necesitar de un anillo de hierro tanto de cara a su propia seguridad personal como a la política para poder gobernar.

Y la cabeza pensante de este anillo de hierro ha demostrado ser eficiente. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y los suyos han logrado pervertir la mayor parte de las instituciones políticas y judiciales –más de lo que ya lo estaban-, y ya es un hecho la ausencia de separación de poderes en el país.

Lo más preocupante de cara al chavismo puede ser la falta de control efectivo sobre su ala más radical, entre los que destacan los temidos colectivos. Personas comparables con los exaltados de la oposición, siembran el pánico por las calles con total impunidad.

¿Cuál es la principal causa de esta situación? Algunos responden que la política chavista-madurista y la crisis institucional por la que pasa el país; otros afirman que es la manipulación del viejo orden, que desea parar la consolidación de la revolución; otros acusan a las difíciles circunstancias económicas por las que atraviesa el país. Tal vez haya un poco de todo.

No son pocos los sabios que afirman que cuando la gente tiene dinero en los bolsillos, la mayoría de la población pasa de la política. Hay algo de verdad en esa afirmación. Pero lo cierto es que los problemas de abastecimiento, el reparto desigual de materias primas, la inflación y los bajos salarios son un problema que ha profundizado en su crisis económica particular.

Hasta tal punto ha llegado la mala gestión, que el mismísimo Rafael Correa, presidente de Ecuador y aliado estratégico del chavismo, ha afirmado recientemente que "se han cometido, con mucho respeto, desde mi punto de vista, errores económicos, por ello hay problemas económicos y eso exacerba las contradicciones". Palabra de bolivariano.

En abril, Nicolás Maduró ordenó una subida del 30 por ciento del salario mínimo y de las pensiones con la finalidad de que las familias pudieran afrontar una inflación que se encuentra entre las más altas del mundo.

De acuerdo con los datos oficiales del Banco Central de Venezuela, la inflación se situó en marzo en el 59,4 por ciento anual. Hay voces que afirman que superará el 60 por ciento a finales de este año.

Para que el lector pueda hacerse una idea de la gravedad de la situación le damos el siguiente dato. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística del país, el precio del carro de la compra ronda los 3.730 bolívares al mes. Con la subida del 30 por ciento, el salario mínimo ascendería a los 4.251,78 bolívares al mes (alrededor de 488,73 euros), por lo que se puede apreciar que sólo quedarían 521,78 bolívares al mes para afrontar gastos como el agua, la luz, y los demás gastos que debe afrontar un hogar medio.

Las protestas también han ayudado a achuchar una economía ya maltrecha de por sí por la mala gestión económica. Frente a una previsión de crecimiento del PIB del 1,7 por ciento, actualmente el Fondo Monetario Internacional prevé una reducción del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,5 por ciento. Muy lejos del crecimiento de 5,63 por ciento que llegó a alcanzar el país bolivariano en 2012.

Mientras que la descomposición campa a sus anchas por Venezuela, no hay expectativas de cambio. El ritmo caribeño con el que se desarrolla el conflicto gobierno-guarimbas –en la práctica, el diálogo está prácticamente descartado-, no invita a pensar en una rápida solución del conflicto; la oposición sigue descomponiéndose y la ofensiva económica propuesta por Maduro no parece ser solución para un país en el que no queda nada que robar. De ello ya se han encargado los cubanos mandados por los hermanos Castro y un cuerpo de funcionarios tan corrupto como ineficiente.

Venezuela es un caos, y lo peor está por venir. No hay razones para el optimismo.

RAFAEL SOTO

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La Fiesta Mexicana

Desde los tiempos de la Unión Soviética, el argumento del intervencionismo imperialista es un punto de encuentro de numerosos gobiernos que no cuentan con el beneplácito de EEUU. Venezuela no ha sido una excepción. Hugo Chávez usó este argumento en vida para justificar buena parte de sus políticas, y su sucesor no ha sido menos. Sin embargo, el argumento ha pasado a transformarse en una auténtica teoría conspiratoria en los últimos días.



El ministro de Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó el pasado 2 de mayo de una conspiración de carácter internacional para acabar con el régimen bolivariano, que se remontaría a octubre de 2010.

Por aquellas fechas, se habría celebrado en tierras mexicanas una serie de reuniones auspiciadas por la diplomacia estadounidense, que tendría como principal objetivo elaborar un plan conspiratorio a largo plazo contra el Gobierno Bolivariano.

De acuerdo con el ministro, esta información proviene de un informe elaborado por la diputada Delsa Solórzano, y coincide en el tiempo con la detención de El Aviador, uno de los líderes de las guarimbas, que estaría implicado en este "golpe de estado suave".

De acuerdo con el informe, el cerebro de la Fiesta Mexicana sería el abogado y activista Gustavo Tovar Arroyo, con el beneplácito y consejo del Departamento de Estado de EEUU. Este habría decidido, junto al resto de asistentes, colocar al opositor Leopoldo López, actualmente en prisión, como líder unificador del "golpe suave".

