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27 de septiembre de 2021

  • 27.9.21
El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, junto con representantes de otros diez ayuntamientos andaluces, y el presidente de la Asociación Andaluza de Gestores Culturales (GECA), Rafael Morales, han registrado este lunes en el Parlamento andaluz la iniciativa legislativa por una Ley Andaluza de la Cultura, cuyo objetivo es dar seguridad jurídica a los profesionales del sector.


Esta iniciativa fue un mandato del Congreso Andaluz de la Cultura y la Gestión Cultural coorganizado por GECA y el ICAS-Ayuntamiento de Sevilla en noviembre de 2020 con el patrocinio de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. El sector concluyó que impulsar una Ley Andaluza de la Cultura sería una importante herramienta para garantizar los derechos culturales de la ciudadanía y dar seguridad jurídica al sector.

El texto propuesto ha contado con las aportaciones de las 52 asociaciones y entidades que confirman el Grupo de Rescate del Sector Cultural Andaluz. Para promover esta iniciativa se ha acordado emplear el cauce que establece la ley a través de los municipios, de forma que el proyecto ha sido respaldado por once plenos de todas las provincias y de municipios de distinto tamaño con una representación total de más de 640.000 electores.

Además, de Montilla, respaldan formalmente la propuesta los consistorios de Andújar, Arjona, Ayamonte, Carboneras, Conil, Cortegana, Genalguacil, Dalías, Sevilla y Peligros, de modo que la localidad montillana se convierte en la única cordobesa en impulsar esta iniciativa legislativa.

Con esta propuesta, se pretende que la cultura cuente con un marco jurídico estable que además permita mejorar todos los procedimientos administrativos. Se buscan además garantías de acceso, participación y contribución de todas las personas en la vida cultural; respeto a la libertad de expresión, creación artística y la identidad cultural y garantías para conseguir la dignidad en el trabajo cultural y el desarrollo profesional.

La norma plantea un marco legal para la protección y puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial, la accesibilidad universal, y la adecuada dotación presupuestaria de las administraciones públicas para el desarrollo de derechos y deberes.

Una vez registrada esta ley por parte de ayuntamientos andaluces, siguiendo el cauce establecido en la ley autonómica, el Parlamento andaluz debe iniciar su tramitación. El objetivo es que pueda ser aprobada lo antes posible y que forme parte del proceso de recuperación del sector ante las consecuencias de la crisis sanitaria.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL





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