El objetivo principal de la trama sería el fin del Estado Bolivariano en Venezuela para alcanzar el control de los recursos petrolíferos y evitar la expansión del "socialismo del siglo XXI" en Latinoamérica. Para alcanzar estos objetivos, se desarrollarían dos vías de acción.

La primera se basaría en acusar al Gobierno de la República de violar sistemáticamente los Derechos Humanos, lo que legitimaría movilizaciones en el interior e injerencias extranjeras. Los principales promotores deberían ser los denominados procónsules del Imperio estadounidense, entre los que se encontrarían, entre otros, María Corina Machado, que recientemente fue despojada de su cargo de diputada por el Estado de Miranda; Antonio Ledezma, actual alcalde metropolitano de Caracas; o Diego Arria, político veterano que ha desempeñado importantes cargos tanto para la República como para diversas instituciones internacionales.

La segunda vía de acción implicaría vincular a altos funcionarios del Estado con narcotraficantes y terroristas. De este modo, se fomentaría un ambiente de desconfianza de la clase política venezolana, a los que se les acusaría de promover y financiar a estos criminales. Todo ello en un país que se encuentra entre más inseguros del mundo.

El Gobierno vincula varias acciones del pasado con este plan, como es el caso del Plan País, que promovió en marzo de 2012 una serie de huelgas de hambre, protestas y acciones violentas en distintos centros penitenciarios. Este plan habría sido encabezado por Humberto Prado, director de la oenegé Observatorio de Prisiones.

También se vincula con la conspiración un encuentro en 2012 entre distintas organizaciones consideradas como subversivas por el Gobierno y numerosos opositores. En principio, esta reunión entre los grupos "radicales" Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) y Movimiento 13 habría tenido como objetivo dar un nuevo golpe de estado.

El ministro de Relaciones de Interior, Justicia y Paz también dio detalles sobre la financiación de la conspiración. Los principales benefactores habrían sido la fundación National Endowment for Democracy (NED), la asociación Freedom House, la organización Centre for Applied Non Violent Actions and Strategies (CANVAS), el American Enterprise Institute (AEI) o el Office of Terrorism Preparedness and Emergency Response (OTPER). Aparte, particulares como el político Henrique Salas Römer o Eligio Cedeño, político y empresario condenado por corrupción, han sido acusados de financiar la conspiración.

Si toda esta información ha resultado morbosa para los medios de comunicación, más lo ha sido el listado de asistentes a la Fiesta. El ministro sacó a la palestra a un gran número de viejos enemigos de la causa bolivariana. Muchos de ellos son o fueron dirigentes e, incluso, fundadores del partido opositor Voluntad Popular.

Es el caso de Lester Toledo, que en aquellos años era un influyente líder estudiantil; David Smolansky, actual alcalde de El Hutillo (municipio cercano a Caracas) y que, en aquel momento, era un importante activista estudiantil; Freddy Guevara que, en aquel momento, era concejal del Cabildo Metropolitano de Caracas y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la capital; o Daniel Ceballos, actualmente preso, y que en aquel momento era diputado.

Tampoco habrían faltado viejos enemigos externos del chavismo, como los expresidentes Vicente Fox (México) o Álvaro Uribe (Colombia). También se ve implicado un buen número de militares vinculados con el Golpe de Estado de 2002.

Por supuesto, las protestas que actualmente mantienen al país en el caos son parte de esta conspiración. De hecho, el ministro afirma que las guarimbas están subvencionadas por EEUU y que, por lo pronto, hay 58 extranjeros detenidos por participar en las guarimbas como mercenarios.

Toda esta información sería el resumen de una larga rueda de prensa en la que se dieron aún más datos reveladores. Ahora bien, leído esto, ¿qué se puede pensar de tal conspiración? Para la oposición, es la última payasada de mal gusto del Gobierno, mientras que esta versión de los hechos está en vías de convertirse en un clavo ardiente para un chavismo necesitado de argumentos.

¿Es real la conspiración? Evidentemente, eso es algo que sólo pueden saber a ciencia cierta los implicados. Pero como ya se sabe, no hay verdades irrebatibles, pero tampoco hay mentiras absolutas...

RAFAEL SOTO

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Penitencia periodística

A principios del mes de abril, la periodista del canal de informativos venezolano Globovisión, Vanessa Ugueto, fue despedida tras solidarizarse con otros compañeros que presentaron su dimisión tras denunciar casos de autocensura en el canal. La jefa de Corresponsalías de la misma cadena, Nairobi Pinto, fue liberada el pasado día 14 tras pasar ocho días secuestrada. Nada se sabe de sus captores.



Dos días después, el periodista Marcos Morín Aguirre fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SBIN). Tras quitarle su teléfono móvil, fue llevado a golpes al Helicoide (sede del SBIN en Caracas), de donde fue liberado al poco tiempo. Se le imputan cuatro delitos cibernéticos.

Todos estos son casos particulares y notorios de una situación que ya existía antes de las protestas, pero que se ha agudizado en los últimos dos meses. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció el pasado 12 de abril que ha registrado 187 agresiones a 137 comunicadores desde que empezaran las protestas. Unos datos que reflejan la tragedia del periodismo en Venezuela.

No hay buenos, no hay malos. De acuerdo al SNTP, el 60 por ciento de las agresiones fue llevado a cabo por funcionarios del Estado, lo que quiere decir que el cuarenta por ciento restante se reparte entre manifestantes chavistas y opositores.

Sin embargo, el SNTP no es más que una de las muchas organizaciones que han denunciado la situación de los comunicadores en Venezuela. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su informe de Medio Año de 2014, afirma: “105 periodistas fueron detenidos o amenazados, golpeados o heridos. A algunos se les decomisaron sus equipos o les borraron sus fotos, sobre todo por parte de funcionarios policiales, militares o por los llamados “colectivos populares” (grupos civiles armados) al servicio del gobierno”.

Por otro lado, la SIP denuncia: “En Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro aumentó las restricciones a los medios y las redes sociales con censura directa mientras sigue aplicando censura indirecta a los periódicos, con restricciones administrativas, no permitiéndoles importar papel y otros insumos”.

Efectivamente, el problema de la censura es grave, especialmente en el ámbito escrito. Bajo el hashtag #sinpapelnohayperiodico se denuncia en Twitter una de sus manifestaciones más graves: el control sobre el papel de periódico.

La falta de este material, las dificultades para importarla y su distribución interesada han hecho que multitud de diarios hayan modificado sus publicaciones para ahorrar papel. Frente a esta situación, los medios impresos fieles al Gobierno cuentan con instituciones gubernamentales que se encargan de la compra masiva de papel y de todo lo necesario para su funcionamiento.

La situación llega hasta tal punto que la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andarios) distribuyó recientemente 52 toneladas de papel entre algunos de los principales diarios venezolanos. De ellos, 18 rollos fueron a parar a El Impulso, diario difundido en el Estado de Lara al noroeste del país y que es considerado el más antiguo de Venezuela; por su parte, 39 rollos fueron enviados a El Nacional y 18 a El Nuevo País, ubicados ambos en Caracas.

Estos tres diarios no son los únicos con problemas. Decenas de diarios se ven afectados, como es el caso de El Universal, que ha reducido su número de páginas drásticamente a pesar de ser uno de los principales del país. Algunos de los grandes diarios han anunciado que sólo les queda papel para dos semanas. Otros diarios han cerrado temporal o definitivamente, como es el caso de Versión Final, La Hora o Caribe.

Los medios audiovisuales tienen cada vez más restricciones a la hora de informar sobre los disturbios. El Estado busca la hegemonía comunicativa tanto en radio como en televisión, expulsando o controlando tanto a medios nacionales como extranjeros. La oposición cada vez recibe menos atención mediática y la autocensura es un hecho.

Con respecto a los foráneos, hay ejemplos tan sonados como el de CNN y NTN24. Al principio de las protestas, la corresponsal de CNN en el país, Patricia Janiot, salió del país tras afirmar que fue víctima de "hostigamiento" por parte de militares venezolanos. En su despedida, declaró: “Yo no sé cómo interpretar el hecho de que no podemos seguir trabajando como periodistas en Venezuela cuando fuimos a eso. No sé cómo entender ese mensaje”.

Recientemente, la colombiana NTN24 ha acusado al presidente Nicolás Maduro de censurar la cadena. Esta acusación se produce después de que la cadena fuera sacada del listado de canales que ofrece DirectTV en el país el pasado 13 de febrero, tras las primeras manifestaciones violentas. Su directora, Claudia Gurisatti, afirmó que se trataba de una "censura a la prensa libre, un atropello al derecho que tienen los ciudadanos de informarse y un atentado a la libertad de expresión".

En cuanto a los medios nacionales, un buen ejemplo de la situación es Globovisión. A pesar de ser un medio relativamente crítico con el régimen, en los últimos tiempos se ha moderado considerablemente. Desde que empezaron las protestas, ha sido acusado en varias ocasiones por sus propios trabajadores de ejercer una importante autocensura.

Ejemplos de una página negra de la historia de la prensa venezolana. William Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), ha negado en rotundo la existencia de una censura, y asegura que "nadie" puede obligar a un medio a autocensurarse. A su juicio, "aquí hay absoluta libertad de expresión y de información y se ha informado con absoluta libertad, a mi criterio incluso con libertinaje".

Por otro lado, destacó que en Venezuela no puede hablarse de censura o autocensura, ya que el 70 por ciento de las radios del país son privadas y promueven las guarimbas (barricadas). En este sentido, Castillo ha denunciado de forma reiterada una estrategia de manipulación mediática para desestabilizar el país.

Toda esta situación hace complicada la labor periodística en una región donde el ejercicio del periodismo ya es habitualmente complicado. Las redes sociales son importantes herramientas sustitutivas, pero también ha habido iniciativas contra ellas.

En marzo, la coordinadora general de Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), Luisa Torrealba, afirmaba que “las redes sociales se prestan para publicar informaciones que son inciertas, pero ese es el argumento para establecer medidas que buscan censurar y criminalizar el uso de las redes, entonces se estaría impidiendo que se difunda información”.

Para evitar la censura, hace unos días se ha creado en Internet Venezuela Decoded, que está disponible tanto en inglés como en español, y que se apoya notablemente en Twitter. En la pestaña de "Quiénes somos" se puede leer lo siguiente:

“Somos un grupo de periodistas, diseñadores y programadores asociados al programa de periodismo del John S. Knight Fellowship de la Universidad de Stanford. Tres venezolanos, dos bolivianos y un estadounidense. Creemos en la tecnología como una herramienta fundamental para la búsqueda de la verdad”.

Desafortunadamente, es pronto para medir su impacto por lo reciente de su creación y por la poca información propia que contiene, pero su sola existencia demuestra la dificultad que algunos venezolanos encuentran a la hora de acceder a información crítica.

Actualmente, el proceso de diálogo abierto entre chavistas y opositores, principalmente de la vertiente moderada, está centrado en cuestiones políticas, pero más allá de las consignas, la libertad de expresión y la libertad de prensa son temas que están en la agenda.

RAFAEL SOTO

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Una oposición dividida y descabezada

La oposición venezolana no sólo está dividida, sino que está siendo duramente reprimida por el régimen de Nicolás Maduro. Los principales dirigentes opositores están en la cárcel, están en vías de estarlo o se mantienen en la clandestinidad. Tal y como está la situación, resulta difícil recordar las elecciones presidenciales de 2013, hace justo un año.



En estos comicios, Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda (aledaño a Caracas), logró unir a la mayoría de los votantes contrarios al chavismo, alcanzando un 49,12 por ciento de los votos. Después de la derrota ante Maduro, que alcanzó el 50,61 por ciento, la figura política de Capriles se ha ido difuminando a favor de otros cabecillas.

Este debilitamiento de su influencia se acrecentó tras el comienzo de las protestas violentas en febrero del presente año. Su posición dialogante y moderada ha mantenido y consolidado su liderazgo en algunos sectores minoritarios de la sociedad venezolana, pero lo cierto es que lo han distanciado de la mayoría de los protestantes.

Hasta tal punto ha llegado este desencuentro, que durante las últimas dos semanas Capriles ha cargado contra los más violentos y radicales. En una entrevista concedida a El País, afirma que “las guarimbas (barricadas) hacen el juego al gobierno” e invita a la población a unirse a manifestaciones pacíficas.

La principal alternativa a Capriles es, en estos momentos, Leopoldo López. Excoordinador del partido Voluntad Popular y participante en el golpe de Estado de 2002, es ahora uno de los grandes líderes de la derecha venezolana.

Sin embargo, su estancia en prisión por los cargos de daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador, asociación delictiva e instigación pública lo han convertido más en un mártir que en un guía político.

López no es el único que está sufriendo la represión venezolana. La diputada electa por el Estado de Miranda, Corina Machado, fue recientemente depuesta de su cargo de una forma poco ortodoxa, y se le ha negado la entrada por la fuerza en la Asamblea Nacional.

Otros personajes importantes en prisión son Daniel Ceballos y Enzo Scarano. Ceballos era el alcalde de San Cristóbal (capital del Estado de Táchira, en la frontera con Colombia) y uno de los líderes de Voluntad Popular cuando empezaron las protestas. Actualmente está apresado bajo la acusación de fomentar las protestas violentas. Por otro lado, Enzo Scarano, alcalde de San Diego (municipio del Estado de Carabobo, al norte del país), también se encuentra en prisión por desacato a la autoridad.

No faltan opositores escondidos de las autoridades, como es el caso de Carlos Vecchio. Actualmente es el coordinador político de Voluntad Popular en la clandestinidad, y tiene una orden de busca y captura por fomentar incendios de forma intencionada, instigación pública y asociación delictiva.

La semana pasada concedió una entrevista en exclusiva al diario El Universal, donde invitaba a los chavistas moderados a deponer a Maduro y favorecer una transición que facilite la convivencia pacífica entre las distintas ideologías y facciones del espectro político venezolano.

Como se puede comprobar, la situación de la oposición es complicada. Sus divisiones entre radicales y moderados –ojo, entre otras más sutiles-, parecen aún más graves si se da el dato de que la mayor parte de estos protestantes pertenecen a la reducida clase media venezolana. Tal y como reconoció recientemente Henrique Capriles, las clases pobres no terminan de conectar con el mensaje de la oposición, lo que debilita notablemente su posición.

Se trata de una situación que no va a resolverse en el corto plazo, y que la oposición deberá atajar si quiere derrotar al chavismo.

RAFAEL SOTO

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El conflicto social se alarga

Desde que estallaran las primeras manifestaciones serias el pasado 12 de febrero, Venezuela sufre un conflicto interno lento y con pocas probabilidades de ser resuelto por vías pacíficas. Empieza a eternizarse, con importantes pérdidas en ambos bandos, sin que nadie esté tampoco dispuesto o preparado para dar un golpe definitivo.



Hasta ahora, el presidente Nicolás Maduro ha hecho uso de su autoridad institucional y de unos medios de comunicación leales para mantener el apoyo de los suyos. Sin embargo, esos argumentos han demostrado ser insuficientes ante las noticias cada vez más frecuentes de muertes por acciones represoras y de actos de tortura.

Tanto es así que, ante las acusaciones de haber provocado la muerte de alrededor de una treintena de personas y la tortura de otros muchos, la posición oficialista ha empezado a esgrimir el argumento del ‘tú más’. Un argumento muy endeble para un buen número de indecisos y para el sector chavista no radical, que lleva tiempo preguntándose si Maduro merece residir en el Palacio de Miraflores, residencia del presidente de la República.

Una situación que no puede cambiar de la noche a la mañana a favor del Gobierno. Maduro sabe que no puede golpear con demasiada contundencia, so pena de provocar un conflicto civil y el rechazo de sus aliados internacionales. Por ahora, ha creado una comisión controlada por los chavistas, denominada ‘Comisión de la Verdad’, que tiene como finalidad esclarecer los hechos.

Por su parte, la oposición tampoco parece ser capaz de dar un golpe definitivo. El Gobierno actualmente está descabezando a algunos de sus principales líderes, como Leopoldo López, que en 2002 apoyó el golpe de estado contra Hugo Chávez y que actualmente está en prisión; Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, una de las capitales de estado más activas en las protestas; o Corina Machado, parlamentaria a la que acaban de destituir de su cargo, acabando así con su inmunidad.

Sin embargo, mientras esto ocurre, la oposición sigue dividida entre moderados y extremistas, y son incapaces de ponerse de acuerdo en una estrategia común, manteniendo por ahora, principalmente, la táctica de las guarimbas.

Las guarimbas son lugares de refugio que son utilizados durante las manifestaciones. La idea es colocar barricadas justo enfrente de la propia casa o refugio, en las calles, incendiando objetos o interponiendo algún elemento que logre obstaculizar el libre tránsito de vehículos y, por ende, cualquier actividad.

En cuanto se detectan señales de peligro para los manifestantes, sólo tienen que entrar en sus viviendas o refugios, que serían en este caso las guarimbas, para salir luego a reforzar las barricadas. Evidentemente, no es la única táctica de los opositores, pero sí es la más eficiente y usada en el territorio venezolano. Una estrategia de desgaste que favorece más a la oposición que al Gobierno en el medio y largo plazo, pero que corre el peligro de desanimar a los ciudadanos más moderados en el corto plazo.

Por tanto, el Gobierno está perdiendo credibilidad y el control sobre algunos territorios nacionales (ciudades como San Cristóbal, Valencia, Mérida...) en este conflicto, mientras que la oposición pierde poder político en las instituciones, soporta numerosas pérdidas y se divide cada vez con más claridad.

También el colectivo periodístico venezolano no leal al Gobierno está sufriendo las consecuencias de este lento conflicto. Varios medios ya se han hecho eco de las presiones institucionales, del allanamiento de viviendas de periodistas o de las dificultades impuestas por las Fuerzas de Seguridad del Estado para llevar a cabo sus labores, como es el caso de El Universal o Últimas Noticias.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), han sido agredidos 108 profesionales desde que empezaron las protestas, si bien aclara que en las agresiones han participado ambos bandos.

Mientras, la comunidad internacional mantiene una posición más o menos moderada. Prácticamente, los principales actores son los más vinculados con Latinoamérica, ante la preocupación del resto del mundo por la anexión de Crimea a Rusia y otras circunstancias relevantes.

Cuba ha sido acusada de convertir el Gobierno de Maduro en un gobierno títere, mientras que Argentina, país clave desde una perspectiva geoestratégica, ha logrado evitar o suavizar posibles sanciones o debates en distintas organizaciones suramericanas, junto a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Venezuela sigue esperando el cambio, sea el prometido por los bolivarianos o por los opositores. Pero todo parece apuntar a que el conflicto se prolongará en el tiempo.

RAFAEL SOTO

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El enemigo está dentro

Rusia no está haciendo la guerra a nadie. Las unidades terrestres y aéreas que está enviando a Crimea no ganarán ninguna guerra, ni se espera que se haga algún uso serio de ellas. De hecho, a nivel técnico, ni siquiera se podría hablar de una ocupación al uso. O no de una ocupación reciente, desde luego. Ucrania tiene al enemigo dentro de sus fronteras.



Como la mayor parte de los antiguos países soviéticos, Ucrania es un país multiétnico. Más aún en la República Autónoma de Crimea (según Rusia, República Independiente de Crimea), donde tres minorías predominan sobre el resto: rusos (58,5 %), ucranianos (24,4%) y tártaros (12,1%).

Ucrania ha sido incapaz de llevar a cabo una política de integración multiétnica, y ahí está el origen del conflicto. Ahora, los rusos de Crimea desean imponer un gobierno proruso, si no directamente la anexión a Rusia, con el apoyo de un número relevante de altos mandos del ejército, veteranos del viejo ejército soviético y herederos del proceso de rusificación impuesto durante la era comunista (o incluso antes).

Putin pretende conquistar Crimea sin disparar un solo tiro, a través de un referéndum que le dé legitimidad. Putin busca que la población rusa haga la guerra por él, aunque eso suponga contravenir el Derecho Internacional. La Unión Europea se ha opuesto aunque, en realidad, no se puede contar demasiado con ella en la práctica.

El problema es que Putin conoce a la UE mejor de lo que ella se conoce a sí misma. Putin sabe que, a día de hoy, Europa es un moribundo necesitado de una larga estancia en un sanatorio suizo. No puede meterse en demasiados problemas. No puede entrar en un conflicto. Para eso hay que tener unas fuerzas y unos recursos que, en este caso, no se tienen. No se puede arreglar nada en la calle si no tienes en orden tu propia casa.

Europa tiene mucho miedo. Miedo a una subida de precios, a un corte del suministro de gas como el de 2005; miedo a alimentar de esperanzas y argumentos a las intentonas independentistas escocesa y catalana; miedo a un empeoramiento de la economía, a la inestabilidad… Miedo, en fin, al futuro.

Con respecto a EEUU, Obama tiene fecha de caducidad. No cuenta, salvo que quiera que se le recuerde por su gestión en Ucrania. Habrá que ver el resultado de las próximas elecciones estadounidenses para poder hablar realmente de un enfriamiento del orden mundial, tan propio del pasado. Pero para eso queda.

A día de hoy, que es de lo que se puede hablar, Putin está en posición de hacer lo que él y los rusos de Crimea deseen, y ya llama al levantamiento de otras regiones de mayoría prorusa. No es probable que haya más situaciones como la de Crimea, pero no es descartable. ¿Qué puede hacer Ucrania, sino esperar a que la diplomacia internacional lo salve?

RAFAEL SOTO

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Falta de autoridad

El presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, es incapaz de imponer su autoridad sobre Venezuela. Ya no controla ni siquiera al chavismo que supuestamente lidera. Suenan voces de alarma en el ejército y la oposición, también dividida, aprovecha la situación para salir a la calle.



Echar la culpa de la situación exclusivamente a Maduro sería una injusticia. Venezuela cuenta con unos problemas crónicos que el presidente no puede atajar de un día para otro: violencia, polarización social tanto a nivel económico como ideológico, miseria, una mala gestión energética, el narcotráfico y un largo etcétera. Más responsable resulta de una ficticia separación de los poderes del estado y de una mala gestión de los recursos tanto energéticos como de primera necesidad.

Por otro lado, Maduro es un líder impuesto al chavismo sin más mérito en su carrera que el haber dirigido un sindicato. Un líder que, a la hora de ser ratificado en las urnas, a duras penas logró vencer a su más inmediato competidor, Henrique Capriles, por alrededor de un 1,5 por ciento de los votos. Una victoria raquítica que, además, contó con importantes acusaciones de manipulación electoral.

La muerte violenta de Miss Venezuela 2004 y una represión desmedida de pequeñas protestas se han sumado a los problemas crónicos de Venezuela, dando lugar a una serie de manifestaciones no siempre pacíficas favorecidas por la oposición. Una oposición que también está dividida.

Capriles ya no representa a una mayoría de la oposición, como consecuencia de la radicalización de la derecha y de la izquierda no chavista, y de hecho se muestra ya como uno de los líderes más moderados. Leopoldo López se ha convertido en una voz cada vez más alejada del aquietamiento que hasta entonces había impuesto Capriles. Apoyó activamente el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 y su entrega a las autoridades fue acompañada de una importante manifestación.

Como consecuencia de las revueltas, Maduro ha perdido el control de algunos territorios importantes. Uno de ellos es el Estado de Táchira, en la frontera oeste con Colombia. Durante las elecciones de 2013, votó a favor de Capriles y es uno de los feudos más importantes de la oposición. Su capital, San Cristóbal, ha sido militarizada por el heredero del Comandante, pero aún así no logra doblegarla.

A estos hechos hay que sumar otro aún más grave, si cabe. Desde el principio de su mandato, ante su falta de autoridad de cara al chavismo y al conjunto de la República, Maduro comenzó una campaña de mitificación de Hugo Chávez que pretendía reforzar su propia autoridad. Sin embargo, en las últimas semanas se ha podido comprobar que esta campaña ha tenido un efecto adverso: las ideas del Comandante están por encima de las acciones de su sucesor.

Los chavistas más radicales empiezan a desvincularse del gobierno de la República y hacen la justicia por su cuenta. Son los denominados colectivos: grupos armados y motorizados prochavistas que han escapado del control de Maduro.

Por ahora, los medios gubernamentales defienden a estos grupos, pero suponen una amenaza tanto para el Estado como para los manifestantes, que tienen que soportar la represión de unas fuerzas de seguridad bastante duras –y acusada de llevar a cabo torturas-, y de los propios colectivos.

También el ejército empieza a mostrar sus primeras fisuras: el general retirado Ángel Vivas ha sido mandado a detener por el presidente venezolano por incitación a la violencia. Algo impensable hace sólo una semana, si bien este caso podría ser aislado. Maduro también ha hecho investigar a parte de su propio Gobierno.

Muchas fisuras para un país que empieza a sufrir económicamente las consecuencias de las revueltas, lo que puede ser un punto a favor de Maduro. Aún así, no hay que perderse. Los acontecimientos del país bolivariano no son comparables a los de Ucrania. Aún no.

RAFAEL SOTO

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El fantasma de Panamá

Mientras que la sociedad española está pendiente del caso Nóos, las empresas españolas –e incluso las europeas- se juegan su reputación en Panamá. La concesión de las obras del canal –el proyecto de ingeniería civil más importante del siglo XXI- fue un logro discutido y su paralización parece dar la razón a quienes dudaban de la capacidad del conglomerado liderado por Sacyr para llevar el proyecto a buen término.



El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) logró hacerse con las obras del canal tras un proceso de concesión lleno de polémicas y acciones diplomáticas no siempre correctas. Este grupo estaba liderado por la empresa española Sacyr Vallehermoso, seguida por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.

Empresas que fueron avaladas económicamente por la aseguradora Zürich que, a su vez, se apoyó en varias instituciones crediticias de carácter público, como la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y sus homólogas italiana y belga.

La composición del grupo resulta clave, puesto que en su fuerza se hallaban también sus debilidades. Hasta los cables de Wikileaks reflejan cómo la diplomacia estadounidense explotó estas debilidades, deseosa de ver en las obras al conglomerado liderado por la estadounidense Bechtel International Incorporation, apoyado por las japonesas Taisei Corporation y Mitsubishi Corporation, así como por el grupo chino Wuchang Shipyard.

Uno de los principales argumentos de la embajada estadounidense era la incapacidad del GUPC de hacer una obra de esas características; aparte, también estaba la problemática de la participación pública en un momento delicado para la economía europea.

De hecho, fue en 2009 cuando se aprobó oficialmente el apoyo de CESCE a las obras. Una aprobación que estuvo llena de irregularidades, tal y como reflejó en junio de 2013 el Tribunal de Cuentas en el Informe de fiscalización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S. A. (CESCE), en relación con la gestión de riesgos asegurados por cuentas del Estado, ejercicio 2009 (nº 1991).

La amenaza de Sacyr de parar las obras si las autoridades del Canal no se comprometían a abonar el sobrecoste con respecto el presupuesto inicial, casi del 50 por ciento, le dio un nuevo impulso a la ya de por sí agresiva diplomacia estadounidense, que ya ha logrado que el conglomerado de Bechtel se convierta en el plan B para seguir con la obras.

Amenaza que coincidió con el anuncio de Nicaragua de que su canal, alternativo y, por tanto, rival de Panamá, estará listo para finales de 2014 o principios de 2015, aumentando así la urgencia de que se concluyan las obras en 2014, tal y como estaba planeado.

Por ahora, empieza a atisbarse un principio de acuerdo. Sin embargo, en el caso de que Sacyr y su conglomerado no puedan continuar con las obras, no solo se producirá un importante daño a las arcas públicas españolas, sino que el caso de Panamá se convertirá en un fantasma que perseguirá a todas aquellas empresas españolas que deseen competir por un gran proyecto internacional.

RAFAEL SOTO

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Cuestión de convivencia

La pobreza y el miedo a ella han provocado una ola de intolerancia en casi todo el continente europeo. Desde 2007 se ha podido constatar tanto el fracaso de las políticas de integración de inmigrantes o minorías étnicas como el quebranto de distintos modelos de convivencia que nunca llegaron a asentarse en los tiempos de bonanza. El último ejemplo relevante: Roma.



Las pruebas de esa crisis de convivencia son evidentes: el ascenso de partidos xenófobos de extrema derecha; altercados como los de Suecia (2013) o Reino Unido (2011); actos terroristas (Noruega, 2011); extradiciones masivas preventivas (Francia 2011) y, por supuesto, los rifirrafes del día a día, que no siempre transcienden pero que, sin embargo, son los más cercanos y los que se deben tener en cuenta para los ciudadanos de a pie.

Las causas de esta situación son muchas, aunque podemos destacar el paro; lo inhumano de los recortes sociales; el endurecimiento de las políticas migratorias; un discurso populista y xenófobo por parte de varios líderes políticos; la falta de seriedad que en ocasiones se encuentra en las escuelas a la hora de abordar este problema; la búsqueda de chivos expiatorios; el tratamiento de los inmigrantes como ganado, como pudo comprobarse en la reunión informal de ministros de Justicia y Asuntos Internos de la Unión Europea durante la semana pasada; la falta de control sobre la emigración irregular y un largo etcétera.

Y no hay que olvidarlo: esos desmadres del día a día tienen como causantes, alternativamente, tanto a los de un lado del conflicto y como a los del otro. Hay inocentes, por supuesto, pero no se puede compartir tampoco una visión maniquea. Tan peligroso es el extremo de un lado como el del otro.

Las víctimas del último caso relevante han sido los judíos en Roma, un colectivo que se encuentra plenamente integrado a día de hoy en la sociedad italiana y que empieza a sufrir ataques más propios del pasado.

Hace unos días, en vísperas del Día de Conmemoración del Holocausto, un grupo envió hasta tres paquetes llenos de cabezas de cerdo a la sinagoga de Roma, a la Embajada de Israel y a una exposición sobre la cultura judía. Antes habían aparecido sobre los muros de un barrio del norte de la ciudad una esvástica y escritos antisemitas como "Holocausto, mentira" o uno dirigido a Ana Frank, escrito con una hache de más "Hana Frank, mentirosa".

Grandes y pequeños actos que están acabando con la convivencia pacífica en Europa, volviéndose a situaciones más propias del pasado.

RAFAEL SOTO

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Maduro empieza a andar solo

Nicolás Maduro ha radicalizado el movimiento chavista ante la necesidad de afianzarse en su doble papel: presidente de la República de Venezuela y líder del chavismo. Hugo Chávez aunó estos dos papeles hasta el punto de alcanzar tintes totalitarios, pero con la legitimidad de una amplia mayoría ganada en las urnas. Una legitimidad que Maduro no ha podido heredar. El presidente venezolano sigue la estela del Comandante, pero es de esperar que, poco a poco, Maduro tome decisiones arriesgadas, alejadas del chavismo más ortodoxo.



No fue complicado para Maduro hacerse con el rol de líder del movimiento chavista, bastando para eso la orden del Comandante. O al menos en un principio. El primer examen de Maduro fue la adopción del segundo papel: la presidencia de la República. En principio, tras la muerte de Chávez, el presidente de la Asamblea Nacional debería de haberse hecho con la presidencia hasta que se celebraran elecciones, ya que el difunto no logró jurar su cargo en vida, tal y como establece la Constitución de Venezuela en su artículo 233.

La presión chavista logró que Maduro ocupara temporalmente la presidencia, pero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo dejó claro que era necesario convocar elecciones. Una prueba que Maduro superaría con estrechez. Representando al Partido Socialista Unido de Venezuela, y apoyado por el Gran Polo Patriótico, ganó con un parco 50,61 por ciento de los votos, frente al 49,12 conseguido por Henrique Capriles.

Aunque los resultados le dieron legitimidad jurídica –no sin acusaciones de manipulación electoral-, lo cierto es que no fueron pocos los analistas que comprendieron la falta de apoyos del nuevo presidente electo tanto dentro como fuera del chavismo.

Desde aquellas elecciones, Maduro ha llevado a cabo una política continuista que intentó reforzar su principal argumento legitimador: su nombramiento por Chávez. Y no le han faltado razones para intentar radicalizar el chavismo. El nuevo presidente no solo ha tenido que soportar los embistes de una debilitada oposición, sino que también ha tenido que sobrellevar todo tipo de acusaciones. Una de las más graves fue, sin duda, la de haber nacido en Colombia, y no en Venezuela, lo que lo habría deslegitimado para ocupar la presidencia de acuerdo con la Constitución.

Hasta ahora, pocos han sido los discursos en los que Maduro no ha hecho referencia al Comandante, del mismo modo que tampoco han sido pocos los líderes mundiales que no han recibido de sus propias manos una imagen del Padre de la patria.

También ha intentado reforzar su control del Ejército a través de la renovación de varios altos cargos. Ha llegado hasta tal extremo el enaltecimiento de Chávez que, incluso, el presidente venezolano ha llegado a afirmar la visualización milagrosa de su rostro en unas obras del metro de Caracas.

Sin embargo, la situación ha cambiado en las últimas semanas o, más bien, los acontecimientos van a obligar a un cambio. De acuerdo a la tradición chavista de renovar las carteras ministeriales anualmente –salvo en 2013 por la defunción de Chávez-, han aparecido nombres nuevos en el chavismo. A la vez, se han afianzado otros, o bien han alcanzado puestos de mayor responsabilidad.

También se han renovado otros puestos no ejecutivos, como el de la presidencia de la Asamblea Nacional, en manos de Diosdado Cabello, reforzándose su papel como número dos del chavismo. Este hecho supone un incipiente paso adelante por parte de Maduro, que poco a poco está creando su propio círculo de confianza.

Otro hecho fundamental ha sido el brutal asesinato de Mónica Spear, Miss Venezuela 2004. Después de este luctuoso acontecimiento, se ha producido todo un movimiento en contra de la violencia en el país bolivariano, que empieza a concienciarse aún más, si cabe, de la gravedad de este problema.

Frente a las circunstancias de Chávez, más preocupado por la intervención foránea en los asuntos venezolanos y por mejorar la maltrecha economía del país, Maduro asume el reto de tener que afrontar de forma urgente tanto la violencia como la pobreza como algunas de las principales preocupaciones del ciudadano medio. Por lo pronto, se encuentra en negociaciones con el opositor Henrique Capriles para consensuar un nuevo plan de seguridad nacional, cosa que probablemente Chávez nunca hubiera hecho.

En los próximos meses –incluso años- es de esperar que, ante la necesidad de legitimarse tanto moral como jurídicamente, Maduro siga radicalizando el chavismo, pero también es de esperar que surjan poco a poco fracturas internas dentro del movimiento más ortodoxo. Chávez es ya un mito y, por tanto, sus ideas han sido idealizadas más que nunca. Una idealización que no casa bien con el pragmatismo que imponen los asuntos de Estado.

RAFAEL SOTO

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